PANAMÁ BLOG

Por: Erick Simpson Aguilera

Es cierto que en un país donde la justicia es una leyenda urbana y la elite político-económica goza de impunidad y licencia para delinquir, una dosis de justicia por pequeña que esta sea constituye una bocanada de aire fresco y nos llena de esperanzas de que el sistema de justicia por fin funcione y alcance a ricos y pobres, a encumbrados políticamente y a ciudadanos del común por igual.

Razón por la cual aplaudo en cierta medida (no del todo; luego me explico) el accionar de la «Asamblea Nacional» -más bien del fiscal y las juezas- en el caso que nos ocupa, y del Ministerio Público -dicho sea de paso- que se ha dado a la tarea de investigar a políticos y empresarios de alto perfil de una manera que nunca antes habíamos visto en Panamá. Enhorabuena por ello, pero seguimos a la espera de que el brazo de la justicia alcance también a los políticos nivel tiburón, y a los empresarios categoría alfa, «caiga quien caiga«.

Todavía falta mucho por hacer en materia de justicia y aún persiste la sensación más que justificada de que se actúa selectivamente, comoquiera que empresarios del circulo cero y políticos categoría alfa siguen fuera del alcance de la ley y gozando de impunidad, pero reconozco que al menos ahora hay más esperanza de que sus días de impunidad terminarán pronto.

No obstante la sensación de satisfacción en mención, no debemos los ciudadanos obnubilarnos, ni pasarnos de eufóricos lanzando fuegos artificiales, sin analizar a profundidad lo que realmente aconteció con el caso Moncada, del cual es menester hacer una lectura propicia para aprender las lecciones que del mismo se desprenden y no caer en los mismos errores en casos similares que afrontemos eventualmente.

Sobre dicho particular opino que el acuerdo mediante el cual se juzgó al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, el cual estipuló una condena de 60 meses (5 años) de prisión por aceptar la comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, mientras se libraba de ser juzgado por los cargos de corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales que son mucho más graves que los anteriores, es un acuerdo lesivo para los intereses del país.

Sí, ya sé que quienes aplauden el acuerdo en cuestión señalan que de no haberse realizado el mismo corríamos el riesgo de que el Sr. Moncada saliera libre por el matiz político conque el caso sería tratado por los «honorables» diputados de la patria, muchos de los cuales se escucha que, ya se frotaban las manos maquinando el usufructo que podían capitalizar votando de una forma u otra en el caso en mención.

Sin embargo, considero que hubiera sido mucho mejor poner a prueba el sistema para que el mismo quedara en evidencia, toda vez que el ciudadano Moncada ya había confesado sus delitos y si la Asamblea lo absolvía de culpa no obstante su confesión, la misma se caería cual castillo de naipes al quedar de relieve la inoperancia de un sistema corrupto, vendido al mejor postor, y entredicho.

Así las cosas, considero que nos estamos entreteniendo con los efectos del problema sin erradicar las causas del mismo, toda vez que no es un argumento sólido alegar que el acuerdo era necesario porque no confiamos en el accionar de los diputados, que no es lo mismo que promover un acuerdo beneficioso para el país por basarse éste en la cooperación del implicado con la finalidad de desmantelar toda la red de corrupción entretejida en el caso que nos ocupa, a saber: la identificación de los corruptores, la participación de los bancos, explicar a quiénes se benefició o perjudicó con equis fallos, y determinar si otros magistrados que siguen administrando justicia o funcionarios de otros órganos del Estado, están implicados en esta trama de corrupción.

Alejandro Moncada Luna no actuó solo, y si era necesario darle concesiones de rebaja de pena, debía haber sido a cambio de su cooperación para capturar a los corruptores y cómplices, y no para salvar a algunos diputados corruptos de la debacle política que se avecinaba y de quedar en evidencia ante la faz del país como mercaderes que transan votos al mejor postor pisoteando la justicia y las leyes.

Así entiende su servidor la razón de ser de los acuerdos judiciales, a saber: rebaja de penas para el implicado a cambio de su cooperación para capturar la mayor cantidad de implicados posibles, no como un vil trueque político para salvar un sistema corroído desde sus bases (órganos judicial y legislativo), el cual es mejor que se caiga para reconstruirlo con cimientos nuevos, y no ignorarlo para que persista la enfermad terminal que padece este corrupto sistema político panameño. De manera que, por enfocarnos en los efectos, las causas y vicios del sistema subsisten.

En fin, considero que el acuerdo en mención nos priva a los panameños de deslindar con mayor propiedad la participación de funcionarios, empresarios y banqueros de alto perfil en el caso que nos ocupa por no lograr como condición para cristalizar el mismo la cooperación del hoy condenado para desmantelar la red de corrupción, y de paso le hizo un favor enorme a una desprestigiada Asamblea Nacional que asistía a la prueba de fuego de su historia cuyas consecuencias podían dar al traste con muchas curules ante la ira de un pueblo que se sentiría estafado y actuaría en consecuencia, independientemente del voto secreto porque el historial manchado de muchos diputados es del dominio público y hacia ellos se canalizaría el malestar nacional por un posible fallo torcido.

Esa es mi lectura del caso Moncada, la cual se resume en una sola frase, a saber: Nos distrajimos con los efectos, sin erradicar las causas del problema político panameño las cuales persisten. No nos engañemos; la severa crisis institucional que sufren los órganos judicial y legislativo sigue vigente.

Saludos cordiales.

Erick Simpson Aguilera.

Constituyente soberana ya.