Por: Erick Simpson Aguilera
Después del aluvión de información a nivel mundial respecto al Caso Odebrecht que ha estremecido los cimientos de muchos gobiernos de Latam, y luego de recuperarme del shock de ver a Panamá una vez más en el ojo de la tormenta como protagonista de un nuevo escándalo de corrupción de talla mundial, me dispongo con cabeza más fría a hacer las siguientes acotaciones.
A raíz de las revelaciones del Caso Odebrecht, Panamá enfrenta una coyuntura histórica que marcará un antes y un después en la historia patria, toda vez que en éste punto de inflexión se sabrá quién es quién en nuestro país; y no me refiero exclusivamente a la clase política; pero también a las asociaciones, gremios, profesionales, trabajadores, empresarios, líderes religiosos, líderes populares, generadores de opinión, ciudadanos de a pie, etcétera.
En cuanto al gobierno en turno se refiere, el mismo enfrenta una prueba de fuego mayúscula comoquiera que, las confesiones de altos ejecutivos de la empresa Odebrecht reconociendo el pago de coimas por el orden de $59 millones de dólares a funcionarios panameños durante los años 2010 a 2014, obliga al gobierno a recuperar dicho dinero que pertenece al pueblo panameño por haber sido sufragado con sobrecostos y adendas espurias (léase nuestros impuestos) para lo cual deberá presionar a su principal contratista cuya cartera de proyectos es del orden de 9 mil millones dólares, con la finalidad de que dicho contratista revele los nombres de los beneficiarios a quienes confiesa haber coimeado, o que de lo contrario sepa que sus jugosos y multimillonarios contratos serán suspendidos y los pagos bloqueados por haber violado los términos contractuales con actos de corrupción.
Lo diré de manera más clara para que todos los panameños dimensionemos y entendamos a cabalidad, el caso que nos ocupa. Es el deber del presidente Juan Carlos Varela y de su gobierno, recuperar los $59 millones de dólares pagados en coimas por Odebrecht, para la cual precisa el gobierno saber a quiénes (nombres de los coimeros) les quitará dicho dinero para resarcirlo al Estado, y no hay excusas baratas ni historietas que valgan; el crimen ya fue confesado y no hay que buscarle más misterio como suelen hacer los politiqueros para dilatar. Queremos los panameños ese dinero integro (ni un centavo menos) de vuelta en las arcas del Estado, y a quienes utilizaron sus puesto públicos para delinquir en contra del erario en la cárcel como se encuentra Marcelo Odebrecht actualmente.
Además, otra prueba que pondrá en evidencia al gobierno del presidente Juan Carlos Varela es el hecho de que llegó la hora que el gobierno demuestre si está por Panamá y los panameños optando por defender los interés de la patria, o si por el contrario se inclinará por defender los interés de una empresa extranjera corrupta traicionando a la nación.
Me explico con claridad para que no queden dudas respecto al párrafo anterior:
El gobierno en representación del Estado panameño como parte afectada en una relación contractual, está en la obligación de sancionar a la empresa Odebrecht por haber lesionado con sus malas prácticas el patrimonio de todos los panameños, porque el delito confesado no es ninguna travesura que quedará en una anécdota y disculpa infantil como si los panameños fuéramos una manada de borregos. Así como USA y Suiza multaron por miles de millones de dólares a la empresa Odebrecht por sus andanzas, y sin que precisamente dichos países hubieran sufrido el daño que se le ha causado a Panamá a punta de coimas, sobrecostos y adendas extraña$, Panamá tiene que multar a la empresa Odebrecht por una suma razonable que resarza el daño sufrido, porque no puede ser que los afectados seamos nosotros y sean USA y Suiza los indemnizados.
Si el gobierno no cumple los tres cometidos mencionados, los ciudadanos tendremos que plantearnos medidas enérgicas a seguir, porque no puede ser que sigamos siendo saqueados, burlados, estafados y defraudados en nuestras caras, y que los perpetradores del dolo se rían de todo un pueblo, como si éste atraco fuera un tema de borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Si queremos ser un país serio y funcional, tenemos que comportarnos como tal, adoptando las mismas medidas contra Odebrecht que aplicaron USA y Suiza que sí son países serios en estos menesteres y no permiten ésta clase de “jueguitos” propios de republiquetas bananeras, disfuncionales, y corruptas, cuya institucionalidad es nula por haber sido secuestradas por la delincuencia nacional e internacional como pareciera ser el caso de Panamá, y así quedará demostrado si el gobierno no recupera el dinero, no encarcela a los infractores y no multa a la empresa por violar con sus malas prácticas los términos contractuales lesionando así nuestro patrimonio.
Con relación a los ciudadanos en general, léase, de todos los sectores, gremios y agrupaciones, la coyuntura que nos ocupa también representa una prueba de fuego que demostrará de qué estamos hechos, es decir, se sabrá si somos un rebaño de borregos matrix, o un país de gente valiente que ama la libertad, conoce sus derechos, y se da a respetar.
En ese sentido, hago un respetuoso llamado a todas las fuerzas vivas del país a que no pasemos por alto éste punto de inflexión trivializándolo al no tomar acciones enérgicas como si estuviéramos acostumbrados y resignados cobardemente a la corrupción a la cual consideramos parte de nuestro folklor y ADN juegavivista.
Dicho esto, exhorto a todas las agrupaciones de la sociedad civil organizada, gremios, sindicatos, trabajadores, empresarios, estudiantes, profesores, maestros, médicos, enfermeras, campesinos, indígenas, líderes religiosos, medios de comunicación social, y ciudadanos de a pie, a que nos organicemos cual si fuéramos un solo hombre y a una sola voz marchemos hasta la presidencia como primer paso, para exigir el nombramiento de un cuerpo judicial internacional contra la impunidad (estilo Guatemala) que investigue y audite a todos los gobiernos que han contratado a la empresa Odebrecht (Incluido el actual. Quien no la debe no la teme), porque no confiamos en las autoridades judiciales convencionales por carecer las mismas de independencia judicial, lo cual es un hecho conocido aún internacionalmente (Ver Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial).
De manera que, es hora que los ciudadanos tomemos cartas en el asunto y nos tomemos las calles para empezar (más adelante de ser necesario también podríamos declarar huelga nacional y paralizar el país) hasta que el último centavo de coima (me temo que los $ 59 millones son chicha de piña y hay muchos má$ por relucir), sobrecostos y adendas espuria$, sea recuperado, los infractores encarcelados, y la empresa Odebrecht sancionada con los mismos criterios monetarios utilizados por USA y Suiza que sin sufrir mayores daños fueron enérgicos a manera de ejemplo para desalentar nuevos actos de corrupción por parte de empresas delincuenciales. Y también debemos aprovechar la ocasión para imponer una constituyente que rescate a nuestro país de las garras de la corrupción nacional e internacional, así como reformar la ley de contrataciones públicas cerrándoles las puertas a los corruptos.
Amanecerá y veremos si pasamos la prueba, o acabamos de hundirnos en el fango de la corrupción hasta tornarnos en un Estado fallido, lo cual está a la vuelta de la esquina porque el caduco y corrupto sistema político panameño colapsó.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
