Por: Erick Simpson Aguilera
Como era de esperarse el gobierno varelista incumplió otra de sus promesas de campaña, a saber, controlar el flujo migratorio desordenado promovido por la Administración Martinelli cual puertas abiertas para que entren a Panamá toda clase de inmigrantes.
El tema migratorio es sumamente delicado por el aspecto humano que nos mueve a la solidaridad con el prójimo que se ve obligado a abandonar su país por problemas de toda índole.
No obstante, dicha solidaridad humana debe basarse en ciertas premisas como son la capacidad del país para recibir inmigrantes; los recursos disponibles para hacerle frente al flujo de inmigrantes que deseen residir en nuestro país; el impacto laboral sobre el mercado y la empleomanía; los filtros necesarios para evitar que nos invadan extranjeros con prontuario delictivo; la disponibilidad de los servicios públicos para suplir las necesidades de toda la población más los nuevos inmigrantes sin colapsar (agua, luz, vivienda, calles, transporte público, escuelas, hospitales, etcétera) y una larga lista de temas que precisan ser abordados de manera científica en una ley de política migratoria que acabe con el desorden que reina y que el gobierno varelista se empeña en pronunciar aún más por medio del Decreto Ejecutivo 167 que es un Crisol de Razas versión 2.0.
No es necesario ser un genio para entender que ningún país con recursos limitados puede darse el lujo de abrir sus fronteras indiscriminadamente a un número ilimitado de inmigrantes hasta el punto de hacer colapsar sus servicios públicos (agua, luz, calles, transporte, hospitales, escuelas), afectar la empleomanía al desplazar la mano de obra local por la extranjera, aumentar flagelos sociales como el trafico de drogas, delincuencia, prostitución, etcétera.
Será que el gobierno realizó un estudio científico que mida el impacto de la inmigración sobre los recursos y servicios públicos limitados para determinar si nuestras calles pueden soportar el creciente tráfico; si podemos con las mismas potabilizadoras proveer agua potable 24/7 a toda la población actual más los inmigrantes que no paran de llegar; si podemos cubrir la demanda de energía eléctrica para un país con una población creciente gracias a la política de puertas abiertas; si nuestro sistema de salud cuenta con personal médico, insumos, equipos, y medicamentos para afrontar el impacto de una población que aumenta artificialmente gracias al Crisol de Razas; si tenemos un control acerca de las actividades laborales que realizan los inmigrantes para monitorear que en realidad están trabajando y no delinquiendo (narcotráfico, robos, prostitución, pandillas, etcétera); si nuestra fuerza laboral será desplazada por mano de obra extranjera y de ser así cómo los integraremos al mercado laboral para no tener que subsidiarlos de por vida y para evitar que recurran a actividades ilícitas para sobrevivir, etcétera.
Si existe tal estudio científico sobre el tema migratorio y su impacto, agradecería que el gobierno lo publique, pero me temo que éste gobierno que no es capaz siquiera de organizar un premio para un poeta panameño que fue humillado con un cheque sin fondo, un pergamino sin firma y una medalla prestada que le fue retirada, mucho menos será capaz de formalizar, depurar, organizar, legislar, y solucionar científicamente un tema tan complicado y delicado como es el caos migratorio que sufre Panamá.
Es cierto que el mercado panameño precisa de ciertos profesionales para cubrir una demanda específica, lo cual pudiera legislarse para establecer cuotas y criterios acerca de qué tipo de profesionales y técnicos requiere el país, de manera que científicamente establezcamos el tipo de migración que debemos promover.
Sin embargo sabemos que nuestros políticos carecen de la autonomía, capacidad y voluntad para legislar de manera seria sobre dicho tema comoquiera que ellos solo son expertos en legislar acerca del día del sancocho, la cutarra, los almojábanos con queso, y demás leyes del tamaño de su capacidad intelectual.
En cuanto al tema humano, Panamá también pudiera en la medida de sus capacidades colaborar con una cuota establecida que permita a una cantidad límite de extranjeros en condición vulnerable por guerras y otros flagelos residir en el país.
Ahora bien, para que Panamá pueda destacar en materia de solidaridad humana como falsamente pretenden vender los politiqueros del patio, en primer lugar tiene que solidarizarse con los 782,603 panameños (21.4% de la población) que según la Cepal sufren pobreza, y con los 420,558 panameños (11.5% de la población) que según el organismo en mención padecen de pobreza extrema, léase mueren de hambre por carecer de alimentos; y reducir la brecha de inequidad que según el coeficiente de Gini nos convierte en el país 16 más desigual del planeta.
Me duele con los extranjeros que desean venir a Panamá a resolver su situación social precaria, o el desempleo que sufren en sus países, y me consta que muchos de ellos son gente decente y trabajadora que solo busca prosperar y ayudar a sus familias, pero lastimosamente Panamá no tiene la capacidad -que ojalá la tuviera- para resolver todos los flagelos sociales de LATAM y otros países del orbe. Ergo, es preciso legislar de manera seria sobre el tema migratorio para ordenarlo y controlarlo.
Con relación al déficit de mano de obra calificada quiero agregar que, el gobierno además de promover la inmigración para cubrir dichas plazas de empleo, debe velar para mejorar el precario y atrasado sistema educativo panameño, de modo que no estemos eternamente rezagados y requiriendo profesionales de otros lares mientras el panameño se embrutece cada día más por ser víctima de una educación deficiente perpetuada por una clase política corrupta, mezquina, elitista y perversa.
Así las cosas, resulta obvio que el gobierno que pretende llenar el país desordenadamente de extranjeros, no lo mueve un tema humanitario, pero sí de índole financiera toda vez que cobrarán por ofrecer la residencia panameña con el fin de garantizarle mano de obra barata a ciertas empresas locales que se benefician del desorden migratorio que sufre Panamá, el cual es aupado por las irresponsables autoridades.
Disgusta que un gobierno que no atiende los flagelos sociales que padecen sus conciudadanos, se muestre más presto a resolver problemas foráneos, pero tampoco sorprende ese entreguismo toda vez que el presidente Juan Carlos Varela ya manifestó públicamente que no podemos tener una ley de contrataciones públicas decente que inhabilite a las empresas condenadas por corrupción en el extranjero porque dicha ley afectaría a más de 14 empresas extranjeras que son contratistas del Estado, es decir que los panameños tenemos que sacrificar la transparencia para no afectar a las corruptas empresas extranjeras.
Tremendo gobierno pro mundi beneficio en detrimento del panameño, ¿cierto?
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
