El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) cuyo pobre desempeño y pésima gestión han resultado en años de atraso de la principal obra de la era “independiente” de la patria, a saber, la ampliación del Canal de Panamá, insiste en chantajear a la nación panameña amenazando con atrasar 6 meses más la inauguración de la mencionada obra programada para abril del presente año, si la ACP no agiliza según ellos “sus trámites burocráticos y pagos”.
Ya conocemos las malas artes y el proceder del consorcio en cuestión, las cuales atentan contra la nación panameña toda vez que cada día de atraso en la inauguración del nuevo canal, representa fuertes sumas de dinero desperdiciado y la pérdida de negocios por empresas navieras que optan por otras rutas.
Si ya sabemos que GUPC como demuestran los $520 millones de dólares en reclamos inflados que le han sido rechazados por la junta de resolución de conflictos (DAB), pretende sacar una tajada millonaria extra (sobrecostos) no obstante su gran atraso en la entrega de la obra, y el trabajo deplorable que ha realizado el cual se traduce en unas esclusas llenas de filtraciones cuando ni siquiera han sido inauguradas, entonces qué estamos esperando los panameños para poner a esas empresas chantajistas en su lugar.
Eso nos pasa por ser un país poco serio; un país enemigo de la transparencia y dado a los negociados espurios; una nación gobernada por mercaderes que contratan a otros mercaderes foráneos para llevar a cabo la principal obra de la nación no desde una perspectiva estratégica, pero sí desde una perspectiva de rebusca. Y si alguien duda de lo que afirmo, cómo se explica entonces que una empresa que rozaba la quiebra como Sacyr cuya reputación en el tema de los sobrecostos escandalosos era de dominio mundial, haya sido una de las elegidas para realizar tan magna obra.
Es una vergüenza mundial que el canal ni siquiera haya sido inaugurado y ya sus esclusas estén hechas un desastre y llenas de filtraciones, cuando las esclusas hechas por Estados Unidos tienen 100 años de funcionamiento y tal parece que fueron mejor diseñadas que el pésimo producto que recibiremos del canal ampliado, el cual nos ha costado miles de millones de dólares a los panameños. Alguien tiene que hacerse responsable y pagar por ésta estafa.
Así las cosas, mientras Panamá sea gobernado y administrado por gente de la catadura de Philippe Bunau Varilla, seguiremos sufriendo éste tipo de fraudes y estafas que en otros lares hubieran tenido serias repercusiones sobre aquellos que lo permitieron o propiciaron. Pero en Panamá nada sucederá, nadie rendirá cuentas por tremendo atraco, y todo quedará en una simple anécdota, porque ese es el ADN del panameño, el juega vivo que nos tiene sumidos en el subdesarrollo.
En fin, la Asamblea tiene que citar al Administrador del Canal de Panamá para qué explique a la nación cómo solucionarán éste enésimo conflicto con GUPC, el cual amenaza con retrasar aún más la inauguración del canal la cual tiene que realizarse en abril de una forma u otra, y si no es por medio de GUPC, que lo haga la ACP, pero que lo decidan ya sin titubear, porque los panameños no podemos permitir más atrasos. A propósito, ¿quién audita y llama a capitulo a la ACP que como dice el Dr. Miguel A. Bernal parece ser otro país sobre el que no rigen las leyes panameñas?
En cuanto al mencionado GUPC, así como ellos son expertos en presentar reclamos millonarios por razones injustificadas, a ver si las autoridades panameñas se comportan una vez en su vida a la altura de las circunstancias y le presentan una demanda millonaria por los atrasos recurrentes que nos han afectado grandemente, y por la pobre calidad de las obras realizadas. No se puede firmar un acta de culminación de la obra con esas esclusas llenas de filtraciones y desperfectos técnicos. A ver si aprendemos de Chile que le canceló un contrato a Sacyr por atrasos y sobrecostos, a diferencia de nosotros que en lugar de buscar empresas serias y cumplidoras de acorde con tamaña mega-obra, buscamos a las de peor reputación y cuando no cumplen no tomamos medidas drásticas como hizo Chile, sino que financiamos a éstas empresas sin liquidez para que sigan jugando con nosotros en detrimento de todo un país.
