Por: Fernando Aramburu P.
07/05/2013 – Mucho se ha comentado sobre la posible escasez de energía eléctrica que confrontamos en Panamá en estos momentos, con un costo incalculable para la economía y la imagen del país con grado de inversión, y las molestias que esto causaría a la ciudadanía.
Desde 1998, año en que se reestructuró el sector eléctrico y se privatizó el Irhe, no hemos tenido una situación de racionamiento de energía como la que podría haber ahora. En mayo de 2008 el Gobierno también tuvo que tomar medidas de ahorro de energía para evitar el racionamiento.
En el tema de la falta de planificación para un suministro adecuado de energía, con las mejores condiciones de precio y disponibilidad, se trata de hacer la programación con antelación. De hecho, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ya lo hace anualmente mediante el plan de expansión del sistema eléctrico nacional, y que debería ejecutarlo de acuerdo al mandato de la misma: programando licitaciones de compra de energía y potencia periódicamente con la debida antelación (mínimo seis meses) e invitando a los calificados a participar de manera transparente y competitiva, sin restricciones y, por supuesto, sin cambios de última hora no homologados, para evitar reducir la competencia, tal como estipula la Ley 6 que rige el sector.
La última licitación de compra de energía significativa y transparente se hizo en el año 2008 por las distribuidoras supervisadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y generó una significativa cantidad de proyectos hidroeléctricos que estamos viendo terminarse ahora, cinco años después, por más de 600 MW (megawatts) y que son los que han sostenido el crecimiento de la economía en estos años.
Durante el periodo 2009-2012, desde que el Gobierno asumió la responsabilidad de comprar energía no se han realizado licitaciones suficientes frente al crecimiento de la economía; salvo el de generación eólica por 100 MW y otras menores hidráulicas que no garantizan energía y potencia para todo el año. Este año se hizo una licitación para una planta de carbón de 150 MW para 2017, en la que se presentó un solo proponente.
Por otro lado, las autoridades cancelaron el año pasado la concesión para desarrollar la hidroeléctrica Changuinola II a la empresa internacional AES, alegando que superaba la participación máxima permitida en el mercado, pero hasta la fecha no se ha vuelto a licitar este importante proyecto hidroeléctrico de 200 MW. Adicional, recientemente se canceló el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia que representaría unos 300 MW adicionales de oferta eléctrica para el país agravando el panorama a largo plazo.
En el caso particular de la reciente licitación para una planta generadora en base a LNG (gas natural), por 400-500 MW para el 2017-2036 y un valor estimado de $1,000 millones, esta no se realizó de manera oportuna ni transparente ya que se publicó con pocos meses de antelación y durante el proceso se hicieron sendos cambios en los pliegos que disminuyeron la competencia, de tal forma que a la hora de las propuestas hubo un solo proponente.
Por todas las razones anteriores los gremios reunidos en conferencia de prensa la semana pasada pidieron se declarara desierta y se realizara nuevamente, dando un mínimo de seis meses de plazo a los interesados en participar.
En la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) e interinstitucional, de la que formo parte, hemos venido discutiendo el tema de la falta de contratación de la nueva capacidad instalada necesaria para enfrentar el crecimiento de la demanda energética en el país, de más del 6% anual. Si bien el Gobierno ha hecho un esfuerzo notorio para diversificar la matriz de energía, es imperativo el impulso de contrataciones a tiempo y de manera transparente para garantizar el suministro, adicional a que se mantenga el buen clima de inversiones con reglas del mercado estables. Así se lo hemos comunicado en diversos foros y comunicados a la autoridades, sin que hayan tomado los correctivos necesarios.
Esperemos que ante la inminencia de esta crisis, se hagan los correctivos y se tomen las medidas tantas veces recomendadas por los voceros del sector privado.
Fuente: La Prensa.
