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    • Marcha por la justicia y contra la impunidad

      Posteado a las 5:08 pm por Erick Simpson Aguilera, el 10 septiembre, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      ¿Por qué es necesario que el pueblo panameño marche de frontera a frontera incluyendo islas y comarcas?

      Bien; veamos:

      1- En primer lugar, porque el país fue víctima de un saqueo sin parangón que se presume ronda los miles de millones de dólares y no estamos conformes con la forma como el sistema de “justicia” está abordando éste tema.

      2- Porque la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 9 magistrados que son empleados de todos los ciudadanos panameños que somos sus jefes, por ser contratados dichos funcionarios con nuestros impuestos para impartir justicia, se niega a investigar como corresponde a algunos diputados nacionales y del Parlacen sobre los cuales pesan denuncias muy graves, a saber: uso injustificado de partidas circuitales por el orden de $416,678,206.00 millones de dólares, además de los múltiples casos por supuesta corrupción de ribetes no solo nacional pero también internacional, que pesan sobre un diputado del Parlacen sin que la Corte muestre interés alguno en deslindar éstos temas en justicia, buena lid, y con prontitud, lo que no implicaría si lo hicieran que dicho diputado del Parlacen sea culpable de los muchos casos por supuesta corrupción en que se le señala, pero sí que debe rendir cuentas y ser investigado como cualquier panameño mortal, cosa que la Corte no está haciendo.

      A propósito ¿cuántos siglos o milenios le tomará a la Corte fallar respecto a la inconstitucionalidad de la nefasta ley 55 conocida como ley blindaje, la cual constituye una ruta de escape para no pocos infractores?

      No sé, quizás yo estoy equivocado, pero en mi opinión, si un empleado o funcionario público no cumple con sus obligaciones (por las cuales devenga un salario) en el tiempo oportuno -no cuando le da la gana- debe ser destituido e investigado por obstruir la  justicia por la que debiera velar.

      La pregunta es ¿contemplan las leyes panameñas algún instrumento para destituir a un magistrado de la corte si éste en lugar de impartir justicia se constituye en un obstáculo a la misma promoviendo la impunidad, o dichos funcionarios tienen licencia para no cumplir con sus funciones y tenemos que aguantárnoslos 10 años sí o sí aunque su accionar u omisiones afecten gravemente a la patria?

      Si la respuesta es que no existe un instrumento legal para medir el desempeño de los magistrados y destituirlos si no cumplen con sus funciones afectando así a toda la nación, entonces reconozcamos que damos pena como país, que nuestras leyes son un chiste, y que somos una vulgar aldea estilo banana republic diseñada para que la impunidad florezca y prosperen las malas artes de la politiquería y la corrupción. Si por el contrario, la respuesta es que sí existen los mecanismos legales para destituirlos, pues a quién le corresponde aplicar dicha destitución, comoquiera que, no veo que nadie les exija a los magistrados cumplir con sus funciones por las cuales les pagamos.

      3- En cuanto a la Asamblea Nacional de diputados, razones no nos faltan para marchar tomándonos las calles como hicieron nuestros hermanos guatemaltecos, toda vez que, los 71 diputados que componen el Órgano Legislativo insisten en burlarse de 4 millones de panameños aprobando leyes para blindarse no solo por sus funciones parlamentarias, pero en general, aún cuando la Constitución prohíbe los fueros y privilegios.

      Además, algunos diputados se niegan a darle trámite a las graves denuncias que pesan sobre ciertos magistrados de la Corte demostrando con ello una suerte de pacto de no agresión donde los magistrados no investigan a los diputados nacionales por el uso sin justificar de millonarias partidas circuitales, ni a los del Parlacen por los casos de supuesta corrupción que afrontan, mientras los diputados no investigan las serias denuncias que pesan sobre algunos magistrados de la Corte, reinando así la impunidad que corroe todo el sistema político.