La madurez de un país se mide por el grado de desprendimiento de sus ciudadanos, y de igual forma, una nación que basa sus decisiones claves para el bienestar de la patria en egoístas intereses creados que todo lo estancan, demuestra estar presa del infantilismo y coquetea con el desastre.
¿Necesita Panamá un mega puerto para seguir liderando el sector portuario a nivel regional, y aprovechar al máximo la ampliación del canal, impactando positivamente a nuestra economía?
La respuesta es sí.
Sin embargo, un tema tan estratégico como éste se encuentra estancado por intereses diversos que no logran conciliarse para beneficio de la patria. Cada lado defendiendo su propio feudo e intereses mezquinos sin ceder. Cero concepto de país y total carencia de visión de Estado.
Así las cosas, mientras nosotros que somos los dueños del proyecto de ampliación del canal nos dormimos en los laureles, nuestros vecinos y competidores tienen la visión clara.
Esto opina un medio colombiano sobre la ampliación del canal de Panamá:
«El ensanchamiento del Canal de Panamá revolucionará el transporte marítimo del área. Los puertos de Colombia se convertirían en soportes logísticos internacionales mientras que las exportaciones e importaciones nacionales se beneficiarían. Colombia debe acomodar sus terminales portuarias en el Pacífico de manera que cualquier nave de mayor tamaño que comience a recalar en puertos panameños, del lado del Pacífico, también tenga la opción de venir a Colombia para recalar en sus puertos. Esto le daría mayor amplitud y opciones no sólo en el tema de exportaciones sino también de importaciones de productos terminados”. Revista de logística.
Por otra parte, en cuanto a Estados Unidos, otro medio señala lo siguiente:
«Estados Unidos, el principal socio comercial de Panamá, adecua las terminales de la costa este y del golfo estadounidense para recibir los llamados barcos pospanamax (buques de mayor tamaño) que transitarán por la vía interoceánica, luego de completado el proyecto de ampliación del Canal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, informó que acelera el proyecto que amplía el puerto de Savannah en el estado de Georgia y agiliza los procedimientos para actualizar otros cinco de los mayores puertos de ese país. Obama, como parte de su iniciativa “no podemos esperar” o “we can´t wait”, enumeró los proyectos necesarios para tener una plataforma logística marítima acorde con las nuevas oportunidades que brindará el nuevo Canal de Panamá.
Las mejoras incluyen acelerar los planes de expansión a lo largo de la costa este como los puertos de Miami, Nueva York/ Nueva Jersey, Jacksonville en Florida y Charleston en Carolina del Sur».
Es una lástima que en Panamá la mayoría de personas que tienen influencia y poder político/económico carecen de una cultura de proyecto país, tienen una visión de Estado atrofiada por una miopía crónica, y llegan al extremo de estar dispuestos a perjudicar a la nación si sus empresas no se benefician con equis proyecto, o si su partido no está en el poder para liderar una obra importante, beneficiosa y necesaria para el país.
Sé que estas verdades duelen y ofenden, pero hablemos claro. Hay cierta clase de panameños con un gen politiquero perverso que, desean con toda su alma que el gobierno de Juan Carlos Varela fracase en todo lo que emprenda así nos vayamos todos al despeñadero y Panamá se afecte gravemente, con tal de tener ellos opciones de llegar al poder en las siguientes elecciones.
Mientras abundan esa clase de especímenes en la fauna política, escasean verdaderos patriotas y estadistas dispuestos al sacrificio en pro de la patria, cuya visión gire en torno al beneficio de las mayorías y de la nación. Por esa escases de líderes de altura es que los partidos políticos tienen que recurrir como emblemas a figuras del pasado que ya no viven para vender una imagen y proyecto «aceptables», toda vez que en el presente están huérfanos de figuras de prestigio, peso, y liderazgo.
En fin, mientras sigamos basando nuestras decisiones claves en el infantilismo político, intereses creados y mezquindades, temas como el que nos ocupa (sector portuario), la educación, constituyente, modernización electoral, seguridad alimentaria, etcétera, seguirán en un total rezago no obstante saber todos los panameños los fundamentales y estratégicos que son estos temas para nuestro desarrollo y economía.
