Por: Erick Simpson Aguilera
Finalmente sucedió lo que todos temíamos a excepción del gobierno de turno que, en negación afirmaba que el ámbito del Caso Odebrecht se circunscribía a otras jurisdicciones judiciales, pero era ajeno a Panamá porque acá a diferencia de en otras latitudes, la empresa en cuestión había procedido transparentemente y en apego a la ley. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la empresa Odebrecht pagó coimas a altos funcionarios panameños entre los años 2010 y 2014 por el orden de $ 59 millones de dólares .
Eso era precisamente lo que nos preocupaba a quienes cuestionábamos al gobierno actual por permitir a la empresa Odebrecht participar en licitaciones de mega obras millonarias y adjudicarse los principales contratos como son la línea 2 del metro, la renovación de Colón, etcétera, comoquiera que, de comprobarse la veracidad de lo expresado por las autoridades judiciales de USA, la relación del Estado panameño con su principal contratista cuya cartera supera los 9 mil millones de dólares, entrará en una suerte de limbo jurídico, toda vez que, en primera instancia deberá sancionarse a la empresa en cuestión como hicieron USA, Suiza y Brasil, por lesionar con sus malas prácticas el patrimonio panameño, y acto seguido deberán suspenderse los contratos vigentes con una empresa culpable de corromper a funcionarios panameños para hacerse ilegalmente de contrataciones públicas, y además deberán auditarse cada uno de los contratos realizados y en ejecución para determinar la existencia o no de otras lesiones patrimoniales.
Así las cosas, el panorama se pinta bastante interesante, toda vez que el Ministerio Público panameño que en reiteradas ocasiones fue señalado por sus pares brasileños como poco cooperador y hasta de entorpecedor con relación al caso que nos ocupa, ahora tendrá que solicitar al Departamento de Justicia de Estados Unidos las pruebas según las cuales se demuestra la comisión del supuesto delito, y ya no habrán excusas porque las investigaciones que no se hicieron en Panamá en su debido tiempo, ya fueron llevadas a cabo allende nuestras fronteras y dudo mucho que el ente de justicia norteamericano -que no es una oficinita de poca monta como la OFAC- carezca de pruebas para sustentar lo que afirmaron.
A ver si el Ministerio Publico cumple con sus funciones y solicita toda la información (nombres de implicados, pruebas del supuesto delito y demás evidencias), con la finalidad de proceder en derecho contra los implicados y contra la empresa en cuestión que deberá ser sancionada monetariamente (como lo fue en USA, Suiza y Brasil), en caso de resultar culpable según las investigaciones que realice el Ministerio Publico. Reitero, siempre y cuando se compruebe la veracidad de lo señalado por las autoridades estadounidenses (algunas pruebas solidas deben tener los norteamericanos para sustentar los $2,600 millones de dólares en multa que le aplicaron a Odebrecht).
Amanecerá y veremos si inventan un nuevo argumento los celebres politiqueros del patio que afirmaban que no obstante el escándalo Lava Jato que llevó a una condena de prisión de 19 años a Marcelo Odebrecht (reo confeso), el proceder de su empresa en Panamá era de lo más inmaculado, impoluto y santificado, porque esas malas prácticas solo se usaron en otras latitudes más no en la santa nación panameña y por eso siguieron contratando a la empresa en cuestión y se resistieron a modificar la ley de contrataciones públicas que necesita un artículo para inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en el extranjero. En fin, veremos qué nuevo argumento esgrimen quienes defienden a semejante empresa.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
