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Erick Simpson Aguilera
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    • Marcha por la justicia y contra la impunidad

      Posteado a las 5:08 pm por Erick Simpson Aguilera, el 10 septiembre, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      ¿Por qué es necesario que el pueblo panameño marche de frontera a frontera incluyendo islas y comarcas?

      Bien; veamos:

      1- En primer lugar, porque el país fue víctima de un saqueo sin parangón que se presume ronda los miles de millones de dólares y no estamos conformes con la forma como el sistema de “justicia” está abordando éste tema.

      2- Porque la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 9 magistrados que son empleados de todos los ciudadanos panameños que somos sus jefes, por ser contratados dichos funcionarios con nuestros impuestos para impartir justicia, se niega a investigar como corresponde a algunos diputados nacionales y del Parlacen sobre los cuales pesan denuncias muy graves, a saber: uso injustificado de partidas circuitales por el orden de $416,678,206.00 millones de dólares, además de los múltiples casos por supuesta corrupción de ribetes no solo nacional pero también internacional, que pesan sobre un diputado del Parlacen sin que la Corte muestre interés alguno en deslindar éstos temas en justicia, buena lid, y con prontitud, lo que no implicaría si lo hicieran que dicho diputado del Parlacen sea culpable de los muchos casos por supuesta corrupción en que se le señala, pero sí que debe rendir cuentas y ser investigado como cualquier panameño mortal, cosa que la Corte no está haciendo.

      A propósito ¿cuántos siglos o milenios le tomará a la Corte fallar respecto a la inconstitucionalidad de la nefasta ley 55 conocida como ley blindaje, la cual constituye una ruta de escape para no pocos infractores?

      No sé, quizás yo estoy equivocado, pero en mi opinión, si un empleado o funcionario público no cumple con sus obligaciones (por las cuales devenga un salario) en el tiempo oportuno -no cuando le da la gana- debe ser destituido e investigado por obstruir la  justicia por la que debiera velar.

      La pregunta es ¿contemplan las leyes panameñas algún instrumento para destituir a un magistrado de la corte si éste en lugar de impartir justicia se constituye en un obstáculo a la misma promoviendo la impunidad, o dichos funcionarios tienen licencia para no cumplir con sus funciones y tenemos que aguantárnoslos 10 años sí o sí aunque su accionar u omisiones afecten gravemente a la patria?

      Si la respuesta es que no existe un instrumento legal para medir el desempeño de los magistrados y destituirlos si no cumplen con sus funciones afectando así a toda la nación, entonces reconozcamos que damos pena como país, que nuestras leyes son un chiste, y que somos una vulgar aldea estilo banana republic diseñada para que la impunidad florezca y prosperen las malas artes de la politiquería y la corrupción. Si por el contrario, la respuesta es que sí existen los mecanismos legales para destituirlos, pues a quién le corresponde aplicar dicha destitución, comoquiera que, no veo que nadie les exija a los magistrados cumplir con sus funciones por las cuales les pagamos.

      3- En cuanto a la Asamblea Nacional de diputados, razones no nos faltan para marchar tomándonos las calles como hicieron nuestros hermanos guatemaltecos, toda vez que, los 71 diputados que componen el Órgano Legislativo insisten en burlarse de 4 millones de panameños aprobando leyes para blindarse no solo por sus funciones parlamentarias, pero en general, aún cuando la Constitución prohíbe los fueros y privilegios.

      Además, algunos diputados se niegan a darle trámite a las graves denuncias que pesan sobre ciertos magistrados de la Corte demostrando con ello una suerte de pacto de no agresión donde los magistrados no investigan a los diputados nacionales por el uso sin justificar de millonarias partidas circuitales, ni a los del Parlacen por los casos de supuesta corrupción que afrontan, mientras los diputados no investigan las serias denuncias que pesan sobre algunos magistrados de la Corte, reinando así la impunidad que corroe todo el sistema político.

      Dicho esto, resulta obvio que el sistema de supuestos pesos y contrapesos entre los poderes del Estado no está funcionando en Panamá, que se está cayendo a pedazos ante nuestros ojos por su propio peso de inoperancia, y que mejor dicho: colapsó hace rato por el contubernio entre los Órganos del Estado para violar impunemente la ley sin rendirle cuentas a los 4 millones de panameños que somos sus jefes y quienes pagamos sus salarios, demostrando ésta situación que una constituyente para adecentar a nuestra nación es impostergable.