Razón por la cual los ciudadanos que ya comenzamos a activarnos en temas de transparencia y corrupción, debemos presionar también en temas de índoles económica y social, comoquiera que, si dejamos los mismos en manos de los politiqueros de siempre, ya sabemos a qué atenernos al depender exclusivamente para tamañas decisiones de personajes que no votan a favor de nada sin medir antes en qué se beneficiarán ellos, o sus partidos, sin importarles si perjudican a la patria y sus ciudadanos.
Exigimos que el clave tema del mega puerto y la adecuación de los puertos panameños existentes sea ampliamente divulgado por las autoridades, que sea consultado, debatido de cara a la opinión pública para descartar cualquier dolo o negociado, y que se tome la mejor decisión para beneficio de la patria, basada en la transparencia y no en el transe, con la finalidad de dejar sin argumentos a quienes se oponen al proyecto por agendas mezquinas, y proceder a ejecutar el mismo lo antes posible porque para mañana es tarde.
Tal parece que, ciertos grupos económicos y políticos europeos, siguen anclados 522 años atrás, y aún no se enteran de que estamos en el siglo 21, ni de que sus espejitos ya no nos deslumbran ni impresionan como en otrora.
Que risible resulta que, el consorcio GUPC (Grupo unidos por el canal), conformado por las empresas Sacyr de España, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, después de bajar temerariamente su propuesta para adjudicarse el contrato de la ampliación del canal de Panamá, al ofertar $ 1,067 millones de dólares menos que la empresa norteamericana Bechtel que quedó en segundo lugar, $ 2,863 millones de dólares menos que el Consorcio Canal, y hasta $ 363 millones de dólares por debajo del precio base establecido por la propia ACP (Autoridad del Canal de Panamá), ahora pretendan invocar un sobrecosto por el orden de $ 1,600 millones de dólares, que de no recibirlos, amenazan con paralizar las obras de ampliación del canal.
Semejante chantaje tan gansteril, más que, te cambio mis espejitos por $ 1,600 millones de dólares, suena a, arriba las manos, esto es un asalto. Deja mucho que desear, y habla muy mal del poco profesionalismo y falta de ética, de que hacen gala las empresas en cuestión, pretender salirse del marco legal contractual que establece claramente los mecanismos de reclamos y arbitrajes para solventar las disputan que surjan, para optar por llevar el tema al terreno del chantaje y la ilegalidad.
Según estas empresas, ellas tienen la sartén por el mango, toda vez que, apuestan a que Panamá ceda, en aras de no atrasar aún más, la obra cumbre de la historia patria, lo cual afectaría el calendario de peajes establecido. Sin embargo, sus cálculos mal intencionados y chantajistas, les pasarán factura cuando sean objeto de la cancelación del contrato por incumplimiento, y se les aplique la fianza; lo cual los descalificará en adelante para realizar obras de semejante magnitud, a nivel mundial, como quiera que, sus referencias manchadas por el fiasco del canal, hablarán por sí mismas.
Es oportuno destacar que, estamos en esta penosa situación por responsabilidad propia, toda vez que, no es posible que tamaño proyecto, el cual constituye la obra magna gestionada por los panameños, cuyo carácter técnico y costo, son impresionantes, lo adjudiquemos al precio más bajo, dando cabida a empresas de esta calaña a que se cuelen en la licitación y trastornen el desenvolvimiento de las obras por sus malas prácticas.
En mi opinión, un proyecto de esta envergadura debe establecer como norma, la descalificación inmediata de aquellas empresas que oferten por debajo del costo base establecido en la licitación. Además de cumplir con el tema técnico, los ofertantes deben presentar costos razonables y viables, no ofertas barateras que no alcanzaban ni para el hormigón, como ya habían advertido cuando se le adjudicó la obra a GUPC.
