PANAMÁ BLOG

Por: Erick Simpson Aguilera

Que la Asamblea Legislativa no cumple con sus funciones constitucionales de fiscalización y más bien es participe de la debacle institucional que sufre Panamá, no es ningún secreto.

Que la gran mayoría de las leyes que aprueba dicha institución son lesivas a los mejores intereses de la patria y solo benefician a sus cúpulas partidistas y donantes, no es nada nuevo.

Que la Asamblea Nacional no es un contrapeso a los otros Órganos del Estado por la sencilla razón de que no pesa absolutamente nada y su subordinación es notoria, es un hecho conocido por la ciudadanía panameña.

Que en el pasado quinquenio muchos diputados que fueron reelectos en sus cargos, léase, están ejerciendo funciones actualmente, recibieron partidas circuitales por el orden de $ 416,678,206.00 millones de dólares, cuyo uso no han podido justificar y no obstante eso, el Órgano Judicial y la Contraloría en una suerte de pacto de no agresión para que prospere la impunidad, se han resistido a auditar tamaña cifra millonaria en partidas circuitales, es un tema de dominio público.

Que la Asamblea Legislativa es un ente inoperante, servilista a los dictámenes del Órgano Ejecutivo, carente de debate de altura, dado al circo, y experto en legislar acerca del día del sancocho, la cutarra, los almojábanos, el violín y demás hierbas aromáticas por el estilo, lo sabemos hasta la saciedad.

Que los $ 14 millones de dólares en “donaciones”, y los $ 68 millones en contratos por “servicios profesionales” gestionados por algunos diputados que usurpan funciones que no les competen a la Asamblea, no resisten una auditoria seria por lo irregular de dichos manejos, muy poca gente lo duda.

Etcétera, etcétera, etcétera.

El tema es ¿qué haremos los panameños ante éste nuevo escándalo de los padrastros de la patria?

Sí, yo sé que algunos dirán que son el Órgano Judicial y la Contraloría quienes pueden investigar a los diputados y tienen toda la razón. Sin embargo, dificulto mucho que el Órgano Judicial que hizo caso omiso de los B/. 416,678,206.00 millones de dólares en partidas circuitales sin sustentar por la Asamblea, se incomode o mueva un dedo ahora para investigar los $ 82 millones de dólares en donaciones y contratos brujos. De querer hacerlo, ya lo hubieran hecho sin esperar la presión ciudadana.

En cuanto a la Contraloría se refiere, hace rato entendí que el cargo le queda grande al actual contralor que siempre tiene mil excusas para no auditar los contratos de Odebrecht, las partidas circuitales y ahora las ilegales donaciones. Entiendo que, debido a la presión ejercida por la opinión pública, se han anunciado auditorias por parte de la Contraloría, no obstante, es más fácil que el Diario La Prensa detecte los hallazgos de dolo, que lo haga una Contraloría inoperante que refrendó previamente éstas donaciones y contratos espurios los cuales nunca debieron aprobar por inconstitucionales.

De pronto algún diputado se sienta ofendido por mis palabras y alegue que no es un corrupto, y que puede justificar toda su gestión de partidas circuitales millonarias, y de donaciones y contratos por concepto de servicios profesionales. Si es así, enhorabuena por su documentada gestión; reciba mis disculpas por generalizar; y proceda por favor a publicar en la web toda la documentación sustentadora que justifica su manejo de los fondos en mención de manera que los ciudadanos nos calmemos y que la Contraloría pueda agilizar las auditorias. De lo contrario no nos queda de otra a los ciudadanos que poner en tela de duda sus palabras que no bastan para transparentar el tema en cuestión.

Así las cosas, me temo que la ciudadanía panameña deberá indignarse en serio en contra de todos los abusos de los tres Órganos del Estado que pisotean la Constitución y las leyes un día sí y otro también, y en contra de las inoperantes instituciones fiscalizadoras que no fiscalizan absolutamente nada, porque me da la impresión de que más que indignación lo que hay es una resignación de una ciudadanía habituada a la vida fácil de la zona de confort, cuya indignación es de corto alcance, con mentalidad carnavalera, y que espera a que sean otros los que luchen por sus libertades, democracia, justicia, y equidad.

Mientras sigamos de brazos cruzados con la perezosa mentalidad de colonia, esperando a que los colombianos defiendan el Istmo de Panamá (La Gran Colombia), o que los estadounidenses velen por nuestra “soberanía” (Antigua Zona del Canal), puede que logremos algunos cambios pírricos por la presión que desde afuera se está ejerciendo en contra del corrupto sistema político panameño que se está desplomando poco a poco por casos de talla mundial  como los denominados Panamá Papers, Lava Jato (Odebrecht), Lista Clinton, etcétera, pero el precio a pagar será muy alto porque seguiremos siendo un vulgar departamento de otro país, o un protectorado del imperio yankee.

