Por: Erick Simpson Aguilera
El flagelo de la corrupción dista mucho de ser un tema folclórico, cultural y anecdótico propio de países subdesarrollados al que debemos acostumbrarnos y mirar como algo normal y sin mayor importancia, comoquiera que, sus terribles secuelas sobre la población son funestas y su apetito se torna insaciable hasta rebasar el ámbito de la usual coima tomándose las instituciones per se, y sumiendo al país víctima de la misma en un Estado Fallido donde no existe la justicia, en el cual gobiernan las mafias, la vida humana pierde su valor, y los derechos humanos más elementales como son el derecho a opinar, se pierden y quien se atreva a hacerlo para denunciar algún dolo, es ejecutado por las mismas fuerzas de seguridad gubernamentales que responden a los grupos delincuenciales que secuestraron el poder (investigar caso mexicano).
Sé que en nuestro país desde siempre hemos sido víctimas de una corrupción rampante que ha tenido sus picos más altos en la época de la dictadura militar en la cual no existía el Estado de Derecho como es obvio, y el saqueo de la cosa pública estaba al orden del día. Sin embargo, hay quienes opinamos que, el flagelo de la corrupción en la época pos dictadura ya superó con creces al periodo de la dictadura militar, cuyos atracos parecen cosa de niños, comparados con los miles de millones de dólares que según las declaraciones de testigos protegidos, supuestamente fueron saqueados en el anterior quinquenio.
Así las cosas, se precisa que una administración de justicia con fama de inoperante, permisiva, y cómplice del descalabro institucional que sufrimos, juzgue los actos de corrupción que se están detectando. De forma tal que, estamos ante una prueba de fuego para las autoridades judiciales, en un punto de inflexión que puede marcar un antes y un después en la historia patria, toda vez que, si ante tamañas pruebas de lesiones patrimoniales millonarias, las autoridades llamadas a investigar y juzgar los supuestos dolos, actúan cual abogados del diablo ocultando pruebas, dilatando procesos, cerrando casos sin explicación ni sustento legal creíbles, y eximiendo de responsabilidad a personas señaladas por una avalancha de pruebas en su contra, quedará en evidencia que, somos rehenes como país, de una organización mafiosa que delinque contra el patrimonio estatal, y goza de impunidad para seguir con sus atracos, mientras al resto de los mortales, se nos aplica otra ley estricta que no existe para esa casta de corruptos, recurriendo las autoridades incluso, al terrorismo judicial para desalentar la rendición de cuentas, comoquiera que, es más probable que termine preso quien denuncia un ilícito, que el infractor politiquero miembro de la elite corrupta.
Lo que sigue ante un escenario de corrupción sin parangón e impunidad como el antes planteado, es un Estado Fallido estilo México, en el cual no solo peligrarán nuestros bienes, pero también nuestras vidas, al tomarse el país entero incluido sus instituciones, una mafia político económica que no admitirá el disenso, ni la libertad de expresión, y castigará duramente, léase, eliminará a quienes se atrevan a exigir rendición de cuentas y transparencia.
Sí, ya sé que, algunos dirán que exagero, que Panamá es un país demócrata (ilusos), que la corrupción no es tan grave, que es algo folclórico e inofensivo, que no somos un pueblo violento, y demás hierbas aromáticas por el estilo, pero, permítanme decirles a quienes así piensan que, lo mismo pensaban muchos mexicanos hasta que fue muy tarde cuando abrieron los ojos.
De modo que, sin caer en un linchamiento al margen de la ley y sin pruebas, las autoridades judiciales deben decidir si serán parte de la solución investigando y juzgando hasta las últimas consecuencias, sin importar el tamaño político, económico, y social, de los implicados, a saber: funcionarios públicos, empresarios privados, y bancos, o si seguirán optando por ser parte del contubernio, de la componenda de un sistema corrupto que crece cual hierba a la sombra de la impunidad.
Si optan por la segunda opción, los ciudadanos no debemos cruzarnos de brazos, comoquiera que, al perderse el Estado de Derecho por soliviantarse los Órganos del Estado para delinquir, reitero, lo que sigue es un Estado Fallido, y eso no lo permitiremos. Dicho esto, tocaría convocar a una constituyente originaria para barrer todos los Órganos del Estado que se hayan prestado para saquear a la patria, y entonces juzgarlos por sus crimines cometidos contra el patrimonio de la nación.
Reitero que, no estoy sugiriendo que se viole el debido proceso, ni que se desconozca la presunción de inocencia de los implicados en los casos detectados y por detectar, ni desatar una cacería de brujas contra el gobierno anterior, ni linchar a nadie sin pruebas algunas en una suerte de vendetta, por supuesto que no, de lo que hablo es de la necesidad de investigar sin distingo de posición social, económica, ni política, a todos los que se sospecha delinquieron contra el erario público, y si hay méritos y evidencias suficientes que prueben su culpabilidad, que paguen con cárcel –no con casa ni con país– por sus crímenes contra la patria, y si no hay méritos, que sigan gozando de su libertad, pero que se satisfaga el hambre y sed de justicia de la ciudadanía, rindiéndose cuentas de todo lo actuado.
En fin, la corrupción genera pobreza, desigualdad, ignorancia, esclavitud, delincuencia, y muchos problemas sociales que nacen de la falta de oportunidades surgidas por el desvío de fondos públicos que pudieran destinarse a la educación, equidad, y solución de muchos flagelos. De manera que, nos estamos jugando demasiado si permitimos que nada pase y que los funcionarios y autoridades judiciales se burlen de nosotros en nuestras caras, disfrutando tranquila e impunemente del producto mal habido de sus ilícitos.
Finalizo exhortando a todas las fuerzas sociales del país, gremios, asociaciones y demás, que nos movilicemos masivamente, que sigamos el ejemplo de resistencia de los pueblos de Bocas, Comarca Ngäbe, y Colón, y exijamos justicia y cero impunidad, para que las autoridades llamadas a investigar y juzgar, entiendan que no estamos ante una coyuntura de apatía como era usual, y que la indignación nacional llegó a su colmo, léase, que no nos cruzaremos de brazos hasta ver a todos los que delinquieron contra el patrimonio del Estado tras las rejas, y recuperar los bienes de todos los panameños que fueron vulnerados.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