Así las cosas, ahora resulta que, GUPC se encuentra sin liquidez para pagar a sus proveedores y sub contratistas (la conocida situación financiera precaria de Sacyr, debió descalificarla en plena licitación), y no conforme con salirse del marco contractual amenazando con suspender las obras de ampliación si la ACP no les reconoce, reiteramos, un sobrecosto por el orden de $ 1,600 millones de dólares, demuestra carecer de coherencia y responsabilidad, como quiera que, después de negociar con la ACP, gracias a la mediación de la Ministra de Fomento de España, Ana Pastor -mediación que dicho sea de paso, no la entiendo, toda vez que, este tema es de carácter privado, ergo, no le atañe a estados-, y acordar un aporte de 100 millones de dólares por ambas partes (200 millones de dólares), para solventar el tema de la falta de liquidez, ahora pretendan un día sí y otro también, cada empresa por su lado, establecer un cifra de adelanto nueva y más temeraria que la anterior, en una suerte de escenario de rapiña, despojo, saqueo, surrealista, bananero, irresponsable, e incomprensible; a saber: Sacyr de España exige un adelanto de 400 millones de dólares, mientras su socio italiano Impregilo, exige que el adelanto sea del orden de 1,000 millones de dólares.
Ante semejante escenario carente de legalidad, de índole chantajista, y de lo más surrealista posible, es menester que, la ACP realice que no estamos tratando con empresas serias, como quiera que, las mismas se manejan al margen de la ley contractual, no respetan las negociaciones, y ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellas mismas, y proceda en consecuencia a cancelar el contrato en apego a la ley por incumplimiento, aplique la respectiva fianza, retome las obras, lleve el proyecto a feliz término, y no pierda más tiempo con empresas vendedoras de espejitos que pretenden vulnerar el patrimonio patrio.
Hoy que celebramos el 9 de enero, fecha histórica de la gesta que significó el inició de la recuperación de la zona del canal, sería bueno que la ACP se vaya preparando para darles la lección de sus vidas a estos mercaderes vendedores de espejitos.
Más en 4 años que en 20 se ha endeudado este país. Durante los cuatro períodos presidenciales anteriores el incremento de la deuda pública sumó 4 mil 460 millones de dólares; mientras que solo en cuatro años y tres meses de este gobierno la cifra alcanza los 5 mil 150 millones de dólares.
La gran cantidad de obras de infraestructura que ha desarrollado el gobierno actual, y que están en ejecución (megaproyectos) son financiadas por créditos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros; lo que ha hecho que se incremente significativamente el endeudamiento público en muy corto plazo.
Entre estos proyectos se pueden mencionar: El Metro, la ampliación de la carretera Divisa-Las Tablas, David-Boquete, II fase de la autopista Panamá-Colón, fase II y III de la cinta costera, fase III del Corredor Norte, saneamiento de la bahía de Panamá, ampliación de la vía Domingo Díaz. También están los viaductos de Tumba Muerto, calle 50-vía Brasil, vía Brasil-vía Israel, proyecto habitacional Curundú, los hospitales de Darién y Anita Moreno en Los Santos, proyectos escuelas modelo, ampliación de la vía Panamericana tramo Santiago – David, y otros.
Para el economista Baudilio Márquez el desarrollo de estas obras podría afectar la capacidad de endeudamiento del país, y limitar el desarrollo de nuevos proyectos, fundamentalmente aquellos de carácter social.
La evolución de la deuda pública total de Panamá en el actual período gubernamental es de 5 mil 150 millones de dólares sin considerar la deuda adquirida a través de los proyectos “llave en mano”, cuyas cifras extraoficiales señalan que está en 2 mil 500 millones de dólares.
La deuda pública ha crecido a un ritmo del 10% anual en los últimos cuatro años. Para el período 2010 – 2013 la misma se ha incrementado en 47.68%, el más alto en 20 años (ver recuadro: Deuda Pública).
Esto es “delicado” porque está arriesgándose la fortaleza macrofiscal del país, dice el economista Adolfo Quintero, quien añade que en caso de que haya una disminución significativa del crecimiento económico del país, las finanzas públicas se verán afectadas.
“Desde el año 2010 estamos observando cierto deterioro de las finanzas públicas, de forma que una situación crítica como consecuencia de la economía mundial nos pudiera afectar de forma negativa”, destaca el experto.
Opina que no hay prudencia de parte del Gobierno, y pretende hacer en poco tiempo lo que ha tomado tanto planear y ejecutar por períodos presidenciales, ya que los proyectos que se están desarrollando no se idearon en esta administración, sino en gobiernos anteriores, y han venido ejecutándose poco a poco.
