Por: Erick Simpson Aguilera
El siempre controvertido gobierno saliente que se ha caracterizado durante sus cinco años de mandato por promover leyes antipopulares en la Asamblea Nacional, gracias a una aplanadora conformada en su mayoría por diputados tránsfugas, haciendo caso omiso del clamor popular que en su momento ha calificado a dichas iniciativas como lesivas a sus intereses, para después recular revocando dichas leyes nefastas en virtud de las protestas ciudadanas masivas en defensa de los derechos vulnerados, insiste en vernos las caras de tontos a los panameños, promoviendo en las postrimerías de su desgobierno, otra ley que en nada beneficia al país, pero si expone a miles de ciudadanos a sufrir inundaciones por la drástica reducción de la barrera natural de humedales.
Si los humedales son considerados como uno de los ecosistemas más productivos del orbe por servir de recarga de acuíferos (el agua es el principal recurso para la vida del planeta y el agua dulce disponible para el consumo humano escasea), amortiguan las inundaciones, proveen un hábitat de guardería para diversas especies animales y vegetales (sin humedales muchos recursos pesqueros se extinguirían), y sustentan a innumerables especies de aves (muchas aves migratorias dependen de los humedales), mamíferos, peces, anfibios, reptiles, e invertebrados, ¿cómo se supone entonces que, desproteger 750 hectáreas del ecosistema de humedales de la bahía de Panamá, léase, destruir 750 hectáreas de humedales para beneficiar a cuatro proyectos privados en detrimento de los residentes del área de Juan Díaz y Tocumen y de la vida animal y vegetal que se quedará sin hábitat, y del resto de los panameños que no residen en las mencionadas áreas pero serán afectados de manera devastadora también, aunque no se inunden sus casas, signifique proteger a la Bahía de Panamá?
Dicho de manera más sencilla, ¿cómo es posible que el gobierno saliente pretenda vendernos la estafa a los panameños de que, desproteger 750 hectáreas de humedales para rellenarlos y realizar infraestructuras privadas sobre ellos, equivale a proteger la Bahía de Panamá?
¿De veras piensan los promotores de semejante ley tan lesiva, que los panameños somos unos ignorantes mayúsculos?
Aterricen a los tiempos modernos señores, que la época de la patria boba en la que algunos se apoderaban de las mejores tierras del patrimonio nacional ya pasó, y estamos por si aún no se han enterado, en la era de la información en la cual hasta un niño con un teléfono inteligente está más documentado que muchos diputados que son unos analfabetos funcionales que no tienen ni idea de qué aprueban y solo obedecen ordenes cual serviles sin criterio ni voluntad propia.
Si los términos talar, destruir, y rellenar, significan en la jerga politiquera criolla, proteger, eso es problema de ustedes (ministros y diputados), pero los residentes de Juan Díaz y Tocumen no tenemos por qué exponernos a inundaciones ni a la perdida de nuestros bienes, para que un minúsculo grupo económico elitista lucre. No se trata de no incentivar las iniciativas privadas que activan la economía nacional y generan empleo, se trata de poner orden antes que nos quedemos sin país, como quiera que, el “desarrollo” a costa de lo que sea, es un camino directo al precipicio.
Dicho esto, aclaro que, los panameños en pleno -no un grupo minúsculo de empresarios y políticos- somos los dueños de las costas y humedales de la Bahía de Panamá. De manera que, no destruirían dicho ecosistema sin la aprobación de la mayoría de ciudadanos panameños que no estamos de acuerdo con este crimen medioambiental (los manglares son zonas inadjudicables por la Constitución), ni nos sentimos representados por una bancada oficialista artificial constituida de manera ilegal mediante el transfuguismo, y cuyo mandato está expirando; ergo, desistan de esta nefasta iniciativa. Ojalá que, aunque sea una vez en sus mandatos, algunos diputados oficialistas cuya dignidad ha sido rebajada por el presidente saliente de la república a la categoría de animales (pedigrí) actúen con independencia y criterio y no sean partícipes del daño que este anteproyecto de ley representa para los intereses de la patria.
Así las cosas, nos toca a los panameños oponernos con todas nuestras fuerzas y derechos ciudadanos a vivir en paz y a preservar nuestros bienes, a esta nefasta ley que amenaza nuestros hogares, bienes, y vidas, hasta que se deseche el anteproyecto en cuestión, y exigir a los diputados electos que en el próximo quinquenio se establezca una ley de ordenamiento territorial funcional que rija a nivel nacional, en la cual se definan de una vez por todas, cuáles áreas serán desarrolladas ecológicamente, residencialmente, industrialmente, comercialmente, agropecuariamente, y turísticamente, acabando así con la especulación y “desarrollo” desordenado cuyo ritmo vertiginoso –impulsado por una gula insaciable de mercaderes mezquinos ávidos de riquezas que todo lo valorizan en dólares– acabará sino le ponemos un alto, con nuestro frágil ecosistema.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
