Por: Erick Simpson Aguilera
Voceros del gobierno defienden lo indefendible un día sí y otro también; opinólogos con fama de expertos y aura de gurús, inundan los medios de comunicación cada día, tratando de convencernos a los ciudadanos de las bondades del acuerdo de colaboración pactado entre el Estado panameño y la empresa Odebrecht; “independientes” que resultan ser muy pro-gobierno para mi gusto, lo cual dicho sea de paso, es su derecho, siendo que cada uno sabe a quién ofrece sus apegos y afectos por más que los niegue, opinan que el Caso Odebrecht es muy complejo, ergo debemos conformarnos según ellos, con el acuerdo en mención aunque este se enfoque sospechosamente en un solo periodo de gobierno, y también alaban el desempeño del Ministerio Público en el tema que nos ocupa.
En lo que a mí concierne, respeto todas las opiniones y no caeré en el error de descalificar a quienes no compartan mi punto de vista que es el siguiente:
Dudo mucho que, el acuerdo de colaboración pactado entre las autoridades judiciales panameñas y la empresa Odebrecht, se incline a favor de Panamá, toda vez que, el mismo está basado en cifras de sobornos confesados por la empresa, sin que nuestras autoridades hayan hecho todas las auditorías requeridas para determinar legalmente el tamaño verdadero de la lesión patrimonial, es decir, multaron a la empresa con una cifra random sin establecer primero el monto total de posibles coimas y sobrecostos pagados en todos los periodos gubernamentales.
Así las cosas, las cifras no me cuadran a favor de Panamá habida cuenta que, si a la empresa Odebrecht se le han adjudicado desde su llegada al Istmo hasta la fecha, contratos por el orden de los $10 mil millones de dólares, y según el ex directivo del infame Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -entiéndase, Departamento de Coimas- y ahora delator prolífico, Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, “La empresa obtenía recursos para pagar sobornos a una tasa de 22% que debitaba a las obras”, deducimos entonces que, los sobrecostos aplicados a obras panameñas para alimentar a la famosa “Caja 2 del Departamento de Propinas de Odebrecht”, con el propósito de sufragar sobornos, pudieran rondar los $2 mil doscientos millones de dólares, y no los $ 220 millones de dólares de multa que aplicó el Ministerio Público a la empresa en base al mencionado acuerdo, los cuales representan solo el 2% de la totalidad en contratos y no el 22% que es la tasa que los delatores de la empresa confesaron aplicar en sobrecostos.
Sería muy tenaz y poco patriótico que los panameños permitamos que una empresa corrupta confesa que sigue en el país como si nada hubiera pasado, nos defraude por una suma estratosférica, y que solo nos resarza una ínfima suma simbólica con relación al verdadero daño patrimonial y reputacional que nos causó, y de colmo se dé el lujo de ocultarnos muchos de los nombres de los receptores de sus coimas para impedir que podamos detenerlos, condenarlos y recuperar nuestros fondos públicos desviados a sus bolsillos. Por eso es que no creo que el citado acuerdo nos favorezca, porque desconocemos los criterios aplicados por el Ministerio Público para calcular una multa sin haber agotado todas las auditorias requeridas para medir el daño en su totalidad y entonces resarcirlo a cabalidad.
Ahora bien, como en temas legales no se puede especular, lo que procedía era que el Ministerio Público panameño por medio de sus fiscales, les preguntaran a los delatores brasileños si también en Panamá aplicaron esa tasa de sobrecostos del 22% para sufragar los sobornos pagados a funcionarios panameños y para alimentar a la Caja 2 del escándalo Lava Jato.
A propósito, les pregunto con todo el respeto a aquellos defensores a ultranza del acuerdo de colaboración y a quienes alaban al Ministerio Público y justifican su pobre desempeño alegando que el tema Odebrecht es muy complejo y que los fiscales carecen de recursos para agilizarlo como exige la ciudadanía, lo siguiente:
1- ¿Qué tan complejo es, y cuántos recursos financieros y humanos requiere el Ministerio Público para preguntarles a los delatores brasileños si han aplicado sobrecostos a todas las obras que le adjudicaron tres gobiernos en Panamá, -obras estas que suman los $10 mil millones de dólares-, y si es así ¿a qué tasa aplicaron los sobrecostos?
Los fiscales brasileños lo preguntaron; no entiendo por qué los nuestros no.
2- ¿Cuánto de lo cobrado en sobrecostos han destinado al pago de coimas y quiénes son los beneficiarios finales de dichos sobornos?
Los fiscales brasileños lo preguntaron; no entiendo por qué los nuestros no.
3- ¿A través de qué medios, léase, testaferros, bancos, etcétera, se pagaron los sobornos y en cuáles fechas?
Los fiscales brasileños lo preguntaron; no entiendo por qué los nuestros no.
4- ¿A cuáles partidos y candidatos políticos les han financiado sus campañas electorales desde que operan en Panamá hasta la fecha, y a cambio de qué?
Los fiscales brasileños lo preguntaron; no entiendo por qué los nuestros no.
5- Etcétera.
Acto seguido, se contrastaría la información obtenida de los delatores con toda la información judicial pertinente, la cual reposa en Brasil, Estados Unidos, Suiza y España, y se compararían las tasas de sobrecostos confesadas versus los hallazgos de las auditorias para verificar si se ajustan a la realidad o si se quedan cortas.