Para Irene Giménez, managing partner de Goethals Consulting Corp., las cifras de la deuda pública son manejables, pero le preocupan los próximos años, en especial, si los números que vienen no son consecuentes con el optimismo proyectado, y deban hacerse ajustes para equilibrar cuentas y seguir pagándose los servicios de deuda como ha sido el récord histórico de Panamá.
Los ‘llave en mano’ y otras empresas
FUNCIONARIO. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, dijo que para este año se estima el pago de 429 millones de dólares de los proyectos llave en mano. LA PRENSA / Eric Batista
Algunos economistas han cuestionado los proyectos “llave en mano”, ya que aseguran que se tendrá que pagar entre 2 mil 500 millones de dólares y 3 mil millones de dólares.
Entre estas obras están: el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, centros de atención primaria Minsa-Capsi, cinco hospitales en el interior del país, la ciudad de las bellas artes, el centro de convenciones de Amador, el mercado de abastos de Panamá, la ciudad deportiva de Colón, entre otros.
Parte de estos compromisos serán pagados en esta administración, pero otros tendrá que asumirlos el nuevo gobierno.
Márquez revela que el costo de servicio de la deuda estará por encima de mil millones de dólares por año, y esto limitará fuertemente la capacidad del próximo gobierno en adquirir nuevos financiamientos, y afectará el componente social que tiene que atender el Gobierno.
Para José Chen Barría, ex contralor de la República, los proyectos “llave en mano” son un mecanismo que el Gobierno encontró para que la empresa que se adjudicara un contrato determinado financie la obra, y el Estado paga cuando la recibe.
Sin embargo, gran parte de ellos no serán entregados en esta administración, sino en el próximo gobierno.
El MEF asegura que en 2012 se pagaron 170 millones de dólares en proyectos “llave en mano”. Para este año se estima el pago de 429 millones de dólares, y en 2014 pagarán 564 millones de dólares.
Y otros 770 millones de dólares se pagarán entre 2015 y 2016, es decir que este compromiso tendrá que pagarlo el nuevo gobierno.
Además de la exclusión de las cifras de los “llave en mano”, tampoco se incluyó en la deuda pública, los saldos de los compromisos de las empresas que fueron retiradas del registro del sector público no financiero por este gobierno como: la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Empresa Nacional de Autopistas (ENA), y Tocumen S.A., sostiene el economista Adolfo Quintero.
Esta movida tuvo como finalidad cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que en esta administración ha sido modificada varias veces para subir el límite al déficit fiscal y el endeudamiento hasta un 3.1% en 2013.
“El Gobierno dijo arbitrariamente que estas tres empresas van para afuera, porque si aumentaba estas deudas a su balance fiscal les iba a tirar el déficit por las nubes, y esto es una maniobra contable”, destaca el abogado y economista Fernando Gómez Arbeláez.
De 2009 a la fecha, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal ha tenido cuatro reformas legislativas, todas para aumentar déficit y hacerla más flexible y manejable.
“En realidad, no hay una auténtica responsabilidad fiscal”, advierte Gómez Arbeláez.
Reitera que las autoridades no han sabido manejar las finanzas públicas para cumplir con compromisos previos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y se han visto obligados a jugar con una legislación modificándola a su conveniencia.
El tema preocupa a algunos economistas por la falta de credibilidad de las cifras emitidas por el Gobierno, ya que si en lo público no cumplen o se modifican para que se ajuste a las nuevas realidades, Gómez Arbeláez se pregunta, “¿cómo será en lo privado, en lo burocrático que nadie se mete a ver?
A manera de ejemplo, cita el caso de Grecia, que tenía cifras robustas, y luego salió a la luz pública que sus números estaban adulterados, y ahora gran parte de su crisis tiene que ver con las mentiras de sus autoridades.
Los escenarios
RECURSOS. Algunos economistas recomiendan disminuir el gasto público. LA PRENSA / Roberto Cisneros
Los economistas coinciden en que el tema del endeudamiento del país tiene que ir vinculado a dos fenómenos, uno es el crecimiento de su economía, y el otro es el manejo de su política fiscal.
Horacio Estribí, exsubdirector de políticas públicas del MEF, no vislumbra que haya un riesgo de crisis financiera o insolvencia de la deuda pública.
