Por: Erick Simpson Aguilera
Otra vez más estalla el escándalo Odebrecht involucrando a altos funcionarios y ciudadanos panameños desde el exterior, porque tal parece que en Panamá tenemos el Ministerio Público más ineficiente del mundo -por no decir encubridor- que aún con un caso confeso, juzgado, resuelto y hasta premiado (delaciones premiadas) es incapaz de determinar quiénes son los panameños envueltos en la trama de corrupción internacional más grande de la historia.
Así las cosas, desde España en donde fue detenido y será juzgado por los presuntos delitos de blanqueo, soborno y pertenencia a organización criminal, el ex-abogado (hasta 2016) de nada más y nada menos que el Departamento de Coimas de Odebrecht (Departamento de Operaciones Estructuradas), Rodrigo Tacla, ha hecho señalamientos explosivos acerca de supuestos vínculos ilícitos (flujos de dinero y conspiración para obstruir la justicia) entre la empresa en cuestión, allegados a, y el mismo presidente Juan Carlos Varela.
Por lo delicado del caso y para evitar yerros en la exposición del mismo, trataré de ser lo más textual posible, y para tales efectos procedo a citar parte de la entrevista realizada por el diario El País de España (que no es ningún pasquín amarillista), al abogado Rodrigo Tacla (que no es ningún advenedizo que desconoce el manejo sucio de la empresa Odebrecht):
P- ¿Cuánto gastaba la empresa al año en comisiones ilegales?
R- Cerca de 260 millones de euros. El dinero se movía en efectivo, a través de cuentas en paraísos fiscales y transferencias internacionales. La constructora, por seguridad, nunca pagaba en los países de origen del beneficiario. Y usaba el Meinl Bank para enviar fondos a Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denominan los cargos públicos susceptibles de cometer blanqueo. Así se hizo llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.
P- ¿Se pagaron sobornos en especie?
R- Sí. Odebrecht intentó en 2014 regalarle un avión al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. El político lo rechazó. La constructora quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido (el oficialista Cambio Democrático) que concurría a las elecciones generales de 2014, José Domingo Arias, Mimito.
Odebrecht también organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje…
P- ¿Se hacían fotos en esas fiestas?
R- Sí. Y se guardaban. El responsable de Odebrecht en Panamá, André Rabello,sabía cómo utilizar esas fotos. Rabello también manejaba información sobre las esposas y las relaciones extraconyugales de los políticos panameños. La constructora hacía regalos a sus mujeres.
Asistí a una reunión donde Rabello dijo que tenía la confirmación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de que el país no iba a contestar a los requerimientos judiciales de Brasil [sobre el caso Odebrecht].
P- Odebrecht ha reconocido que pagó 51 millones de euros en sobornos a oficiales del Gobierno de Panamá entre 2010 y 2014, ¿es correcta la cifra?
R- La cantidad es mayor. La firma corrió con los gastos de los principales candidatos de las elecciones generales panameñas de 2014: el oficialista José Domingo Arias y su adversario, el actual presidente, Juan Carlos Varela. Apostó por los dos.
La constructora también abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de Varela. El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong.
Cuando Varela era vicepresidente (2009-2014), se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema empresarial en EE. UU. y temió que se le investigara.
Pregunta. La Fiscalía Anticorrupción investiga obras en Latinoamérica de constructoras españolas que integraron consorcios con Odebrecht. Firmas como Acciona, que participó en el metro de Quito (1.400 millones de euros), o FCC, que ha ejecutado el suburbano de Panamá (1.650), están bajo sospecha. ¿Cuál fue el papel de estas empresas?
Respuesta. No le puedo dar detalles porque estoy colaborando con la Fiscalía Anticorrupción española. Sí puedo decirle que la Fiscalía me preguntó si estaba interesado en aportar información a Panamá. Contesté que no tenía ningún problema, siempre que la colaboración siguiera el cauce judicial. No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal [extrajudicial]. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar.
P- ¿Por qué Panamá no quiere seguir la vía convencional de colaboración judicial?
