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Erick Simpson Aguilera
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    • Un llamado a la sociedad civil

      Posteado a las 7:14 pm por Erick Simpson Aguilera, el 31 marzo, 2016

      Por: Erick Simpson Aguilera

      Disolución-sociedad-civil

      Buen día queridos lectores.

      Con el mayor de los respetos quisiera hacerle un llamado a la sociedad civil organizada panameña y a los ciudadanos en general, a tenor de mis siguientes acotaciones.

      En primera instancia quiero señalar que el papel de la sociedad civil panameña en el quehacer nacional es fundamental en virtud del vacío dejado por los principales actores de la cosa pública, a saber, partidos políticos que son un lastre y una suerte de aparatos electoreros anacrónicos; gremios estudiantiles y de educadores -que en otrora tenían un peso en el acontecer nacional y hoy día brillan por su ausencia-; gremios empresariales que carecen de conciencia social y todo lo miden monetariamente; sindicatos y asociaciones de trabajadores que con todo el derecho velan por sus intereses particulares pero carecen de una visión integral del país, léase, pecan de egoístas; ambientalistas que sucumben a los altos salarios pagados en el sector publico los cuales apagan sus voces en otrora beligerantes y hoy callan ante los crímenes ambientales que todavía sufre el país; líderes religiosos que han dejado de tener una voz de vehemente condena ante los exabruptos cometidos por la clase política; etcétera.

      Así las cosas, la sociedad civil es el último bastión que se mantiene de pie en la crisis de valores que sufre el país la cual es propiciada por los tres Órganos del Estado que son los que enferman al resto de la sociedad panameña que coquetea con el desastre y el colapso.

      Para aquellos que consideren mis apreciaciones como pesimistas y en extremo apocalípticas, quisiera plantearles el siguiente dilema:

      Si el sistema de pesos y contrapesos colapsa en un país que por ende se queda sin separación de poderes y más bien se rige por un contubernio entre los Órganos del Estado para delinquir; si el poder legislativo solo legisla para los intereses de los diputados y de sus cúpulas políticas en detrimento de la patria; si dicho poder no fiscaliza como le corresponde constitucionalmente y más bien protege a los magistrados de la Corte archivando las denuncias en contra de los mismos; si el poder judicial tiene una mora que asusta; si la justicia que aplican es selectiva, clasista y se basa en la impunidad del mejor postor; si dicho Órgano del Estado archiva haciendo gala de un pacto de no agresión, las denuncias en contra de los diputados que no han rendido cuentas por los $416,678,206.00 millones de dólares en partidas circuitales que manejaron; si el poder ejecutivo no ejecuta, peca de lento, no combate las malas prácticas de antaño que tanto daño nos hacen como son el nepotismo, clientelismo político, populismo, subsidios por doquier, etcétera; y como si esto fuera poco le otorga contratos multimillonarios a una empresa desprestigiada mundialmente como es la brasileña Odebrecht cuyo principal accionista cumple una pena de prisión de 19 años por lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos, y por integrar una banda criminal, jugando de esta forma con el patrimonio y las finanzas publicas de todos los panameños al arriesgar tamaña suma de dinero con una empresa dada a las coimas que ya comienza a sufrir en su capacidad financiera tras la rebaja de calificación de riesgo que le aplicó la agencia Standard & Poor’s (S&P), etcétera, ¿cómo se supone que debemos calificar a semejante escenario de terror que refleja la crisis institucional que sufrimos?

      Dicho eso, quiero reiterar mi llamado a la sociedad civil organizada panameña y a los ciudadanos de a pie para que nos tornemos más beligerantes comoquiera que, la clase política nos ha demostrado que son un caso perdido, que son unos cínicos con un discurso de transparencia cuando son oposición y otro de tolerancia a la corrupción cuando son gobierno, que carecen de vergüenza, y que ya ni siquiera disimulan sus abusos contra erario público, ni sus asociaciones con bandas criminales. Panamá vive una hora crucial en la cual tenemos que decidir si seguiremos hablando bonito y huecamente, si seguiremos siendo políticamente correctos, dándonos ínfulas en los medios de comunicación como grandes gurús y comentaristas políticos que solo hablan y filosofan pero no proponen soluciones reales ni acciones concretas.

      Es preciso que realicemos de una vez por todas que la clase política no renunciará a sus prebendas fueros y privilegios; que no modernizarán el tema constitucional mediante una nueva carta magna; que no legislarán un instrumento legal de contrataciones públicas que impida la participación en licitaciones de empresas forajidas que están saqueando Panamá porque ellos son cómplices del saqueo y les conviene que todo siga igual o peor; que nunca harán una reforma electoral verdadera que les quite el poder de poner y quitar reyes a los donantes secretos que titiritean el sistema; etcétera; si todavía no entendemos todo esto, la palabra ingenuos es un piropo para lo que verdaderamente somos.

      En fin, o la sociedad civil panameña es parte de la solución o lo será del problema al ser disuelta por inoperante y engullida por el sistema corrupto que tiene a Panamá al borde del colapso institucional. Sí, yo sé que muchos ilusos creen que el problema era Martinelli y que con la llegada de Varela todo el sistema se saneó por arte de magia, y por eso han bajado la guardia, caído en el letargo y viven en la ilusión de que todo marcha bien. Sin embargo, la presencia omnipresente de la empresa Odebrecht en el quehacer nacional, es uno de los muchos indicios que me indican que todo sigue igual y en franco deterioro.

      Llegó la hora pueblo panameño de despertar del sueño y actuar como los guatemaltecos y brasileños, entiéndase, tomarnos las calles y presionar hasta que el sistema cambié, porque de lo contrario el Estado fallido está a la vuelta de la esquina. Es solo cuestión de que mermen las finanzas, se incremente la deuda pública, y se resienta la economía nacional, para que explote peligrosamente el descontento generalizado de los ciudadanos sufriendo estrechez y nos demuestre a las malas dicha explosión social que Panamá no es inmune al colapso socioeconómico que han sufrido países hermanos del área que hoy por hoy están sumidos en el caos, la violencia e ingobernabilidad, y entonces se acordarán de mí. Dios quiera que me equivoque. Para los efectos de evitar el colapso institucional, es preciso el liderazgo de las asociaciones de la sociedad civil organizada que tienen el poder de convocatoria y deben por tanto articular y consolidar sus esfuerzos para lograr el cometido común de movilizar al país en contra de los abusos de los politiqueros, los cuales amenazan con dar al traste la sana convivencia y el clima de paz, conduciéndonos al despeñadero.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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      | 2 comentarios Etiquetado como asamblea nacional, Órgano Judicial, constituyente, contrataciones públicas, crisis de valores, Erick Simpson Aguilera, Juan Carlos Varela, legislar, Odebrecht, organos del estado, Panamá, poder ejecutivo, ricardo martinelli, sociedad civil
    • La justicia en tiempos de crisis

      Posteado a las 9:06 pm por Erick Simpson Aguilera, el 19 mayo, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      crisis

      Que el sistema de justicia panameño sufre una crisis de credibilidad es un hecho conocido aún allende nuestras fronteras, como demuestra el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2014-2015 según el cual, Panamá ocupa el lugar 116 entre 144 economías evaluadas en cuanto a independencia judicial se refiere.

