Por: Erick Simpson Aguilera
¿Por qué es necesario que el pueblo panameño marche de frontera a frontera incluyendo islas y comarcas?
Bien; veamos:
1- En primer lugar, porque el país fue víctima de un saqueo sin parangón que se presume ronda los miles de millones de dólares y no estamos conformes con la forma como el sistema de “justicia” está abordando éste tema.
2- Porque la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 9 magistrados que son empleados de todos los ciudadanos panameños que somos sus jefes, por ser contratados dichos funcionarios con nuestros impuestos para impartir justicia, se niega a investigar como corresponde a algunos diputados nacionales y del Parlacen sobre los cuales pesan denuncias muy graves, a saber: uso injustificado de partidas circuitales por el orden de $416,678,206.00 millones de dólares, además de los múltiples casos por supuesta corrupción de ribetes no solo nacional pero también internacional, que pesan sobre un diputado del Parlacen sin que la Corte muestre interés alguno en deslindar éstos temas en justicia, buena lid, y con prontitud, lo que no implicaría si lo hicieran que dicho diputado del Parlacen sea culpable de los muchos casos por supuesta corrupción en que se le señala, pero sí que debe rendir cuentas y ser investigado como cualquier panameño mortal, cosa que la Corte no está haciendo.
A propósito ¿cuántos siglos o milenios le tomará a la Corte fallar respecto a la inconstitucionalidad de la nefasta ley 55 conocida como ley blindaje, la cual constituye una ruta de escape para no pocos infractores?
No sé, quizás yo estoy equivocado, pero en mi opinión, si un empleado o funcionario público no cumple con sus obligaciones (por las cuales devenga un salario) en el tiempo oportuno -no cuando le da la gana- debe ser destituido e investigado por obstruir la justicia por la que debiera velar.
La pregunta es ¿contemplan las leyes panameñas algún instrumento para destituir a un magistrado de la corte si éste en lugar de impartir justicia se constituye en un obstáculo a la misma promoviendo la impunidad, o dichos funcionarios tienen licencia para no cumplir con sus funciones y tenemos que aguantárnoslos 10 años sí o sí aunque su accionar u omisiones afecten gravemente a la patria?
Si la respuesta es que no existe un instrumento legal para medir el desempeño de los magistrados y destituirlos si no cumplen con sus funciones afectando así a toda la nación, entonces reconozcamos que damos pena como país, que nuestras leyes son un chiste, y que somos una vulgar aldea estilo banana republic diseñada para que la impunidad florezca y prosperen las malas artes de la politiquería y la corrupción. Si por el contrario, la respuesta es que sí existen los mecanismos legales para destituirlos, pues a quién le corresponde aplicar dicha destitución, comoquiera que, no veo que nadie les exija a los magistrados cumplir con sus funciones por las cuales les pagamos.
3- En cuanto a la Asamblea Nacional de diputados, razones no nos faltan para marchar tomándonos las calles como hicieron nuestros hermanos guatemaltecos, toda vez que, los 71 diputados que componen el Órgano Legislativo insisten en burlarse de 4 millones de panameños aprobando leyes para blindarse no solo por sus funciones parlamentarias, pero en general, aún cuando la Constitución prohíbe los fueros y privilegios.
Además, algunos diputados se niegan a darle trámite a las graves denuncias que pesan sobre ciertos magistrados de la Corte demostrando con ello una suerte de pacto de no agresión donde los magistrados no investigan a los diputados nacionales por el uso sin justificar de millonarias partidas circuitales, ni a los del Parlacen por los casos de supuesta corrupción que afrontan, mientras los diputados no investigan las serias denuncias que pesan sobre algunos magistrados de la Corte, reinando así la impunidad que corroe todo el sistema político.
Dicho esto, resulta obvio que el sistema de supuestos pesos y contrapesos entre los poderes del Estado no está funcionando en Panamá, que se está cayendo a pedazos ante nuestros ojos por su propio peso de inoperancia, y que mejor dicho: colapsó hace rato por el contubernio entre los Órganos del Estado para violar impunemente la ley sin rendirle cuentas a los 4 millones de panameños que somos sus jefes y quienes pagamos sus salarios, demostrando ésta situación que una constituyente para adecentar a nuestra nación es impostergable.
