Por: Erick Simpson Aguilera
¿Será que a los Órganos Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; al Ministerio Publico; y a la Controlaría, de veras les interesa que se deslinde todo lo relacionado al Caso Odebrecht desde la llegada de la empresa en mención a Panamá, hasta la fecha de hoy?
De ser así, me cuesta entender entonces el por qué el Ministerio Publico envía fiscales a investigar a USA y Ecuador -lo cual aplaudo-, pero no envía fiscales a Brasil donde está el epicentro del escándalo Odebrecht.
Me explico:
Si hay un reo confeso en Brasil, el cual reconoció ante las autoridades brasileñas, estadounidenses y suizas que pagó sobornos por el orden de $59 millones de dólares a funcionarios panameños para hacerse de manera fraudulenta con contrataciones públicas millonarias, por qué el Ministerio Publico panameño en lugar de irse por las ramas no va directo al tronco y le solicita a las autoridades judiciales brasileñas que son las que tienen jurisdicción y control de la investigación que les faciliten los nombres de los funcionarios panameños que se beneficiaron de la coima de $59 millones de dólares pagada por la empresa Odebrecht.
No sé, de pronto como desconozco las aristas, interioridades y tecnicismos legales del caso que nos ocupa, por eso yerro sugiriendo una forma de proceder diferente a la escogida por las autoridades panameñas, razón por la cual sería bueno que éstas explicaran a la ciudadanía qué les impide decirle a Marcelo Odebrecht, Señor, su empresa tiene $9 mil millones de dólares en contratos con la Republica de Panamá, y ahora sale a la luz que para lograr algunos de esos contratos se pagaron coimas, de modo que, ahora díganos si quiere mantener la relación contractual con Panamá y que no le cancelemos todos los contratos por malas prácticas, que lo demandemos por daños y perjuicios, lo multemos e inhabilitemos de por vida, a quiénes fueron pagados los $59 millones de dólares que reconoce su empresa haber pagado por concepto de coimas.
Eso por una parte, y por otra, qué le impide a la Contraloría auditar todo lo actuado por la empresa Odebrecht desde su llegada a Panamá hasta la fecha, con el fin de determinar la posible existencia o no, de sobrecostos en las obras.
Además, qué le impide al Órgano Ejecutivo multar a la empresa Odebrecht por los daños y perjuicios cometidos contra el patrimonio panameño -como está explorando hacer el gobierno colombiano-, y solicitarle a la ONU su asistencia para la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad para realizar una investigación independiente y cabal. Qué le impide al Órgano Judicial realizar investigaciones de oficio sobre el particular que nos ocupa. Qué le impide al Órgano Legislativo reformar y adecuar la ley de contrataciones públicas incluyéndole los instrumentos legales necesarios para cerrarles las puertas definitivamente a las empresas corruptas por medio de un artículo que las inhabilite de haber sido condenadas nacional o internacionalmente por actos de corrupción.
En fin, pueblo panameño, no nos durmamos en los laureles, ni bajemos la guardia y la presión sobre las autoridades en el caso que nos ocupa, toda vez que, éste resulta ser un caso demasiado extraño y sospechoso cuando comparamos el proceder ambiguo y confuso tirando a dilación, de las autoridades locales versus las iniciativas y acciones contundentes tomadas por otros vecinos del área que han abordado el Caso Odebrecht de manera más seria y enérgica que Panamá, no obstante haber sufrido un daño menor que nosotros y no tener comprometida su economía con un sinnúmero de contratos multimillonarios como Panamá cuyo mayor contratista es precisamente la empresa Odebrecht con una cartera de $9 mil millones de dólares que hasta la fecha no han sido auditados, lo cual resulta inconcebible y constituye prácticamente una confesión de dolo, encubrimiento, y manejos turbios. De seguir semejante cantidad multimillonaria de contratos con una empresa criminal confesa de pagar coimas, lavado de dinero, conspiración, y corrupción, entre otras bellezas, sin ser auditados e investigados como corresponde, los panameños tenemos todo el derecho del mundo a sospechar y poner en tela de duda la verticalidad de nuestras autoridades.
Me explico de manera más clara: No hay excusa en el mundo que justifique el por qué no se han auditado e investigado los $9 mil millones de dólares en contratos adjudicados a una empresa confesa de coimear a funcionarios para ganar contrataciones públicas.
De modo que, hermanos panameños de todos los sectores y fuerzas vivas del país, sigamos exigiendo a las autoridades que se proceda a solicitar a Brasil los nombres de todos los receptores de la coima de $59 millones de dólares pagada por la empresa Odebrecht; que se nombre a una Comisón Internacional Contra la Impunidad para que sean auditados e investigados todos los contratos ($9 mil millones de dólares) adjudicados a la empresa en mención; que la empresa sea multada y demanda por daños y perjuicios contra el Estado panameño; y que se reforme la ley de contrataciones públicas para inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en Panamá y allende nuestras fronteras.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Un pensamiento en “Seguimiento al Caso Odebrecht”
Raymark Clément
Excelente! El tiro ha dado en el blanco. MP de Panamá, debe de hacer sus diligencias directamente en Brasil
Por lo pronto, están tratando de aparentar que están haciendo, pero la realidad es otra: Todavía NO revela nombres de personas naturales, ni de empresas, ni de bancos, tampoco interviene cuentas, ni realizan embargos, ni allanamientos ó congelamientos de cuentas.
Todo parece indicar que las actuales autoridades también están siendo beneficial as por las coimas. Y como no podemos adelantarnos al Debido proceso, por ahora NO acuso, simplemente sospecho.
Así que como dice Erick Simpson Aguilera: ” pueblo panameño, no nos durmamos en los laureles, ni bajemos la guardia y la presión sobre las autoridades en este caso…”, por eso nos declaramos ACTIVOS y ALERTAS hasta que caiga todos los CORRUPTOS y CORRUPTORES.