      Razón por la cual, no sorprende la debacle que acontece en la Corte Suprema debido a un sinnúmero de escándalos en que están envueltos varios de los magistrados que la componen -o componían- uno de los cuales paga condena de cárcel por delitos que aceptó haber cometido durante el ejercicio de sus funciones como magistrado, otro afronta una investigación en La Asamblea Nacional por supuestamente haber vendido fallos entre otras denuncias, y otros que no están siendo investigados actualmente, pudieran serlo en el futuro por las muchas denuncias en su contra pendientes de trámite en la Asamblea Nacional.

      Dicho esto, debemos dimensionar el verdadero tamaño de la crisis judicial que sufre Panamá para determinar si el sistema político panameño puede darse el lujo de continuar «funcionando» sin uno de los principales pilares de la democracia como es el Órgano Judicial, comoquiera que, un país en el que no existe la justicia, coquetea peligrosamente con el desastre.

      A continuación algunos indicadores que nos hablan de la situación de la justicia panameña con relación al resto del mundo:

      independencia judcicial

      A nivel de LATAM que es una de las regiones del mundo que más sufren el flagelo de la falta de independencia judicial, Panamá ocupa el lugar 12 entre 18 países de la región.

      Es importante destacar que, las diez economías mejor calificadas del mundo en cuanto a independencia judicial se refiere y cuyos logros en materia de justicia debemos considerar y aplicar en nuestro propio país, son las siguientes:

      top ten

      Así las cosas, no sorprende el sesgo y la selectividad de que hacen gala otras instancias que también administran justicia en Panamá que no es un país con un sistema de justicia funcional sino todo lo contrario, toda vez que, si el principal Órgano del Estado encargado de impartir justicia agoniza, es entendible entoces que las otras instituciones con funciones judiciales (Órgano Legislativo y Ministerio Público) también adolezcan de parcialidad, y de una manera vulgar midan a los ciudadanos con diferentes varas, a saber: un canon de «justicia» basado en la impunidad (intocables de los círculos ceros empresariales y políticos que supuestamente están involucrados en todos los desfalcos y saqueos sin ser nunca investigados por estar por encima de la ley), privilegios, prebendas, casa o país por cárcel, y «cárceles» VIP, para los conectados políticamente y para los acaudalados económicamente, mientras se practica una «justicia» inclemente, abusiva, perversa, inhumana, e implacable contra las clases menos favorecidas cuyas garantías son pisoteadas un día sí y otro también en las peores cárceles del país que parecen un infierno.

      Ningún sistema político puede sostenerse con sus bases corroídas, con sus pilares en ruinas, y con sus fundamentos carcomidos por la corrupción y la injusticia. El país que no entienda esto, pagará un alto precio por su ignorancia, mediocridad, e indolencia.

      Es menester que tomemos cartas en el asunto para modernizar, humanizar, igualar, y fortalecer mediante una constituyente todas las instituciones políticas panameñas, los tres Órganos del Estado, el Tribunal Electoral, etcétera, con la finalidad de sanear el país de toda la podredumbre que le aqueja y evitar la debacle institucional que se avecina y puede estallar en una explosión social por cualquier pequeña llama que encienda la furia ciudadana que lleva años acumulándose cual combustible cuya volatilidad incendiará todo el sistema cuando alguien hastiado de tanto abuso del Estado diga:

      «No reconozco el torcido sistema de justicia ni las corruptas instituciones políticas panameñas que están plagadas de corrupción, impunidad y gente privilegiada con licencia para delinquir y atropellar a las mayarías; tomaré la justicia en mis propias manos y si las autoridades torcidas, cuestionadas, mancilladas, y selectivas a las cuales desconozco por corruptas me piden cuentas e intentan encerrarme en sus inhumanas cárceles destinadas para el hijo de la cocinera solamente, responderé con fuego».

      Y entonces se desencadene en muchos panameños cual efecto domino el mismo sentimiento de desobediencia ciudadana, la ingobernabilidad, y el caos de un Estado Fallido como ha sucedido en muchos países del área.

      Tal parece que nadie aprende por cabeza ajena y quienes han creado la crisis institucional seguirán profundizándola y llevando el sistema hasta el fondo del abismo tentando a su propia suerte. Ojalá me equivoque y los panameños podamos ponernos de acuerdo y de manera seria ejecutemos un proyecto país justo e igualitario, acabando decididamente con nuestro actual sistema político feudal que hace rato mutó a una mafiocracia donde reinan la impunidad, la injustica, y la corrupción.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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      | 0 Comentarios Etiquetado como asamblea nacional, Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Órgano Judicial, constituyente, Corte Suprema, crisis, Estado Fallido, foro económico mundial, independencia judicial, La Asamblea Nacional, latam, Panamá, proyecto país, sistema de justicia
    • ¿Por qué necesitan blindaje?

      Posteado a las 2:33 pm por Erick Simpson Aguilera, el 29 abril, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      IMPUNIDAD

      Los diputados panameños tendrán mil argumentos para defender su necesidad de blindarse y que la justicia no los alcance como al resto de los mortales ciudadanos panameños, y «se respetan» sus alegatos. Sin embargo, opino que «quien no la debe, no la teme», y me da mala espina la fijación que tienen no pocos diputados con los fueros que promueven la impunidad, los cuales ahora avalan la nefasta ley 55 aprobada en el infame quinquenio pasado, al dejar vigentes varios vicios de la misma.

      Que el gobierno pasado haya promovido la impunidad y el retroceso en materia de justicia no sorprende a nadie, pero, que la bancada del PRD insista en perpetuar la impunidad manteniendo la prueba sumaria e idónea, es un hecho que no podemos pasar por alto y del cual debemos tomar nota los ciudadanos para medir sus verdaderas intenciones.

