Por: Erick Simpson Aguilera
Al 31 de mayo de 2014, el saldo de la deuda publica panameña que dejará como herencia el gobierno saliente, asciende a $. 17,425.0 millones, de los cuales $, 13,125.2 millones corresponden a deuda externa, y $. 4,299.8 millones, a deuda interna.
Es preciso añadir a dicho saldo, la deuda flotante por concepto de proyectos llave en mano, empresas excluidas del SPNF, y el saldo de la ampliación del canal, cuyo detalle es el siguiente:
Así las cosas, si tenemos al 31 de mayo de 2014, un saldo de deuda pública del orden de $. 25,053.4 millones de dólares, y el saldo al finalizar la administración Torrijos ascendía a $. 10,802.1 millones de dólares, resulta que la deuda pública panameña aumentó durante los 5 años de la administración saliente en, $. 14,251.3 millones de dólares, lo que equivale a una deuda per cápita (la que adeuda cada panameño), del orden de $. 6959.28.
Cuando miramos un incremento de deuda publica tan astronómico, da la impresión de que nuestro país debe haberse desarrollado grandemente durante el quinquenio que finaliza. Sin embargo, seguimos padeciendo de falta de agua potable, déficit energético, déficit habitacional, un sistema educativo con 45 años de rezago, pobreza general y extrema, desigualdad, falta de soberanía y seguridad alimentarias lo que se traduce en una canasta básica in crescendo, institucionalidad democrática maltrecha –por no decir agonizante-, inseguridad ciudadana (no todos podemos gozar del privilegio de disponer de un ejército del SPI cuidándonos), etc.
Sí, es cierto que se construyó un metro (ojalá que el gobierno entrante cumpla con el compromiso adquirido de auditar este proyecto, no obstante la continuidad de sus administradores), hospitales, y carreteras, pero, tamaño endeudamiento sin parangón, se merece una auditoria forense en cada uno de los rubros, proyectos, y programas, que lo justifican, con la finalidad de determinar si las cifras cuadran o no.
Es más, no solo el uso dado a la deuda pública debe ser auditado. Los ciudadanos panameños con todo el derecho que nos asiste, exigimos conocer cuánto dinero ingresó al tesoro nacional durante estos 5 años de gestión, en qué fue gastado cada centavo de estos ingresos, y el resultado de las inversiones realizadas, desde un análisis costo/beneficio, es decir, qué impacto socioeconómico se logró con un endeudamiento y recaudaciones fiscales sin parangón, y ojalá que cada centavo sea justificado y cuadre con el dinero manejado en el quinquenio que finaliza, y no resulte ser que, muchos de esos miles de millones de dólares hayan sido malgastados en clientelismo político, léase, en compra de jamones, pavos, línea blanca, electrodomésticos, materiales de construcción, etc.
Dicho esto, un informe a la nación verdaderamente transparente, debe ser publicado vía web por el gobierno entrante, con la finalidad de que los ciudadanos que exigimos saber lo que realmente ocurrió durante estos 5 años de oscurantismo y cero rendición de cuentas, nos demos por enterados del uso dado a nuestros impuestos, lo que no implica publicar antes del debido proceso, los posibles hallazgos de un informe especial de auditoria, si fuera el caso de que se detecte alguna lesión patrimonial, pero sí publicar las cifras totales de los ingresos, gastos, inversiones, deuda total adquirida y su saldo a la fecha, y el detalle del uso dado hasta al último centavo administrado por la administración saliente. Es nuestro derecho saberlo, porque son nuestros impuestos los que sufragan esta perversa danza de millones.
Finalizo esperando que no acontezca, una vez tome posesión el gobierno entrante, lo mismo de siempre, léase, cero rendición de cuentas, nula transparencia, oscurantismo, protección de infractores que hayan lesionado el patrimonio patrio, perpetuándose de ser así, el sistema de la corrupción, saqueo e impunidad.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Adjunto cuadros y gráficos anuales de los saldos de la deuda pública panameña.
El primer semestre del año 2009 corresponde a la administración Torrijos.
