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    • ¿Separación de poderes o pacto de no agresión?

      Posteado a las 7:31 pm por Erick Simpson Aguilera, el 14 agosto, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      injusticia

      En teoría el Estado panameño está «organizado y funciona» en base a la denominada «trias política», léase, separación o división de poderes. No obstante, «todos sabemos» que eso es una farsa comoquiera que en la práctica los poderes del Estado panameño no están organizados, no funcionan, y mucho menos son independientes. De hecho, si fueran independientes dispondrían de autonomía presupuestaria para funcionar con suficientes recursos financieros como para ser verdaderamente operativos y eficaces en igualdad de condiciones -en cuanto a autonomía, no en tamaño del presupuesto, claro está- que el Órgano Ejecutivo.

      Así las cosas, asistimos al colapso del sistema político panameño, toda vez que dada la debacle institucional que sufrimos el pasado quinquenio, en el cual se hizo añicos la separación de los poderes del Estado que fueron concentrados bajo el puño del Órgano Ejecutivo más que nunca, gracias al transfuguismo masivo de diputados, y al servilismo del Órgano Judicial, Ministerio Publico, y Contraloría que brillaban por su ausencia, permitiendo ésta «omisión de funciones» -por no decir complicidad- el mayor latrocinio que ha sufrido la patria, cuya magnitud es tal que ha trascendido allende nuestras fronteras hasta ser motivo de investigaciones en Italia (Finmeccanica), Brasil (Odebrecht) y Estados Unidos (SAP).

      Ahora bien, siendo que se presume que la lesión sufrida por el patrimonio estatal es del orden de los miles de millones de dólares, es menester preguntarnos si un sistema político tan maltrecho como es el panameño, tendrá la capacidad para deslindar y juzgar en derecho tamaña cantidad de casos de los más variopintos que cada día salen a la luz pública.

      En lo que a mí concierne, lo dudo mucho, toda vez que la única institución que observo cumpliendo sus funciones con prontitud y prestancia no obstante sus limitados recursos es el Ministerio Publico. Sin embargo, el desempeño del Órgano Judicial deja mucho que desear y es frustrante por decir lo menos, comoquiera que parece empantanado con los casos que le corresponde investigar, y al ritmo que opera pasaran milenios para que pueda fallar alguno de los casos de alto perfil que debe deslindar.

      Por ejemplo: ¿cuántos siglos le tomará a la Corte Suprema pronunciarse respecto a la nefasta y corrupta ley 55, también conocida como Ley Blindaje?

      Tal parece que existiera un pacto de no agresión entre los diferentes Órganos del Estado toda vez que la Corte no muestra interés en darle curso expedito a las denuncias contra los diputados nacionales y del Parlacen, mientras el Órgano Legislativo tampoco le da curso expedito a las serias denuncias que pesan contra algunos magistrados de la Corte, como si los panameños tenemos que contentarnos y conformarnos con los dos exmagistrados que sí investigaron.

      Puede que los tiempos de la justicia no sean los nuestros, que los funcionarios se cuiden de elaborar bien los casos para que no se caigan por tecnicismos y demás aristas que no manejamos los ciudadanos comunes y corrientes, lo cual se entiende, pero también entendemos cuando quieren vernos las caras de tontos y dilatan los procesos siglos y eternidades.

      Ni siquiera el Órgano Ejecutivo se salva de las suspicacias y sospechas de sesgo, selectividad, favoritismo, e impunidad, toda vez que, mientras ha demostrado dicho Órgano la voluntad -y lo reconocemos- para presentar las denuncias, realizar auditorías, y someter a las autoridades judiciales competentes, gran cantidad de casos de corrupción como nunca antes lo habíamos visto, se hacen de la vista gorda con ciertas instituciones que manejaron proyectos multimillonarios con supuestos sobrecostos, como es el caso del Ministerio de Obras Publicas, cuyos proyectos millonarios no vemos sean auditados e investigados con lujo de detalles y hasta la saciedad para determinar el buen o mal manejo de los mismos como la rendición de cuentas exige a todo funcionario e institución.