      Palabras más, palabras menos, el requisito de acompañar a la denuncia ciudadana contra algún diputado la prueba sumaria e idónea implica que el ciudadano denunciante debe realizar por sus propios medios la investigación y entregar prácticamente un expediente documentado con toda suerte de pruebas fuera de su alcance, para que sea admitida alguna denuncia contra los protegidos diputados.

      De forma tal que, resulta prácticamente inviable e imposible que un ciudadano que sospecha de algún ilícito cometido por estos «seres superiores» (diputados) que gozan de fueros y privilegios que la Constitución no les otorga, y se sienten por encima de la ley, del bien y del mal, pueda presentar alguna denuncia para que sean investigados los «honorables» diputados.

      Dicho lo cual, los ciudadanos que sumamos millones de panameños, tenemos que cuestionarnos si permitiremos que unos cuantos diputados que son nuestros supuestos representantes en la Asamblea, se representen a sí mismos en detrimento de la justicia equitativa que exigimos.

      En fin, yo no me siento representado y estoy seguro que la mayoría de panameños tampoco, por los diputados, quienes en mi opinión defienden sus propios intereses particulares y los de sus partidos políticos, en detrimento de los intereses de las mayorías y del país que son vulnerados por las leyes lesivas que aprueban.

      Razón por la cual, y ante la insistencia de los diputados de burlarse de los panameños y promover la impunidad, no obstante el gran saqueo sufrido por la nación que precisa de marcos legales transparentes para que las investigaciones se realicen sin obstáculos ni fueros exagerados, debemos entender los ciudadanos de qué lado están los diputados en cuestión, y proceder en consecuencia. Es decir que, debemos organizarnos y barrer esa Asamblea que no está en sintonía con los intereses del país, mediante una constituyente que adecente de veras y sanee a Panamá de toda esta podredumbre e impunidad que carcome el sistema político que colapsó por tanto abuso, excesos, corrupción e impunidad.

      A ver si el presidente Juan Carlos Varela quien prometió en campaña encabezar el movimiento pro constituyente cumple su compromiso como está haciendo la presidenta chilena Michelle Bachelet quien prometió lo mismo en su campaña, pero a diferencia de Varela, ya anunció este martes lo siguiente: «Daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos»

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      Leer artículo: BBC Mundo – Chile: Bachelet anuncia nueva Constitución y reformas contra la corrupción.

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      | 1 comentario Etiquetado como asamblea nacional, Blindaje, corrupción, Diputados, Erick Simpson, impunidad, Juan Carlos Varela, Ley 55, ley antiblindaje, Panamá, partidas circuitales
    • Los intocables

      Posteado a las 1:24 am por Erick Simpson Aguilera, el 26 enero, 2015

      Por: Erick Simpson Aguilera

      intocables

      A través de las décadas la inmunidad (impunidad) de que gozan los diputados nacionales, ha ido tomado fuerza hasta constituirse en ADN de la política panameña y erigirse en una suerte de derecho que sin pudor alguno, se atreven los diputados a reclamar en los medios de comunicación como si fuera de lo más normal que ellos dispongan de un blindaje legal que los diferencie del resto de los ciudadanos panameños.

      Entiendo que el Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que: “No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Sin embargo, los diputados insisten en ser tratados como ciudadanos superiores, diferentes al resto de panameños, e intocables a los cuales hay que garantizarle una justicia distinta que roza en la más perversa impunidad.

      Sobre ese particular, la Ley 55 de 2012 por la cual se modifican artículos del Código Procesal Penal, con el fin de adoptar un proceso para el juzgamiento de los diputados, establece un periodo de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia realice y finalice las investigaciones a los diputados y de no ser así, culminaría la investigación extinguiéndose la acción. Situación legal especial que, constituye un blindaje que prácticamente deja fuera del alcance de la ley a los diputados que en consecuencia se convierten contrario a lo establecido en la Constitución, en ciudadanos que gozan de un fuero especial.

      Escuchando los argumentos esgrimidos por los diputados en defensa de su escudo protector, destaca aquella tesis según la cual, un diputado en virtud de las funciones que realiza, a saber: legislar y fiscalizar, puede ser objeto de denuncias infundadas que buscan silenciarlos en su accionar en pro de la patria.

      Bien, pasemos por alto el hecho de que en su gran mayoría, los intereses defendidos por los diputados en la Asamblea Nacional, muy poco tienen que ver con el bien común de la colectividad y más bien obedecen a intereses partidistas, personales, familiares y de sus allegados, y asumamos fantasiosamente que en verdad los diputados defienden los intereses de la patria y pueden verse expuestos por tan “noble labor”.

      De ser así, sería preciso modificar la nefasta Ley 55 de 2012, con la finalidad de que la misma les garantice a los diputados algún tipo de protección en virtud de las “nobles” funciones que realizan, haciendo la salvedad de que dicha inmunidad no aplicará en ciertos casos en que haya indicios de la comisión de un delito común, de crímenes en contra del erario público, extralimitación de funciones, enriquecimiento ilícito, y demás transgresiones que nada tienen que ver con sus funciones legislativas, y ameritan una investigación que garantice la debida rendición de cuentas ante la justicia.

      Sí, ya sé que, los diputados alegarán que les pueden levantar falsas denuncias por peculado, extralimitación de funciones, etcétera, para silenciarlos, pero como cualquier otro ciudadano deberán someterse a la justicia para que esta determine su inocencia o culpabilidad, comoquiera que, cabe la posibilidad de que las denuncias por presuntos atracos millonarios contra el erario público que les hagan, sean ciertas y con el blindaje que hoy gozan mantiéndose fuera del alcance de la ley, dejamos al patrimonio del Estado en indefensión ante la gula de algunos diputados nacionales y del Parlacen (“Cueva de Ladrones”, según dicen) que harían ver a Henry Morgan y Francis Drake, como unos principiantes de poca monta en el “arte” de saquear un país.