R- La clave está en la amistad del responsable de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, con el presidente del país, Juan Carlos Varela. Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy.
Como pudieron ver estimados lectores, la entrevista concedida por el abogado Rodrigo Tacla tiene las proporciones de un tsunami, es una pesadilla, y constituye una misma película de terror con el potencial de sumir a Panamá en una crisis institucional y de ingobernabilidad, toda vez que, la persona a la que acusa de tantos delitos tan graves y de alto calibre es nada más y nada menos que el presidente en funciones de la República de Panamá, Juan Carlos Varela.
Ahora bien, debemos ser responsables, respetar la presunción de inocencia del ciudadano presidente, y no dar por ciertas –pero tampoco por falsas– las declaraciones de Rodrigo Tacla, hasta que las autoridades panameñas establezcan la veracidad o falsedad de las mismas.
No obstante, este caso es en extremo complicado habida cuenta que, aún el Ministerio Público panameño es acusado por Rodrigo Tacla de cómplice y encubridor que entorpece y frustra las investigaciones para que no se sepa la verdad en Panamá debido a presiones ejercidas por Juan Carlos Varela que es amigo de André Rabello, y de hecho, los fiscales brasileños son de la misma opinión respecto al dudoso accionar u omisión de los fiscales panameños en el caso que nos ocupa, por lo que en este momento el Ministerio Público cae en la categoría de juez y parte. Así de desprestigiada local e internacionalmente está la justicia panameña.
Ante tal disyuntiva que tiene ribetes de callejón sin salida, no nos queda de otra a los panameños que tomarnos las calles exigiendo la separación de sus cargos del presidente Juan Carlos Varela, y de la procuradora Kenia Porcell, para que las investigaciones pertinentes se lleven a cabo sin ningún tipo de presión.
Sí, yo sé que suena fuerte exigir que se separen de sus cargos los funcionarios en mención, sin embargo, no es cualquier caso el que nos ocupa. De hecho, este caso tiene el potencial de desestabilizar política, social y hasta económicamente al país, y Panamá está por encima de cualquier funcionario por más alto que sea el cargo que este ocupe.
A los panameños no nos basta con que se descalifique al abogado Rodrigo Tacla; con que se nos diga que la entrevista publicada por el Diario El País de España fue sembrada por enemigos de Juan Carlos Varela desde Miami; ni con ningún otro argumento mediante el cual nos piden confianza.
En lo que a mi concierne, considero que es más importante determinar si el mensaje es veraz o no, que determinar si la intención del mensajero obedece a una vendetta o encargo de terceros. Dicho de manera más sencilla, lo importante aquí no es si alguien le encargó a Rodrigo Tacla delatar a equis persona y eximir a otra, sino más bien si lo que señaló del presidente Juan Carlos Varela es cierto y puede demostrarlo.
A esta altura del partido, y con los antecedentes de impunidad del caso en cuestión; con la falta de voluntad de las autoridades panameñas para investigarlo; con las quejas de los fiscales brasileños y suizos en contra de sus pares panameños; con lo que ya se decía acerca de que un presidente panameño había silenciado al Ministerio Público; con la manía del gobierno actual de contratar a Odebrecht en cuanta mega obra multimillonaria se licitara en Panamá a pesar de estar el escándalo Lava Jato en pleno apogeo y Marcelo Odebrecht preso y condenado a 19.5 años de prisión; y con el secretismo en cuanto a los nombres de la lista de coimeados señalados en las delaciones de Brasil; no pretenderá el gobierno que sus pedidos de confianza tendrán eco en una ciudadanía hastiada de la impunidad y que lo que exige es justicia y que se investigue a cabalidad caiga quien caiga. No es un tema de confianza en instituciones desprestigiadas y sin credibilidad; es un tema de justicia.
Pueblo panameño, llegó la hora de hacernos sentir en las calles, porque o rescatamos a nuestra nación de la debacle y la podredumbre que la corroe –de la cual el Caso Odebrecht es la insignia-, o nos hundimos todos. No hay vuelta atrás.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