      Dicho esto, resulta obvio que el sistema de supuestos pesos y contrapesos entre los poderes del Estado no está funcionando en Panamá, que se está cayendo a pedazos ante nuestros ojos por su propio peso de inoperancia, y que mejor dicho: colapsó hace rato por el contubernio entre los Órganos del Estado para violar impunemente la ley sin rendirle cuentas a los 4 millones de panameños que somos sus jefes y quienes pagamos sus salarios, demostrando ésta situación que una constituyente para adecentar a nuestra nación es impostergable.

      4- Con relación al Órgano Ejecutivo, no es que desee su destitución en pleno; a propósito, si en mis manos estuviera, sí evaluaría a los 9 magistrados de la Corte y los destituiría si hubiera meritos legales para hacerlo, y me daría lo mismo si los 71 diputados de la Asamblea -blindados inconstitucionalmente- se quedan sin su curul, toda vez que no veo el beneficio real de su pobre aporte al quehacer político nacional; todo lo contrario, considero que dejan mucho que desear, que no legislan nada favorable al pueblo, pero sí a favor de ellos, de la elite, y de sus partidos, ni tampoco los veo fiscalizar absolutamente nada como se supone es su deber hacerlo. Sin embargo, en cuanto al Presidente Juan Carlos Varela se refiere, reitero, no considero que haya meritos para pedir su destitución como sí aconteció en Guatemala con Otto Pérez Molina, pero sí es necesario que marchemos para hacerle saber al Órgano Ejecutivo lo siguiente:

      • Que no estamos conformes con su extraña relación con la desprestigiada empresa brasileña Odebrecht, cuyo dueño se encuentra preso en Brasil por supuestos actos de corrupción y no obstante eso, el actual gobierno panameño le ha concedido a dicha empresa contratos que suman $2,394 millones de dólares (Línea 2 del Metro y Renovación de Colón).
      • Que no aprobamos ni entendemos los $ 7 millones de dólares pagados a la empresa Cobranzas del Istmo cuyo dueño está detenido preventivamente (casa por cárcel) por supuestos actos de corrupción.
      • Que rechazamos la adenda por $3.7 millones de dólares a favor de la empresa Hidalgo & Hidalgo cuyos directivos se encuentran detenidos en Panamá por supuestos actos de corrupción en el proyecto Riegos de Tonosí.
      • Que despreciamos el nepotismo, amiguismo, y partidismo que utilizan como regla para nombrar a altos funcionarios en puestos claves afectando con estas malas prácticas a industrias tan importantes como el turismo.
      • Que nos preocupa la forma lenta, improvisada, y errática en que están manejando la economía nacional que cada día se resiente más.
      • Que exigimos un cambio de gabinete en aquellas carteras en las cuales resulta obvia la inoperancia de sus ministros, lo cual afecta el buen desenvolvimiento del país que es impactado negativamente por tanta ineficacia.
      • Y que no estamos de acuerdo con los recortes presupuestarios sufridos por el Ministerio Publico que más bien requiere de mayores recursos financieros para crear nuevas fiscalías y no de recortes que impidan el desempeño de sus funciones y entorpezcan las muchas  investigaciones de alto perfil que realizan.

      En fin, asistimos a la debacle del sistema político panameño que se cae a pedazos y está hecho añicos por tantos años de abusos que alcanzaron su cenit en el pasado quinquenio que dejó al país en estado de coma y con respiración artificial, ergo, no es asunto de curitas. O componemos el sistema de raíz, o se caerá sin que nadie pueda impedirlo, comoquiera que la inercia, la dinámica de rompimiento, y la caída libre, ya están dadas, y si no controlamos dicha caída para que sea ordenada (constituyente), los efectos de la hecatombe política sin control, serán devastadores para todos los panameños que sufriremos las consecuencias sin discriminación por no actuar oportunamente cuando debimos hacerlo.