      En fin, si Panamá quiere vencer la corrupción, el enriquecimiento ilícito, el peculado, blanqueo de capitales, y demás crímenes contra el patrimonio estatal, debemos dar pasos en firme para derogar la ley 55 de 2012, o en su defecto, adecuarla para que la misma disponga de fronteras bien claras y les cierre las puertas a delincuentes políticos que aspiran a una diputación para delinquir contra el patrimonio del Estado.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Apaga y vámonos

      Posteado a las 5:07 am por Erick Simpson Aguilera, el 11 agosto, 2014

      Por: Erick Simpson Aguilera

      349_MANOS_ATADAS_IMG_001

      Escuchar a altos funcionarios del nuevo gobierno señalar que, no confían en ciertas autoridades responsables de administrar justicia y fiscalizar el uso dado a los fondos públicos, a saber: Procuradora, Contralora, Magistrados de la Corte, Fiscal Electoral, etcétera, y que debido a dicha desconfianza, se tomarán su tiempo en lo concerniente a someter casos de presuntos actos de corrupción que requieren trámite judicial, o fiscalizador, hasta que las autoridades en cuestión culminen sus periodos y salgan del sistema, es un síntoma de que la institucionalidad democrática panameña tocó fondo y está agonizando, sino es que murió hace rato y nos negamos a reconocerlo.

      Quién sabe, de pronto estamos viviendo una ilusión gracias a un autoengaño colectivo, jurando que vivimos en una democracia funcional, sin percatarnos de que vivimos en una partidocracia, inmunocracia, plutocracia, corruptocracia, bananacracia, o en cualquier otra suerte de régimen ajeno a una verdadera democracia en la cual los poderes del Estado funcionan, y el Órgano Judicial como uno de ellos, está basado en un sistema de justicia, y no de injusticia como lo sufrimos hoy por hoy en Panamá.

      De ninguna manera estoy sugiriendo que este caos institucional que padecemos, es culpa del gobierno en turno que apenas acaba de comenzar, comoquiera que, desde 1903 hasta la fecha, gobierno tras gobierno, han aportado no su granito de arena, sino más bien, sus grandes rocas sólidas, en la destrucción de la institucionalidad democrática panameña, cuyas bellezas históricas, léase, crueldades políticas y demás actos perversos contra la democracia, nos han llevado al estado agonizante al que estamos asistiendo hoy en día.

      De hecho, su servidor tampoco confía en las mencionadas instituciones (ni en la Asamblea Nacional, cabe destacar), y soy de la opinión de que las mismas responden a intereses políticos y de otra índole. No obstante, solo soy un ciudadano más del común y lo que yo opine, no tiene mayor repercusión en el quehacer político nacional, pero, que sean las máximas autoridades las que aseguren desconfiar de magistrados, fiscales, procuradores, contralora, etcétera, debe por lo menos estremecernos a los que aspiramos a vivir en un país medianamente decente, toda vez que, si las instituciones de justicia no funcionan, significa que estamos a merced de personas con mucho poder no aptas moral ni éticamente para ejercer el cargo que ocupan, lo que en la práctica implica que, nadie nos garantiza a los ciudadanos que gozaremos de una justicia no torcida, y que no seremos víctimas de un sistema de injusticia secuestrado por funcionarios con agendas cuestionadas por las máximas autoridades.

      Así las cosas, debemos cuestionarnos todos los ciudadanos, qué pasos debemos seguir para garantizarnos nuestros derechos ciudadanos, sin mendingárselos a político alguno.

      Dicho lo cual, sugiero a los ciudadanos, gremios, asociaciones, etcétera, que nos activemos para impulsar una constituyente originaria que barra con toda esta podredumbre que nos asedia, y establezcamos una democracia seria -no caricaturesca- en la cual los funcionarios públicos rindan cuentas del manejo dado al patrimonio de todos los panameños; en la cual la justicia funcione y politiquero que se enriquezca asaltando las arcas del Estado, pague con cárcel; en donde el sistema electoral responda al bienestar de las mayorías y no a un grupo de partidos políticos huecos, clientelistas, demagogos, populistas, electoreros, y sin ideología alguna que monopolizan el poder; en donde las campañas políticas sean sufragas solo por el Estado; y en la cual se flexibilicen los requisitos para la participación de candidatos independientes.

      Otra opción menos drástica que la anterior sería que, las nuevas autoridades que aseguran sentirse con las manos atadas por la falta de credibilidad de ciertos funcionarios, exploren  la posibilidad de crear fiscalías especiales que investiguen todo los actuado por el exgobierno, en aras de adecentar de una vez por todas, el desgreño institucional que sufre Panamá, y una vez satisfecha el hambre de justicia de los panameños, procedan a cumplir con su compromiso de convocar a una constituyente para refundar la patria. Soñar no cuesta nada.

      Ojalá que no acontezca lo mismo de siempre, es decir, absolutamente nada, y nos quedemos una vez más con las ganas de saber en qué se usó hasta el último centavo, léase, miles de millones de dólares, administrados en el quinquenio pasado, incluidos los 416 millones de dólares en partidas circuitales distribuidos entre todos los partidos de la fauna politiquera criolla.

      En fin, concluyo reiterando que, ya sea por A o por B, los ciudadanos debemos tener nuestra propia agenda para defender nuestros derechos, que es preciso  organizarnos, e impulsar un proyecto de constituyente, para no confiar negligente e ilusamente, nuestro bienestar en manos de políticos profesionales que, desde que Panamá es Republica, han defendido solamente sus exclusivos y mezquinos intereses, sin importarles los de las mayorías.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      Democracia: “Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Régimen político basado en esta doctrina”.

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      | 1 comentario Etiquetado como asamblea nacional, Erick Simpson, Fiscal Electoral, funcionarios públicos, Panamá
    • Definan protección de la bahía

      Posteado a las 6:09 pm por Erick Simpson Aguilera, el 27 mayo, 2014

      Por: Erick Simpson Aguilera

      humedales

      El siempre controvertido gobierno saliente que se ha caracterizado durante sus cinco años de mandato por promover leyes antipopulares en la Asamblea Nacional, gracias a una aplanadora conformada en su mayoría por diputados tránsfugas, haciendo caso omiso del clamor popular que en su momento ha calificado a dichas iniciativas como lesivas a sus intereses, para después recular revocando dichas leyes nefastas en virtud de las protestas ciudadanas masivas en defensa de los derechos vulnerados, insiste en vernos las caras de tontos a los panameños, promoviendo en las postrimerías de su desgobierno, otra ley que en nada beneficia al país, pero si expone a miles de ciudadanos a sufrir inundaciones por la drástica reducción de la barrera natural de humedales.

