El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) cuyo pobre desempeño y pésima gestión han resultado en años de atraso de la principal obra de la era “independiente” de la patria, a saber, la ampliación del Canal de Panamá, insiste en chantajear a la nación panameña amenazando con atrasar 6 meses más la inauguración de la mencionada obra programada para abril del presente año, si la ACP no agiliza según ellos “sus trámites burocráticos y pagos”.
Ya conocemos las malas artes y el proceder del consorcio en cuestión, las cuales atentan contra la nación panameña toda vez que cada día de atraso en la inauguración del nuevo canal, representa fuertes sumas de dinero desperdiciado y la pérdida de negocios por empresas navieras que optan por otras rutas.
Si ya sabemos que GUPC como demuestran los $520 millones de dólares en reclamos inflados que le han sido rechazados por la junta de resolución de conflictos (DAB), pretende sacar una tajada millonaria extra (sobrecostos) no obstante su gran atraso en la entrega de la obra, y el trabajo deplorable que ha realizado el cual se traduce en unas esclusas llenas de filtraciones cuando ni siquiera han sido inauguradas, entonces qué estamos esperando los panameños para poner a esas empresas chantajistas en su lugar.
Eso nos pasa por ser un país poco serio; un país enemigo de la transparencia y dado a los negociados espurios; una nación gobernada por mercaderes que contratan a otros mercaderes foráneos para llevar a cabo la principal obra de la nación no desde una perspectiva estratégica, pero sí desde una perspectiva de rebusca. Y si alguien duda de lo que afirmo, cómo se explica entonces que una empresa que rozaba la quiebra como Sacyr cuya reputación en el tema de los sobrecostos escandalosos era de dominio mundial, haya sido una de las elegidas para realizar tan magna obra.
Es una vergüenza mundial que el canal ni siquiera haya sido inaugurado y ya sus esclusas estén hechas un desastre y llenas de filtraciones, cuando las esclusas hechas por Estados Unidos tienen 100 años de funcionamiento y tal parece que fueron mejor diseñadas que el pésimo producto que recibiremos del canal ampliado, el cual nos ha costado miles de millones de dólares a los panameños. Alguien tiene que hacerse responsable y pagar por ésta estafa.
Así las cosas, mientras Panamá sea gobernado y administrado por gente de la catadura de Philippe Bunau Varilla, seguiremos sufriendo éste tipo de fraudes y estafas que en otros lares hubieran tenido serias repercusiones sobre aquellos que lo permitieron o propiciaron. Pero en Panamá nada sucederá, nadie rendirá cuentas por tremendo atraco, y todo quedará en una simple anécdota, porque ese es el ADN del panameño, el juega vivo que nos tiene sumidos en el subdesarrollo.
En fin, la Asamblea tiene que citar al Administrador del Canal de Panamá para qué explique a la nación cómo solucionarán éste enésimo conflicto con GUPC, el cual amenaza con retrasar aún más la inauguración del canal la cual tiene que realizarse en abril de una forma u otra, y si no es por medio de GUPC, que lo haga la ACP, pero que lo decidan ya sin titubear, porque los panameños no podemos permitir más atrasos. A propósito, ¿quién audita y llama a capitulo a la ACP que como dice el Dr. Miguel A. Bernal parece ser otro país sobre el que no rigen las leyes panameñas?
En cuanto al mencionado GUPC, así como ellos son expertos en presentar reclamos millonarios por razones injustificadas, a ver si las autoridades panameñas se comportan una vez en su vida a la altura de las circunstancias y le presentan una demanda millonaria por los atrasos recurrentes que nos han afectado grandemente, y por la pobre calidad de las obras realizadas. No se puede firmar un acta de culminación de la obra con esas esclusas llenas de filtraciones y desperfectos técnicos. A ver si aprendemos de Chile que le canceló un contrato a Sacyr por atrasos y sobrecostos, a diferencia de nosotros que en lugar de buscar empresas serias y cumplidoras de acorde con tamaña mega-obra, buscamos a las de peor reputación y cuando no cumplen no tomamos medidas drásticas como hizo Chile, sino que financiamos a éstas empresas sin liquidez para que sigan jugando con nosotros en detrimento de todo un país.
¿Por qué es necesario que el pueblo panameño marche de frontera a frontera incluyendo islas y comarcas?
Bien; veamos:
1- En primer lugar, porque el país fue víctima de un saqueo sin parangón que se presume ronda los miles de millones de dólares y no estamos conformes con la forma como el sistema de “justicia” está abordando éste tema.