      4- Con relación al Órgano Ejecutivo, no es que desee su destitución en pleno; a propósito, si en mis manos estuviera, sí evaluaría a los 9 magistrados de la Corte y los destituiría si hubiera meritos legales para hacerlo, y me daría lo mismo si los 71 diputados de la Asamblea -blindados inconstitucionalmente- se quedan sin su curul, toda vez que no veo el beneficio real de su pobre aporte al quehacer político nacional; todo lo contrario, considero que dejan mucho que desear, que no legislan nada favorable al pueblo, pero sí a favor de ellos, de la elite, y de sus partidos, ni tampoco los veo fiscalizar absolutamente nada como se supone es su deber hacerlo. Sin embargo, en cuanto al Presidente Juan Carlos Varela se refiere, reitero, no considero que haya meritos para pedir su destitución como sí aconteció en Guatemala con Otto Pérez Molina, pero sí es necesario que marchemos para hacerle saber al Órgano Ejecutivo lo siguiente:

      • Que no estamos conformes con su extraña relación con la desprestigiada empresa brasileña Odebrecht, cuyo dueño se encuentra preso en Brasil por supuestos actos de corrupción y no obstante eso, el actual gobierno panameño le ha concedido a dicha empresa contratos que suman $2,394 millones de dólares (Línea 2 del Metro y Renovación de Colón).
      • Que no aprobamos ni entendemos los $ 7 millones de dólares pagados a la empresa Cobranzas del Istmo cuyo dueño está detenido preventivamente (casa por cárcel) por supuestos actos de corrupción.
      • Que rechazamos la adenda por $3.7 millones de dólares a favor de la empresa Hidalgo & Hidalgo cuyos directivos se encuentran detenidos en Panamá por supuestos actos de corrupción en el proyecto Riegos de Tonosí.
      • Que despreciamos el nepotismo, amiguismo, y partidismo que utilizan como regla para nombrar a altos funcionarios en puestos claves afectando con estas malas prácticas a industrias tan importantes como el turismo.
      • Que nos preocupa la forma lenta, improvisada, y errática en que están manejando la economía nacional que cada día se resiente más.
      • Que exigimos un cambio de gabinete en aquellas carteras en las cuales resulta obvia la inoperancia de sus ministros, lo cual afecta el buen desenvolvimiento del país que es impactado negativamente por tanta ineficacia.
      • Y que no estamos de acuerdo con los recortes presupuestarios sufridos por el Ministerio Publico que más bien requiere de mayores recursos financieros para crear nuevas fiscalías y no de recortes que impidan el desempeño de sus funciones y entorpezcan las muchas  investigaciones de alto perfil que realizan.

      En fin, asistimos a la debacle del sistema político panameño que se cae a pedazos y está hecho añicos por tantos años de abusos que alcanzaron su cenit en el pasado quinquenio que dejó al país en estado de coma y con respiración artificial, ergo, no es asunto de curitas. O componemos el sistema de raíz, o se caerá sin que nadie pueda impedirlo, comoquiera que la inercia, la dinámica de rompimiento, y la caída libre, ya están dadas, y si no controlamos dicha caída para que sea ordenada (constituyente), los efectos de la hecatombe política sin control, serán devastadores para todos los panameños que sufriremos las consecuencias sin discriminación por no actuar oportunamente cuando debimos hacerlo.

      Finalizo exhortando a todas las fuerzas vivas del país, a saber: a los trabajadores, empresarios, ciudadanos de a pie, gremios (maestros, profesores, padres de familia, médicos, enfermeras, etcétera), sindicatos, campesinos, indígenas, organizaciones de la sociedad civil, tuiteros, estudiantes, medios de comunicación, y demás, a organizarnos para marchar exigiendo justicia y cero impunidad, no una vez, sino muchas, hasta que logremos evitar el rompimiento del orden constitucional al que nos dirigimos inexorablemente y en caída libre, gracias a unos funcionarios que no respetan la Constitución ni las leyes a las que pisotean un día sí y otro también, desafiando con sus malas prácticas -como la impunidad; por mencionar una- a 4 millones de panameños.

