Por: Erick Simpson Aguilera
La Fiscal Segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, envió a la Corte Suprema de Justicia copias del expediente seguido a Giacomo Tamburrelli (22 tomos), para que esta determine si procede investigar o no al expresidente Ricardo Martinelli, quien es acusado por Giacomo Tamburrelli de haberle ordenado confeccionar un contrato por $45 millones de dólares para la adquisición de comida deshidratada que fue distribuida en escuelas públicas.
Además, la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, también envió a la Corte Suprema de Justicia copia autenticada de la declaración indagatoria de Giacomo Tamburelli, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Así las cosas, procede esperar a que la Corte decida si solicita o no, el levantamiento del fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli, y elaborar acto seguido un proyecto de fallo para admitir o rechazar la querella en cuestión mediante votación del pleno de la Corte.
No hay que ser un genio para vislumbrar la tamaña prueba de fuego que, tiene la desprestigiada Corte Suprema de Justicia con el caso que nos ocupa, toda vez que, dicha Corte goza de muy poca –por no decir nula- independencia judicial, como es conocido a nivel mundial (Ver resultados del Índice de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial 2014-2015).
A ese turbio escenario, súmele el hecho de que, la Ley 55 de 2012 por la cual se modifican artículos del Código Procesal Penal, con el fin de adoptar un proceso para el juzgamiento de los diputados, establece un periodo de dos meses para que la Corte Suprema de Justicia realice y finalice las investigaciones a los diputados, y de no ser así, culminaría la investigación, toda vez que, se extingue la acción.
Dicho en buen castellano, los diputados nacionales que se creen ciudadanos especiales, superiores, e intocables, se han blindado para contar con una suerte de escudo de impunidad que, les garantice burlar a la justicia que si es rigurosa con el resto de los mortales. Y siendo el expresidente Ricardo Martinelli diputado del PARLACEN, goza de las mismas prerrogativas que los diputados nacionales, léase, se le aplica -a mi entender- la mencionada ley 55 de 2012. Si estoy equivocado (ojalá así sea), comoquiera que no soy abogado, agradezco a algún profesional del ramo, hacérmelo saber.
¿Qué esperan los diputados del denominado “Pacto de Gobernabilidad” para derogar esa ley corrupta que promueve la impunidad? Demuestren que hablan en serio cuando lanzan sus demagógicos discursos que prometen el cielo, el sol, la luna, las estrellas, transparencia, y demás hierbas aromáticas.
Dicho esto, destaco que, los ciudadanos asistimos a la prueba de fuego del sistema político panameño que demostrará si funciona al actuar los magistrados de acuerdo a la ley y basados en la existencia o ausencia de pruebas, o si optan por hacerse de la vista gorda respondiendo a lealtades de tipo político, y salvaguardando los intereses de quien los nombró en sus cargos en detrimento de la justicia, lo que pondría de relieve el colapso y total fracaso del sistema político panameño, precipitándonos inmediatamente a una constituyente originaria que cada día se hace más necesaria, o sumiéndonos de lo contrario (si no se logra la constituyente), en la etapa final de una crisis institucional que desembocará en la ingobernabilidad y el caos.
Así las cosas, el panorama político panameño no se vislumbra para nada fácil, toda vez que, no se trata solo de la prueba de fuego que tiene la Corte Suprema de Justicia por la posible investigación al expresidente Ricardo Martinelli, pero también se trata de la solicitud realizada por el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia José Ayu Prado al Tribunal Electoral, para levantar el fuero electoral a 34 diputados electos, con el fin de investigar el uso dado por los mismos, a los 403 millones 496 mil 332 recibidos en concepto de partidas circuitales.
Acto seguido, la Asamblea Nacional de Diputados ripostó, señalando que estudian la creación de una subcomisión para investigar al mencionado Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, por un posible caso de obstrucción de la justicia, y 13 denuncias más que pesan en su contra.
En fin, los ciudadanos panameños que estamos ávidos de justicia, que queremos ver tras las rejas (no en sus mansiones, castillos, palacios, fincas, y demás) a quienes se les compruebe haber lesionado el patrimonio estatal “caiga quien caiga”, y que se recuperen los fondos desviados, observaremos detenidamente, con mucho interés y animo vigilante, el funcionamiento de los tres Órganos del Estado en la hora histórica y crucial que vivimos, para determinar si estos funcionarán adecuadamente y en apego a la ley, o si por el contrario, firmarán una suerte de pacto de no agresión para no pasar del show mediático y amagos, imponiéndose la impunidad, lo que nos llevará lo antes posible a tomar nosotros mismos (los ciudadanos) la responsabilidad de sanear y adecentar la nación mediante una constituyente originaria que refunde la patria, barriendo toda la podredumbre politiquera y la corrupción que carcome a Panamá.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