      Si los humedales son considerados como uno de los ecosistemas más productivos del orbe por servir de recarga de acuíferos (el agua es el principal recurso para la vida del planeta y el agua dulce disponible para el consumo humano escasea), amortiguan las inundaciones, proveen un hábitat de guardería para diversas especies animales y vegetales (sin humedales muchos recursos pesqueros se extinguirían), y sustentan a innumerables especies de aves (muchas aves migratorias dependen de los humedales), mamíferos, peces, anfibios, reptiles, e invertebrados, ¿cómo se supone entonces que, desproteger 750 hectáreas del ecosistema de humedales de la bahía de Panamá, léase, destruir 750 hectáreas de humedales para beneficiar a cuatro proyectos privados en detrimento de los residentes del área de Juan Díaz y Tocumen y de la vida animal y vegetal que se quedará sin hábitat, y del resto de los panameños que no residen en las mencionadas áreas pero serán afectados de manera devastadora también, aunque no se inunden sus casas, signifique proteger a la Bahía de Panamá?

      Dicho de manera más sencilla, ¿cómo es posible que el gobierno saliente pretenda vendernos la estafa a los panameños de que, desproteger 750 hectáreas de humedales para rellenarlos y realizar infraestructuras privadas sobre ellos, equivale a proteger la Bahía de Panamá?

      ¿De veras piensan los promotores de semejante ley tan lesiva, que los panameños somos unos ignorantes mayúsculos?

      Aterricen a los tiempos modernos señores, que la época de la patria boba en la que algunos se apoderaban de las mejores tierras del patrimonio nacional ya pasó, y estamos por si aún no se han enterado, en la era de la información en la cual hasta un niño con un teléfono inteligente está más documentado que muchos diputados que son unos analfabetos funcionales que no tienen ni idea de qué aprueban y solo obedecen ordenes cual serviles sin criterio ni voluntad propia.

      Si los términos talar, destruir, y rellenar, significan en la jerga politiquera criolla, proteger, eso es problema de ustedes (ministros y diputados), pero los residentes de Juan Díaz y Tocumen no tenemos por qué exponernos a inundaciones ni a la perdida de nuestros bienes, para que un minúsculo grupo económico elitista lucre. No se trata de no incentivar las iniciativas privadas que activan la economía nacional y generan empleo, se trata de poner orden antes que nos quedemos sin país, como quiera que, el “desarrollo” a costa de lo que sea, es un camino directo al precipicio.

      Dicho esto, aclaro que, los panameños en pleno -no un grupo minúsculo de empresarios y políticos- somos los dueños de las costas y humedales de la Bahía de Panamá. De manera que, no destruirían dicho ecosistema sin la aprobación de la mayoría de ciudadanos panameños que no estamos de acuerdo con este crimen medioambiental (los manglares son zonas inadjudicables por la Constitución), ni nos sentimos representados por una bancada oficialista artificial constituida de manera ilegal mediante el transfuguismo, y cuyo mandato está expirando; ergo, desistan de esta nefasta iniciativa. Ojalá que, aunque sea una vez en sus mandatos, algunos diputados oficialistas cuya dignidad ha sido rebajada por el presidente saliente de la república a la categoría de animales (pedigrí) actúen con independencia y criterio y no sean partícipes del daño que este anteproyecto de ley representa para los intereses de la patria.

      Así las cosas, nos toca a los panameños oponernos con todas nuestras fuerzas y derechos ciudadanos a vivir en paz y a preservar nuestros bienes, a esta nefasta ley que amenaza nuestros hogares, bienes, y vidas, hasta que se deseche el anteproyecto en cuestión, y exigir a los diputados electos que en el próximo quinquenio se establezca una ley de ordenamiento territorial funcional que rija a nivel nacional, en la cual se definan de una vez por todas, cuáles áreas serán desarrolladas ecológicamente, residencialmente, industrialmente, comercialmente, agropecuariamente, y turísticamente, acabando así con la especulación y “desarrollo” desordenado cuyo ritmo vertiginoso –impulsado por una gula insaciable de mercaderes mezquinos ávidos de riquezas que todo lo valorizan en dólares– acabará sino le ponemos un alto, con nuestro frágil ecosistema.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

      humedales

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    • De alianzas, institucionalidad, y constituyentes

      Posteado a las 3:09 am por Erick Simpson Aguilera, el 20 mayo, 2014

      Por: Erick Simpson Aguilera

      Asamblea

      Al lograr el Partido Panameñista en la Asamblea Nacional 12 curules solamente, más una obtenida por su aliado el Partido Popular, contra 30+2 del CD, y 25 del PRD, los equilibrios de poder en la asamblea de diputados resultan los adecuados para una democracia madura, como quiera que, al no obtener el partido que se alzó con la presidencia de la republica la mayoría en el Órgano Legislativo, se logran los pesos y contrapesos que fortalecen la separación de poderes, y limitan el accionar de cada órgano del Estado, balanceado las fuerzas, y evitando los abusos y concentración de poderes.

      El tema es que, dicho escenario ideal funciona como dice el párrafo anterior, en una democracia madura, es decir, en un país donde existe la visión de Estado, y en el cual todos los partidos velan por el bienestar de la patria independientemente de ser gobierno u oposición. Escenario muy lejano de la realidad política panameña en la cual tenemos a una Asamblea Nacional plagada de diputados tránsfugas, semi-tránsfugas, y no tránsfugas, que promueven el clientelismo, carecen de independencia -por no decir que son unos serviles del Órgano Ejecutivo o de las cúpulas de sus partidos-, y no tienen la menor idea de lo que es un debate de altura en el cual se defienden las ideas con argumentaciones bien elaboradas y en buena lid. Estoy seguro que muchos diputados ni siquiera leen las leyes que aprueban y solo siguen las líneas de sus titiriteros cual robots programados para levantar la mano votando a favor de aquello que les ordenen.

      Dicho en buen panameño, a la mayoría de diputados les importa un comino el bienestar de la patria, y si tienen que estorbar un proyecto beneficioso para los panameños con tal de perjudicar al gobierno electo, lo harán sin pestañear. De hecho, la misma bancada del partido Cambio Democrático (y Molirena) que le tocará hacer una oposición supuestamente constructiva en el próximo quinquenio, es la que tiene un historial manchado por leyes nefastas que han causado luto y dolor a los panameños, a saber: la ley chorizo, la ley minera, la ley para vender las acciones de las empresas mixtas, la Sala V, la ley para vender los terrenos de la Zona Libre de Colón, etcétera.

      A esto súmele la necesidad de desmantelar el blindaje institucional realizado por el gobierno saliente que extendió los periodos de muchos funcionarios claves, el deber de nombrar a funcionarios independientes que investiguen y auditen el manejo dado por el gobierno saliente y los propios diputados que han manejado partidas millonarias, a los fondos públicos (Contralor y Procurador), así como una serie de nombramientos de magistrados de la Corte, Tribunal Electoral, y demás funcionarios claves de la administración pública, y resulta iluso -por no decir increíble- creer en la responsabilidad, buena fe, y colaboración de muchos diputados que actualmente son oficialistas y que serán oposición en el próximo quinquenio, para nombrar a personas potables e independientes en consenso con el gobierno entrante y la sociedad civil.