      O tomamos cartas en el asunto imitando el buen ejemplo de nuestros hermanos guatemaltecos, u optamos por cruzarnos de brazos debido a la indolencia, pereza, comodidad que ofrece una falsa zona de confort que constituye una cuerda floja y un auto-robo (subsidios, dadivas y demás prebendas clientelistas), cobardía, falta de patriotismo, agendas ocultas, afiliación político partidista, e intereses creados, mientras se hunde el país y terminamos convirtiéndonos más temprano que tarde -con todo respeto- en el nuevo México, Venezuela, o Colombia; y después que nadie llore cuando eso acontezca sumiéndose Panamá en el caos, la violencia, la crisis económica (deuda pública abismal, saqueos multimillonarios, cero transparencia, ni rendición de cuentas), y la ingobernabilidad que nos impulsen a emigrar a otros lares cuando podríamos vivir prospera y equitativamente en nuestro propio suelo patrio. Un país petrolero y rico como Venezuela nunca pensó en convertirse en una nación de emigrantes, pero cometieron los mismos errores políticos, sociales y económicos que nosotros cometemos hoy día y lo demás es historia.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      Despierta Panamá.

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    • Casa, país, y planeta por cárcel

      Posteado a las 11:01 pm por Erick Simpson Aguilera, el 21 mayo, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

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      Sí, es cierto que el Ministerio Publico ha trabajado como nunca antes en la historia patria para combatir casos de corrupción de alto perfil, y también es cierto que la desprestigiada Asamblea Nacional de Diputados que se caracterizaba por desestimar cuanta denuncia contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia les llegara, de una manera desconocida ha procedido a darles el trámite correspondiente a las denuncias, y juzgar como procede según sus funciones, a los magistrados denunciados.

      Enhorabuena por ello, y reconocemos los esfuerzos del Ministerio Público que no obstante los recursos limitados de que dispone, le ha dado esperanzas a un país que exige con hambre y sed que se haga justicia, y de igual forma, extiendo mi reconocimiento a la Asamblea Nacional que por fin parece haber entendido y asumido sus funciones y responsabilidades.

      Ahora bien, no obstante los avances mencionados, no podemos caer en triunfalismos ni mucho menos conformarnos, comoquiera que queda mucho trabajo por hacer para sanear todo el sistema de justicia panameño que en honor a la verdad, no está como para tirar fuegos artificiales y celebrar cuando el Órgano Judicial agoniza, y la mora judicial, el sesgo, el clasismo, y la selectividad campean a su merced.

      Entiendo que un sistema de justicia tan maltrecho e inoperante como el nuestro no puede cambiar de la noche a la mañana ergo debemos ser pacientes con los tiempos de la justicia que no necesariamente coinciden con el deseo de justicia del pueblo panameño que, si no lo controlamos puede mutar a venganza pura y dura, a revanchismos, cacería de brujas, y linchamientos judiciales, lo cual tampoco es la idea toda vez que, no podemos pasar de cero justicia a atropellos que no respeten la presunción de inocencia de los implicados ni el debido proceso, propiciando condenas a inocentes para calmar a las masas, lo que constituye un despropósito de suma gravedad.

      De manera que, somos conscientes de lo delicado de la situación. Sin embargo, lo que tampoco podemos permitirnos como país es que la justicia sea torcida para beneficiar a infractores que se les demuestre haber saqueado el erario público, aplicándoles «castigos» o penas que no correspondan con el gran daño hecho a la patria, es decir, otorgándoles casa o país por cárcel, ni tampoco «cárceles» VIP.

      Además, es preciso que la justicia alcance a todos los implicados sin distingo de clase social, caudal económico, o poder político, léase, no solo a los hijos de la cocinera e implicados de poca monta o mandos medios, pero también a las vacas sagradas de los círculos ceros empresariales y políticos del país, los cuales por más que sus sombras se paseen en cuanto atraco al erario público se mencione, que se hayan prestado para blanquear capitales mal habidos en sus bancos, o que hayan sido los corruptores de más de un caso de atraco público, parecieran ser seres invisibles, innombrables, e intocables que cuentan con licencia para delinquir, están por encima de las leyes, y permanecen arriba del bien y del mal, a diferencia del resto de los mortales.

