PANAMÁ BLOG

Por: Erick Simpson Aguilera

Antes de responder a la pregunta que titula el presente artículo, es menester que aclaremos para beneficio de aquellos que se escandalizan cuando se sugiere la renuncia del presidente Juan Carlos Varela que, no es una blasfemia, un sacrilegio, un insulto, ni mucho menos un ataque a la institucionalidad democrática, pedir la renuncia de un presidente en virtud de que dicho puesto es el de un servidor público que se debe a la ciudadanía por haber recibido de ella un mandato que debe acatar.

De manera que, no estamos hablando de un monarca con derechos hereditarios a la corona por su estirpe “divina”; ni del amo, dueño o señor feudal que controla un territorio o finca llena de serviles o esclavos que le deben pleitesía. Que algunos tengan resabios de la colonia y confundan el termino republica con señorío no implica que los que tenemos claro cómo funcionan las republicas democráticas y conocemos cuáles son los limites y responsabilidades de un mandatario, seamos insurrectos, sediciosos, ni mucho menos enemigos de la patria.

Dicho eso, entramos en materia.

Desde la perspectiva del presidente Juan Carlos Varela y de quienes apoyan su gestión de gobierno, no hay ninguna razón para pedir su renuncia toda vez que no ha cometido delito o falta alguna para que renuncie, lo cual es cierto y entendible habida cuenta de que después de tanto esfuerzo económico y de otra índole en campaña política para acceder al poder, difícilmente una administración de gobierno va a renunciar a sus cargos por el bienestar del país porque dicho fin es secundario y las agendas político partidistas son las que priman en nuestra electorera nación, y esa es precisamente la clave del asunto, léase, una visión distorsionada de lo que significa ser un servidor público que debe velar por el bienestar del país y sus mayorías y no por los intereses propios, de sus donantes, de sus allegados, de su familia, y de su partido político.

Así las cosas, debemos replantear la pregunta formulándola de la siguiente manera ¿El gobierno del presidente Juan Carlos Varela está beneficiando al país y dándole respuesta a los principales problemas que afronta la población panameña?

En lo que a mí concierne considero que no, y explico a continuación el por qué de mi opinión:

1- Educación:

Sin entrar en detalles solo diré que entre medidas descabelladas como son reducir las horas de clases de español e inglés;  entregarle como premio al poeta panameño José Franco por su contribución a la literatura dos cheques de $ 5 mil dólares sin fondos, una medalla prestada y un pergamino sin firma; no pagar salarios durante una año lectivo entero a los docentes que laboran en áreas de difícil acceso; y demás exabruptos; resulta evidente que el actual gobierno ha fracasado en un tema tan importante y clave para el desarrollo de un país como es la educación, y ha demostrado no tener ningún plan serio para mejorar estratégicamente la calidad educativa.

2- Agro:

Al igual que sus antecesores, el gobierno actual le ha dado la espalda a los productores nacionales que sufren en pleno período de cosecha de arroz, cebolla, papas y demás rubros, la competencia desleal propiciada por el propio gobierno nacional (IMA) que debería proteger la producción nacional, pero opta por inundar el mercado con productos importados en detrimento de los productores panameños que se ven obligados a realizar marchas, cierres de calles y piqueteos.

Todo país que aspire a ser independiente debe tener autonomía en cuanto a comida se refiere, léase: tener seguridad alimentaria. Sería bueno que el presidente Varela y su gobierno tuvieran claro un concepto tan fundamental como es la soberanía alimentaria, sin la cual un país es presa de los vaivenes de los mercados, de la especulación de los intermediarios, y de la inflación foránea.

3- Pobreza y desigualdad:

Según informe del Ministerio de Economía y Finanzas, se estimó que a marzo de 2016, 885,971 panameños (22.1% de la población) se encontraban en condición de pobreza general, y 397,035 panameños (9.9% de la población) sobreviven en situación de indigencia o pobreza extrema, lo que representa una disminución de 0.9 puntos porcentuales y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente.

De acuerdo al mencionado informe la disminución de la pobreza general y extrema obedece al aumento del salario mínimo, al crecimiento económico que ofrece oportunidades para aumentar los ingresos familiares y a las transferencias dadas por medio de programas sociales como son la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65, Beca Universal y demás subsidios.

Ahora bien, sin pretender desmeritar los esfuerzos que el gobierno cree estar haciendo para combatir la pobreza debo señalar que, en un país rico como es Panamá, en el cual los casos de corrupción de alto perfil que el gobierno de turno se niega a auditar suman los miles de millones dólares, que todavía el 22% de la población (885,971 panameños) sufra de pobreza, y que 397,035 panameños (9.9% de la población) no puedan satisfacer sus necesidades más básicas por padecer de extrema pobreza, es una infamia que en lugar de celebrarla demagógicamente como hace el gobierno cual si fuera un triunfo, debería avergonzarnos en vista de que dichos indicadores siguen siendo altos y nefastos dada la gran riqueza de nuestra nación.

