PANAMÁ BLOG

Por: Erick Simpson Aguilera

Ahora sí, con calma y cabeza fría, me dispongo a abordar con el mayor de los respetos el tema de la multa impuesta mediante acuerdo por el Ministerio Publico de Panamá a la empresa brasileña Odebrecht.

Esta noche con la adrenalina al tope cuando entrenaba (boxeo y pesas), tuiteaba en intervalos acerca del tema que nos ocupa, pero no es buena idea tuitear sobre un tema que me frustra en extremo como es el Caso Odebrecht, mientras estoy lleno de furia golpeando un saco de boxeo, porque luego cometo el error de tuitear desde la frustración y no leer con cuidado los tuits que me responden los cuales puedo mal interpretar en el momento.

De modo que, pido disculpas a cualquiera que haya podido ofender con mis tuits explosivos y llenos de rabia.

Dicho eso, entramos en materia.

Mi opinión personal -que no tiene que ser la verdad absoluta por no ser yo el dueño de la misma- sobre el acuerdo del Ministerio Público con la empresa Odebrecht, y en particular acerca de la multa de $ 220 millones de dólares pagaderos a 12 años, impuesta a la empresa en mención, es que dicho acuerdo no resarce el daño causado por Odebrecht a la nación panameña y explico el porqué de mi opinión.

Si a la empresa Odebrecht desde que arribó a Panamá durante la Administración de Martin Torrijos hasta la fecha, léase, hasta la Administración del presidente Juan Carlos Varela, se le han adjudicado mega obras que rondan en su totalidad los $ 10 mil millones de dólares, y la empresa en cuestión es confesa de aplicar sobrecostos y coimas en las obras que realiza mundialmente, creo que, el Ministerio Público antes de calcular la multa debió asegurarse de medir bien y con exactitud el supuesto daño causado al patrimonio panameño auditando todos los contratados adjudicados a dicha empresa desde que llegó al país, hasta la fecha de hoy.

Con esto no estoy acusando a ninguna administración gubernamental pasada ni presente de coimera, pero como ciudadano panameño con derechos y responsabilidades estoy exigiendo que se rindan cuentas cabalmente, y no de manera selectiva auditando en tiempo récord la Contraloría una sola obra adjudicada a la empresa y de un solo periodo gubernamental, entiéndase, de la Administración Martinelli.

Así como mediante un audito forense de todos los contratos ($ 10 mil millones de dólares) adjudicados a Odebrecht puede que no resulten hallazgos de lesión patrimonial -lo cual sería prácticamente un milagro dado el manchado historial de la empresa confesa de corrupción-, también puede que sí resulten hallazgos de lesión patrimonial superior a las $ 220 millones de dólares impuestos de multa los cuales, para colmo, serán pagados en un eterno plazo de 12 años.

En fin, me causa mucha indignación -por no decir frustración- el hecho de que desde el 17 de marzo de 2015 el Ministerio Público de Panamá recibió la solicitud de información firmada por el fiscal brasileño Deltan Dellagnol, relacionada con los ilícitos cometidos por la empresa  Odebrecht en Panamá, solicitud ésta que dicho sea de paso, fue respondida de manera parcial 18 meses después, hecho que provocó el malestar de las autoridades judiciales brasileñas que acusaron a sus pares panameños de poco colaboradores -por no decir de entorpecedores-, y que 2 años y 4 meses después todavía estemos hablando de cómodos acuerdos ($220 millones de dólares pagaderos a 12 años) firmados con una empresa a la que se debió investigar desde el primer momento que sonaron las alarmas, para así medir y cuantificar con exactitud el verdadero daño causado a Panamá.

Así las cosas, es menester que los ciudadanos panameños sigamos ejerciendo presión hasta que el Ministerio Público investigue a la empresa Odebrecht desde que llegó a Panamá hasta la fecha de hoy (sin dejar ningún contrato por fuera), e indagar además de los testigos detenidos en Brasil, también a Rodrigo Tacla Durán, para determinar si sus afirmaciones sobre el caso que nos ocupa tienen fundamentos sustentables en pruebas fehacientes o no.

De lo contrario seguiremos con aquella frustrante sensación de haber sido atracados y estafados por una empresa confesa de corrupción que seguirá trabajando en el país como si nada hubiera pasado, y nos pagará en 12 años una irrisoria multa de consolación, en comparación con el gran daño causado a nuestra patria Panamá.

Saludos cordiales.

Erick Simpson Aguilera.

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