PANAMÁ BLOG

Por: Erick Simpson Aguilera

El proyecto de ley 245 mediante el cual se busca reglamentar la posibilidad de que el Ministerio Público pueda pactar acuerdos de rebaja de penas con imputados a cambio de colaboración en las investigaciones suena bien en teoría y es un instrumento legal del que disponen muchos países con muy buenos resultados.

Quién puede oponerse a que se modernicen las leyes panameñas de tal manera que la justicia se haga más expedita, se reduzca la mora judicial y se solucione el problema de hacinamiento en las cárceles. Por supuesto que saludamos cualquier iniciativa que beneficie el tema judicial y permita deslindar casos de alto perfil por medio de acuerdos de pena que motiven a los imputados a cooperar con las autoridades delatando a sus cómplices o cabecillas de sus bandas delictivas.

Sin embargo, hay algunas aristas que nos hacen dudar y acerca de las cuales quisiera buscar palabras bonitas, ser políticamente correcto, y ser respetuoso con las autoridades para expresarlas.

No obstante, se me dificulta porque soy un ser humano lleno de defectos, y uno de esos muchos defectos que tengo es que me cuesta expresarme hipócritamente, usar mascaras, y ser políticamente correcto para no ofender al statu quo que saquea a la patria.

Dicho eso, les diré claramente cuál es mi aprensión y la de muchos ciudadanos respecto al proyecto de ley 245, a saber:

Mi recelo obedece a la poca confianza -por no decir nula- que les tengo a las autoridades del Órgano Judicial que entiendo presentaron el proyecto de ley 245, al Ministerio Público que lo avaló, a la Asamblea Nacional que debe aprobarlo, y al Órgano Ejecutivo que tendrá que refrendarlo.

Sí, yo sé que así funciona el sistema y que parece un argumento poco serio alegar desconfianza en las instituciones establecidas, sin embargo dudo mucho que mi caso sea aislado y más bien me atrevería a apostar que la mayoría de la ciudadanía también desconfía de nuestras instituciones -que no lo digan es otra cosa- y saben que siempre que se discute una ley corremos el riesgo de ser goleados por una Asamblea de pobre record legislando a favor de la patria y los ciudadanos, pero pletórica de leyes impopulares y lesivas a los intereses patrios; por unos diputados que suelen incluir camarones en las leyes para beneficiarse ellos mismos, a sus copartidarios o allegados; por unos diputados cuya mayoría no leen ni estudian las leyes que aprueban, razón por la cual no existen debates de altura en el hemiciclo legislativo, pero sí obediencia ciega a lineamientos de las cúpulas partidistas; y por una larga lista de variopintas etcéteras que nos tomaría mucho espacio y tiempo desglosar, ergo resumamos dicha gama de argumentos en contra de la ley 245 en una sola frase: Falta de confianza en la Asamblea Nacional y en los otros Órganos e instituciones del Estado.

Ahora bien, si el proyecto de ley 245 que nos venden como la panacea contemplara todo el contexto judicial de instrumentos similares utilizados en otros países, Aleluya y Amén a dicha iniciativa legal; pero la falta de confianza crece cuando aquí por ejemplo, jamás hemos visto a un empresario ni político de la talla de Marcelo Odebrecht que haya sido condenado a 19.5 años de prisión como sí lo fue el Señor en mención en Brasil; mientras sí vemos en Panamá a «detenidos» con mansión, país y planeta por cárcel por ser delincuentes de cuello blanco.

No obstante, ahora nos dicen que la ley 245 es necesaria e indispensable para acabar con el hacinamiento en las cárceles y para deslindar los casos de alto perfil encabezados por el Caso Odebrecht, lo cual me resulta incongruente comoquiera que no existe ningún hacinamiento en las cárceles panameñas por casos de alto perfil, a no ser que pretendan acabar con el hacinamiento en las mansiones de oro de los presos de alcurnia para que puedan moverse a sus anchas por todo el planeta y galaxias.

Si en Panamá hubiera un conjunto de leyes contra la impunidad, si los delincuentes de cuello blanco, los peces gordos, los políticos y empresarios nada kosher, sufrieran penas serias “en prisión” por sus delitos en contra del erario público y no las ridículas penas actuales que tras que son pequeñas las cambian por mansión, país y planeta por cárcel, entonces estarían motivados a cooperar con las autoridades para reducir sus largas condenadas. Sin embargo, las leyes panameñas dan vergüenza y es más fácil que pague años de prisión un cazador de iguanas, o un vendedor de cd piratas, que un político o empresario que hayan atracado millones de dólares del erario público.

