Por: Erick Simpson Aguilera
Caricatura tomada del diario La Prensa
Más de 9 mil millones de dólares es el monto de las contrataciones del Estado panameño con la empresa brasileña Odebrecht cuyo accionista mayoritario y presidente, a saber, Marcelo Odebrecht, fue condenado en su natal Brasil a 19 años y 4 meses de prisión por los crímenes de lavado de dinero, corrupción, e integrante de banda criminal.
Es importante señalar que, de los más de $ 9 mil millones de dólares en contratos de la empresa Odebrecht con el Estado panameño, $2,429 millones de dólares corresponden a contrataciones hechas por la administración Varela (renovación de Colón, y segunda línea del metro) a sabiendas de los problemas de la empresa en cuestión a nivel local e internacional, los cuales eran del dominio público mundial.
Sobre el particular que nos ocupa, el presidente Juan Carlos Varela manifestó que, “su gobierno va a separar las obras del sistema judicial”, lo cual con todo el respeto, es sumamente contradictorio y dista de la seriedad que se espera del líder máximo del gobierno panameño comoquiera que, lo que está en juego es el patrimonio y nombre de la nación, y no el precio político por el revés que pudieran sufrir las obras insignias de la actual administración.
Lo que esperamos los panameños del presidente Varela y su gobierno es el compromiso de auditar todas las obras y lo actuado por la empresa Odebrecht desde que llegó a Panamá hasta la fecha, y si las auditorias resultan en hallazgos de lesión patrimonial, que se proceda entonces a terminar la relación contractual con la empresa en mención, se apliquen las fianzas, se resarza el daño causado al Estado, y se condené a los que se prestaron para cometer el supuesto dolo.
Por otro lado, aquello de que las obras son una cosa y el tema judicial otro asunto aparte, raya en lo absurdo, toda vez que, para que exista una relación contractual para ejecutar y culminar las obras, se precisó de un marco legal que sigue vigente durante y después de la terminación de las mismas, de modo que, el tema de la ejecución per se no podemos divorciarlo de las investigaciones judiciales por presuntos actos ilícitos, como si bastara con que la empresa cumpla a nivel técnico sin importar si se violó la ley en el proceso.
Sí, ya sé que, los voceros del gobierno argumentan que lo importante es que Odebrecht cumple con la parte técnica de las obras y que las mismas no pueden detenerse porque habría que indemnizar a la empresa criminal y nos quedaríamos sin plata y sin obras.
Argumento risible que roza lo infantil toda vez que, una empresa cuyo dueño y presidente ha sido condenado a 19 años de prisión por utilizar dicha plataforma empresarial para lavar dinero, corromper a funcionarios públicos, y montar una estructura (banda) criminal, no pueden pretender los voceros gubernamentales que será financiada con 9 mil millones de dólares del patrimonio estatal panameño, cuando lo que toca es investigar exhaustivamente su proceder en suelo patrio para determinar si el mismo se corresponde con sus andanzas en otras latitudes y así rescindir los contratos amparándonos en las leyes que nos impiden relacionarnos contractualmente con lavadores de dinero y bandas criminales.
Sería el colmo que miles de millones de dólares del erario público panameño terminen en manos de una banda criminal, aunque no me sorprendería que así fuera comoquiera que en el tema de la ampliación del canal contratamos a una empresa española en quiebra y dada a las malas prácticas y sobreprecios, con lo cual le inyectamos liquidez con las finanzas panameñas a dicha empresa moribunda que nos ha perjudicado grandemente con los plazos extendidos y reclamos injustificados. Y después se escandalizan cuando continuo con mi saga de cuentos, novelas, y demás sobre el Reino de Congolandia.
Además, resulta en extremo sospechoso que, el gobierno de turno se haya tomado el riesgo de comprometer sus 2 proyectos insignias con semejante empresa cuyos actos dolosos a nivel internacional no son ningún secreto y por ende era obvio que mantener dicha relación no terminaría nada bien, de lo cual somos testigos hoy.
Sí, también sé que, muchos defensores del gobierno alegarán que las licitaciones del proyecto de renovación de Colón y la línea 2 del metro se hicieron conforme a la ley 22 de contrataciones públicas, que no había un instrumento legal que permitiera descalificar a Odebrecht de las mencionas licitaciones, y demás hierbas aromáticas por el estilo.
Sin embargo, resulta ser que, los panameños somos seres pensantes y no una manada de borregos que nos tragamos todo lo que nos dicen, razón por la cual entendemos que, cuando existe la voluntad de hacer las cosas bien, se busca la forma de hacerlo.
Por ejemplo, era factible modificar la ley primero para garantizar la no participación de Odebrecht y otras empresas de igual historial manchado en las licitaciones públicas en mención, y después proceder con el acto público, pero, resultó más cómodo para el gobierno de turno usar la cuestionada ley de contrataciones públicas así como está para dejarle la puerta abierta a éste tipo de empresas para participar en tamaños proyectos que representan miles de millones de dólares para el Estado panameño en manos de una empresa que sufrirá el abandono de los bancos serios por haber sido catalogada por las autoridades brasileñas como una banda criminal dedicada a la corrupción y el lavado de dinero entre otras bellezas.
Aclaro que, tengo derecho a pensar y sospechar cuando algo no me cuadra, lo cual no significa que estoy acusando a nadie de nada, pero sí que soy un ser pensante y con criterio que no creo ni descarto nada hasta ver los resultados de las auditorias pertinentes.
Ah, verdad que el MOP y otras instituciones extrañamente no solicitan auditorias a las obras de las administraciones pasadas y mucho menos rinden cuentas de las obras licitadas en la actual administración, porque como dicen los defensores de Odebrecht, dicha empresa solo actuó de forma ilícita en otros lares más no así en Panamá donde su actuar “ha sido transparente y conforme a las leyes”. Sí claro, “les creemos”, pero aún así exigimos auditorias serias a todos los contratos otorgados a Odebrecht desde que llegó al suelo patrio hasta la fecha.
Finalizo exhortando a todos los panameños a que abandonemos nuestra zona de confort, y nos tomemos las calles para exigir que el tema en cuestión sea investigado y deslindando hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga, toda vez que 9 mil millones de dólares en contratos otorgados a semejante empresa cuyo modus operandi según las autoridades judiciales de Brasil es la coima, corrupción, y el lavado de dinero, no es relajo, ergo las autoridades locales deben rendirnos cuentas a los panameños sobre todo lo actuado por la empresa Odebrecht en Panamá.
Tomemos nota hermanos panameños de las manifestaciones acaecidas en Brasil un día sí y otro también contra el gobierno de Dilma Rousseff, las cuales no son muestras tímidas ni ruegos, pero sí exigencias para que dimita (Rousseff) a raíz de éste y otros escándalos, lo que no implica que esté sugiriendo que debamos pedir la dimisión del presidente Varela, pero sí que exigimos que se realicen todas las auditorias e investigaciones judiciales correspondientes, lo cual no es una opción del gobierno hacerlo o no, más sí una obligación de rendir cuentas y que sean los hallazgos de auditoría e investigaciones judiciales las que determinen si se violaron o no las leyes panameñas, y sí el patrimonio estatal fue lesionado o no.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