      No vamos muy lejos, a la misma bancada del Partido CD (y Molirena), es a la que le tocará complacer un llamado in extremis del Presidente Ricardo Martinelli, a sesiones extraordinarias para de una manera inexplicable y bastante sospechosa, aprobar en las postrimerías de la administración actual y en pleno periodo de transición, 23 proyectos de ley que crean mucha suspicacia por la premura con la que se pretende aprobarlos. Así las cosas y con semejante historial, no resulta nada fácil creer en la madurez de un órgano del estado tan desprestigiado como es la Asamblea Nacional.

      Dicho lo cual aclaro que, los diputados de los partidos CD y PRD, tienen todo el derecho de ser opositores, como quiera que, dicho papel fiscalizador es necesario, no constituye ninguna ilegalidad, y es saludable para la democracia.

      La pregunta es, ¿qué entienden dichos diputados por oposición?; porque si entienden el concepto oposición como: atentar contra la gobernabilidad del Estado, y sabotear todos los proyectos del próximo gobierno para evitar que este se reelija, aunque dichos proyectos sean beneficiosos para los panameños, entraremos en contradicciones de tal índole que desembocarán en un sinnúmero de ciudadanos que aspiran a un mejor país, exigiendo una asamblea constituyente originaria para barrer completamente a la Asamblea y a otras instituciones, sin que nadie derrame una lagrima por ello, y dicho escenario aunque no me asusta en lo particular, implica un riesgo de tamaño mayúsculo por el momento político que vive Panamá, ergo preferiría por ahora, que se logrará una alianza legislativa entre el Panameñismo y el PRD que garantice la gobernabilidad, la recuperación de la institucionalidad maltrecha, y la debida independencia para la correspondiente rendición de cuentas (auditorias forenses y demás investigaciones), para no llegar de paralizarse el Estado por un gobierno paralelo maquinando contra los interés de la patria, al escenario más drástico en mención (una asamblea constituyente originaria).

      Sí, ya sé que, algunos ven otra opción intermedia, a saber: mantener el status quo de la corrupción legislativa, léase, promover el transfuguismo, o transar partidas circuitales a cambio de votos, alianzas y lealtades, es decir, mantener la misma mercadería, corrupción, y clientelismo de siempre, los cuales son un cáncer que carcome a la democracia panameña y desvía a los diputados de su deber constitucional de elaborar leyes exclusivamente sin convertirse en una suerte de Santa Claus que reparte jamones, bicicletas, línea blanca y demás dadivas. Dicha opción de usar las partidas circuitales como un mediocre sistema de premio o castigo, está descartada por la mayoría de panameños que mandamos un mensaje de rechazo y hastío total a esa forma clientelista de hacer política -por no decir politiquería-, y que no estamos dispuestos a que un grupo de diputados sigan afectando el desarrollo y bienestar de 3.6 millones de panameños que hoy por hoy, nos sentimos rehenes de un secuestro masivo (en sentido figurado) perpetrado desde la Asamblea Nacional.

      Amanecerá y veremos qué opciones nos dejan a los panameños los “ilustres” padrastros de la patria.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Balance de las elecciones 2014

      Posteado a las 4:21 pm por Erick Simpson Aguilera, el 5 mayo, 2014

      Por: Erick Simpson Aguilera

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      Muy buen día apreciados lectores.

      Con ánimos renovados después de la victoria de la oposición, me dispongo a compartir con ustedes mis impresiones sobre el ejercicio electoral del pasado 4 de mayo.

      En primera instancia quiero felicitar por su triunfo contundente al Ingeniero Juan Carlos Varela, y desearle que Dios lo ilumine, guie, y provea de sabiduría de lo alto para que se desempeñe con éxito en sus funciones, y alcance las metas en materia socioeconómica e institucional, que requiere el país.

      En cuanto a los resultados per sé, destaco que los mismos por ser tan variopintos precisan de un análisis profundo, toda vez que, por un lado el pueblo demostró gran madurez al no dejarse embaucar por cuñas millonarias fantasiosas, campañas sucias, encuestas falsas, iniciativas “independientes” confusas, y demás tretas utilizadas en contra del candidato Varela, pero por otra parte, demostró ser un pueblo clientelista que se siente cómodo con el transfuguismo al premiar a muchos de los denominados tránsfugas con la reelección. Que sensación tan agridulce resulta saber que nos libramos de los aires de dictadura que se cernían sobre Panamá, que la pesadilla terminó, pero que, muchos tránsfugas siguen vigentes en la Asamblea.

      Así las cosas, tenemos a un presidente panameñista con una minoría de diputados en la Asamblea Nacional; minoría esta que deberá sortear para lograr los consensos que le permitan tener la gobernabilidad necesaria para llevar sus proyectos a feliz término.

      Dicho lo cual, procede conformar una coalición en la Asamblea con las fuerzas del PRD e independientes, con la finalidad de desmontar el andamiaje del actual gobierno que se dio a la tarea de nombrar a funcionarios en puestos ejecutivos claves por un periodo que supera la vigencia del gobierno en turno. También es preciso contar con una mayoría en la Asamblea para que la misma exija cuentas a ciertos magistrados de la Corte cuyo actuar poco independiente y nada transparente deja mucho que desear.

      Sobre dicho particular, resulta esperanzador el discurso conciliador del Ingeniero Varela que invita a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil a conformar un gobierno de concertación nacional para entre todos modelar una patria prospera, democrática, justa, y equitativa, como debe de ser. Dicho discurso fue una bocanada de aire fresco, después de cinco años de confrontaciones, insultos, vulgaridades, falta de consensos, e imposiciones.

      Con relación a las encuestas, las mismas han resultado ser un fiasco, y hoy por hoy lejos de ser consideradas un instrumento científico, tienen un matiz de estafa para posicionar por manipulación a ciertos candidatos en las preferencias de los votantes. Gracias a Dios que el pueblo no compró ese engaño y logró el triunfo el candidato que siempre marcó de tercero en las poco creíbles encuestas.

