Por: Erick Simpson Aguilera
En teoría el Estado panameño está «organizado y funciona» en base a la denominada «trias política», léase, separación o división de poderes. No obstante, «todos sabemos» que eso es una farsa comoquiera que en la práctica los poderes del Estado panameño no están organizados, no funcionan, y mucho menos son independientes. De hecho, si fueran independientes dispondrían de autonomía presupuestaria para funcionar con suficientes recursos financieros como para ser verdaderamente operativos y eficaces en igualdad de condiciones -en cuanto a autonomía, no en tamaño del presupuesto, claro está- que el Órgano Ejecutivo.
Así las cosas, asistimos al colapso del sistema político panameño, toda vez que dada la debacle institucional que sufrimos el pasado quinquenio, en el cual se hizo añicos la separación de los poderes del Estado que fueron concentrados bajo el puño del Órgano Ejecutivo más que nunca, gracias al transfuguismo masivo de diputados, y al servilismo del Órgano Judicial, Ministerio Publico, y Contraloría que brillaban por su ausencia, permitiendo ésta «omisión de funciones» -por no decir complicidad- el mayor latrocinio que ha sufrido la patria, cuya magnitud es tal que ha trascendido allende nuestras fronteras hasta ser motivo de investigaciones en Italia (Finmeccanica), Brasil (Odebrecht) y Estados Unidos (SAP).
Ahora bien, siendo que se presume que la lesión sufrida por el patrimonio estatal es del orden de los miles de millones de dólares, es menester preguntarnos si un sistema político tan maltrecho como es el panameño, tendrá la capacidad para deslindar y juzgar en derecho tamaña cantidad de casos de los más variopintos que cada día salen a la luz pública.
En lo que a mí concierne, lo dudo mucho, toda vez que la única institución que observo cumpliendo sus funciones con prontitud y prestancia no obstante sus limitados recursos es el Ministerio Publico. Sin embargo, el desempeño del Órgano Judicial deja mucho que desear y es frustrante por decir lo menos, comoquiera que parece empantanado con los casos que le corresponde investigar, y al ritmo que opera pasaran milenios para que pueda fallar alguno de los casos de alto perfil que debe deslindar.
Por ejemplo: ¿cuántos siglos le tomará a la Corte Suprema pronunciarse respecto a la nefasta y corrupta ley 55, también conocida como Ley Blindaje?
Tal parece que existiera un pacto de no agresión entre los diferentes Órganos del Estado toda vez que la Corte no muestra interés en darle curso expedito a las denuncias contra los diputados nacionales y del Parlacen, mientras el Órgano Legislativo tampoco le da curso expedito a las serias denuncias que pesan contra algunos magistrados de la Corte, como si los panameños tenemos que contentarnos y conformarnos con los dos exmagistrados que sí investigaron.
Puede que los tiempos de la justicia no sean los nuestros, que los funcionarios se cuiden de elaborar bien los casos para que no se caigan por tecnicismos y demás aristas que no manejamos los ciudadanos comunes y corrientes, lo cual se entiende, pero también entendemos cuando quieren vernos las caras de tontos y dilatan los procesos siglos y eternidades.
Ni siquiera el Órgano Ejecutivo se salva de las suspicacias y sospechas de sesgo, selectividad, favoritismo, e impunidad, toda vez que, mientras ha demostrado dicho Órgano la voluntad -y lo reconocemos- para presentar las denuncias, realizar auditorías, y someter a las autoridades judiciales competentes, gran cantidad de casos de corrupción como nunca antes lo habíamos visto, se hacen de la vista gorda con ciertas instituciones que manejaron proyectos multimillonarios con supuestos sobrecostos, como es el caso del Ministerio de Obras Publicas, cuyos proyectos millonarios no vemos sean auditados e investigados con lujo de detalles y hasta la saciedad para determinar el buen o mal manejo de los mismos como la rendición de cuentas exige a todo funcionario e institución.
En cuanto al Metro, se ratificó en sus cargos a los directivos del mismo, sin que se realice una auditoría forense sobre dicho proyecto, mientras se sigue adjudicando la línea 2 del Metro y otros proyectos como la renovación de la Ciudad de Colón a una empresa como Odebrecht que no necesito explicar por qué debió ser investigada e inhabilitada en Panamá como sí sucedió en otros países serios, decentes, y sin complejo de república circense, de pandereta, y bananera como la nuestra.
Todas las obras realizadas por el MOP y otros ministerios, y todos los proyectos que administró el pasado gobierno, deben ser investigadas, auditadas, y verificado hasta el último centavo invertido, lo que no implica culpabilidad de nadie, ni violación de la presunción de inocencia, pero sí, rendición de cuentas y transparencia.
En fin, el país no puede darse el lujo que la debacle institucional y patrimonial de la que somos testigos un día sí y otro también, termine en nada, y los infractores con medidas cautelares de casa, palacio, mansión, finca, país, y planeta por cárcel.
Dicho eso, 4 millones de panameños tenemos que preguntarnos si seguiremos permitiendo que 9 magistrados de la Corte, 71 diputados de la Asamblea Nacional, y quienes componen el Órgano Ejecutivo, manejen nuestro patrimonio estatal a su antojo y como les dé la gana -como siempre ha sido desde 1903 hasta la fecha-, sin transparencia, sin rendición de cuentas, con impunidad, favoritismo, selectividad, etcétera, y si nos cruzaremos de brazos mientras se frustran el hambre y sed de justicia que tenemos y demandamos sean satisfechas.
Si el sistema colapsó y tocamos fondo, pues, procede transformarlo vía una constituyente que nos permita cambiar a las autoridades de los Órganos del Estado que se resistan a cumplir con las funciones por las cuales les pagamos los ciudadanos que somos sus jefes –no sus esclavos, ni sus súbditos- y si toca reemplazarlos, pues hagámoslo.
Es preciso que nos organicemos de frontera a frontera todos los ciudadanos para exigir rendición de cuentas total -no parcial ni selectiva-, para presionar a las autoridades por medio de marchas y demás medidas que impidan que el gran daño hecho a la patria quede impune; daño éste que no solo lesiona nuestro patrimonio, pero también nuestra imagen como país que hoy por hoy está por el suelo a nivel mundial, al ser objeto Panamá de investigaciones del FBI y demás organismos internacionales cuyas pesquisas demuestran que somos un antro para lavar dinero y un centro mundial de la corrupción donde se refugian las empresas más corruptas del planeta. Ponemos orden, o permitimos que un grupo de politiqueros que tienen el país secuestrado y estancado, lleven a Panamá directo al despeñadero, y después que nadie llore.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