      Ni premios que incentiven el crimen contra el patrimonio estatal, ni selectividad, ni impunidad. No podemos permitir que nos disfracen amagos de justicia como si fueran justicia plena, igualitaria y verdadera. Si la justicia es parcial, sesgada, clasista, selectiva, etcétera, no es verdadera justicia plena que desaliente el crimen, pero sí es una invitación a delinquir contra el erario público.

      Tal parece que el gran saqueo al que fueron sometidas las arcas del Estado ha desnudado las miserias de nuestro sistema de justicia que no mide con la misma vara a todos los panameños, dado que, mientras al hijo de la cocinera se le aplica todo el rigor de la ley y se le violan todas sus garantías encerrado en mazmorras infrahumanas por años sin juicio alguno, a otros panameños envueltos en caso de lesiones patrimoniales del orden de millones de dólares, se les otorgan toda clase de beneficios y al paso que vamos ya no será casa ni país por cárcel lo que se les otorgue, sino planeta o universo por cárcel.

      Esto no puede continuar así toda vez que, ésta clase de «justicia»  constituye una burla y bofetada al pueblo panameño que exige cuentas a quienes se les compruebe algún ilícito contra el patrimonio del Estado, que se recuperen los fondos sustraídos, y que paguen con cárcel como cualquier mortal quienes resulten culpables.

      Reitero, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia de los implicados, y que las penas de comprobarse alguna lesión al patrimonio del Estado sean reales y no premios por delinquir lo cual mandaría un mensaje nefasto a todo el país y sobretodo a los jóvenes sin criterio formado que entenderán dados los hechos, que el crimen paga y resulta buen negocio saquear al Estado e invernar unos cuantos años en una cómoda mansión comprada con el dinero robado para luego disfrutar de los frutos del atraco realizado.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Prueba de fuego para la justicia panameña

      Posteado a las 11:50 pm por Erick Simpson Aguilera, el 14 enero, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

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      La Fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, envió  a la Corte Suprema de Justicia copias del expediente seguido a Giacomo Tamburrelli (22 tomos), para que esta determine si procede investigar o no al expresidente Ricardo Martinelli, quien es acusado por Giacomo Tamburrelli de haberle ordenado confeccionar un contrato por $45 millones de dólares para la adquisición de comida deshidratada que fue distribuida en escuelas públicas.

      Además, la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, también envió a la Corte Suprema de Justicia copia autenticada de la declaración indagatoria de Giacomo Tamburelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

      Así las cosas, procede esperar a que la Corte decida si solicita o no, el levantamiento del fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli, y elaborar acto seguido un proyecto de fallo para admitir o rechazar la querella en cuestión mediante votación del pleno de la Corte.

      No hay que ser un genio para vislumbrar la tamaña prueba de fuego que, tiene la desprestigiada Corte Suprema de Justicia con el caso que nos ocupa, toda vez que, dicha Corte goza de muy poca –por no decir nula-  independencia judicial, como es conocido a nivel mundial (Ver resultados del Índice de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial 2014-2015).

      A ese turbio escenario, súmele el hecho de que, la Ley 55 de 2012 por la cual se modifican artículos del Código Procesal Penal, con el fin de adoptar un proceso para el juzgamiento de los diputados, establece un periodo de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia realice y finalice las investigaciones a los diputados, y de no ser así, culminaría la investigación, toda vez que, se extingue la acción.

      Dicho en buen castellano, los diputados nacionales que se creen ciudadanos especiales, superiores, e intocables, se han blindado para contar con una suerte de escudo de impunidad que, les garantice burlar a la justicia que si es rigurosa con el resto de los mortales. Y siendo el expresidente Ricardo Martinelli diputado del PARLACEN, goza de las mismas prerrogativas que los diputados nacionales, léase, se le aplica -a mi entender- la mencionada ley 55 de 2012. Si estoy equivocado (ojalá así sea), comoquiera que no soy abogado, agradezco a algún profesional del ramo, hacérmelo saber.

      ¿Qué esperan los diputados del denominado “Pacto de Gobernabilidad” para derogar esa ley corrupta que promueve la impunidad? Demuestren que hablan en serio cuando lanzan sus demagógicos discursos que prometen el cielo, el sol, la luna, las estrellas, transparencia, y demás hierbas aromáticas.