      En cuanto al partido PRD, sin pretender hacer leña del árbol caído, respetuosamente destaco que, dicho partido requiere a lo interno de una renovación completa de sus liderazgos, con la finalidad de reencausarlo por derroteros que resulten más potables para el electorado que hoy por hoy, parece no creer mucho que digamos en su propuesta electoral como demuestran los resultados adversos de las dos últimas elecciones. Una reingeniería completa, un ejercicio de introspección, y un mea culpa profundo, se requieren para levantar a un partido en otrora importante, y actualmente desplazado del poder por causas que les toca a su propia membresía dilucidar para erradicarlas y así volver a representar una opción creíble para los electores.

      En lo concerniente a la transición, espero que la misma se realice ordenadamente y sin mayores traumas, de manera que, el gobierno electo disponga de toda la información necesaria para que una vez asuman el poder, no se sienta una curva de aprendizaje muy pronunciada que afecte el desenvolvimiento del Estado. Dicho lo cual destaco que, es preciso que el equipo de trabajo del gobierno electo -que ojalá este conformado por gente técnica y profesional y no tenga cabida para los manzanillos, oportunistas, y demás aduladores profesionales amigos del poder que nunca faltan- deseche todo sentimiento de revanchismo por el bien del país y respete la estabilidad de los funcionarios públicos; claro está, sin renunciar por ello a la necesaria rendición de cuentas en el marco de la ley (auditorias forenses), pero sin desatar una cacería de brujas.

      En fin, termino felicitando al Tribunal Electoral, candidatos, y votantes, por el ejemplar ejercicio electoral que realizamos, mediante el cual fortalecimos la imagen democrática del país. Ahora toca colaborar con el gobierno electo para que se logren las metas, fiscalizar como ciudadanos responsables el cumplimiento de las promesas electorales, e impulsar la constituyente necesaria para refundar la patria y sanear sus instituciones.

      Que viva Panamá.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Crisis de la recolección de basura

      Posteado a las 7:30 pm por Erick Simpson Aguilera, el 23 julio, 2013

      Por: Erick Simpson Aguilera

      basura1

      ¿Por qué tanta pleitesía –por no decir protección– por parte de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, hacia el Administrador General de la AAUD  (Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario), Enrique Ho Fernández?

      No puede ser que, el salvaguardar la posición de equis funcionario, pese más que la salud de todos los habitantes del Distrito Capital, y que la imagen de la Ciudad de Panamá que pretende venderse como una metrópoli moderna y desarrollada, pero vive asediada por la basura regada por todas partes.

      Ante la probada ineficiencia en la recolección de la basura que ya pasó de ser una crisis temporal a ser una problemática perenne que amenaza con inundar de basura a Panamá Centro, Norte y Este, lo que procede es, en primera instancia, la citación del Sr. Enrique Ho a la Asamblea Nacional para que rinda cuentas sobre el manejo de los 240 millones de que ha dispuesto la Institución que dirige, y en segundo lugar, la destitución del funcionario en cuestión como quiera que, ha quedado evidenciado que, no ha cumplido con el cometido de mantener limpio el Distrito Capital de basura, desechos, y toda suerte de desperdicios que hoy por hoy, nos inundan.

      Si la razón de ser de la mencionada Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario -la cual dicho sea de paso, se vendió como la panacea que terminaría de una vez por todas con el problema que nos ocupa- es recoger y disponer de la basura que produce la Capital, y hoy por hoy la Ciudad de Panamá y las afueras están inundadas de basura, no hay que ser un genio ni científico para concluir que, quien dirige la citada Autoridad de Aseo, ha fracaso en su función.

      RM BOSCO BASURA 2Recuerdo que en una ocasión, el Presidente Ricardo Martinelli, le hizo un fuerte llamado de atención al Ex Alcalde Bosco Vallarino, por la problemática de la recolección de la basura en el Distrito Capital. Básicamente le dijo que: “Dejara de estar hablando zoquetadas y babosadas y se pusiera a recoger la basura de la ciudad”.

      Ahora que quien está a cargo de la Institución encargada de recoger la basura es un miembro del oficialismo, y por su mala gestión la Ciudad de Panamá y sus alrededores están inundados de basura, es una buena oportunidad para que el Presidente Ricardo Martinelli coherentemente con su postura previa, se pronuncie enérgicamente –sin caer en epítetos ofensivos como bobo y zoquete, claro está– de manera que, no quede duda alguna que el discurso oficialista no es demagógico, y aplica a todos por igual, léase, a opositores, pero también a copartidarios, allegados, amigos, etcétera.

      Si por el contrario, insisten los Órganos Ejecutivo y Legislativo, en cruzarse de brazos, en guardar silencio, excusar, justificar, proteger y mantener al funcionario en cuestión en su cargo ante tamaña crisis sanitaria que nos afecta a todos, quedará evidenciado que, aquel estribillo oficialista que reza “Los intereses del pueblo primero”, no pasa de ser un eslogan demagogo y electorero para embaucar a los votantes.

      Ningún funcionario está por encima del bienestar de la colectividad. Funcionario que no cumpla con sus obligaciones y afecte por su mal desempeño la salud de los ciudadanos y la imagen del país, los cuales se han visto seriamente afectados por la problemática de la recolección de la basura, no obstante las sumas millonarias destinadas para dicho fin (240 millones de dólares), debe ser destituido inmediatamente y que rinda cuentas del manejo de tamaña suma tan grande de dinero.

      Tomen nota de cómo se resuelve o mantiene la crisis que nos ocupa, estimados votantes del Distrito Capital.

      Saludos cordiales.

      Erick Simpson Aguilera.

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    • Elevada deuda, la herencia de Martinelli

      Posteado a las 5:36 pm por Erick Simpson Aguilera, el 14 mayo, 2013

      ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ

      roberto.gonzalez@prensa.com

      En términos nominales, durante la actual administración se habrá incrementado la deuda del país en un 57%, a pesar de los ingresos récord que ha obtenido para ejecutar obras.

      En términos nominales, durante la actual administración se habrá incrementado la deuda del país en un 57%, a pesar de los ingresos récord que ha obtenido para ejecutar obras.

      14/05/2013 – Ricardo Martinelli será por lejos el presidente panameño que más ha recurrido a la contratación de deuda para financiar gastos.

      Al cierre de 2009, el primer año de su mandato, el saldo de la deuda era de $10 mil 972 millones. Esta cifra ha ido en aumento y, por este comportamiento, originalmente se calculó que al finalizar 2014 el país adeudaría $14 mil 852 millones.

      Sin embargo, justo a un año de que termine la actual administración, en medio de un año electoral y con ingresos históricos, ahora el Gobierno calcula que la deuda se elevará a $17 mil 227 millones.

