Por: Erick Simpson Aguilera
De acuerdo al Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Panamá ocupa el lugar 118 entre 148 países evaluados, en cuanto a independencia judicial se refiere. Situación que constituye un lastre para el país como quiera que, al no existir una justicia independiente que salvaguarde los intereses de todos los ciudadanos y extranjeros residentes en Panamá, impera en consecuencia, la ley de la selva, la ley del lejano oeste, la ley del billete que tuerce el derecho a favor de los potentados que tienen los recursos para gozar de impunidad, en detrimento de las mayorías que ven sus derechos pisoteados por carecer de recursos económicos y de poder político.
Así las cosas, difícilmente empresas serias de países que castigan severamente a sus ciudadanos que cometen actos de corrupción en el extranjero, invertirán en Panamá, y solo podremos aspirar a las inversiones de empresas dadas a las malas prácticas, léase, a pagar coimas, a solicitar adendas injustificadas para inflar las ganancias con sobrecostos, y otras malas artes por el estilo, mediante las cuales funcionarios corruptos en componenda con empresarios piratas, saquean el erario público.
Es oportuno señalar que, un país en el que los ciudadanos sienten que la justicia no funciona, que la corrupción reina, y la impunidad impera, corre el riesgo de pasar de un Estado de Impunidad, a un Estado Fallido, como está sucediendo en México y otros países vecinos en los cuales los ciudadanos se han armado como autodefensas para imponer su propia ley ante la ausencia del Estado.
De modo que, la independencia judicial no es un accesorio frívolo del que podamos darnos el lujo de prescindir como nación. La independencia judicial es más bien, un pilar fundamental de un Estado de Derecho, sin el cual es imposible gozar de una justicia imparcial, de credibilidad, y de seguridad jurídica, lo que nos resta competitividad como nación.
Explicada la importancia de contar con un sistema de justicia independiente y funcional, entramos en materia.
Una vez concluido el ejercicio electoral del pasado 4 de mayo, una lluvia de impugnaciones por uso de recursos del Estado para proselitismo político ha surgido por doquier. Listas y más listas de millones de dólares de fondos públicos transferidos a las Juntas Comunales de todo el país, han inundado las redes sociales. Provocando todo este derroche de fondos públicos, una sensación de repudio e indignación en una ciudadanía que a duras penas sobrevive con el sudor de su frente, y observa como sus impuestos son “administrados” de forma inadecuada –por no utilizar el verdadero término que merece esta acción–.
Ahora bien, no estamos sugiriendo que una impugnación constituya una prueba de un delito electoral per sé, toda vez que, es preciso que el Tribunal Electoral determine si en efecto se cometió el ilícito, o si por el contrario, no hay méritos que justifiquen las impugnaciones. De modo que, respetamos la presunción de inocencia y el debido proceso.
Sin embargo, de determinarse mediante pruebas fehacientes y siguiendo el debido proceso, la comisión de un delito electoral que amerite algún tipo de pena, no bastará con que se repita la elección incluyendo en la próxima a quienes se les comprobó el uso indebido de recursos del Estado para proselitismo político, como si dicho delito electoral fuera una travesura anecdótica sin ninguna importancia, la cual no tendrá mayor repercusión que una nueva elección en la que los infractores podrán aspirar a ejercer un cargo público. No necesitamos a funcionarios manejando fondos públicos que, desde antes de ejercer el cargo, ya demuestren su desprecio por la Constitución y las leyes.
Tamaña impunidad mandaría un mensaje nefasto a la ciudadanía de que el crimen si paga, como quiera que, cabe la posibilidad de que en una nueva elección, quienes se beneficiaron indebidamente con los recursos del Estado, favorezcan otra vez con sus votos a los infractores por gratitud -por no decir complicidad-; lo cual sigue viciando el sufragio, debido a que el efecto nocivo del ilícito, continua vigente.
De manera que, a quién se le compruebe el uso indebido de los bienes del Estado para proselitismo político, debe inhabilitársele y aplicársele la pena que la ley dispone para dichos casos, enviando a las autoridades competentes los resultados que demuestran el delito, para darles el trámite judicial correspondiente.
Además, es preciso auditar todas las partidas transferidas a las juntas comunales, con la finalidad de determinar el uso dado a las mismas, y si las entregas de línea blanca, bolsas de comida, materiales de construcción, y demás dadivas sufragadas por dichas partidas, están amparadas en informes sociales debidamente fechados y firmados por técnicos idóneos, si dichos informes cuentan con el cuadro familiar de los beneficiarios, el acta de entrega/recibo firmada por los mismos, y copia de sus cedulas.
En ningún país serio donde impere la ley, se pueden dilapidar millones de dólares sin justificar a través de comprobantes que sustenten el proceso, el uso dado a los mismos. No basta con un listado de beneficiarios con firmas brujas; cada centavo debe estar debidamente respaldado.
De modo que, es menester determinar en primera instancia si hubo delito electoral o no, y en segundo lugar si hubo peculado o no. De comprobarse legalmente la comisión de ambos delitos, los funcionarios que transfirieron estos fondos millonarios sin control alguno, quienes los manejaron politiqueramente, y quienes los repartieron a cambio de votos burlando el sistema electoral, deberán hacerle frente a posibles casos de delito electoral y lesión patrimonial, y entonces veremos si se impone el Estado de Derecho de respeto a la Constitución y las leyes, o si prevalece una vez más, el Estado de Impunidad sin certeza del castigo, el cual es el germen de la corrupción, y puede mutar de tanto uso y abuso del mismo, a un Estado Fallido que reemplace por la fuerza a la justicia ausente, ciega, sorda, y muda.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Mateo 5:6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