      Dicho esto, destaco que, los ciudadanos asistimos a la prueba de fuego del sistema político panameño que demostrará si funciona al actuar los magistrados de acuerdo a la ley y basados en la existencia o ausencia de pruebas, o si optan por hacerse de la vista gorda respondiendo a lealtades de tipo político, y salvaguardando los intereses de quien los nombró en sus cargos en detrimento de la justicia, lo que pondría de relieve el colapso y total fracaso del sistema político panameño, precipitándonos inmediatamente a una constituyente originaria que cada día se hace más necesaria, o sumiéndonos de lo contrario (si no se logra la constituyente), en la etapa final de una crisis institucional que desembocará en la ingobernabilidad y el caos.

      Así las cosas, el panorama político panameño no se vislumbra para nada fácil, toda vez que, no se trata solo de la prueba de fuego que tiene la Corte Suprema de Justicia por la posible investigación al expresidente Ricardo Martinelli, pero también se trata de la solicitud realizada por el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia José Ayu Prado al Tribunal Electoral, para levantar el fuero electoral a 34 diputados electos, con el fin de investigar el uso dado por los mismos, a los 403 millones 496 mil 332  recibidos en concepto de partidas circuitales.

      Acto seguido, la Asamblea Nacional de Diputados ripostó, señalando que estudian la creación de una subcomisión para investigar al mencionado Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, por un posible caso de obstrucción de la justicia, y 13 denuncias más que pesan en su contra.

      En fin, los ciudadanos panameños que estamos ávidos de justicia, que queremos ver tras las rejas (no en sus mansiones, castillos, palacios, fincas, y demás) a quienes se les compruebe haber lesionado el patrimonio estatal “caiga quien caiga”, y que se recuperen los fondos desviados, observaremos detenidamente, con mucho interés y animo vigilante, el funcionamiento de los tres Órganos del Estado en la hora histórica y crucial que vivimos, para determinar si estos funcionarán adecuadamente y en apego a la ley, o si por el contrario, firmarán una suerte de pacto de no agresión para no pasar del show mediático y amagos, imponiéndose la impunidad, lo que nos llevará lo antes posible a tomar nosotros mismos (los ciudadanos) la responsabilidad de sanear y adecentar la nación mediante una constituyente originaria que refunde la patria, barriendo toda la podredumbre politiquera y la corrupción que carcome a Panamá.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Comunicado de Prensa – Humedales

      Posteado a las 5:00 pm por Erick Simpson Aguilera, el 24 mayo, 2014

      peligro

      URGENTE: Comunicado de Prensa sobre Reducción de los Límites del Área Protegida Bahía Panamá:

      El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), denuncia ante la opinión pública que el Proyecto de Ley presentado en las Sesiones Extraordinarias vinculado al Área Protegida del Humedal Bahía de Panamá es nefasto e inconsulto y contradice la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 23 de diciembre de 2013 en la cual exhortó a las autoridades a fortalecer la protección de los humedales del país como un bien de interés público.

      Hacemos un llamado a la ciudadanía para que ejerza su poder ciudadano, y no permita la reducción del patrimonio del país en beneficio de unos cuantos, disminuyendo de 85,652 hectáreas a 75,332 hectáreas de la superficie de la actual área protegida de la Bahía de Panamá. Esta propuesta de reducir 10,319 hectáreas no solo vulnera al Aeropuerto Internacional de Tocumen al dejarle sin protección contra las inundaciones, también afecta a las comunidades de Juan Diaz y Tocumen frente a los desastres naturales, debilita la capacidad del país para enfrentar el Cambio Climático y afectará a la pesca artesanal de la región privándole de los territorios más productivos para sus faenas.

      Los especialistas legales y científicos de CIAM, han detectado otras inconsistencias legislativas altamente perniciosas en dicho proyecto de ley en los artículos 9 números 6, 9 y 12 que desmejoran la protección de los manglares frente a las intervenciones de los proyectos inmobiliarios. No puede ser aceptado el Artículo 8 a través del cual se legalizan las acciones por los promotores de las actividades que han afectado al humedal y que afectaron el área protegida mientras estuvo suspendida por la Corte desde el año 2012 al 2013, generando una puerta de impunidad a la responsabilidad que tienen por dichas afectaciones ambientales.