Es oportuno mencionar que, los umbrales o líneas de pobreza según el informe en mención son: B/.143.50 mensuales en el área urbana y B/.106.49 mensuales en la rural en cuanto a la pobreza general se refiere, y B/.70.36 en el área urbana y B/.59.19 en la rural, con relación a la pobreza extrema.

De manera que, antes de lanzar fuegos artificiales creyendo que estamos erradicando la pobreza, tengamos presente que, según los estándares del gobierno una persona con ingresos mensuales de $ 143.50 ó $ 106.49, no es pobre, lo cual es obvio que no corresponde con la realidad del alto costo de la vida. Mientras que una persona con ingresos mensuales de $ 70.36 ó $ 59.19, no sufre de pobreza extrema, lo cual resulta descabellado ya que no se puede sobrevivir con semejantes ingresos.

En cuanto a la estrategia populista de regalar subsidios, jamones, casas y demás dadivas clientelistas para supuestamente erradicar la pobreza, en lugar de equipar a los panameños con una buena educación de calidad que les permita acceder e integrarse a la economía nacional como un recurso humano productivo que percibe buenos salarios que les permitan escalar socialmente rompiendo el pernicioso circulo de la pobreza, no vale ni la pena perder el tiempo explicándoles a éstos politiqueros porque no entienden, se niegan a renunciar a sus malas prácticas, y se resisten a adecuarse al siglo 21.

Es importante mencionar que, el 40% de la fuerza laboral trabaja en el sector informal de acuerdo a la Contraloría, razón por la cual son candidatos a subsidios de por vida al estar marginados de la seguridad social, es decir que no podrán jubilarse.

Con relación a la inequidad, Panamá es el país número 10 más desigual del planeta según informe del Banco Mundial.

De los 10 países más desiguales del mundo 5 son africanos y 5 hispanoamericanos con Panamá ocupando como mencionamos, el vergonzoso décimo lugar en tan nefasto ranking.

4- Deuda Pública:

Al 31 de Diciembre de 2016 la deuda pública panameña asciende a $ 21,601.6 millones de dólares, lo que representa un incremento durante la Administración Varela -sin incluir la deuda diferida mediante proyectos llave en mano y por las empresas excluidas del SPNF- del orden de $3,962.1 millones de dólares (22% de incremento), toda vez que la deuda pública al final de la administración Martinelli ascendía a $17,639.5 millones de dólares.

Es importante destacar que el ritmo de endeudamiento mensual del gobierno actual supera al de todos los gobiernos post invasión. Por lo que sería bueno que el gobierno explicara a la ciudadanía en que se está gastando la abismal y millonaria deuda con la que se hipoteca el futuro del país, dado que no se ven muchas obras que digamos.

5- Institucionalidad:

El gobierno de turno se vendió en campaña como una alternativa decente para oxigenar a un país cuyas instituciones agonizaban debido al vendaval que significó el nefasto gobierno de Ricardo Martinelli, sin embargo, una vez en el poder, Juan Carlos Varela renegó de la constituyente que había prometido, no ordenó auditar las mega obras de infraestructuras del gobierno pasado cuyos costos sobrepasan a los precios de mercado con creces, y no promovió una reforma a la ley de contrataciones públicas que impidiera la participación en licitaciones a empresas corruptas como Odebrecht y más bien continuó la relación contractual con dicha empresa adjudicándole $2,600 millones de dólares en contratos en pleno apogeo del escándalo Lava Jato que ahora les estalla en sus caras y convulsiona al país.

Así las cosas, ahora somos protagonistas una vez más de un escándalo de corrupción de talla mundial, el cual ha desestabilizado el quehacer nacional debido a la confesión de la empresa Odebrecht que reconoció ante las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, haber sobornado con sumas millonarias a funcionarios panameños para hacerse ilegalmente de contrataciones públicas; debido a la falta de liquidez (los bancos le cerraron las puertas al crédito) que afronta la mencionada empresa que es la principal contratista del Estado panameño con una cartera de $ 9 mil millones de dólares en contratos de los cuales algunos están en fase inicial o intermedia; y debido a las incendiarias declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora que acusó al presidente Juan Carlos Varela de ser protector y cómplice de la empresa Odebrecht a la que no audita por ser donante de su campaña política, y también lo acusó de manejar a la Corte Suprema de Justicia.

Si después del caótico escenario previamente descrito, usted sigue siendo uno de esos panameños ilusos que pide mesura, calma, positivismo y tranquilidad porque todo está bien, porque no hay crisis alguna, y porque debemos confiar en nuestras maltrechas instituciones, ese es su derecho y lo respeto, pero permítame recordarle las siguientes variables que azotan a nuestra nación para ver si logra salir del estado de negación en que se encuentra: Panamá Papers, Lista Clinton, guerra comercial contra la Zona Libre de Colón encabezada por países “hermanos” (Colombia y Venezuela), listas de todos los colores por la cruzada de la OCDE contra los paraísos fiscales, guerra comercial con Francia que se ha ensañado contra Panamá tildándonos su ministro de Finanzas, Michel Sapin, de ser Panamá un ‘enorme problema’ en la lucha mundial contra el blanqueo de capitales, guerra comercial de GUPC contra la ACP encabezada por la corrupta empresa española Sacyr a la que aun rozando la quiebra nuestras celebres autoridades le otorgaron el contrato de la ampliación del canal, Caso Odebrecht, Caso Lava Jato, etcétera.