      Finalizo exhortando a todas las fuerzas vivas del país, a saber: a los trabajadores, empresarios, ciudadanos de a pie, gremios (maestros, profesores, padres de familia, médicos, enfermeras, etcétera), sindicatos, campesinos, indígenas, organizaciones de la sociedad civil, tuiteros, estudiantes, medios de comunicación, y demás, a organizarnos para marchar exigiendo justicia y cero impunidad, no una vez, sino muchas, hasta que logremos evitar el rompimiento del orden constitucional al que nos dirigimos inexorablemente y en caída libre, gracias a unos funcionarios que no respetan la Constitución ni las leyes a las que pisotean un día sí y otro también, desafiando con sus malas prácticas -como la impunidad; por mencionar una- a 4 millones de panameños.

      O tomamos cartas en el asunto imitando el buen ejemplo de nuestros hermanos guatemaltecos, u optamos por cruzarnos de brazos debido a la indolencia, pereza, comodidad que ofrece una falsa zona de confort que constituye una cuerda floja y un auto-robo (subsidios, dadivas y demás prebendas clientelistas), cobardía, falta de patriotismo, agendas ocultas, afiliación político partidista, e intereses creados, mientras se hunde el país y terminamos convirtiéndonos más temprano que tarde -con todo respeto- en el nuevo México, Venezuela, o Colombia; y después que nadie llore cuando eso acontezca sumiéndose Panamá en el caos, la violencia, la crisis económica (deuda pública abismal, saqueos multimillonarios, cero transparencia, ni rendición de cuentas), y la ingobernabilidad que nos impulsen a emigrar a otros lares cuando podríamos vivir prospera y equitativamente en nuestro propio suelo patrio. Un país petrolero y rico como Venezuela nunca pensó en convertirse en una nación de emigrantes, pero cometieron los mismos errores políticos, sociales y económicos que nosotros cometemos hoy día y lo demás es historia.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      Despierta Panamá.

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      | 2 comentarios Etiquetado como Asamblea Nacional de Diputados, Órgano Ejecutivo, ciudadanos, constituyente, corte suprema de justicia, Diputados, Erick Simpson Aguilera, impunidad, justicia, ley blindaje, magistrados, Marcha, Odebrecht, Otto Pérez Molina, Panamá, Presidente Juan Carlos Varela
    • Democraticemos a Panamá

      Posteado a las 8:31 pm por Erick Simpson Aguilera, el 5 septiembre, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      bandera rostros

      Según el famoso Google, democracia significa lo siguiente:

      Democracia:

      1- Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.

      2- Régimen político basado en esta doctrina.

      • Democracia directa:

      Democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía directamente sin la intermediación de órganos representativos.

      «La democracia ateniense era una democracia directa en la que se convocaba a todos los ciudadanos en la plaza pública, el ágora, y una vez reunidos tomaban las decisiones»

      • Democracia popular:

      Nombre que se daban a sí mismos los regímenes de los países socialistas de la Europa del Este.

      «Los socios comunitarios se enfrentaban a un triple reto: la materialización del espacio único europeo en 1993, la asunción de la cuota correspondiente en la crisis del Golfo y el ordenamiento de los procesos democratizadores iniciados en las antiguas democracias populares y en la URSS»

      • Democracia representativa:

      Democracia en la que el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación.

      «La democracia representativa es la que se proclama en nuestros días y supone que los ciudadanos delegan las funciones de gobierno en personas elegidas por ellos mismos»

      3- Estado que tiene este régimen político.

      «Las democracias europeas».

      4 – Sistema de relación de un grupo o colectividad basado en la participación de sus miembros en los asuntos importantes que le afectan.

      «Quizás en las hordas primitivas había democracia antes de que apareciesen las primeras autoridades, los primeros jefes; la democracia interna significa que el partido lo gobierna la mayoría, pero también que no puede silenciarse a las minorías».

      Origen: Préstamo (s. xvii) del latín democratia y este del griego demokratía ‘gobierno popular’, ‘democracia’, formado con dêmos ‘pueblo’ y krateîn ‘gobernar’. A la misma familia etimológica derivada del griego dêmos pertenecen demagogo, demografía, epidemia y endémico.


