Por: Erick Simpson Aguilera
Después de cinco años de gobierno CD con una Contraloría ausente, en los cuales las auditorias especiales con resultados de hallazgos de lesión patrimonial brillaron por su ausencia, no por falta de escándalos por detectar, sino más bien por falta de voluntad para investigar; de cinco años en que las contrataciones directas fueron la norma y no la excepción, y varias instituciones claves fueron exentas del control previo; de un quinquenio donde los sobrecostos en las obras eran el pan de cada día; en los cuales las partidas circuitales y fondos de PAN, fueron manejados sin rendición de cuenta alguna y sin los debidos controles; resulta de suma importancia el nombramiento de un contralor o contralora, decente, valiente, independiente, de carácter, y con la suficiente estatura moral para investigar todo lo actuado por el gobierno anterior, y fiscalizar la gestión del gobierno actual, sin que ello implique obstaculizar el desempeño del mismo.
Así las cosas, el nombramiento en cuestión, nos dará un indicio a los ciudadanos de las verdaderas intenciones, y de la voluntad real de los partidos políticos de gobierno y oposición de ser partícipes en la reconstrucción de la maltrecha institucionalidad democrática panameña, de contribuir en la restauración de la transparencia y rendición de cuentas, de su disposición a enderezar el manejo dado al patrimonio de todos los panameños, o los dejará en evidencia ante la ciudadanía, si insisten dichos partidos políticos de gobierno u oposición, en perpetuar las malas artes de la política panameña, dándole así el jaque mate definitivo a un sistema político basado en la corrupción, la ausencia de controles, cero transparencia, y nula rendición de cuentas, y en el abuso contra las finanzas públicas, el cual está agotado, colapsado, en cuidados intensivos, y precisa de nuevas bases sobre las cuales erguirse hasta lograr la madurez democrática.
Entiendo que, los partidos políticos se sienten protagonistas exclusivos en el nombramiento del contralor, y procurador, toda vez que nuestra obsoleta Constitución así lo estipula, y que el resto de los ciudadanos comunes y mortales que no tenemos voz ni voto en el quehacer nacional, debemos en consecuencia resignarnos a sus manejos politiqueros, en los cuales prevalece la agenda de equis partido y no los intereses de las mayorías, y al final del día no se nombra a la persona que responde a un perfil de honestidad, profesionalismo e independencia, sino más bien al amigo, copartidario, allegado, etcétera, que sea más afín con la agenda del partido, o que responda a los intereses de equis grupo económico.
Sin embargo, el hecho de que un sistema político esté diseñado maliciosamente para el abuso, no implica que debemos aprovechar los vacíos legales del mismo para beneficio de mi colectivo político o económico, en detrimento de un país que bien manejado, sería rico, prospero, y desarrollado para todos, cerrándose así la brecha de inequidad, y erradicándose la pobreza extrema y general al disponer de más fondos para educar a toda la población con los más altos estándares internacionales.
Con la ejecución de esa visión de estadista, la producción nacional aumentaría, la balanza comercial que nos es deficitaria con muchos países se equilibraría, y el crecimiento económico de valor agregado sería sostenible, constituyéndonos por ende en el primer país latinoamericano verdaderamente desarrollado. He allí la importancia clave de un buen contralor que cuide las finanzas públicas para darles el uso adecuado que obedezca a un plan y estrategia de desarrollo nacional, y no al despilfarro y saqueo.
Dicha estatura de estadista, en mi opinión, le queda grande a la mayoría de los políticos panameños activados en la vida pública, los cuales solo saben y entienden de manejo politiquero, y sus nombramientos obedecen a intereses sectarios y no al bien común.
Ahora bien, si los partidos políticos de gobierno y oposición sienten que los panameños que comparten mi opinión sobre su ADN politiquero nos equivocamos, demuéstrenlo abriendo todos los espacios de consulta necesarios para que en conjunto con la sociedad civil, ciudadanos de a pie, gremios, y asociaciones, se escojan a las personas más adecuadas y con el perfil necesario para ocupar los puestos de contralor y procurador; comoquiera que, estamos en una coyuntura histórica donde precisamos de gente valiente y proba para investigar todo lo actuado por el gobierno anterior, y cuidar el patrimonio de todos fiscalizando al gobierno actual.
Sí, ya sé que, algunos dirán que los ciudadanos no votan en la asamblea, lo cual es cierto, pero, también es cierto que, si existe la voluntad de tomar en cuenta la voluntad de la ciudadanía, se buscarían los espacios y forma para que previo a la votación en la Asamblea, se escoja para candidato a contralor a una persona que goce del beneplácito y consenso de todos los grupos y actores de la sociedad civil panameña, incluidos los partidos políticos por supuesto.
De modo que, los partidos políticos de gobierno y oposición, pueden optar por ser parte de la solución o del problema. Y si optan por esto último, imponiendo sus agendas partidarias por encima de los intereses nacionales, no nos quedaría de otra a los ciudadanos que deseamos construir un país desarrollado, prospero, y equitativo que, impulsar una constituyente originaria con la finalidad de sanear toda la podredumbre politiquera que detiene el desarrollo de una nación con tanto potencial y riquezas como es Panamá.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