Ergo, somos los propios panameños quienes tenemos que decir basta ya a esa elite corrupta que está haciendo añicos la reputación del país y saqueando las arcas del Estado panameño. Lo diré más claramente para que entendamos: El Órgano Judicial cuyo magistrado presidente (José Ayu Prado) según el abogado Ramón Fonseca Mora (silenciado oportunamente cuando denunciaba al gobierno), es manejado por el Ejecutivo; el Órgano Judicial que no investigó los $ 416,678,206.00 millones de dólares en partidas circuitales; el Órgano Judicial que, según el Foro Económico Mundial y su Índice de Competitividad Global, carece de independencia judicial y es uno de los peores del mundo; etcétera; no investigará a los diputados toda vez que, algunos magistrados también tienen denuncias en La Asamblea. De manera que prevalecerá el pacto de no agresión.

En cuanto al Órgano Ejecutivo se refiere, los $ 2,600 millones de dólares adjudicados por el mismo a la empresa Odebrecht, no serán investigados ni auditados en serio comoquiera que, reitero, no existe independencia judicial en Panamá, ergo ni la Corte, ni la Asamblea, ni el Ministerio Publico, ni la Contraloría, se atreverán a investigar ni auditar al Órgano Ejecutivo en funciones.

En fin, Panamá está secuestrado en un círculo vicioso en el que reina la impunidad, en el que los poderes del Estado se cubren uno al otro, en donde no existe una verdadera rendición de cuentas, y en donde la única salida que se vislumbra es que desde el exterior nos den la estocada final por rebasar nuestro país todos los estándares de la corrupción, con el alto precio que implicaría un desplome de nuestro sistema político debido a las secuelas del Caso Lava Jato u otro de igual índole que pueda estallar desde afuera como está ocurriendo últimamente.

Descarto la vía indignación ciudadana como salida a la debacle política que vivimos toda vez que, no veo a un pueblo verdaderamente indignado sino más bien resignado y rendido a sus captores cual victimas del Síndrome de Estocolmo, y dificulto mucho que un pueblo que añora el retorno de Ricardo Martinelli, al que muchos panameños  -de todas las clases sociales- consideran un héroe, salvador, y “mesías” (que barbaridad), tenga la estatura moral para indignarse por el fiasco político que sufrimos cuando muchos en dicho pueblo se identifican y se sienten bien representados por el mencionado expresidente.

Me duele decirlo, pero considero que Panamá padece una crisis de valores que rebasa a la clase política y alcanza también a la clase empresarial, gremios, sindicatos, asociaciones y a los ciudadanos. Razón por la cual, pueden estallar mil escándalos del tamaño de los denominados Panama Papers, Lava Jato (Odebrecht), donaciones y contratos brujos, etcétera, y no pasará absolutamente nada localmente hasta que desde el exterior alguna potencia nos enderece a las malas (a punta de palos) y se tome el país. Ojalá me equivoque.

Pensándolo bien, quizás los estadounidenses conociendo bien la mala calaña de nuestra clase política nos están jugando al desgaste esperando pacientemente a que todas las miserias de nuestro corrupto sistema político salgan a la luz mundial como está sucediendo, demostrando así el fracaso de nuestro proyecto país que está naufragando, lo que nos descalificaría para mantener la estabilidad política, económica y social que requiere el funcionamiento de la vía interoceánica, invocando entonces la Enmienda de Concini (el paraguas del Pentágono) para tomarse Panamá nuevamente.

Entre la corrupta clase política panameña (salvo contadas excepciones) y los ciudadanos indolentes que en lugar de indignarnos con la corrupción rampante nos resignamos a la misma, estamos haciendo un excelente trabajo para que los norteamericanos vuelvan a tomarse el Istmo de Panamá cuando el sistema colapse por su propio peso de corrupción, lo cual no está muy lejos que digamos dado lo explosiva que puede resultar alguna delación del Caso Lava Jato que sacuda los cimientos de nuestra nación, por mencionar un ejemplo entre muchos que suceden y pueden suceder.

Entonces ¿qué hacemos panameños? ¿nos cruzamos de brazos esperando que el sistema se desplome y foráneos se repartan los despojos? ¿o nos indignamos en serio rescatando a nuestro país de las garras de la corrupción que corroe a los tres poderes del Estado?

Empecemos por presionar con piqueteos y marchas un día sí y otro también al Órgano Judicial, la Contraloría, y el Ministerio Publico para que el Caso Odebrecht, las partidas circuitales por el orden de los $ 416,678,206.00 millones de dólares sin justificar, y las donaciones y contratos brujos de la Asamblea Nacional por el orden de los $ 82 millones de dólares, no queden en la impunidad como siempre sucede.

Saludos cordiales.

Erick Simpson Aguilera.

Leer: Listado de Partidas Circuitales https://ericksimpsonaguilera.com/2014/06/28/listado-de-partidas-circuitales/