Por: Erick Simpson Aguilera
Sí, es cierto que el Ministerio Publico ha trabajado como nunca antes en la historia patria para combatir casos de corrupción de alto perfil, y también es cierto que la desprestigiada Asamblea Nacional de Diputados que se caracterizaba por desestimar cuanta denuncia contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia les llegara, de una manera desconocida ha procedido a darles el trámite correspondiente a las denuncias, y juzgar como procede según sus funciones, a los magistrados denunciados.
Enhorabuena por ello, y reconocemos los esfuerzos del Ministerio Público que no obstante los recursos limitados de que dispone, le ha dado esperanzas a un país que exige con hambre y sed que se haga justicia, y de igual forma, extiendo mi reconocimiento a la Asamblea Nacional que por fin parece haber entendido y asumido sus funciones y responsabilidades.
Ahora bien, no obstante los avances mencionados, no podemos caer en triunfalismos ni mucho menos conformarnos, comoquiera que queda mucho trabajo por hacer para sanear todo el sistema de justicia panameño que en honor a la verdad, no está como para tirar fuegos artificiales y celebrar cuando el Órgano Judicial agoniza, y la mora judicial, el sesgo, el clasismo, y la selectividad campean a su merced.
Entiendo que un sistema de justicia tan maltrecho e inoperante como el nuestro no puede cambiar de la noche a la mañana ergo debemos ser pacientes con los tiempos de la justicia que no necesariamente coinciden con el deseo de justicia del pueblo panameño que, si no lo controlamos puede mutar a venganza pura y dura, a revanchismos, cacería de brujas, y linchamientos judiciales, lo cual tampoco es la idea toda vez que, no podemos pasar de cero justicia a atropellos que no respeten la presunción de inocencia de los implicados ni el debido proceso, propiciando condenas a inocentes para calmar a las masas, lo que constituye un despropósito de suma gravedad.
De manera que, somos conscientes de lo delicado de la situación. Sin embargo, lo que tampoco podemos permitirnos como país es que la justicia sea torcida para beneficiar a infractores que se les demuestre haber saqueado el erario público, aplicándoles «castigos» o penas que no correspondan con el gran daño hecho a la patria, es decir, otorgándoles casa o país por cárcel, ni tampoco «cárceles» VIP.
Además, es preciso que la justicia alcance a todos los implicados sin distingo de clase social, caudal económico, o poder político, léase, no solo a los hijos de la cocinera e implicados de poca monta o mandos medios, pero también a las vacas sagradas de los círculos ceros empresariales y políticos del país, los cuales por más que sus sombras se paseen en cuanto atraco al erario público se mencione, que se hayan prestado para blanquear capitales mal habidos en sus bancos, o que hayan sido los corruptores de más de un caso de atraco público, parecieran ser seres invisibles, innombrables, e intocables que cuentan con licencia para delinquir, están por encima de las leyes, y permanecen arriba del bien y del mal, a diferencia del resto de los mortales.
Ni premios que incentiven el crimen contra el patrimonio estatal, ni selectividad, ni impunidad. No podemos permitir que nos disfracen amagos de justicia como si fueran justicia plena, igualitaria y verdadera. Si la justicia es parcial, sesgada, clasista, selectiva, etcétera, no es verdadera justicia plena que desaliente el crimen, pero sí es una invitación a delinquir contra el erario público.
Tal parece que el gran saqueo al que fueron sometidas las arcas del Estado ha desnudado las miserias de nuestro sistema de justicia que no mide con la misma vara a todos los panameños, dado que, mientras al hijo de la cocinera se le aplica todo el rigor de la ley y se le violan todas sus garantías encerrado en mazmorras infrahumanas por años sin juicio alguno, a otros panameños envueltos en caso de lesiones patrimoniales del orden de millones de dólares, se les otorgan toda clase de beneficios y al paso que vamos ya no será casa ni país por cárcel lo que se les otorgue, sino planeta o universo por cárcel.
Esto no puede continuar así toda vez que, ésta clase de «justicia» constituye una burla y bofetada al pueblo panameño que exige cuentas a quienes se les compruebe algún ilícito contra el patrimonio del Estado, que se recuperen los fondos sustraídos, y que paguen con cárcel como cualquier mortal quienes resulten culpables.
Reitero, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia de los implicados, y que las penas de comprobarse alguna lesión al patrimonio del Estado sean reales y no premios por delinquir lo cual mandaría un mensaje nefasto a todo el país y sobretodo a los jóvenes sin criterio formado que entenderán dados los hechos, que el crimen paga y resulta buen negocio saquear al Estado e invernar unos cuantos años en una cómoda mansión comprada con el dinero robado para luego disfrutar de los frutos del atraco realizado.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
