Por: Erick Simpson Aguilera
Llegó la fecha límite establecida por GUPC (Grupo Unidos por el Canal), para suspender las obras de ampliación si la ACP (Autoridad del Canal), no cumplía con las exigencias –por no decir chantaje– de dicho consorcio, el cual reclama sobrecostos del orden de $1,600 millones de dólares.
En virtud de que los altos estándares heredados de la administración norteamericana, blindan al canal contra estas malas artes que son parte de la cultura empresarial en la periferia del viejo continente, el chantaje de GUPC no cumplió su cometido al mantenerse firme la ACP en su intención de no negociar nada afuera del contrato. De modo que, el mencionado consorcio optó por bajar el discurso gansteril al que había apelado, y no cumplió sus amenazas de suspender las obras de ampliación, el 20 de enero de 2014.
Ahora bien, ¿significa ese cambio de discurso que, la ACP y todos los panameños que la apoyamos, debemos bajar la guardia y negociar con un consorcio que no respeta el contrato firmado, y pretende invocar acuerdos secretos de carácter verbales?
Absolutamente no. GUPC ya demostró su falta de ética y profesionalismo, y estar dispuesta a afectar al proyecto insignia de la historia patria, y de paso, perjudicar también a todas las naciones que han hecho millonarias inversiones para adecuar sus infraestructuras portuarias para aprovechar la ampliación del canal, con tal de llevarse gratuita e injustificadamente, un sobrecosto de $1,600 millones de dólares.
Con empresas de esta calaña (Sacyr e Impregilo), que no entienden las repercusiones de sus malas artes en el comercio mundial, que están desubicadas en sus pretensiones y no justifican las mismas en el marco contractual, pero sí recurriendo al chantaje, y a irresponsables amenazas de paralización, no hay nada que negociar, y mucho menos, afuera del contrato.
De hecho, GUPC está violando el contrato al disminuir la productividad al 25%, lo cual es una estrategia para desgastar a la ACP, con la finalidad de que ceda al chantaje. A ese bajo ritmo de productividad, la obra no terminará jamás. De manera que, no podemos caer en el juego sucio de GUPC que apuesta a sus malas artes que parecen habituales en España e Italia, ni podemos permitir que dejen el proyecto de ampliación en el limbo, mientras nos mantienen a los panameños en ascuas, como si ellos tuvieran el poder de decidir cuándo sí o cuándo no, se finalizará la ampliación.
El proyecto de ampliación, es panameño, no español, ni italiano, ergo, somos nosotros, los panameños, quienes tenemos el poder de decidir cuándo el mismo estará listo, y quien pretenda sabotear nuestro proyecto postergándolo en demasía para chantajearnos, desgastarnos, y doblegarnos para lucrar injustificadamente –por no decir saquear– perjudicándonos con dicho sabotaje, debemos quitarlo del camino. Así de sencillo.
Dicho esto, solo procede tomar las acciones legales pertinentes para rescindir el contrato, aplicar la fianza, expulsar a las empresas del GUPC de la ampliación, retomar el proyecto, y llevarlo a feliz término. Y de paso, adecuar nuestras infraestructuras portuarias como han hecho otras naciones, realizando el megapuerto de Corozal.
A Panamá no hay piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros, mercaderes de espejitos, ni nadie que la pare. La ampliación del canal se llevará a cabo en un plazo razonable se oponga, quien se oponga, y sabotee, quien sabotee.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