2- Porque la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 9 magistrados que son empleados de todos los ciudadanos panameños que somos sus jefes, por ser contratados dichos funcionarios con nuestros impuestos para impartir justicia, se niega a investigar como corresponde a algunos diputados nacionales y del Parlacen sobre los cuales pesan denuncias muy graves, a saber: uso injustificado de partidas circuitales por el orden de $416,678,206.00 millones de dólares, además de los múltiples casos por supuesta corrupción de ribetes no solo nacional pero también internacional, que pesan sobre un diputado del Parlacen sin que la Corte muestre interés alguno en deslindar éstos temas en justicia, buena lid, y con prontitud, lo que no implicaría si lo hicieran que dicho diputado del Parlacen sea culpable de los muchos casos por supuesta corrupción en que se le señala, pero sí que debe rendir cuentas y ser investigado como cualquier panameño mortal, cosa que la Corte no está haciendo.
A propósito ¿cuántos siglos o milenios le tomará a la Corte fallar respecto a la inconstitucionalidad de la nefasta ley 55 conocida como ley blindaje, la cual constituye una ruta de escape para no pocos infractores?
No sé, quizás yo estoy equivocado, pero en mi opinión, si un empleado o funcionario público no cumple con sus obligaciones (por las cuales devenga un salario) en el tiempo oportuno -no cuando le da la gana- debe ser destituido e investigado por obstruir la justicia por la que debiera velar.
La pregunta es ¿contemplan las leyes panameñas algún instrumento para destituir a un magistrado de la corte si éste en lugar de impartir justicia se constituye en un obstáculo a la misma promoviendo la impunidad, o dichos funcionarios tienen licencia para no cumplir con sus funciones y tenemos que aguantárnoslos 10 años sí o sí aunque su accionar u omisiones afecten gravemente a la patria?
Si la respuesta es que no existe un instrumento legal para medir el desempeño de los magistrados y destituirlos si no cumplen con sus funciones afectando así a toda la nación, entonces reconozcamos que damos pena como país, que nuestras leyes son un chiste, y que somos una vulgar aldea estilo banana republic diseñada para que la impunidad florezca y prosperen las malas artes de la politiquería y la corrupción. Si por el contrario, la respuesta es que sí existen los mecanismos legales para destituirlos, pues a quién le corresponde aplicar dicha destitución, comoquiera que, no veo que nadie les exija a los magistrados cumplir con sus funciones por las cuales les pagamos.
3- En cuanto a la Asamblea Nacional de diputados, razones no nos faltan para marchar tomándonos las calles como hicieron nuestros hermanos guatemaltecos, toda vez que, los 71 diputados que componen el Órgano Legislativo insisten en burlarse de 4 millones de panameños aprobando leyes para blindarse no solo por sus funciones parlamentarias, pero en general, aún cuando la Constitución prohíbe los fueros y privilegios.
Además, algunos diputados se niegan a darle trámite a las graves denuncias que pesan sobre ciertos magistrados de la Corte demostrando con ello una suerte de pacto de no agresión donde los magistrados no investigan a los diputados nacionales por el uso sin justificar de millonarias partidas circuitales, ni a los del Parlacen por los casos de supuesta corrupción que afrontan, mientras los diputados no investigan las serias denuncias que pesan sobre algunos magistrados de la Corte, reinando así la impunidad que corroe todo el sistema político.
Dicho esto, resulta obvio que el sistema de supuestos pesos y contrapesos entre los poderes del Estado no está funcionando en Panamá, que se está cayendo a pedazos ante nuestros ojos por su propio peso de inoperancia, y que mejor dicho: colapsó hace rato por el contubernio entre los Órganos del Estado para violar impunemente la ley sin rendirle cuentas a los 4 millones de panameños que somos sus jefes y quienes pagamos sus salarios, demostrando ésta situación que una constituyente para adecentar a nuestra nación es impostergable.
4- Con relación al Órgano Ejecutivo, no es que desee su destitución en pleno; a propósito, si en mis manos estuviera, sí evaluaría a los 9 magistrados de la Corte y los destituiría si hubiera meritos legales para hacerlo, y me daría lo mismo si los 71 diputados de la Asamblea -blindados inconstitucionalmente- se quedan sin su curul, toda vez que no veo el beneficio real de su pobre aporte al quehacer político nacional; todo lo contrario, considero que dejan mucho que desear, que no legislan nada favorable al pueblo, pero sí a favor de ellos, de la elite, y de sus partidos, ni tampoco los veo fiscalizar absolutamente nada como se supone es su deber hacerlo. Sin embargo, en cuanto al Presidente Juan Carlos Varela se refiere, reitero, no considero que haya meritos para pedir su destitución como sí aconteció en Guatemala con Otto Pérez Molina, pero sí es necesario que marchemos para hacerle saber al Órgano Ejecutivo lo siguiente:
Que no estamos conformes con su extraña relación con la desprestigiada empresa brasileña Odebrecht, cuyo dueño se encuentra preso en Brasil por supuestos actos de corrupción y no obstante eso, el actual gobierno panameño le ha concedido a dicha empresa contratos que suman $2,394 millones de dólares (Línea 2 del Metro y Renovación de Colón).
