Por: Erick Simpson Aguilera
Con 38 votos en contra, 6 a favor y 5 abstenciones, la asamblea nacional de diputados rechazó en segundo debate la propuesta presentada para inhabilitar la participación en licitaciones públicas del Estado panameño a las empresas extranjeras condenadas por actos de corrupción en el exterior. No hay que ser un genio para saber que la ley de contrataciones públicas sin dicha clausula anti empresas foráneas corruptas, tiene nombre y apellido, a saber: Ley Odebrecht.
En realidad no me sorprende dicha nefasta acción del poder legislativo que atenta contra las buenas prácticas y promueve la corrupción dado el pobre desempeño de esa asamblea que no produce nada bueno, pero sí leyes lesivas que atentan contra el patrimonio estatal; que no ha rendido cuentas sobre el uso dado a $ 416,678,206.00 millones de dólares en partidas circuitales; que archiva las denuncias en contra de magistrados de la corte haciendo gala de un pacto de no agresión; y que legisla acerca del día de la cutarra, el sancocho y el almojábano con queso. No vamos lejos, en el escándalo de los mal denominados Panamá Papers, tuvo que alzar la voz en defensa de Panamá un diputado costarricense porque tal parece que en la Asamblea de Panamá no hay diputados de esa talla.
Dicho eso agrego que, más que las artimañas del Órgano Ejecutivo que pronto licitará la línea 3 del metro hacia el oeste, y tal parece que le interesa que las empresas corruptas foráneas no tengan impedimento alguno para participar del acto público en mención, toda vez que en caso contrario su bancada y aliados hubieran aprobado el artículo que cerraba las puertas a ese tipo de empresas condenadas por actos dolosos, y más allá del servilismo de la asamblea que obedece a pie juntillas los dictámenes del ejecutivo, lo que realmente me preocupa es la pasividad, resignación e inacción de las organizaciones de la sociedad civil panameña que no pasan de tímidas y tibias opiniones en los medios de comunicación y redes sociales, sin tomar acciones concretas que obliguen a los poderes del Estado a administrar con transparencia el patrimonio de todos los panameños.
Recuerdo que en el gobierno pasado cuando se trató de modificar el código de trabajo, explotar las minas de Cerro Colorado, y vender los terrenos de la Zona Libre de Colón, los ciudadanos de la comarca indígena Ngäbe Bugle, y las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Colón hicieron frente al gobierno de Martinelli en las calles aún a expensas de sus propias vidas, y tal parece que otra vez serán los ciudadanos comunes los que tendremos que oponernos en las calles a que todos los contratos multimillonarios de los mega proyectos del Estado panameño sean otorgados a una empresa cuyo dueño fue condenado por actos de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal, toda vez que las organizaciones de la sociedad civil organizada que se supone juegan un papel importante y tienen poder de convocatoria no asumen el liderazgo de movilizar a las masas para gritarle al gobierno que no permitiremos que se le entregue el país a Odebrecht en nuestras caras y que ellos tienen la obligación como funcionarios púbicos de defender los intereses de la patria cerrándoles las puertas por ley a aquellas empresas que hayan sido condenadas en el exterior por actos de corrupción.
Siendo así que los Órganos Ejecutivo y Legislativo han perdido la vergüenza y el decoro, y nos demuestran a los panameños que los mejores intereses de la patria les tienen sin cuidado comoquiera que se resisten a cerrarles las puertas a empresas extranjeras corruptas comprometiendo y arriesgando así el patrimonio de todos los panameños, los ciudadanos tendremos que tomar medidas para defender las finanzas públicas, tal como hicieron los guatemaltecos y brasileños. Ojalá que las organizaciones de la sociedad civil organizada despierten de su letargo y se hagan eco de éste escrito asumiendo el liderazgo que les corresponde, porque la debacle institucional que se pronunció durante la administración Martinelli lejos de solucionarse, se encuentra en pleno apogeo en la actual administración que se niega a adecentar el país y muy por el contrario, se asegura en dejarles las puertas de las finanzas públicas panameñas abiertas a sus aliados de empresas extranjeras condenadas por actos de corrupción, haciendo gala de una desvergüenza y cinismo que sonrojarían a los propios Henry Morgan, Francis Drake y Bunau Varrilla.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