En fin, podríamos mencionar mil razones más como son la inseguridad rampante, el descalabro del sistema de salud, la crisis del transporte público, las calles inundadas de basura porque el sistema de recolección de desechos es un fracaso, etcétera, pero por tema de espacio no podemos extendernos más.

De modo que, concluyo afirmando que el presidente Juan Carlos Varela le haría un gran favor al país si renuncia a su cargo, en virtud que Panamá va camino al despeñadero y él no ha demostrado ser la persona capaz que requiere la nación para evitar el desastre.

Es preciso aclarar que, respeto al presidente Varela por la investidura de su cargo, que lo considero una personada mesurada y controlada que no ha sometido al país a los sobresaltos a los que nos tenía acostumbrados el presidente anterior, y que reconozco su valentía de aceptar tamaño cargo dados los muchos problemas que afronta Panamá, los cuales son más fáciles criticar que solucionar, y él ha aceptado un reto que no cualquiera se atrevería a asumir. De pronto yo mismo que he escrito toda ésta crítica que considero objetiva y documentada, no aguantaría una semana haciéndole frente al sinnúmero de problemas que afronta Panamá y a las demandas de 4 millones de personas.

No obstante, él país está por encima de una persona y del grupo que le acompaña en la administración de la cosa pública. Razón por la cual, si el presidente Juan Carlos Varela no está dispuesto a asumir el reto de darle coto al tema de la corrupción; a reformar el Estado para adecentarlo; a fortalecer las instituciones; a promover la transparencia y la rendición de cuentas; a renunciar a las malas prácticas del clientelismo político y populismo; a erradicar la pobreza y la desigualdad por medio de un sistema educativo de calidad y acorde con los más altos estándares internacionales; a expulsar, multar y demandar a la empresa Odebrecht; a auditar todas las obras de infraestructuras cuyos sobreprecios saltan a la vista; etcétera; debe renunciar, porque en 2.5 años más de gobierno iguales a los 2.5 años ya transcurridos de su mandato, el daño que se le hará a Panamá será muy grande y como dije previamente, el país está por encima de una persona y de su grupo de colaboradores.

De modo que, no se trata de llamar a la violencia y el caos, ni de promover una insurrección ni golpe de Estado aprovechando el clima enrarecido de las últimas semanas que amenaza con pronunciarse aún más por las delaciones de Brasil que saldrán a la luz en los próximos días y por las declaraciones incendiarias de Ramón Fonseca Mora que tienen al gobierno tambaleando; claro que no. Se trata de analizar fríamente toda la realidad nacional y que el presidente Varela decida si su prioridad es Panamá o su agenda política.

En lo que a mí concierne, considero que la Vicepresidenta Isabel Saint Malo de Alvarado se desempeñaría muy bien como presidenta de la nación en virtud de que es más técnica que política y el país precisa en estos momentos cruciales y difíciles de un estadista con luces largas y carácter para tomar las decisiones que no se pueden postergar más y no de un político maniatado por compromisos con sus donantes y partidos.

Otra opción que me resulta factible es que el presidente Juan Carlos Varela no renuncie a su cargo, pero tome las medidas drásticas que cambien el ritmo de ingobernabilidad y caos que lleva actualmente la nación, a saber: realizar un cambio de gabinete; solicitar a la ONU la creación de una Comisión Internacional Independiente Contra la Impunidad para investigar el Caso Odebrecht y otros; solicitar a la Contraloría auditar todas las obras de infraestructuras de gobiernos pasados y del suyo propio; llamar a un dialogo nacional a todos los sectores y fuerzas vivas del país (trabajadores, empresarios, gremios, sindicatos, sociedad civil, campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, profesores, médicos, enfermeras, iglesia, partidos políticos, ciudadanos comunes, etcétera) para entre todos decidir de una vez por todas qué clase de país queremos construir y no destruir; expulsar, auditar, sancionar y demandar a la empresa Odebrecht; y convocar a una constituyente.

Si el presidente Juan Carlos Varela tiene la estatura de estadista que requiere Panamá en éste momento histórico que vivimos, sabrá poner los intereses de la patria antes que los de sus allegados, donantes y copartidarios. Yo seré uno de los primeros que lo apoyaré si toma las decisiones drásticas que hay que tomar, y aportaré mi granito de arena en cualquier dialogo nacional que busque la solución de la crisis y persiga como meta el desarrollo nacional, toda vez que no tengo interés alguno en temas politiqueros ni electoreros y el único animo que me mueve es ver prosperar a mi patria Panamá.

Dios quiera que no se haga caso omiso a éste llamado, y terminemos con el país envuelto en el caos e ingobernabilidad producto de alguna mala noticia proveniente del Brasil o del bufete Mossack & Fonseca.

Saludos cordiales.

Erick Simpson Aguilera.