      CIAM alerta a la sociedad en su conjunto sobre el daño terrible que esta propuesta de Ley implica, y el retroceso a los principios más elementales de gestión ambiental contenidos en nuestra Constitución y las leyes vigentes en Panamá, y les invita a participar en los debates de la Comisión de Población Ambiente y Desarrollo, Asamblea Nacional de Panamá.

      Nuestra organización estará en vigilancia permanente para que se respete la integridad de esta zona protegida y el bienestar de todos los ciudadanos residentes en este País.

      FIN DEL COMUNICADO
      ——–

      Para mayor información
      Antonio Chang K, Abogado, CIAM (236-0866)
      achang@ciampanama.org

      Isaías Ramos, Biólogo, CIAM (236-0866)
      tecnico@ciampanama.org

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    • Peligran las elecciones de 2014

      Posteado a las 7:03 pm por Erick Simpson Aguilera, el 6 noviembre, 2013

      Por: Erick Simpson Aguilera

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      El fallo de la CSJ que revoca una decisión del Tribunal Electoral, constituye un atentando contra la institucionalidad democrática del país, y vicia el torneo electoral de 2014, como quiera que, despoja al TE de la exclusividad que le otorga la Constitución en materia electoral.

      Así las cosas, según juristas expertos en la materia, y de acuerdo con los magistrados del propio Tribunal Electoral que se pronunciaron sobre el particular en un comunicado, peligran las elecciones de 2014, toda vez que, al atribuirse la Corte Suprema de Justicia competencias electorales exclusivas del Tribunal Electoral, se crea un precedente y se abren las puertas para una serie de exabruptos jurídicos que distorsionarían los resultados de la contienda electoral, léase, reelección inmediata, impugnaciones selectivas, etcétera.

      En buen castellano, un fraude electoral es una posibilidad latente dado que, se han cruzado las fronteras que salvaguardaban la facultad exclusiva del Tribunal Electoral para arbitrar las elecciones, y de ahora en adelante, la CSJ se reserva el derecho de intervenir y decidir en materia electoral, lo que implica una facultad ilegal e inconstitucional para inclinar la balanza a favor del oficialismo al cual está plegada y sumisa cual si fuera un apéndice del Órgano Ejecutivo.

      Sea como fuere, con todo el derecho que me asiste de pensar y usar el cerebro, decido creerles a los magistrados del Tribunal Electoral que en el citado comunicado, expresan lo siguiente:

      “Este es un día triste y funesto para nuestra democracia, y vemos en peligro la próxima contienda electoral que debe culminar el 4 de mayo de 2014.”

      “El precedente que pretende establecer la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en este caso, pone en peligro la estabilidad y seguridad jurídica del proceso electoral en el que estamos ya inmersos, violando normas expresas y claras de nuestra Constitución, porque cualquier decisión electoral del único tribunal competente, puede quedar ahora sujeta a la intervención de la Sala Tercera de la Corte, que carece de competencia para intervenir o incidir en la toma de decisiones sobre materia electoral, impidiendo que el Tribunal Electoral pueda cumplir con su mandato constitucional y legal.”

      Dicho esto, me pregunto si la oposición estará a la altura de las circunstancias para realizar que el proceso electoral está viciado y en consecuencia no competirán en una elección normal, justa y transparente, en la cual podrán alzarse con la victoria en buena lid a base de votos. Sería pecar de ilusos e ingenuos, creer que estamos ante una coyuntura electoral normal como en las pasadas elecciones que se realizaron sin mayores traumas, sin intervención del Ejecutivo, con el arbitraje exclusivo del Tribunal Electoral como establece la Constitución, y se respetaron los resultados que favorecieron siempre a la oposición. Absolutamente no; estamos en otro contexto; en otra coyuntura histórica en la cual nos jugamos nuestra democracia, y esta debe estar por encima de las aspiraciones personales de los candidatos de oposición.

      En esta cita con la historia en la cual peligra la democracia panameña y se vislumbra el establecimiento de una dictadura que pisotea la Constitución para perpetuarse en el poder, se medirá la verdadera estatura de quienes dicen poner los intereses del país primero.