Por otra parte, si el proyecto de ley 245 incluyera un articulado similar a las leyes de delación brasileñas que estipulan que en el momento donde surja información que desmienta lo confesado por los imputados que se han acogido a pactar con el Ministerio Publico, el acuerdo pierde efecto y se revierte la pena original, entonces estuviéramos hablando de una ley más seria.

También es preciso que la ley 245 estipule que ningún pacto puede librar a los imputados de cumplir algo del tiempo de su condena en prisión, es decir, que no se deje la puerta abierta a los cooperantes para que evadan la prisión que merecen sus crímenes; que les reduzcan las condenas, pero no al 100%. Además, es necesario que la ley también establezca que el imputado deberá devolver íntegramente el patrimonio del que se apropió ilícitamente. En resumen, nada de evadir impunemente la prisión y mucho menos con las manos llenas de dinero para disfrutar del producto mal habido de sus crímenes comoquiera que se trata de velar por los intereses del Estado, no por los intereses de los delincuentes que no están en posición de torcer el brazo de la ley, solo de aspirar a rebajar en algo su tiempo de pena en prisión a cambio de cooperación.

De manera que, si queremos legislar sobre acuerdos y pactos de rebaja de pena y cooperación, pues hagamos una ley a la altura que pase el filtro de la ciudadanía y de los operadores de justicia, con la finalidad de evitar que nos vuelva a golear la desprestigiada Asamblea y los otros Órganos e instituciones del Estado que se han ganado a pulso la desconfianza de la ciudadanía.

Reitero, es fundamental legislar primero o paralelamente, acerca de la necesidad de evitar la impunidad de los delincuentes de alto perfil, sobre la equiparación de las penas al tamaño del delito cometido, es decir que al que saquea a la patria le caiga una condena de 20 años o más -para que lo piense 2 veces el hampa política/empresarial antes de lesionar el patrimonio nacional con coimas o sobrecostos-, y acerca de la necesidad de condicionar la vigencia de los acuerdos pactados a que los imputados confiesen la verdad completa que resista futuras investigaciones, de lo contario el acuerdo perdería su vigencia de detectarse falsedad en la confesión previamente hecha.

Mientras esos temas no se perfeccionen, no espero nada bueno ni positivo de la Asamblea Nacional de diputados y me inclino a sospechar que el proyecto de ley 245 presentado por el Órgano Judicial y avalado por otros Órganos e instituciones del Estado lo que busca es beneficiar a los mismos politiqueros corruptos de siempre. Sí, yo sé que no podemos pasar de gatear a correr por lo que entiendo que no lograremos alcanzar por ahora los altos estándares judiciales de naciones como Estados Unidos y sus programas de protección a testigos en donde hasta te cambian la identidad para protegerte cuando delatas a tus cómplices y cabecillas, pero tampoco nos salgan con una ley chimba llena de camarones para golearnos a los panameños y que los delincuentes puedan evadir la justicia gozando impunemente del patrimonio saqueado el cual nos pertenece a todos los panameños.

A propósito, no compro el cuento aquel de que sin la ley 245 no podrá juzgarse efectivamente el Caso Odebrecht, por la sencilla razón de que no hay que pactar nada para lograr una confesión del caso en cuestión, toda vez que la confesión ya fue hecha.

De manera que, lo que procede decirles sin titubeo a los dueños y ejecutivos de la empresa Odebrecht es: Señores, ustedes tienen miles de millones de dólares en contratos con la República de Panamá los cuales vamos a rescindirles y los vamos a demandar por daños y perjuicios e inhabilitarlos de por vida debido a que han confesado haber pagado coimas millonarias a funcionarios panameños. Ahora bien, si les interesa que desistamos de algunas de las mencionadas medidas que vamos a tomar inmediatamente en su contra, procedan a facilitarnos toda la información pertinente a su confeso atraco en contra del patrimonio panameño. Cambio y fuera.

Saludos cordiales.

Erick Simpson Aguilera.