      En cuanto al Metro, se ratificó en sus cargos a los directivos del mismo, sin que se realice una auditoría forense sobre dicho proyecto, mientras se sigue adjudicando la línea 2 del Metro y otros proyectos como la renovación de la Ciudad de Colón a una empresa como Odebrecht que no necesito explicar por qué debió ser investigada e inhabilitada en Panamá como sí sucedió en otros países serios, decentes, y sin complejo de república circense, de pandereta, y bananera como la nuestra.

      Todas las obras realizadas por el MOP y otros ministerios, y todos los proyectos que administró el pasado gobierno, deben ser investigadas, auditadas, y verificado hasta el último centavo invertido, lo que no implica culpabilidad de nadie, ni violación de la presunción de inocencia, pero sí, rendición de cuentas y transparencia.

      En fin, el país no puede darse el lujo que la debacle institucional y patrimonial de la que somos testigos un día sí y otro también, termine en nada, y los infractores con medidas cautelares de casa, palacio, mansión, finca, país, y planeta por cárcel.

      Dicho eso, 4 millones de panameños tenemos que preguntarnos si seguiremos permitiendo que 9 magistrados de la Corte, 71 diputados de la Asamblea Nacional, y quienes componen el Órgano Ejecutivo, manejen nuestro patrimonio estatal a su antojo y como les dé la gana -como siempre ha sido desde 1903 hasta la fecha-, sin transparencia, sin rendición de cuentas, con impunidad, favoritismo, selectividad, etcétera, y si nos cruzaremos de brazos mientras se frustran el hambre y sed de justicia que tenemos y demandamos sean satisfechas.

      Si el sistema colapsó y tocamos fondo, pues, procede transformarlo vía una constituyente que nos permita cambiar a las autoridades de los Órganos del Estado que se resistan a cumplir con las funciones por las cuales les pagamos los ciudadanos que somos sus jefes –no sus esclavos, ni sus súbditos- y si toca reemplazarlos, pues hagámoslo.

      Es preciso que nos organicemos de frontera a frontera todos los ciudadanos para exigir rendición de cuentas total -no parcial ni selectiva-, para presionar a las autoridades por medio de marchas y demás medidas que impidan que el gran daño hecho a la patria quede impune; daño éste que no solo lesiona nuestro patrimonio, pero también nuestra imagen como país que hoy por hoy está por el suelo a nivel mundial, al ser objeto Panamá de investigaciones del FBI y demás organismos internacionales cuyas pesquisas demuestran que somos un antro para lavar dinero y un centro mundial de la corrupción donde se refugian las empresas más corruptas del planeta. Ponemos orden, o permitimos que un grupo de politiqueros que tienen el país secuestrado y estancado, lleven a Panamá directo al despeñadero, y después que nadie llore.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • La justicia en tiempos de crisis

      Posteado a las 9:06 pm por Erick Simpson Aguilera, el 19 mayo, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      crisis

      Que el sistema de justicia panameño sufre una crisis de credibilidad es un hecho conocido aún allende nuestras fronteras, como demuestra el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015 según el cual, Panamá ocupa el lugar 116 entre 144 economías evaluadas en cuanto a independencia judicial se refiere.

      Razón por la cual, no sorprende la debacle que acontece en la Corte Suprema debido a un sinnúmero de escándalos en que están envueltos varios de los magistrados que la componen -o componían- uno de los cuales paga condena de cárcel por delitos que aceptó haber cometido durante el ejercicio de sus funciones como magistrado, otro afronta una investigación en La Asamblea Nacional por supuestamente haber vendido fallos entre otras denuncias, y otros que no están siendo investigados actualmente, pudieran serlo en el futuro por las muchas denuncias en su contra pendientes de trámite en la Asamblea Nacional.