      Una alianza de oposición debe organizarse con carácter de urgencia –para ayer es tarde– con la finalidad de rescatar a nuestra patria del peligro que se cierne sobre la misma. Quién encabezará la coalición opositora, y qué formula política utilizará la misma, léase, planes de gobierno, división de los espacios políticos, etcétera, es importante, pero también es secundario; lo prioritario ahora mismo es Panamá. De manera que, es momento de desprendimiento, y de consensuar un acuerdo nacional para sanear al país de una vez por todas, evitando así, que se perpetúe en el poder la dictadura civil que no respeta la Constitución ni las leyes.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • COMUNICADO A LA NACIÓN

      Posteado a las 3:56 pm por Erick Simpson Aguilera, el 6 noviembre, 2013

      06.11.13 

      TRIBUNAL ELECTORAL

      Nota de Prensa

      Este es un día triste y funesto para nuestra democracia, y vemos en peligro la próxima contienda electoral que debe culminar el 4 de mayo de 2014.

      El Tribunal Electoral considera necesario hacer del conocimiento público la gravísima situación que enfrenta el país, como consecuencia de la actuación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al haber decidido suspender una resolución de este Tribunal en un proceso puramente electoral en el que se ordenó la suspensión de una propaganda electoral pautada por la persona jurídica “Asociación Panamá Avanza”.

      La única competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia en Panamá, para revisar decisiones en materia electoral, es la acción de inconstitucionalidad después que la decisión adoptada sea definitiva, irrevocable y obligatoria, tal como lo disponen los incisos finales del artículo 143 de la Constitución Política:

      “Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias.

      Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad”. (El subrayado es nuestro).

      Esta norma impide que ninguna autoridad u órgano del Estado pueda interferir con el ejercicio de las atribuciones privativas y exclusivas que tiene el Tribunal Electoral para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, de manera que el proceso electoral no sea intervenido en ningún momento por autoridades ajenas a la justicia electoral.

      El precedente que pretende establecer la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en este caso, pone en peligro la estabilidad y seguridad jurídica del proceso electoral en el que estamos ya inmersos, violando normas expresas y claras de nuestra Constitución, porque cualquier decisión electoral del único tribunal competente, puede quedar ahora sujeta a la intervención de la Sala Tercera de la Corte, que carece de competencia para intervenir o incidir en la toma de decisiones sobre materia electoral, impidiendo que el Tribunal Electoral pueda cumplir con su mandato constitucional y legal.

      El Tribunal Electoral ejercerá la defensa de su competencia que la Constitución Política le ha consagrado de manera privativa y exclusiva, para poder garantizarle al pueblo panameño, como lo ha hecho desde las elecciones parciales de enero de 1991, el respeto a la voluntad popular libremente emitida y honradamente escrutada en las urnas.

      Exhortamos a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que, en el análisis de las acciones que el Tribunal Electoral está interponiendo, proceda a devolverle al país las condiciones de tranquilidad y confianza que siempre deben prevalecer en todo proceso electoral.

      Panamá, 6 de noviembre de 2013.

      Fuente: Tribunal Electoral.

       

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    • Martinelli, un presidente en la picota

      Posteado a las 4:57 pm por Erick Simpson Aguilera, el 30 junio, 2012

      JOSÉ MELÉNDEZ 29 JUN 2012 – 22:47 CET – EL PAÍS

      “Emperador”, le aclaman los estudiantes universitarios. “Dictador”, le acusan opositores políticos. “Pinocho”, le recriminan sindicalistas. “Antidemocrático”, le reprochan exaliados partidistas. Y en un país que, como Panamá, es apasionado del boxeo, un caricaturista de prensa le mostró grogui en la lona, tras ser noqueado por un gigantón llamado pueblo.

      Aturdido por las recientes derrotas políticas infligidas tras un violento rechazo popular callejero, Ricardo Martinelli se apresta así a iniciar este primero de julio los dos años finales de su quinquenio como presidente de Panamá: en su maleta se acumulan los proyectos fracasados, y sus rivales rechazan su estilo de gobernar y coinciden en calificarlo de autoritario.

      “Ha habido un debilitamiento de la institucionalidad democrática, un deterioro reflejado en la falta de separación de los poderes. El presidente controla a su antojo a la Asamblea Nacional [Congreso] y a la Corte Suprema de Justicia”, ha denunciado Samuel Lewis, precandidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), exvicepresidente y excanciller panameño. En declaraciones a EL PAÍS, Lewis subrayó que “sin duda, la democracia ha venido sufriendo”.

