Cuando faltan menos de tres meses para las elecciones generales, el único termómetro que tienen los votantes para saber qué hacer el 4 de mayo, es la propaganda masiva. De momento se anuncia una que otra escuálida disertación con la participación de algunos de los siete presidenciables. Usualmente convocada ante foros privados y promocionada como debate, con formatos carentes de uniformidad y eficacia y captada por uno que otro medio. En estos shows públicos, los postulantes suelen replicar el guion de la detestable propaganda que pautan en televisión y radio.
En lugar de presenciar la discusión de ideas, el televidente o radioyente es asediado día y noche con ficticios planteamientos electorales, o dicho de mejor forma, simple mercadería politiquera; jingles o anuncios cantados, cargados de imágenes bien trabajadas y casi siempre asistidas con frases pegajosas que se insertan como flechas letales en las conciencias de los menos letrados; guiones repetidos una y otra vez, carentes de propuestas reales y discursos sin profundidad ni argumentos y absolutamente alejados de la realidad; testimoniales ilegítimos de gente de abajo, con libretos prefabricados que alaban al candidato pero sin sustentar la adulación de su mercadería. La trivialidad de la propaganda se repite, una y otra vez, en la mayoría del resto de las ofertas electorales.
El marco legal induce el escenario que impide al compromisario conocer más del aspirante a la jefatura estatal. Los debates presidenciales televisados, propuestos como obligatorios en la última reforma electoral, fueron rechazados por los diputados que apoyan a José Domingo Arias y Marta Linares de Martinelli. Los oficialistas abogaron por la vía opcional y plantearon la formulación de un cuestionario previo que permita a sus patrones prepararse. Hasta la fecha Arias ha sido el gran ausente en los raquíticos espectáculos mediáticos. El precedente es elocuente. Ricardo Martinelli en la pasada campaña asistió a un primer debate. Algunos analistas políticos le dieron mejor calificación a la excandidata perredista Balbina Herrera, lo que hace pensar que por ello el mandatario se ausentó en el resto de las disputas televisadas.
El debate es una alternativa democrática que ayuda a nivelar la danza de millones de dólares de la propaganda masiva que el capitalismo financiero aúpa para que la población sea manipulada.
Debatir significa discutir o disputar, según la voz latina debattuere de donde nace la expresión. En los debates presidenciales televisados triunfa el que mejor sustenta sus argumentos, confronta a su adversario y delata las verdaderas intenciones que lo impulsan a ofertarse. Ayudan a descubrir esos rasgos oscuros que no se miran públicamente porque casi todo en ellos es actuado y magistralmente fingido. Los eslóganes son ideados con mensajes dirigidos a engañar a las masas. La descontextualización y brevedad se amalgaman con mensajes vacíos y sin sentido racional, que solo apelan a las emociones y a una espuria elocuencia preelaborada.
Lo ocurrido recientemente en Costa Rica da fe de la trascendencia que juegan los debates televisados en la democracia. Luis Guillermo Solís, el candidato presidencial del Partido de Acción Ciudadana (PAC) de centro izquierda, que obtuvo el mayor número de votos y que el 6 de abril se enfrentará en una segunda vuelta al candidato del gobierno Johnny Araya, según las encuestas, no tenía ninguna posibilidad. Los sondeos ubicaban al historiador, docente universitario, politólogo y ex diplomático en una distante cuarta posición.
La última controversia televisada por Teletica empleó una estrategia interesante. En una de sus etapas, las preguntas eran formuladas por los candidatos. Esto permitía la discusión, y afloraban las fortalezas y debilidades, verdades y mentiras de cada quien. Sin tachas morales ni expedientes sombríos, Solís no pudo ser objeto de ataques, ni siquiera durante los debates televisados. Contrario a ello, el candidato del PAC preguntó al oficialista Araya: “¿Usted me podría hacer el favor de explicar por qué el alcalde de San José durante el tiempo que usted estuvo en ese cargo, 22 años, ganaba un salario más alto que los alcaldes de Madrid o París, siendo la ciudad de San José más ´chiquitilla´ que esas dos?”.
Los votantes tienen derecho a saber quiénes son los aspirantes al poder político y la sociedad a exigir que ese derecho se cumpla.
Fuente: La Prensa.
