Por: Erick Simpson Aguilera
Reconozco que soy un neófito en temas legales, razón por la cual estaría muy agradecido si las autoridades del MEF tienen a bien explicarnos a los ciudadanos que tenemos derecho a exigir cuentas sobre el manejo dado a los fondos públicos, cómo es posible que un contrato sea considerado nulo por la Dirección General de Ingresos por violar la Constitución el 1 de octubre de 2014, y no obstante dicha nulidad, se proceda a pagarle a la empresa a la cual se le anuló el contrato, 7 millones de dólares el 20 de enero de 2015.
Sí, ya sé que el MEF alega que dicho pago corresponde a cuentas presentadas entre abril y agosto del 2014. Sin embargo, ante la sospecha de hechos dolosos que provocaron la nulidad del contrato y una denuncia que hoy demuestra tener mucho fundamento, lo que procedía era congelar dicho pago y no cancelarlo con tal premura que no es característica del sector publico ergo despierta muchas suspicacias.
Aclaro que no acuso a nadie en particular de nada doloso ni secundo la teoría de un conocido abogado sobre el particular que nos ocupa, lo que no significa que debamos pasar por alto este tema tan espinoso y extraño -por decir lo menos-, mirando para otro lado cuando lo que procede es pedir transparencia a las autoridades y exigirles que expliquen a qué obedeció el apuro de cancelarle 7 millones de dólares a una empresa cuestionada, denunciada, y con un contrato nulo, toda vez que, el sentido común nos dice que hay algo turbio que no cuadra y precisa de una explicación transparente.
El gobierno tiene la facultad de congelar una cuenta y no pagarla hasta agotar todas las instancias legales que salvaguarden al patrimonio estatal de sufrir alguna lesión. De manera que esta «eficiencia» de cancelar a la carrera 7 millones de dólares bajo circunstancias tan extrañas, me produce como ciudadano un gran sinsabor, y para ser honesto, por más que me esfuerzo en convencerme a mí mismo de que dicho pago obedeció a un yerro ocasionado por falta de experiencia, mediocridad pura y dura, etcétera, no logro convencerme de que hayan sido esos los verdaderos motivos para cancelar a una empresa denunciada tamaña suma de dinero sin fundamento legal alguno por haber sido, reitero, anulado el contrato por violar la Constitución.
A propósito, si el gobierno pasado hubiera sido el que con celeridad pagó 7 millones de dólares a una empresa denunciada por malos manejos (Caso Tocumen) y con un contrato anulado por ser violatorio de la Constitución, más de 4 «defensores de la democracia, la transparencia y las buenas prácticas», que hoy guardan silencio, estuvieran rasgándose las vestiduras y exigiendo rendición de cuentas.
Llegó la hora de mantener un solo discurso sin doblez, ni estándares diferentes.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
A continuación la Resolución 201-001 de 2014 mediante la cual se declara la nulidad absoluta del contrato realizado con Cobranzas del Istmo:
