Por: Erick Simpson Aguilera
El diputado Leandro Ávila, miembro del partido político PRD, que según los medios de comunicación aspira a ser el próximo contralor de la república, puede ser que tenga los créditos académicos necesarios y la experiencia requerida para ocupar el cargo en cuestión, sin embargo, que un miembro (diputado) del propio Órgano del Estado (Legislativo) encargado de escoger al contralor, sea el seleccionado para ocupar dicho cargo, además de contraproducente, antiético, e incongruente, resultaría a todas luces un conflicto de interés (tendría que auditar su propia gestión, léase, uso de partidas circuitales del pasado quinquenio) que en nada contribuiría a la gobernabilidad del país, y lesionaría aún más la maltrecha institucionalidad democrática panameña.
Así las cosas, si el partido PRD insiste en esta candidatura antipopular y conflictiva, terminará de hundirse aún más de lo que está, lo cual es mucho decir comoquiera que, dicho partido hoy por hoy, ha dejado de ser considerado como una opción electoral potable y creíble, se encuentra dividido desde hace una década, y está herido de muerte, y este tipo de iniciativas tan extrañas por decir lo menos, no contribuyen a rescatar su ya deteriorada imagen nacional; todo lo contrario, reitero, acabarán de hundirlo definitivamente.
Es preciso aclarar que, no cuestiono la persona y capacidades profesionales del diputado Ávila per se, ni estoy sugiriendo que la ley le impida aspirar al cargo; en lo que hago hincapié es en la fragilidad y obsolescencia de las leyes panameñas que sufren de unos vacíos enormes, que tienen grietas por las cuales los partidos políticos con sus agendas oscuras se cuelan, y que promueven una partidocracia que anula la participación ciudadana, y a la postre establece una suerte de secuestro masivo en el cual los ciudadanos no tenemos voz alguna, y la cosa pública queda reducida a un pastel o botín político a ser repartido entre los miembros y allegados de los partidos políticos.
Dicho de una manera más sencilla, los gremios, asociaciones, sociedad civil, y ciudadanos de a pie, jamás seremos consultados ni tomados en cuenta para la escogencia de quienes “velarán” por el patrimonio nacional que se supone es de todos, entiéndase, para escoger al contralor de la república, y mucho menos en la escogencia de procuradores y magistrados. Lo que opinemos los ciudadanos les tiene sin cuidado a los partidos políticos, y al final del día, ellos escogerán al contralor que mejor se ajuste a sus mezquinas agendas partidarias en detrimento de los mejores intereses de la patria. Así está diseñado y funciona el desgastado, corrupto, colapsado, y extremadamente partidocrático, sistema político panameño que es preciso modernizar mediante una constituyente lo antes posible.
Lo ideal sería que, la ley prohibiera que el Órgano Legislativo pueda nombrar de contralor a uno de los suyos, y presentar a la Asamblea Nacional para su nombramiento a un candidato o candidata independiente, probo, y sin vinculo a partido político alguno, seleccionado previamente en consenso por los gremios, asociaciones de ciudadanos organizados de la sociedad civil, y por supuesto, con la participación de los partidos políticos también, comoquiera que, el país es de todos -no solo de los partidos-, y las personas que ocupan estos puestos claves nos afectan a todos los panameños como quedó evidenciado en el último fiasco y descalabro que resultó el nombramiento en el puesto que nos ocupa, de una persona vinculada a más no poder, al líder del partido político en otrora oficialista.
De manera que, no estoy de acuerdo con la candidatura al puesto de contralor de la republica del diputado Leandro Ávila, por las razones mencionadas y muchas otras, como por ejemplo, el hecho de que no conozcamos en qué utilizó el diputado en mención, los $2,320,000.00 millones de dólares de partidas circuitales que administró durante el quinquenio anterior, los cuales no estoy sugiriendo que fueron mal o dolosamente administrados, sino más bien que, desconocemos en qué se utilizaron.
Una muestra de que quienes objetamos su candidatura a contralor estamos errados y que en efecto él sería un gran contralor y zar de la transparencia y la rendición de cuenta, sería que procediera a publicar inmediatamente en el sitio web de la Asamblea, un informe a la nación del uso dado a las partidas circuitales en mención, detallando ordenes de compras, cheques, proveedores de bienes y servicios adquiridos, y los nombres, apellidos, y cédulas, de los beneficiarios que recibieron ayuda social o fueron contratados gracias a los $2,320,000.00 millones de dólares de partidas circuitales que administró, y someter a una auditoria a dicha partida para evaluar la documentación sustentadora de la misma y descartar cualquiera sombra de duda acerca de la utilización de estos recursos.
¿O será que el diputado Ávila prefiere postergar este tema hasta ser nombrado contralor por sus propios colegas diputados, y entonces auditará su propia gestión convirtiéndose en juez y parte?
En fin, si el diputado Leandro Ávila no rinde cuentas antes de ser nombrado, cuesta creer que, quien no informa con la debida transparencia, el uso dado a los $2,320,000.00 millones de dólares de partidas circuitales que gestionó, sea la persona más adecuada para ocupar el cargo de contralor de la república, y auditar por ejemplo, los B/. 416,678,206.00 millones de dólares, recibidos por el mismo concepto de partidas circuitales, por sus colegas diputados. Ver: Listado de Partidas Circuitales.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