      Dicho esto, debemos dimensionar el verdadero tamaño de la crisis judicial que sufre Panamá para determinar si el sistema político panameño puede darse el lujo de continuar «funcionando» sin uno de los principales pilares de la democracia como es el Órgano Judicial, comoquiera que, un país en el que no existe la justicia, coquetea peligrosamente con el desastre.

      A continuación algunos indicadores que nos hablan de la situación de la justicia panameña con relación al resto del mundo:

      independencia judcicial

      A nivel de LATAM que es una de las regiones del mundo que más sufren el flagelo de la falta de independencia judicial, Panamá ocupa el lugar 12 entre 18 países de la región.

      Es importante destacar que, las diez economías mejor calificadas del mundo en cuanto a independencia judicial se refiere y cuyos logros en materia de justicia debemos considerar y aplicar en nuestro propio país, son las siguientes:

      top ten

      Así las cosas, no sorprende el sesgo y la selectividad de que hacen gala otras instancias que también administran justicia en Panamá que no es un país con un sistema de justicia funcional sino todo lo contrario, toda vez que, si el principal Órgano del Estado encargado de impartir justicia agoniza, es entendible entoces que las otras instituciones con funciones judiciales (Órgano Legislativo y Ministerio Público) también adolezcan de parcialidad, y de una manera vulgar midan a los ciudadanos con diferentes varas, a saber: un canon de «justicia» basado en la impunidad (intocables de los círculos ceros empresariales y políticos que supuestamente están involucrados en todos los desfalcos y saqueos sin ser nunca investigados por estar por encima de la ley), privilegios, prebendas, casa o país por cárcel, y «cárceles» VIP, para los conectados políticamente y para los acaudalados económicamente, mientras se practica una «justicia» inclemente, abusiva, perversa, inhumana, e implacable contra las clases menos favorecidas cuyas garantías son pisoteadas un día sí y otro también en las peores cárceles del país que parecen un infierno.

      Ningún sistema político puede sostenerse con sus bases corroídas, con sus pilares en ruinas, y con sus fundamentos carcomidos por la corrupción y la injusticia. El país que no entienda esto, pagará un alto precio por su ignorancia, mediocridad, e indolencia.

      Es menester que tomemos cartas en el asunto para modernizar, humanizar, igualar, y fortalecer mediante una constituyente todas las instituciones políticas panameñas, los tres Órganos del Estado, el Tribunal Electoral, etcétera, con la finalidad de sanear el país de toda la podredumbre que le aqueja y evitar la debacle institucional que se avecina y puede estallar en una explosión social por cualquier pequeña llama que encienda la furia ciudadana que lleva años acumulándose cual combustible cuya volatilidad incendiará todo el sistema cuando alguien hastiado de tanto abuso del Estado diga:

      «No reconozco el torcido sistema de justicia ni las corruptas instituciones políticas panameñas que están plagadas de corrupción, impunidad y gente privilegiada con licencia para delinquir y atropellar a las mayarías; tomaré la justicia en mis propias manos y si las autoridades torcidas, cuestionadas, mancilladas, y selectivas a las cuales desconozco por corruptas me piden cuentas e intentan encerrarme en sus inhumanas cárceles destinadas para el hijo de la cocinera solamente, responderé con fuego».

      Y entonces se desencadene en muchos panameños cual efecto domino el mismo sentimiento de desobediencia ciudadana, la ingobernabilidad, y el caos de un Estado Fallido como ha sucedido en muchos países del área.