      Aclarados los conceptos que definen la palabra democracia, no los haré perder su valioso tiempo estimados lectores, explicando con lujo de detalles que lo que tenemos en Panamá está muy lejos de ser una democracia en cualquiera de sus variantes, y más bien califica como un perverso hibrido de feudalismo, caudillismo, caciquismo, clasismo, señorío, pseudo monarquía, sistema de castas, dictadura civil, cleptocracia, mediocrecracia, corruptocracia, partidocracia, banana republic, y demás artimañas de las más variopintas que pululan en nuestra fauna politiquera que cada día se degrada más; nos desafían más al resto de los panameños mortales haciéndonos ver que existen algunos ciudadanos por encima del bien, del mal, y la Constitución, quienes gozan de fueros y privilegios que dicha Constitución no les otorga, de impunidad, licencia para saquear, y patente de corso para esquilmar los recursos del Estado, sin necesidad de rendir cuentas a nadie, ni actuar con transparencia; y se burlan de 4 millones de panameños en nuestras caras, al pronunciar aún más los vicios políticos que carcomen a nuestro país, legalizando por medio de leyes inconstitucionales la impunidad y la corrupción, léase a través del nuevo esperpento jurídico denominado proyecto de ley 214, conocida también como Ley Súper Mega Blindaje, que superó con creces a la nefasta ley 55 del gobierno pasado, en lugar de subsanar sus vicios y exabruptos, razón por la cual debe ser vetada por el Presidente Juan Carlos Varela, quien de sancionarla acabaría con su credibilidad de compromiso por la democracia, justicia, y equidad, y se haría participe (cómplice) de éste atentado contra la Constitución vigente.

      Sí, ya sé que no gozo de la simpatía de la clase política panameña por mi forma cruda de argumentar, por lo que muchos politiqueros profesionales cuyo modus vivendi es denunciado por mis escritos, deben estar cariacontecidos una vez más por mis irreverentes e iconoclastas opiniones que no claudican ante vaca sagrada del statu quo alguna por más apellido que tenga o descendiente de “próceres” que sea, ni dejan títeres con cabeza a la hora de llamar a las malas artes de la politiquería panameña por sus nombres. Sin embargo, no estoy inscrito en concurso de simpatía, popularidad, electorero, ni carnavalesco alguno; ergo, es menester que me pronuncie claramente por el bien de mi pueblo panameño, comoquiera que nos estamos jugando nuestro presente y el mañana de las futuras generaciones de la patria la cual peligra en demasía por la proliferación de las malas prácticas políticas que corroen a nuestra nación.

      Dichas malas prácticas políticas que se pronunciarían aún más si el proyecto de ley 214 es sancionado por el presidente de la república, nos han hecho un daño institucional y económico muy serio, el cual nos pasará una cara factura más temprano que tarde, dados los abusos de poder y saqueos al erario público del que somos víctimas, que supuestamente son del orden de los miles de millones de dólares, los cuales no se pueden comparar con los cargos que le costaron sus puestos al expresidente y exvicepresidenta de Guatemala, toda vez que si los hubieran cometido aquí en Panamá, absolutamente nada les hubiera pasado más allá de una anécdota folclórica y hasta risible, porque tal parece que los panameños estamos inoculados del virus de la corrupción y de allí que la toleremos, seamos resistentes a ella, y hasta la justifiquémonos -por no decir aupemos-. De manera que, no nos incomoda tanto que la corrupción campee y prospere cada día más en nuestra tierra, como para tomar medidas drásticas al respecto como sí hicieron nuestros hermanos guatemaltecos a los cuales respeto, admiro, y aplaudo mucho, por no dormirse en los laureles esperando ilusamente que los propios políticos causantes de sus males se autocorrijan sabiendo que nunca lo harán si no son obligados a hacerlo por el activismo y presión ciudadana.