Ah, verdad que las autoridades judiciales panameñas no quisieron colaborar con sus pares de otros países en su momento; que parece que solo les interesa la información que incrimina a un gobierno en particular; que pasan por alto las denuncias que involucran a otros gobiernos (Tacla, Lasso); y que no han realizado todas las auditorias correspondientes sin discriminar periodo gubernamental alguno, de manera que pudieran disponer de haberlo hecho, de todos los elementos de juicio necesarios para verificar la autenticidad o falsedad de las delaciones recibidas.
En lo que a mí respecta, considero que no se precisa de grandes recursos financieros y humanos para hacer un cuestionario serio y directo con el cual indagar a los delatores de Odebrecht, y para solicitar la información abundantemente recopilada por las autoridades judiciales de Brasil, Estados Unidos, Suiza, y España, concerniente al Caso Odebrecht.
Ahora bien, si el caso en cuestión le queda muy grande al Ministerio Público, pues entonces hubieran solicitado ayuda a la ONU para crear una Comisión Internacional Independiente Contra la Impunidad, y así no tuvieran excusas ahora para tratar de justificar su inoperancia que afecta el país al desconocerse la verdadera cuantía de la lesión patrimonial ocasionada por la empresa Odebrecht a Panamá en concepto de coimas y sobrecostos.
No sé, quizá como soy un neófito en temas legales no entiendo todos los tecnicismos, ni los pormenores del caso que nos ocupa, y por eso no veo las supuestas bondades del acuerdo de colaboración, ni el gran desempeño del Ministerio Público que otros sí ven, y por mi ignorancia en temas legales tampoco acabo de entender cómo es que si los fiscales representan los intereses de la nación panameña y no los de la empresa Odebrecht, el acuerdo en mención pareciera en mi opinión, favorecer a la empresa en detrimento de Panamá, toda vez que, reitero, se multa a Odebrecht con $220 millones de dólares sin conocerse el tamaño real de la lesión patrimonial sufrida por Panamá en conceptos de coimas, sobrecostos y reputación, y además se le dan facilidades para pagar en largos plazos de 12 años, mientras nosotros –los panameños– seguimos sin saber a ciencia cierta cuánto daño nos causaron y a quiénes beneficiaron con sus coimas, léase, seguimos desconociendo la lista completa de coimeros que precisamos conocer para recuperar íntegramente el patrimonio lesionado y evitar que triunfe la impunidad y que nuestros fondos públicos sigan en manos de terceros.
En fin, reitero mis respetos a todas las opiniones aunque no las comparta, porque no poseo el patrimonio de la verdad, pero lo que sí poseo es sentido común y discernimiento para entender que, por más que se diga que un aporte monetario de la empresa Odebrecht, según quién lo reciba, puede calificarse ambiguamente como soborno en unos casos, o como donación inocente e inofensiva en otros, lo cierto es que, Odebrecht no es cualquier empresa; de hecho, su dueño (Marcelo Odebrecht) entre otros delitos fue condenado a 19.5 años de prisión en Brasil por pertenencia a banda criminal, corrupción, lavado de dinero, etcétera, y dicha empresa hasta Departamento de Coimas tenía. Ergo, no hay que ser muy inteligente para entender que una empresa confesa de corrupción internacional, con semejante prontuario delictivo y modus operandi mafioso, no aporta o invierte dinero en campañas electorales gratuita y altruistamente, pero sí a cambio de contratos en combo –entiéndase, con posibles sobrecostos y adendas-, los cuales nunca le han faltado en los últimos tres gobiernos y de hecho, en el actual gobierno con el Caso Lava Jato en pleno apogeo, siguió la empresa Odebrecht licitando e invictamente ganando cuanto contrato por mega obras multimillonaria se licitara.
A propósito, por el manejo de la famosa “Caja 2 de Odebrecht” (Caso Lava Jato) que era alimentada con el dinero proveniente de los sobrecostos, y mediante la cual se financiaba ilícitamente la actividad política en Brasil, se han investigado en dicho país, a exmandatarios, senadores, diputados, empresarios, y ejecutivos de empresas estatales, sumando dichos casos condenas de 1,300 años de cárcel. Sin embargo, en Panamá las donaciones de Odebrecht a campañas políticas, no ameritan investigación alguna -al menos que seas de la oposición- porque acá son donaciones inocentes, pulcras y legales que se aportan a cambio de nada. Sí, ajá.
De pronto hasta resulta verdad el milagro aquel de que ciertas donaciones de Odebrecht obedecieron a un espíritu altruista y están libres de pecado, y también el prodigio aquel de que el infame Departamento de Coimas de Odebrecht no operó en 2 gobiernos y solo se activó en el gobierno del medio, pero, dichos milagros están duros de creer mientras no se realicen las investigaciones y auditorias pertinentes a los tres gobiernos en los que operó la empresa, y así determinar mediante hallazgos de auditoria si Odebrecht siguió con sus conocidas y confesas malas prácticas durante los tres gobiernos, o si se santificó en dos de ellos en los que operó en buena lid y sin recurrir a sus famosas artimañas.
Respeto la presunción de inocencia y el debido proceso, y también exijo que se respete mi inteligencia y derecho a exigir como ciudadano panameño que soy -ergo dueño como todo panameño de nuestro patrimonio lesionado por Odebrecht- que se investigue todo lo actuado por dicha empresa desde que llegó a Panamá hasta la fecha de hoy, sin dejar contrato, centavo, partido político, ni gobierno alguno, por fuera.
A las calles hermanos panameños de todas las provincias, comarcas e islas, que, así como recuperamos la Zona del Canal, nos toca ahora recuperar la institucionalidad y justicia de nuestro país de las garas de la corrupción. No más impunidad.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