      Este diario tuvo acceso al documento Marco fiscal de mediano plazo 2014-2018, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional, en el que se revela el salto que dará la deuda pública justo en las fechas mencionadas.

      Para el economista Felipe Chapman, es desconcertante ver que, según las proyecciones presentadas por el MEF, en cinco años la deuda aumente $6 mil 255 millones, es decir, 57% en términos nominales.

      A su juicio no se justifica la actual estrategia fiscal. “Decepción, en jerga simple: pan para hoy y hambre para mañana”, manifestó el economista, que además advierte sobre cómo las decisiones monetarias y fiscales que se adoptan ahora tendrán efecto después.

      “El exceso de gasto en el último año de gobierno es un problema de vieja data y seguirá hasta que la sociedad exija disciplina fiscal”, destacó.

      infraestructuras. Este Gobierno habrá destinado más de $13 mil millones a obras públicas. Martinelli y sus ministros aseguran que la deuda se contrata para sufragar estas inversiones, que no fueron ejecutadas por sus predecesores. LA PRENSA/Ana Rentería

      Infraestructuras. Este Gobierno habrá destinado más de $13 mil millones a obras públicas. Martinelli y sus ministros aseguran que la deuda se contrata para sufragar estas inversiones, que no fueron ejecutadas por sus predecesores. LA PRENSA/Ana Rentería

      El saldo de la deuda pública al cierre de 2014, el último año de la administración de Ricardo Martinelli, ascenderá a $17 mil 227 millones.

      Así consta en el documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2018” presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional. Después de solicitar la dispensa para elevar los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, el MEF estaba en la obligación de presentar nuevas proyecciones macroeconómicas y un cronograma de ajuste del déficit fiscal.

      En 2011 el MEF –entonces comandado por Alberto Vallarino– llevó a la Asamblea Nacional un documento similar (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011 – 2015), que proyectaba para finales de 2014 una deuda pública de $14 mil 852 millones.

      Dos años más tarde, Frank De Lima, jefe económico del Gobierno, plantea una variación de $2 mil 375 millones al alza.

      Martinelli será, con mucha diferencia, el Presidente que más haya recurrido a la deuda para financiar el gasto en su administración. Al cierre de 2009, el primer año de su mandato, el saldo de la deuda era de $10 mil 972.3 millones.

      Si se cumple la nueva proyección del MEF, tras los cinco años del gobierno de Martinelli la deuda habrá engordado en $6 mil 255 millones (57% más), una cifra que supera en mil millones de dólares el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá ($5 mil 250 millones).

      Además, Martinelli habrá disfrutado de una economía en constante crecimiento, que se traduce en aumento de ingresos para el Estado.

      En 2012, los ingresos tributarios fueron casi mil millones o 27% superiores a los del año anterior. Los aportes del Canal de Panamá, por su parte, se han estabilizado alrededor de los mil millones de dólares.

      A esos niveles de deuda pública se llegará después de cosechar déficit fiscales en todos los años de la administración, una consecuencia de haber disparado el gasto –tanto de operaciones como de inversiones– por encima de los ingresos.

      El MEF pronostica que este año el déficit será de 2.8% sobre el PIB. No obstante, el Gobierno solicitó una dispensa a la Asamblea para elevar el límite de déficit fiscal a 3.1% y así obtener recursos para atender los daños causados por las inundaciones del pasado mes de noviembre.

      Para 2014, año de elecciones presidenciales, el balance del sector público arrojará un déficit de mil 237 millones de dólares (2.7% del PIB) y para 2015 el pronóstico de déficit ascendería a mil 532 millones de dólares, un 3% del PIB. En los años sucesivos, el déficit iría descendiendo paulatinamente hasta los $202 millones en 2018.

      También tendrá una tendencia negativa la relación deuda-PIB, como consecuencia del crecimiento que se sigue esperando para la economía.

      Según el MEF, en 2014 este indicador caerá a 38%, y seguirá descendiendo hasta un 31% en 2018, año en el que el PIB se acercará a los $66 mil 400 millones. De cumplirse este pronóstico, el PIB se habrá duplicado entre 2011 y 2018.

      Además de la deuda que aparezca en los balances del sector público, el próximo presidente tendrá que hacer frente a otros compromisos asumidos por esta administración y que no constan en los reportes oficiales de deuda.

      EFECTO ´LLAVE EN MANO´

      Al nuevo Gobierno le quedará por pagar alrededor de un tercio del programa de reordenamiento vial, una de las múltiples contrataciones ´llave en mano´ que ha efectuado este Gobierno.

      Con ese modelo de contratación, la empresa que ejecuta la obra es responsable de conseguir el financiamiento y, por lo tanto, la deuda no figura en los balances del Estado.

      Entre el Gobierno Central y la Caja de Seguro Social han contratado proyectos por alrededor de $3 mil 400 millones utilizando esta figura.

      El ministro de Economía Frank De Lima, reconoció recientemente que todavía quedan por pagar alrededor de mil 800 millones de dólares.

      Por ejemplo, el plan de reordenamiento vial y la ciudad hospitalaria se terminarán de pagar en 2016 y 2018, respectivamente.

      Además de utilizar los contratos ´llave en mano´, el gobierno de Martinelli utilizó otra herramienta legal que le permitió elevar la deuda pública.

      En abril de 2011 excluyó del sector público no financiero –cuyos límites financieros están regulados por ley– a Tocumen, S.A., a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

      De esta manera, ENA pudo hacer emisiones de bonos por mil millones de dólares para financiar la compra de los corredores; mientras que Tocumen, S.A. se prepara para obtener en el mercado $600 millones que le ayuden a sufragar la nueva terminal sur, y esas deudas no figuran en los balances del Estado regulados por la ley.

      El argumento del Gobierno es que, al igual que el Canal de Panamá, estas compañías tienen ingresos propios, y que son los que respaldan las emisiones y garantizan su pago.

      En términos generales, defienden, además, que el endeudamiento del país es relativamente bajo y que este es un momento histórico oportuno para desarrollar las infraestructuras que no hicieron Gobiernos anteriores. Sin embargo, también se ha disparado el gasto de operaciones del Gobierno, se ha elevado la planilla estatal y aumentado los subsidios.

      Martinelli va camino de cumplir su vociferada promesa electoral de invertir más de $13 mil millones en cinco años.

      Serán los panameños, en el tiempo, los que tendrán que hacerle frente a la letra chica no publicitada del contrato, esos más de $17 mil millones de deuda.

      DEUDA

      DEUDA2

      Fuente: La Prensa.

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