Sin embargo, dice que hay elementos que vale la pena examinar, como el hecho de que el país no va a registrar los mismos niveles de crecimiento que ha logrado hasta ahora de doble dígito.
La expectativa de crecimiento económico para los años subsiguientes son conservadoras, pero “es bueno”, explica. Esto obligará al nuevo gobierno a ser más creativo en el uso de sus recursos, porque el actual ha gastado e invertido en diferentes obras.
El excontralor Chen Barría insiste en que la actual administración gubernamental debe preocuparse de cuál será la tasa de crecimiento económico de Panamá, y tener unas finanzas públicas sanas con los recursos que tiene en el país.
Pero, ¿cómo se pagará la deuda pública? Los expertos sustentan que hay dos mecanismos para los pagos.
EXCLUSIÓN. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) es una de las tres compañías retiradas del registro del sector público no financiero. LA PRENSA / Maydée Romero Sprang
Uno es que el Gobierno haya ahorrado suficiente dinero para pagar parte de estas obras o que emita papeles de deuda pública para pagar los proyectos “llave en mano”. Algunos opinan que esta última opción será la que el Gobierno use, porque no tiene las reservas y el superávit para pagar estas obras, explica Chen Barría.
“Va a tener que recurrir a financiamiento [gobierno] a través de la deuda pública para honrar los proyectos llave en mano que sean contratados”, vaticina.
No obstante, hay algunos aspectos a los que deberá prestársele mayor atención.
Panamá tendría un problema para el año 2015 porque los ingresos adicionales que se esperaba generar de la ampliación del Canal de Panamá podrían darse en 2016, pronostica. Esto es producto de que los trabajos en la vía acuática tienen un retraso de nueve meses, y quizás la obra no esté terminada para finales de 2015. Para esa fecha el nuevo gobierno llevaría año y medio de funciones.
“El tema es preocupante, y los candidatos deben analizar con detalle esta situación para que puedan ejecutar políticas públicas que nos permitan un buen manejo de la deuda, y de la política fiscal”, destaca Chen Barría.
Para el economista Quintero la próxima administración gubernamental debe poner en orden las finanzas públicas, desarrollar políticas con miras a hacer eficientes los recursos del Estado panameño; y volver a los lineamientos en un equilibrio macrofiscal que permita superávit; y a su vez que este mecanismo conlleve a que no sea necesario una reforma tributaria, que aumente los impuestos de los panameños.
“Esto significaría pérdida del nivel adquisitivo de los panameños; sobre todo cuando hemos observado la tendencia de incrementar los impuestos indirectos, como el impuesto de traslado de bienes materiales y servicios (ITBMS), y reducir los impuestos progresivos.
En este sentido, el nuevo gobierno va a tener que tener un manejo más eficiente de los recursos, y de la deuda pública”, aduce Quintero. Y advierte que si dentro de la política pública no se dan mayores ingresos, “habrá que apretarse el cinturón”.
No obstante, para Estribí el Gobierno tendría que eliminar el déficit, y generar los superávit en el balance primario para hacerle frente a los compromisos de amortización de la deuda (ver recuadro: Deuda pública: años 2012 a 2018).
Es “altamente probable” que el nuevo gobierno tenga que hacer modificaciones para recoger más impuestos —eliminar algunas exoneraciones— para hacerle frente al ritmo de gasto que se ha venido produciendo, dice.
No obstante, en el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sí creen que existe el dinero para hacerle frente a los compromisos de la deuda, pero que también es posible que no se hagan ciertas inversiones para poder pagar.
La deuda siempre se paga, y siempre se hace con el sacrificio ciudadano a través de más impuestos, o adquisición de más deuda que genera déficit que genera inflación, lo cual es algo increíble que las personas acepten de manera tan pasiva, comenta Giménez.
“¿Cuánto tiempo deben los ciudadanos trabajar para tributar al Gobierno y luego descontar lo que queda para su bolsillo? No es algo particularmente justo. La inflación es un impuesto silencioso, que lo pagamos todos sin darnos cuenta, quien más lo sufre es el más débil que cobra salarios fijos”, destaca la especialista.
