Por: Erick Simpson Aguilera
El magistrado Alejandro Moncada Luna dio sus explicaciones acerca de las fuentes monetarias que utilizó para adquirir dos apartamentos. Según señala, una de estas fuentes la recibió en calidad de préstamo privado otorgado por un ciudadano que según manifiesta el Diario La Prensa, es accionista de una empresa favorecida con un fallo cuyo ponente era precisamente el magistrado Moncada.
En cuanto a la legalidad o ilegalidad del mencionado préstamo, prefiero no comentar, en virtud de que no soy abogado, y desconozco acerca de los tecnicismos y aristas legales que pudieran establecer o descartar algo pecaminoso en dicha transacción.
Sin embargo, como un ciudadano con derecho a opinar y a exigir transparencia a las autoridades que administran el patrimonio de todos los panameños, y que en este caso puntual, administran justicia, la cual es un pilar fundamental de un Estado de Derecho y de la democracia, manifiesto que me resulta antiético, contraproducente, y un conflicto de interés, aceptar un préstamo privado de un familiar vinculado como accionista a una empresa, a la cual debo favorecer o desfavorecer con fallos judiciales.
Sobre dicho particular, el magistrado Alejandro Moncada Luna, explicó lo siguiente al Diario Panamá América:
“¿Por qué lo dice?
“Se quiere dar a entender como si yo estuviera en un negocio de bienes raíces, con varios bienes inmuebles, lo cual también es totalmente falso, porque el edificio en donde vivo actualmente (Ocean Sky) va a ser vendido apenas se termine el edificio Santorini, en donde voy a vivir, ya que en enero pasado yo llegué a un arreglo con mi tío Pipo Virzi, con quien tengo un lazo más que familiar, como lo hemos dicho públicamente y a quien siempre he querido mucho por su don de gente, de que me hiciera un préstamo personal, sin intereses, poniendo como garantía, casualmente la venta del piso de Ocean Sky apenas me mude al edificio Santorini. Le entrego copia de este contrato que se notarió en enero del año pasado o sea, en 2013”.
Reitero, soy un neófito en temas legales, de modo que, prefiero no opinar sobre la legalidad de la transacción explicada por el Magistrado Moncada, la cual me resulta de lo más extraña, no obstante, la opinión o falta de ella, de un ciudadano del común como es su servidor, no tiene mayor relevancia; la opinión que si es importante y los ciudadanos exigimos escuchar, es la de la Asamblea Nacional de Diputados que por ley le corresponde deslindar este caso y fallar sobre el particular.
El tema es, si se atreverá la Asamblea Nacional a cumplir con sus funciones legales como corresponde para la tranquilidad de la nación, o si se harán de la vista gorda y no investigarán absolutamente nada como suele suceder, quedando en evidencia una vez más la crisis institucional que sufre Panamá, la cual queda de relieve con una Asamblea de Diputados muy activa repartiendo subsidios populistas por doquier, y legislando acerca de temas superficiales –por no decir ridículos-, pero que en asuntos de suma importancia para la salud de la democracia panameña, no dicen ni esta boca es mía, como lo es el tema que nos ocupa, en el cual el norte debiera ser garantizar que la justicia prevalezca, y que no quede por el suelo la ya maltrecha imagen del sistema judicial panameño que según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, es nuestra mayor desventaja como país, sumiéndonos dicho escenario de darse, es decir, si los diputados se cruzan de brazos -como siempre- sin hacer nada para aclarar el caso Moncada, en una profunda y severa crisis institucional.
En fin, el caso en cuestión constituye una prueba de fuego para la democracia panameña, comoquiera que, mediante el mismo quedará en evidencia el funcionamiento de dos Órganos del Estado, y si no pasan la prueba, léase, si no se aborda el tema como exige la ley, para determinar o descartar cualquier hecho pecaminoso en que pudiera haber incurrido o no el Magistrado Alejandro Moncada Luna, debemos preguntarnos entonces: ¿dónde estamos parados como país y qué debemos hacer con un Órgano Judicial en crisis, y un Órgano Legislativo inoperante?
Amanecerá y veremos si todavía tenemos un Estado de Derecho, o si el sistema colapsó y se precisa de una Constituyente Originaria para resucitarlo, toda vez que, una nación que se supone tiene tres Órganos del Estado, no puede funcionar con uno solo.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
