Por: Erick Simpson Aguilera
De modo que, después de no cooperar el Ministerio Publico panameño en su debido tiempo con los fiscales brasileños que solicitaron su asistencia judicial cuando estalló el escándalo Lava Jato (Odebrecht); después de alegar el gobierno y autoridades panameñas que los casos de corrupción en que estaba envuelta la citada empresa era un tema exclusivo de Brasil que no se dio en Panamá en donde según ellos el actuar de la empresa era pulcro y ejemplar rivalizando con los más santos ángeles del cielo; después de verse rebasados el gobierno y el Ministerio Público por la condena a 19.5 años de prisión impuesta en Brasil a Marcelo Odebrecht por corrupción y demás delitos, y por los arrestos y condenas impuestas a los más altos ejecutivos de la empresa que comenzaron a cantar, confesar y delatar sus malas prácticas, a sus secuaces y demás corruptelas; después de salir a relucir en los acuerdos de delación e indemnización realizados entre Odebrecht y los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza, que en efecto, la empresa había sobornado por la suma de $59 millones de dólares a funcionarios panameños; después del risible “Acuerdo Verbal Formal” que alegó la Procuradora Kenia Porcell haber realizado con la corrupta empresa en cuestión; después de pedirnos a los ciudadanos que exigimos justicia caiga quien caiga y no más impunidad, que tuviéramos paciencia porque la lista de coimeros se conocería y los implicados de todos los gobiernos serían llevados ante la justicia; nos salen ahora con este fiasco de acuerdo que favorece a la corrupta empresa Odebrecht que pagará $220 millones de dólares de multa en 12 largos años en los que podrá seguir operando, y que solo se enfoca cual si de una persecución política selectiva se tratara, en investigar un solo periodo de gobierno.
Perdónenme señores del Ministerio Público, del gobierno en sus tres poderes del Estado, de la Contraloría, de la banca, de los medios de comunicación pro-gobierno, los pseudo independientes pro-gobierno de la sociedad civil, y demás defensores acérrimos del acuerdo que favorece a Odebrecht, que perjudica a Panamá, y que exonera a ciertos coimeros que se mantendrán al margen de las investigaciones e impunemente seguirán gozando del producto mal habido a costa del patrimonio estatal, si no salto de alegría, si no aplaudo de pie, y si no lanzo fuegos artificiales, por este acuerdo que en mi opinión resulta lesivo a los intereses de la patria cuyo patrimonio fue lesionado sin que se haya medido mediante auditorías e investigaciones de los tres periodos de gobierno en que operó la empresa Odebrecht, el tamaño real de la lesión patrimonial que quizá puede ser mayor a los $220 millones de dólares en multa impuesta a la empresa en cuestión.
Ahora podemos entender en la práctica a qué se debe que el Foro Económico Mundial en su Índice de Competitividad Global 2017/2018, calificó a Panamá como uno de los peores países del mundo (lugar 120 entre 137 naciones evaluadas), en materia de independencia judicial. De hecho, fue en dicho subíndice en el que obtuvimos la peor posición de todas. Palabras más, palabras menos, nuestro sistema de justicia es un mal chiste, carece de independencia, promueve la impunidad, y el mundo lo sabe.
En fin, hermanos/as panameños/as, ya sabemos a qué atenernos con los tres Órganos del Estado, el Ministerio Público, la Contraloría y demás inoperantes instituciones. Razón por la cual, tenemos que tomar cartas en el asunto mediante marchas y protestas masivas para que el tema Odebrecht siga vigente por más que ciertos sectores nos pidan que pequemos de conformistas aceptando que el mismo sea parcial y selectivamente judicializado, pasando por alto contratos multimillonarios entre el Estado y Odebrecht, los cuales no han sido investigados ni auditados, no obstante el prontuario delictivo de la empresa en cuestión que confesó operar un Departamento de Coimas para efectos de sobornar a funcionarios y así conseguir contratos públicos, por lo que no podemos circunscribir las investigaciones exclusivamente a los $59 millones de dólares en coimas que la empresa acepta haber pagado a funcionarios panameños, como si nuestras instituciones tienen que basarse en la palabra de semejante empresa y faltar a su deber de salvaguardar el patrimonio de la nación investigando a cabalidad todo lo actuado por Odebrecht, y juzgando en derecho a quienes resulten implicados en todos los gobiernos.
Por más que se pretenda delimitar el caso que nos ocupa exclusivamente al gobierno CD, los panameños debemos seguir exigiendo a las autoridades actuales, y a los candidatos presidenciales en la campaña electoral que se aproxima, que se comprometan a reabrir el caso con la ayuda de la ONU (Comisión Contra la Impunidad), e investigar hasta el último centavo contratado a la empresa Odebrecht durante los tres gobiernos en que ha operado, y eso no hay acuerdo sesgado que lo impida ni sepulte. No pudo el imperio más poderoso del mundo someternos a un tratado a perpetuidad de dominio yankee sobre la antigua Zona del Canal, y los panameños los obligamos a renegociar un nuevo tratado con fecha de cumplimiento para su salida del Istmo, y mucho menos podrán una empresa brasileña confesa de corrupción y las complacientes autoridades panameñas que dejan mucho que desear, obligarnos a que este caso de talla mundial que hace añicos nuestra reputación, termine en una farsa, en un circo, en un show, en nada, en la impunidad, y con nuestros fondos públicos en manos de coimeros.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
