Por: Erick Simpson Aguilera
Enhorabuena al gobierno nacional por el comunicado dado ésta noche respecto al Caso Odebrecht. Debo reconocer que era lo mínimo (aunque algo tarde) que se espera de un gobierno que representa a la nación, a saber, que el mismo se pronuncie y haga frente a un nuevo escándalo mayúsculo de corrupción internacional que ha estremecido los cimientos del país.
Respecto a las siete medidas adoptadas, las aplaudo, aunque las considero insuficientes dado el gran daño causado por la empresa Odebrecht al patrimonio nacional.
Ahora bien, también entiendo que el comunicado en cuestión constituye un marco general y no agota todas las medidas que el gobierno pueda adoptar en contra de la empresa a medida que se vayan deslindando los casos y surjan nuevas aristas.
Así las cosas, como ciudadano panameño que soy, me tomo la libertad de recomendarle al gobierno que calcule bien la indemnización que ha de resarcir la empresa Odebrecht a Panamá por perjuicios en contra del Estado, comoquiera que, no se trata ahora de devolver solamente los $59 millones de dólares pagados en coimas y cuenta saldada.
En ese sentido es menester que, se calculen todos los intereses con tasas altas más una multa severa, porque el daño está hecho y para que el mismo sea resarcido de veras la suma a pagar por la empresa Odebrecht debe ser alta como estila (proporciones guardadas) USA, Suiza y otros países serios que no bromean con estos temas.
En cuanto al apoyo al Ministerio Publico y Órgano Judicial para que las investigaciones lleguen a feliz término, es preciso que dichas palabras se traduzcan en hechos concretos, toda vez que, un caso de talla mundial, de mega infraestructuras, sofisticación financiera, etcétera, como el que nos ocupa, de pronto le queda grande a las autoridades judiciales panameñas que carecen de independencia y recursos humanos.
Hasta Brasil pidió apoyo inspirado en el Caso FIFA a las autoridades judiciales estadounidenses, las cuales colaboraron siendo que las transacciones del Caso Lava Jato (Odebrecht) pasaron por su sistema bancario.
De igual forma Panamá que carece de un sistema judicial robusto e independiente, lo cual es un hecho notorio a nivel mundial (ver Índice de Competitividad Global), debe recurrir a la ONU para que mediante una comisión judicial internacional contra la impunidad, se investigue en serio y hasta la últimas consecuencias todo lo actuado por la empresa Odebrecht en Panamá desde su llegada hasta la fecha, máxime porque aún el mismo gobierno de turno cuyos contratos con la empresa Odebrecht rondan los miles de millones de dólares, debe ser investigado y auditado como corresponde, y para dichos menesteres dificulto que el Ministerio Publico y el Órgano Judicial llenen las expectativas de una ciudadanía que sospecha con justa razón que, la coima de $59 millones no es la única siendo que los contratos en total son del orden de los $9 mil millones de dolares, abarcan tres gobiernos, y la empresa en cuestión se caracteriza por recurrir a las malas artes (Departamento de Coimas) para hacerse con contrataciones públicas.
El que no la debe, no la teme. Caiga quien caiga.
De no recurrirse a un cuerpo judicial internacional altamente especializado en delitos financieros y de otras índoles, y que goce de la independencia judicial necesaria para investigar a todos los gobiernos que contrataron a Odebrecht, entiéndase a cada uno de los contratos y obras para detectar posibles sobrecostos y sobornos, las buenas intenciones expresadas en el comunicado que nos ocupa, quedarán en simple demagogia comoquiera que, reitero, difícilmente las autoridades judiciales panameñas carentes de independencia y recursos humanos podrán cumplir con tamaño cometido.
Por último, aplaudo los puntos relacionados a la cancelación del contrato correspondiente a la hidroeléctrica Chan 2, el impedimento para que la empresa Odebrecht participe en la licitación del 4 puente sobre el canal y la línea 3 del metro y demás medidas similares. Sin embargo, considero que la mejor prueba de que en serio se quiere combatir la corrupción en el tema de las contrataciones públicas sería, reformar la ley actual con el fin que la misma disponga de un artículo que inhabilite a las empresas condenadas por actos de corrupción nacional e internacionalmente.
Sin dicho instrumento legal nos quedamos cortos, y visto el daño severo ocasionado por la empresa Odebrecht al Estado en contubernio con funcionarios panameños, no podemos seguir con una ley de contrataciones públicas permisiva que aliente a otras empresas a replicar el Caso Odebrecht quedando el país a merced de corruptos y corruptores en una suerte de circulo vicioso con otros actores, es decir con nuevas empresas y nuevos funcionarios.
No a la corrupción; no a la impunidad.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