      Félix Moulanier, secretario de la Juventud del PRD, afirmó: “Martinelli se ha convertido en emperador. El Gobierno tiene al país en incertidumbre”.

      “Martinelli fue electo democráticamente, pero no gobierna democráticamente y no se le puede creer nada, porque dice una cosa y hace otra”, dijo Milton Henríquez, presidente del opositor Partido Popular. “Martinelli ha concentrado más poder que ningún presidente[panameño] en la historia. Ha cobrado más impuestos que nunca. Ningún Gobierno había cobrado tantos impuestos ni se había endeudado tanto. Y, sin embargo, quiere vender el patrimonio nacional y eso no se le puede permitir”, recalcó.

      Pero el oficialista Cambio Democrático (CD), el partido que en alianza con otros socios políticos —ahora en contienda— llevó a la Presidencia de Panamá a este hombre que hizo fortuna con una cadena de supermercados, acusó a sus contrincantes de “restar mérito” a Martinelli.

      “El presidente es de carácter duro, pero en Panamá se necesitaba eso, una mano fuerte que le llegara al bolsillo del que más tiene, porque aquí cuatro multimillonarios por muchos años no pagaron impuestos como tenían que pagarlos y hoy los pagan. No están contentos, pero el presupuesto general genera más ingresos”, declaró el diputado José Muñoz, del CD y expresidente de la Asamblea Nacional. “Le dicen dictador, autócrata, porque temen que en 2014 el partido de Martinelli logre ser reelegido, ya que los panameños viven hoy con más dignidad que en 2009”, añadió, en una entrevista con este diario.

      Tras aclarar que aunque el gobernante está impedido constitucionalmente de ser reelegido en forma consecutiva y “no tiene interés en correr” como candidato presidencial, aseguró que Martinelli “sí tiene todo el interés y va a dar todo el apoyo” como presidente del CD, para que su partido “continúe ejerciendo la labor”.

      Las inversiones del Gobierno, detalló, superan las de los cuatro presidentes anteriores, con obras en salud, redes viales y “auge de dinero en la calle por el mayor aumento salarial”. El sueldo mínimo mensual de obreros industriales subió de 340 dólares en 2009 a 436 en 2012, y el de los agrícolas aumentó de 204 dólares a 409, informó.

      No obstante, el jefe de Estado de centroderecha, de 60 años, casado y con tres hijos, ha enfrentado desde febrero de este año un escenario de creciente violencia callejera, con frecuentes choques de policías con indígenas, campesinos, obreros, estudiantes universitarios, diputados, sindicalistas y varios sectores sociales. Arrinconado por la presión popular, el presidente debió retroceder en sus planes de privatizar empresas estales de energía y telefonía y el pasado 19 de junio prometió retirar esos proyectos del debate legislativo, en un momento en que pretendía imponerlos aprovechando la mayoría legislativa —46 de 71 diputados— de que dispone.

      Un desenlace similar sufrió ese día un plan de Martinelli, aprobado por la Asamblea Nacional, de instalar una sala judicial que, según sus contrincantes, le permitiría usurpar labores de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario retrocedió por los disturbios y prometió eliminar la nueva sala.

      Pero los sindicalistas se negaron a creerle y desfilaron por la capital panameña con un muñeco con la figura de Martinelli en la que destacó la nariz de Pinocho, el mentiroso, mientras que más de 5.000 maestros vistieron luto por el riesgo de que el presidente privatice la educación.

      Aunque la situación económica es boyante —el PIB creció un 10,6% en 2011 y mantiene expectativas similares en 2012— y el país ofrece las facilidades del Centro Bancario Internacional, con una envidiable posición geográfica y el amuleto del Canal de Panamá como locomotora del desarrollo doméstico, las luces de alerta ya se encendieron.

      El Gobierno enfrenta un orificio fiscal de 400 millones de dólares y, por la inestabilidad política, el clima de inversión podría deteriorarse. Es “totalmente falso” que Panamá sufra problemas inmediatos de liquidez, aclaró el ministro panameño de Economía, Frank de Lima. “Tenemos seis meses para hacer los ajustes y los recortes del presupuesto para cerrar esos huecos”, advirtió.

      Fuente: EL PAÍS: Martinelli, un presidente en la picota


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