      Es oportuno señalar que, todavía muchos panameños consideramos al presidente de la Republica, Juan Carlos Varela, una persona seria y temerosa de Dios que merece nuestro respeto por la investidura que ocupa. Razón por la cual, le pedimos encarecidamente y con todo respeto, que por favor no nos defraude dándole el jaque mate a la democracia e institucionalidad panameña, al sancionar éste atentado que lacera el Estado de Derecho y viola la Constitución vigente otorgando fueros y privilegios que la misma no contempla, lo cual podría desencadenar una vorágine social y política si el pueblo panameño al igual que los guatemaltecos despierta de su sueño tomándose las calles, pero se va al otro extremo, a un punto de no retorno e ingobernabilidad, que bien podría aprovechar a su favor un pseudo mesías populista, canalizando y capitalizando el hastío de la ciudadanía cansada de los saqueos al patrimonio nacional, la impunidad y la falta de justicia, erigiéndose dicho falso líder como un “salvador” que nos suma en épocas oscuras de dictadura perenne, gracias al terreno fértil y caldo de cultivo que éstas leyes arbitrarias, abusivas, inconstitucionales, y antidemocráticas constituyen, cual rutas de escape para que los saqueadores del erario público burlen a la justicia. Vete éste experimento e intento de legalizar la impunidad, apreciado presidente.

      En fin, la clase política inculta, soberbia, prepotente, poco intelectual, y nada estadista, ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias actuales, no saben leer los tiempos que viven Panamá y el mundo, y juegan con fuego al quemar la última oportunidad que les estamos dando de hacer las cosas bien, y aplicar los cambios necesarios que precisa Panamá, leáse, una constituyente ordenada, sin traumas ni sobresaltos sociales.

      No obstante, si insisten en burlarse de 4 millones de panameños pronunciando aún más los abusos de que hace gala la clase política  por medio de leyes impopulares, los 71 diputados de la Asamblea Nacional, los 9 magistrados de la Corte (que tienen congelado el fallo que declara inconstitucional a la nefasta ley blindaje 55), y el gabinete ejecutivo sancionando el esperpento jurídico que nos ocupa, que sepan que serán ellos los responsables que un país con todo a su favor para prosperar económica, social, e institucionalmente, convirtiéndose así en un ejemplo para la región y el mundo, se desestabilice políticamente, sufriendo su economía, y yéndose directamente al despeñadero, y tendrán que afrontar las consecuencias de su abuso, ignominia e indolencia.

      Ojalá reaccionen a tiempo y vean la luz, democratizando verdadera y organizadamente a la nación a las buenas, sino habrá que optar por otros caminos más riesgosos que Dios quiera resulten bien y no todo lo contrario como ha acontecido con otros países hermanos cuyos experimentos políticos para acabar con el monopolio del poder que ostentaba la corrupta elite y el statu quo, han resultado un fracaso por no decir un desastre, toda vez que han ocupado éstos populistas pseudo mesiánicos, el espacio dejado por las corruptas elites añejas, pero suprimiendo las libertades ciudadanas, es decir, nuevos corruptos, pero con otras ideologías, y menos libertades.

      No más impunidad; cero tolerancia con la corrupción; no más blindajes fueros ni privilegios. Sí a la democracia verdadera; sí a la equidad, justicia, rendición de cuentas y transparencia. Que viva Panamá.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

       

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    • El peligro de la justicia selectiva

      Posteado a las 1:55 am por Erick Simpson Aguilera, el 12 junio, 2014

      Por: Erick Simpson Aguilera

      selectiva

      Se escucha en los medios de comunicación que el total de partidas circuitales manejadas por los diputados durante 5 años vía las juntas comunales, ronda los 450 millones de dólares (que barbaridad). A esto debemos sumarle lo manejado vía el Programa de Ayuda Nacional (PAN), y por otras fuentes.