Que no aprobamos ni entendemos los $ 7 millones de dólares pagados a la empresa Cobranzas del Istmo cuyo dueño está detenido preventivamente (casa por cárcel) por supuestos actos de corrupción.
Que rechazamos la adenda por $3.7 millones de dólares a favor de la empresa Hidalgo & Hidalgo cuyos directivos se encuentran detenidos en Panamá por supuestos actos de corrupción en el proyecto Riegos de Tonosí.
Que despreciamos el nepotismo, amiguismo, y partidismo que utilizan como regla para nombrar a altos funcionarios en puestos claves afectando con estas malas prácticas a industrias tan importantes como el turismo.
Que nos preocupa la forma lenta, improvisada, y errática en que están manejando la economía nacional que cada día se resiente más.
Que exigimos un cambio de gabinete en aquellas carteras en las cuales resulta obvia la inoperancia de sus ministros, lo cual afecta el buen desenvolvimiento del país que es impactado negativamente por tanta ineficacia.
Y que no estamos de acuerdo con los recortes presupuestarios sufridos por el Ministerio Publico que más bien requiere de mayores recursos financieros para crear nuevas fiscalías y no de recortes que impidan el desempeño de sus funciones y entorpezcan las muchas investigaciones de alto perfil que realizan.
En fin, asistimos a la debacle del sistema político panameño que se cae a pedazos y está hecho añicos por tantos años de abusos que alcanzaron su cenit en el pasado quinquenio que dejó al país en estado de coma y con respiración artificial, ergo, no es asunto de curitas. O componemos el sistema de raíz, o se caerá sin que nadie pueda impedirlo, comoquiera que la inercia, la dinámica de rompimiento, y la caída libre, ya están dadas, y si no controlamos dicha caída para que sea ordenada (constituyente), los efectos de la hecatombe política sin control, serán devastadores para todos los panameños que sufriremos las consecuencias sin discriminación por no actuar oportunamente cuando debimos hacerlo.
Finalizo exhortando a todas las fuerzas vivas del país, a saber: a los trabajadores, empresarios, ciudadanos de a pie, gremios (maestros, profesores, padres de familia, médicos, enfermeras, etcétera), sindicatos, campesinos, indígenas, organizaciones de la sociedad civil, tuiteros, estudiantes, medios de comunicación, y demás, a organizarnos para marchar exigiendo justicia y cero impunidad, no una vez, sino muchas, hasta que logremos evitar el rompimiento del orden constitucional al que nos dirigimos inexorablemente y en caída libre, gracias a unos funcionarios que no respetan la Constitución ni las leyes a las que pisotean un día sí y otro también, desafiando con sus malas prácticas -como la impunidad; por mencionar una- a 4 millones de panameños.
O tomamos cartas en el asunto imitando el buen ejemplo de nuestros hermanos guatemaltecos, u optamos por cruzarnos de brazos debido a la indolencia, pereza, comodidad que ofrece una falsa zona de confort que constituye una cuerda floja y un auto-robo (subsidios, dadivas y demás prebendas clientelistas), cobardía, falta de patriotismo, agendas ocultas, afiliación político partidista, e intereses creados, mientras se hunde el país y terminamos convirtiéndonos más temprano que tarde -con todo respeto- en el nuevo México, Venezuela, o Colombia; y después que nadie llore cuando eso acontezca sumiéndose Panamá en el caos, la violencia, la crisis económica (deuda pública abismal, saqueos multimillonarios, cero transparencia, ni rendición de cuentas), y la ingobernabilidad que nos impulsen a emigrar a otros lares cuando podríamos vivir prospera y equitativamente en nuestro propio suelo patrio. Un país petrolero y rico como Venezuela nunca pensó en convertirse en una nación de emigrantes, pero cometieron los mismos errores políticos, sociales y económicos que nosotros cometemos hoy día y lo demás es historia.
