Por: Erick Simpson Aguilera
Millones de millones de dólares manejados sin control alguno durante cinco años de gobierno CD, por el Programa de Ayuda Nacional (PAN), y las diferentes juntas comunales del país.
Para que dicho despilfarro tenga justificación legal -máxime la danza de millones acaecida en pleno periodo electoral- quienes manejaron dichos fondos públicos propiedad de todos los panameños, deberán mostrar los proyectos logrados mediante los mismos. Es oportuno destacar que, en un país donde impere el Estado de Derecho, no constituye un respaldo legal del uso dado a partidas millonarias, la compra de jamones, pavos, línea blanca, bolsas de comidas, electrodomésticos, materiales de construcción, carros, etcétera, para hacer proselitismo político con los recursos del Estado.
No obstante, hagámonos los tontos por un momento, y asumamos que le creemos a los funcionarios que nos dicen que este manejo clientelista es legal, y que en realidad no están haciendo proselitismo político con los millonarios recursos del Estado, sino más bien, supliendo las necesidades de los panameños.
Muy bien, es “legal”, pues, entonces para que realmente sea legal, faciliten los expedientes de todos los beneficiarios que fueron favorecidos hasta con el último centavo a ustedes asignado, para que sean evaluados los listados con nombre, apellido, cédula, y dirección de cada beneficiario, más los vales de salida del almacén estatal de las mercancías, las actas de entregas de subsidios con fecha y firmas de los beneficiarios favorecidos y fotocopias de sus cédulas, el cuadro familiar de los mismos, y el informe socioeconómico debidamente fechado y firmado por un trabajador/a social con idoneidad, en el cual se sustente la situación precaria de dichos beneficiarios, y que los mismos puedan ser entrevistados para verificar su estatus social, y si se les exigió sus votos a cambio del subsidio recibido, y sería bueno que las entrevistas e inspecciones oculares realizadas in situ, resulten pristinas, y que el gran total de entregas realizadas según la documentación sustentadora mencionada, cuadre al centavo con los fondos por ustedes manejados durante cinco años de gobierno, porque todo fondo público esfumado sin respaldo de documentación sustentadora legal, consituye una lesión patrimonial.
Dicho procedimiento es preciso realizarlo como quiera que, todos los bienes adquiridos con fondos públicos deben ser registrados como bienes patrimoniales con una recepción de entrada en algún almacén del Estado, y ser retirados del almacén con un vale de salida amparado en un expediente socioeconómico del beneficiario subsidiado. De modo que, como no son fondos privados los que sufragan estas adquisiciones de bienes, los funcionarios no pueden administrarlos como bien les parezca; ergo, no basta con que un diputado alegue que manejó por ejemplo, 10 millones de dólares en 5 años, en partidas del PAN y Juntas Comunales, y que los gastó en compra de útiles escolares, línea blanca, materiales de construcción, etcétera, para sus comunidades, y que tengamos que creer ciega e ilusamente en sus alegaciones como si viviéramos en una república bananera llena de ignorantes que no conocen sus derechos ciudadanos. No es cuestión de palabras, ni de documentación sustentadora que no resista una auditoria seria, es un tema de respaldo legal y rendición de cuentas.
Estamos hablando de recursos del Estado, del patrimonio de todos los panameños. De manera que, hasta el último centavo manejado por diputados y otras autoridades, debe estar debida y legalmente sustentado, de lo contrario, estaríamos hablando de una lesión patrimonial por la que alguien tendrá que responder; así de sencillo.
Además, cabe la posibilidad de que un diputado equis, cree una empresa fachada, utilice las partidas millonarias en cuestión para comprarse a sí mismo sin control alguno, y acto seguido entrega la cantidad que le da la gana, es decir, compra 2 millones en mercancía a su propia empresa, y solo se reciben en los inventarios estatales, 1 millón en mercancía, se queda con la diferencia, y utiliza el inventario adquirido para hacer proselitismo político a favor de su propia candidatura, logrando enriquecerse ilícitamente, y reelegirse ilegítimamente con recursos del Estado, burlando el sistema electoral al competir en ventaja. Negocio redondo.
Si algún diputado equis se siente aludido por este escenario hipotético previamente planteado, por algo será, en virtud de que, no estoy hablando de nadie en particular, solo estoy pidiendo que se rinda cuentas, que se realicen las auditorias forenses que determinen las responsabilidades fiscales de haberlas, o descarten el uso indebido de bienes del Estado si no hay pruebas del ilícito.
Es oportuno aclarar que, no estamos pidiendo linchamiento, persecución, ni revanchismo contra los funcionarios del gobierno saliente, lo que exigimos como ciudadanos responsables y conscientes de nuestros derechos, es que prevalezcan la transparencia y la rendición de cuentas, como procede en todo Estado civilizado donde reina el imperio de la ley.
Dicho lo cual, destaco que, las expectativas ciudadanas con el próximo gobierno son muy altas, toda vez que, ante la ausencia durante 5 años de gobierno CD de controles, léase, de La Contraloría, Fiscalía Electoral, Procuraduría, etcétera, las ansias de justicia se han disparado. De manera que, esta vez, el pueblo que ha llegado al límite del hastío y le ha dado una última oportunidad a la clase política para demostrarnos que en Panamá existe el imperio de la ley, que prevalece el Estado de Derecho, y no un Estado mafioso y bananero donde reina la impunidad y se exige el pago de impuestos a los ciudadanos para que un grupo minúsculo maneje estos fondos a su antojo y sin rendir cuentas, no aceptará más excusas, padrinazgos, ni protección a quiénes se les demuestre haber lesionado el patrimonio de todos los panameños.
En fin, a realizar las auditorias forenses necesarias se ha dicho, y si es preciso remover de sus cargos a las autoridades judiciales y de otra índole que pretendan no investigar, o engavetar los resultados de las auditorías realizadas para proteger a sus allegados en detrimento del Estado panameño, pues, que con la valentía requerida se tomen las medidas legales correspondientes para remover de su cargo a todo aquel funcionario que promueva la impunidad, que no cumpla con su deber de investigar y juzgar el delito, y que constituya un obstáculo al imperio de la ley, al Estado de derecho, y a la rendición de cuentas.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
A continuación 5 videos sobre el particular en cuestión, realizados por Telemetro Reporta.
