Por: Erick Simpson Aguilera
«Si hubiera esa norma realmente sería una situación escandalosa que en plazo de dos meses sea el plazo que impida que luego haya una investigación». Opinión del jurista peruano José Ugaz respecto a la infame e inmoral ley 55 que blinda cual escudo de impunidad a los diputados panameños al establecer un plazo de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia realice y finalice las investigaciones a diputados y de no ser así, culminaría la investigación extinguiéndose la acción.
Que una ley de blindaje tan escandalosa -como la calificó el jurista en mención- haya sido engendrada por el nefasto gobierno pasado que hoy en día está quedando de relieve como el más corrupto de la historia patria a tenor de las investigaciones que un día sí y otro también nos abruman por el nivel de corrupción al que fue sometido el país en el pasado quinquenio, no sorprende a nadie. Lo que sí llama la atención es que la nueva administración gubernamental que se rasga las vestiduras como adalides de la transparencia, no agilice el proyecto de ley para derogar el esperpento jurídico en cuestión a sabiendas que la ley 55 fue creada con alevosía y constituye una ruta de escape para cualquier cantidad de corruptos.
En realidad estoy pecando de iluso al mostrarme sorprendido por la renuencia de la actual Asamblea a derogar la inmoral ley 55, comoquiera que muchos de los diputados de todos los partidos administraron partidas circuitales por el orden de 416 millones de dólares sin que sepamos al sol de hoy el uso dado a tal cantidad astronómica de dinero, y la ley en cuestión les viene como anillo al dedo para efectos de cualquier investigación como demostró la Corte Suprema al no admitir la denuncia contra 34 diputados reelectos por el uso dado a $403.4 millones en partidas circuitales asignadas en el gobierno anterior invocando como sustento legal de su rechazo a investigar a los diputados reelectos, la nefasta ley 55.
Es preciso aclarar que, no estoy acusando a diputado alguno de nada; solo exijo que rindan cuentas porque 416 millones de dólares no son dos reales y los panameños tenemos derecho a saber cómo se usan nuestros impuestos. Razón por la cual exigimos a la Contraloría auditar el uso dado a las partidas circuitales y someter a la Corte los hallazgos de lesión al patrimonio del Estado en caso que se detectara algún uso doloso de estos fondos para ver con qué otra excusa barata nos sale la Corte que debió investigar este caso y realizar su propia auditoría sin pretender que los ciudadanos seamos quienes investiguemos y auditemos para luego ellos fallar.
Así las cosas, es menester que adecentemos nuestro país antes que toquemos fondo llegando al punto de no retorno, directo al despeñadero de un Estado fallido como ha acontecido con otros países hermanos del área que comenzaron como nosotros y hoy se lamentan de no haber reaccionado a tiempo.
No más pactos de no agresión entre los Órganos del Estado. Exigimos transparencia, justicia, y rendición de cuentas en lo que respecta al uso dado a las partidas circuitales y a las denuncias contra magistrados de la Corte que reposan en la Asamblea sin que los diputados procedan a darles curso.
De lo contrario llegaremos a la conclusión que los Órganos del Estado no funcionan, lo que implicaría la necesidad de revocar de sus cargos a sus miembros, toda vez que, ningún país puede caminar con sus poderes estatales paralizados e inoperantes. Además, el poder público emana del pueblo; lo que significa que magistrados y diputados son nuestros empleados y como tales se les exige resultados, y si no cumplen con sus deberes y responsabilidades deben ser destituidos como cualquier mortal empleado que responde a un jefe, léase, a los ciudadanos panameños que somos los jefes de todos los funcionarios que administran nuestro patrimonio patrio.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Proverbios 31:8 Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos.
31:9 Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso.