4- Con relación al Órgano Ejecutivo, no es que desee su destitución en pleno; a propósito, si en mis manos estuviera, sí evaluaría a los 9 magistrados de la Corte y los destituiría si hubiera meritos legales para hacerlo, y me daría lo mismo si los 71 diputados de la Asamblea -blindados inconstitucionalmente- se quedan sin su curul, toda vez que no veo el beneficio real de su pobre aporte al quehacer político nacional; todo lo contrario, considero que dejan mucho que desear, que no legislan nada favorable al pueblo, pero sí a favor de ellos, de la elite, y de sus partidos, ni tampoco los veo fiscalizar absolutamente nada como se supone es su deber hacerlo. Sin embargo, en cuanto al Presidente Juan Carlos Varela se refiere, reitero, no considero que haya meritos para pedir su destitución como sí aconteció en Guatemala con Otto Pérez Molina, pero sí es necesario que marchemos para hacerle saber al Órgano Ejecutivo lo siguiente:
- Que no estamos conformes con su extraña relación con la desprestigiada empresa brasileña Odebrecht, cuyo dueño se encuentra preso en Brasil por supuestos actos de corrupción y no obstante eso, el actual gobierno panameño le ha concedido a dicha empresa contratos que suman $2,394 millones de dólares (Línea 2 del Metro y Renovación de Colón).
- Que no aprobamos ni entendemos los $ 7 millones de dólares pagados a la empresa Cobranzas del Istmo cuyo dueño está detenido preventivamente (casa por cárcel) por supuestos actos de corrupción.
- Que rechazamos la adenda por $3.7 millones de dólares a favor de la empresa Hidalgo & Hidalgo cuyos directivos se encuentran detenidos en Panamá por supuestos actos de corrupción en el proyecto Riegos de Tonosí.
- Que despreciamos el nepotismo, amiguismo, y partidismo que utilizan como regla para nombrar a altos funcionarios en puestos claves afectando con estas malas prácticas a industrias tan importantes como el turismo.
- Que nos preocupa la forma lenta, improvisada, y errática en que están manejando la economía nacional que cada día se resiente más.
- Que exigimos un cambio de gabinete en aquellas carteras en las cuales resulta obvia la inoperancia de sus ministros, lo cual afecta el buen desenvolvimiento del país que es impactado negativamente por tanta ineficacia.
- Y que no estamos de acuerdo con los recortes presupuestarios sufridos por el Ministerio Publico que más bien requiere de mayores recursos financieros para crear nuevas fiscalías y no de recortes que impidan el desempeño de sus funciones y entorpezcan las muchas investigaciones de alto perfil que realizan.
En fin, asistimos a la debacle del sistema político panameño que se cae a pedazos y está hecho añicos por tantos años de abusos que alcanzaron su cenit en el pasado quinquenio que dejó al país en estado de coma y con respiración artificial, ergo, no es asunto de curitas. O componemos el sistema de raíz, o se caerá sin que nadie pueda impedirlo, comoquiera que la inercia, la dinámica de rompimiento, y la caída libre, ya están dadas, y si no controlamos dicha caída para que sea ordenada (constituyente), los efectos de la hecatombe política sin control, serán devastadores para todos los panameños que sufriremos las consecuencias sin discriminación por no actuar oportunamente cuando debimos hacerlo.
Finalizo exhortando a todas las fuerzas vivas del país, a saber: a los trabajadores, empresarios, ciudadanos de a pie, gremios (maestros, profesores, padres de familia, médicos, enfermeras, etcétera), sindicatos, campesinos, indígenas, organizaciones de la sociedad civil, tuiteros, estudiantes, medios de comunicación, y demás, a organizarnos para marchar exigiendo justicia y cero impunidad, no una vez, sino muchas, hasta que logremos evitar el rompimiento del orden constitucional al que nos dirigimos inexorablemente y en caída libre, gracias a unos funcionarios que no respetan la Constitución ni las leyes a las que pisotean un día sí y otro también, desafiando con sus malas prácticas -como la impunidad; por mencionar una- a 4 millones de panameños.
O tomamos cartas en el asunto imitando el buen ejemplo de nuestros hermanos guatemaltecos, u optamos por cruzarnos de brazos debido a la indolencia, pereza, comodidad que ofrece una falsa zona de confort que constituye una cuerda floja y un auto-robo (subsidios, dadivas y demás prebendas clientelistas), cobardía, falta de patriotismo, agendas ocultas, afiliación político partidista, e intereses creados, mientras se hunde el país y terminamos convirtiéndonos más temprano que tarde -con todo respeto- en el nuevo México, Venezuela, o Colombia; y después que nadie llore cuando eso acontezca sumiéndose Panamá en el caos, la violencia, la crisis económica (deuda pública abismal, saqueos multimillonarios, cero transparencia, ni rendición de cuentas), y la ingobernabilidad que nos impulsen a emigrar a otros lares cuando podríamos vivir prospera y equitativamente en nuestro propio suelo patrio. Un país petrolero y rico como Venezuela nunca pensó en convertirse en una nación de emigrantes, pero cometieron los mismos errores políticos, sociales y económicos que nosotros cometemos hoy día y lo demás es historia.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Despierta Panamá.