Sí, es cierto que el Ministerio Publico ha trabajado como nunca antes en la historia patria para combatir casos de corrupción de alto perfil, y también es cierto que la desprestigiada Asamblea Nacional de Diputados que se caracterizaba por desestimar cuanta denuncia contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia les llegara, de una manera desconocida ha procedido a darles el trámite correspondiente a las denuncias, y juzgar como procede según sus funciones, a los magistrados denunciados.
Enhorabuena por ello, y reconocemos los esfuerzos del Ministerio Público que no obstante los recursos limitados de que dispone, le ha dado esperanzas a un país que exige con hambre y sed que se haga justicia, y de igual forma, extiendo mi reconocimiento a la Asamblea Nacional que por fin parece haber entendido y asumido sus funciones y responsabilidades.
Ahora bien, no obstante los avances mencionados, no podemos caer en triunfalismos ni mucho menos conformarnos, comoquiera que queda mucho trabajo por hacer para sanear todo el sistema de justicia panameño que en honor a la verdad, no está como para tirar fuegos artificiales y celebrar cuando el Órgano Judicial agoniza, y la mora judicial, el sesgo, el clasismo, y la selectividad campean a su merced.
Entiendo que un sistema de justicia tan maltrecho e inoperante como el nuestro no puede cambiar de la noche a la mañana ergo debemos ser pacientes con los tiempos de la justicia que no necesariamente coinciden con el deseo de justicia del pueblo panameño que, si no lo controlamos puede mutar a venganza pura y dura, a revanchismos, cacería de brujas, y linchamientos judiciales, lo cual tampoco es la idea toda vez que, no podemos pasar de cero justicia a atropellos que no respeten la presunción de inocencia de los implicados ni el debido proceso, propiciando condenas a inocentes para calmar a las masas, lo que constituye un despropósito de suma gravedad.
De manera que, somos conscientes de lo delicado de la situación. Sin embargo, lo que tampoco podemos permitirnos como país es que la justicia sea torcida para beneficiar a infractores que se les demuestre haber saqueado el erario público, aplicándoles «castigos» o penas que no correspondan con el gran daño hecho a la patria, es decir, otorgándoles casa o país por cárcel, ni tampoco «cárceles» VIP.
Además, es preciso que la justicia alcance a todos los implicados sin distingo de clase social, caudal económico, o poder político, léase, no solo a los hijos de la cocinera e implicados de poca monta o mandos medios, pero también a las vacas sagradas de los círculos ceros empresariales y políticos del país, los cuales por más que sus sombras se paseen en cuanto atraco al erario público se mencione, que se hayan prestado para blanquear capitales mal habidos en sus bancos, o que hayan sido los corruptores de más de un caso de atraco público, parecieran ser seres invisibles, innombrables, e intocables que cuentan con licencia para delinquir, están por encima de las leyes, y permanecen arriba del bien y del mal, a diferencia del resto de los mortales.
Ni premios que incentiven el crimen contra el patrimonio estatal, ni selectividad, ni impunidad. No podemos permitir que nos disfracen amagos de justicia como si fueran justicia plena, igualitaria y verdadera. Si la justicia es parcial, sesgada, clasista, selectiva, etcétera, no es verdadera justicia plena que desaliente el crimen, pero sí es una invitación a delinquir contra el erario público.
Tal parece que el gran saqueo al que fueron sometidas las arcas del Estado ha desnudado las miserias de nuestro sistema de justicia que no mide con la misma vara a todos los panameños, dado que, mientras al hijo de la cocinera se le aplica todo el rigor de la ley y se le violan todas sus garantías encerrado en mazmorras infrahumanas por años sin juicio alguno, a otros panameños envueltos en caso de lesiones patrimoniales del orden de millones de dólares, se les otorgan toda clase de beneficios y al paso que vamos ya no será casa ni país por cárcel lo que se les otorgue, sino planeta o universo por cárcel.
Esto no puede continuar así toda vez que, ésta clase de «justicia» constituye una burla y bofetada al pueblo panameño que exige cuentas a quienes se les compruebe algún ilícito contra el patrimonio del Estado, que se recuperen los fondos sustraídos, y que paguen con cárcel como cualquier mortal quienes resulten culpables.
Reitero, que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia de los implicados, y que las penas de comprobarse alguna lesión al patrimonio del Estado sean reales y no premios por delinquir lo cual mandaría un mensaje nefasto a todo el país y sobretodo a los jóvenes sin criterio formado que entenderán dados los hechos, que el crimen paga y resulta buen negocio saquear al Estado e invernar unos cuantos años en una cómoda mansión comprada con el dinero robado para luego disfrutar de los frutos del atraco realizado.