      Tal parece que nadie aprende por cabeza ajena y quienes han creado la crisis institucional seguirán profundizándola y llevando el sistema hasta el fondo del abismo tentando a su propia suerte. Ojalá me equivoque y los panameños podamos ponernos de acuerdo y de manera seria ejecutemos un proyecto país justo e igualitario, acabando decididamente con nuestro actual sistema político feudal que hace rato mutó a una mafiocracia donde reinan la impunidad, la injustica, y la corrupción.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Acerca de la infame ley 55

      Posteado a las 9:00 pm por Erick Simpson Aguilera, el 13 marzo, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      impunidad

      «Si hubiera esa norma realmente sería una situación escandalosa que en plazo de dos meses sea el plazo que impida que luego haya una investigación». Opinión del jurista peruano José Ugaz respecto a la infame e inmoral ley 55 que blinda cual escudo de impunidad a los diputados panameños al establecer un plazo de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia realice y finalice las investigaciones a diputados y de no ser así, culminaría la investigación extinguiéndose la acción.

      Que una ley de blindaje tan escandalosa -como la calificó el jurista en mención- haya sido engendrada por el nefasto gobierno pasado que hoy en día está quedando de relieve como el más corrupto de la historia patria a tenor de las investigaciones que un día sí y otro también nos abruman por el nivel de corrupción al que fue sometido el país en el pasado quinquenio, no sorprende a nadie. Lo que sí llama la atención es que la nueva administración gubernamental que se rasga las vestiduras como adalides de la transparencia, no agilice el proyecto de ley para derogar el esperpento jurídico en cuestión a sabiendas que la ley 55 fue creada con alevosía y constituye una ruta de escape para cualquier cantidad de corruptos.

      En realidad estoy pecando de iluso al mostrarme sorprendido por la renuencia de la actual Asamblea a derogar la inmoral ley 55, comoquiera que muchos de los diputados de todos los partidos administraron partidas circuitales por el orden de 416 millones de dólares sin que sepamos al sol de hoy el uso dado a tal cantidad astronómica de dinero, y la ley en cuestión les viene como anillo al dedo para efectos de cualquier investigación como demostró la Corte Suprema al no admitir la denuncia contra 34 diputados reelectos por el uso dado a $403.4 millones en partidas circuitales asignadas en el gobierno anterior invocando como sustento legal de su rechazo a investigar a los diputados reelectos, la nefasta ley 55.

      Es preciso aclarar que, no estoy acusando a diputado alguno de nada; solo exijo que rindan cuentas porque 416 millones de dólares no son dos reales y los panameños tenemos derecho a saber cómo se usan nuestros impuestos. Razón por la cual exigimos a la Contraloría auditar el uso dado a las partidas circuitales y someter a la Corte los hallazgos de lesión al patrimonio del Estado en caso que se detectara algún uso doloso de estos fondos para ver con qué otra excusa barata nos sale la Corte que debió investigar este caso y realizar su propia auditoría sin pretender que los ciudadanos seamos quienes investiguemos y auditemos para luego ellos fallar.

      Así las cosas, es menester que adecentemos nuestro país antes que toquemos fondo llegando al punto de no retorno, directo al despeñadero de un Estado fallido como ha acontecido con otros países hermanos del área que comenzaron como nosotros y hoy se lamentan de no haber reaccionado a tiempo.

      No más pactos de no agresión entre los Órganos del Estado. Exigimos transparencia, justicia, y rendición de cuentas en lo que respecta al uso dado a las partidas circuitales y a las denuncias contra magistrados de la Corte que reposan en la Asamblea sin que los diputados procedan a darles curso.

      De lo contrario llegaremos a la conclusión que los Órganos del Estado no funcionan, lo que implicaría la necesidad de revocar de sus cargos a sus miembros, toda vez  que, ningún país puede caminar con sus poderes estatales paralizados e inoperantes. Además, el poder público emana del pueblo; lo que significa que magistrados y diputados son nuestros empleados y como tales se les exige resultados, y si no cumplen con sus deberes y responsabilidades deben ser destituidos como cualquier mortal empleado que responde a un jefe, léase, a los ciudadanos panameños que somos los jefes de todos los funcionarios que administran nuestro patrimonio patrio.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      Proverbios 31:8 Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. 
      31:9 Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. 

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