Algunos economistas recomiendan que para hacerle frente al pago de la deuda pública se disminuya el gasto público (programas sociales), se renegocie y refinancie la deuda, se utilicen los ingresos del Canal para el pago de deuda, e incrementen las tasas impositivas indirectas.
También sería necesario generar ahorro en la gestión pública reduciendo la inversión pública, hacer uso del Fondo Soberano de Panamá, pagar con los ingresos que aporta el Canal de Panamá al Tesoro Nacional, incrementar los impuestos, principalmente los indirectos, tasas, e impuesto de bien inmueble.
Resulta preocupante que una Institución caracterizada por sus buenas prácticas y altos estándares éticos, técnicos y profesionales, como es la ACP, se vea lesionada en su imagen por intrigas, conflicto de intereses, y demás malas prácticas que son propias de la politiquería criolla, de la cual se mantenía al margen el canal de Panamá.
Sin embargo, tres altos ejecutivos de la junta directiva de la ACP –nombrados por el gobierno de turno– han sido protagonistas en los medios de comunicación las últimas semanas, por una tormenta que gira en torno a la suspensión en septiembre del presente año, del proyecto para construir en el lado pacifico del canal de Panamá en el área de Corozal, un mega puerto sobre 112 hectáreas, que sirva de centro de trasbordo de contenedores, interconectado al mismo con el ferrocarril transístmico, la autopista Panamá – Colón, y los corredores norte y sur, el cual tendría la capacidad de alojar hasta cuatro buques post panamax.
Dadas todas las ventajas logísticas y de transporte multimodal de que dispone Panamá por su privilegiada posición geográfica, e infraestructura envidiable que está siendo mejorada con la ampliación del canal, la construcción de un mega puerto en el lado pacifico del canal ampliado, resulta un proyecto razonable, estratégico y necesario para explotar al máximo las potencialidades de que goza Panamá. De hecho, USA está ampliando sus puertos de la costa este y del golfo, con la finalidad de aprovechar al máximo la ampliación del canal de Panamá; de manera que, con mucha más razón, Panamá que es el dueño del proyecto, debe adecuarse a estas nuevas realidades y oportunidades para mantenerse competitivo como uno de los principales hubs portuarios del planeta (Panamá ocupa el sexto lugar a nivel mundial en el Índice de competitividad global en calidad de infraestructura portuaria, y el primer lugar a nivel de LATAM).
De modo que, el canal de Panamá y todas las actividades conexas al mismo, deben mantenerse al margen del cáncer politiquero, conflicto de intereses, y malas prácticas que corroen a las instituciones panameñas. Las decisiones que la Junta Directiva de la ACP tome, deben basarse en criterios estrictamente técnicos; no en intereses creados de grupo empresarial o directivo alguno. El país está por encima de cualquier empresa extranjera o nacional, y no permitiremos que ningún Bunau Varilla moderno, establezca los límites de qué debe o no hacer Panamá en materia portuaria, ni que mercader alguno, lucre a costillas del principal activo de la nación.
Además, de ninguna manera debemos permitir que se ventilen públicamente temas que competen a la Junta Directiva de la ACP –ojalá que no sea con el malintencionado propósito de desprestigiar a equis ejecutivo, y beneficiar a algún grupo empresarial en particular– en los medios de comunicación. Si existe algún proceso o investigación en curso, esta debe mantenerse en el ámbito que le corresponde, y no viciarse ventilándola en los medios en pleno proceso, violándose así los procedimientos internos de la ACP que impiden dicha práctica.
En fin, mucha sangre, vidas, sudor y lágrimas, costó la recuperación de la vía interoceánica, para permitir que la gula de gente inescrupulosa que no conocen de frenos ni límites, contamine a la ACP de las malas artes de la política criolla, la cual considera al Estado un botín político para repartirse. Por cierto, recuerdo a un tristemente célebre presidiario italiano de apellido Lavitola que, compartía esa visión de convertir al canal en un botín político, y ya estaba pensando en algunos nombres que sugeriría al gobierno de turno para ocupar la vacante de administrador del canal de Panamá.
Las cosas que se ven en este gobierno que ha cruzado las más sagradas fronteras patrias al meterse (los ejecutivos y magistrados que nombra) con la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), TE (Tribunal Electoral), etcétera, no tienen nombre.