      A ciencia cierta desconocemos el monto real manejado por diputados oficialistas y de oposición, como quiera que, la transparencia y la rendición de cuentas, no son virtudes de las que pueda hacer gala el gobierno saliente. Razón por la cual, la ciudadanía pide a gritos que se realicen auditorias forenses para determinar el monto real del dinero manejado, y el uso dado al mismo.

      En virtud del compromiso adquirido por el presidente electo, el Ingeniero Juan Carlos Varela, de poner la casa en orden, sanear las instituciones, recuperar la democracia, convocar a una constituyente, y auditar todo lo actuado durante los 5 años de administración del gobierno saliente, muchos panameños lo favorecimos con nuestro voto de confianza.

      Dicho lo cual, esperamos que se cumplan los compromisos adquiridos, léase, que se auditen todos los programas, proyectos, partidas, y hasta el último centavo gestionado por el gobierno saliente, y que los resultados sean sometidos a las autoridades competentes, para darles el trámite correspondiente, independientemente del perfil de los funcionarios a los que se les demuestre malos manejos de los fondos públicos, peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera.

      En buen castellano, no podemos darnos el lujo de discriminar selectivamente a quiénes someter a la justicia, y a quiénes no, dependiendo del perfil socioeconómico del implicado, de su estirpe familiar, o del partido en el cual milita. Chicos y grandes, ricos y pobres, los potentados y el hijo de la cocinera, absolutamente todos a los que se les compruebe haber lesionado el patrimonio patrio, debe sometérseles a una justicia independiente, para que paguen sus delitos contra la nación, de acuerdo a lo establecido por las leyes.

      Un linchamiento mediático de unos dos o tres chivos expiatorios de poca monta para “satisfacer” el hambre de justicia ciudadana, es la usanza de todos los gobiernos politiqueros previos cuyo accionar le ha hecho un daño severo a la gobernabilidad, sumiéndonos en el caos que vivimos actualmente, en el cual la independencia judicial no existe, la justicia selectiva campea fallando a favor de los potentados y en detrimento de los desposeídos, y acabando con la separación de poderes al punto de que la institucionalidad democrática panameña estuvo al borde de mutar a una dictadura civil y sigue agonizando en cuidados intensivos.

      Llegó el momento de la verdad, la hora de poner la casa en orden, de remover a las autoridades judiciales que constituyan un obstáculo al  imperio de la ley por torcer el derecho, apelando para ello a los mecanismos legales que permitan destituirlos, de exigirles cuentas a los infractores que atracan el erario público sin importar su estatus socioeconómico y afiliación política, de convocar a una constituyente, de crear fiscalías especiales e investigar absolutamente todo caiga quién caiga, etcétera, lo que sea necesario y legal, menos seguir alimentando a los monstruos de la impunidad y la justicia selectiva, toda vez que, así comenzaron países como México en los cuales el sistema de justicia fue permeado por los carteles de la droga y carcomido por la corrupción, y hoy por hoy, puede decirse que son Estados Fallidos en los cuales los ciudadanos se han levantado en armas para imponer su propia ley ante la inoperancia del Estado que devaluó la justicia al hacerla selectiva, y no queremos eso para Panamá.

      De modo que, no hay más opciones, hemos tocado fondo, el sistema se agotó, y solo podemos levantarnos saneando todas las instituciones, castigando a los infractores, y resucitando el sistema de justicia, o de lo contrario nos vamos todos al despeñadero como país, con las terribles secuelas que solo Dios sabe, implicarían seguir con el sistema del saqueo y la impunidad como formas de gobierno.

      Amanecerá y veremos cómo termina esta perversa danza de millones en un país donde numerosa población sufre de pobreza muriendo dos panameños de hambre cada semana, donde reina la desigualdad y la comida está cada día más cara, y en el cual hay carencias de agua, viviendas, salud, etcétera, mientras se despilfarran millones de millones de dólares de los fondos públicos sin que nadie rinda cuentas y pague por ello.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      Job 8:3 ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? 

      Salmos 140:12 Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. 

      Mateo 5:6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

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