Por: Erick Simpson Aguilera
Tal parece que, ciertos grupos económicos y políticos europeos, siguen anclados 522 años atrás, y aún no se enteran de que estamos en el siglo 21, ni de que sus espejitos ya no nos deslumbran ni impresionan como en otrora.
Que risible resulta que, el consorcio GUPC (Grupo unidos por el canal), conformado por las empresas Sacyr de España, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, después de bajar temerariamente su propuesta para adjudicarse el contrato de la ampliación del canal de Panamá, al ofertar $ 1,067 millones de dólares menos que la empresa norteamericana Bechtel que quedó en segundo lugar, $ 2,863 millones de dólares menos que el Consorcio Canal, y hasta $ 363 millones de dólares por debajo del precio base establecido por la propia ACP (Autoridad del Canal de Panamá), ahora pretendan invocar un sobrecosto por el orden de $ 1,600 millones de dólares, que de no recibirlos, amenazan con paralizar las obras de ampliación del canal.
Semejante chantaje tan gansteril, más que, te cambio mis espejitos por $ 1,600 millones de dólares, suena a, arriba las manos, esto es un asalto. Deja mucho que desear, y habla muy mal del poco profesionalismo y falta de ética, de que hacen gala las empresas en cuestión, pretender salirse del marco legal contractual que establece claramente los mecanismos de reclamos y arbitrajes para solventar las disputan que surjan, para optar por llevar el tema al terreno del chantaje y la ilegalidad.
Según estas empresas, ellas tienen la sartén por el mango, toda vez que, apuestan a que Panamá ceda, en aras de no atrasar aún más, la obra cumbre de la historia patria, lo cual afectaría el calendario de peajes establecido. Sin embargo, sus cálculos mal intencionados y chantajistas, les pasarán factura cuando sean objeto de la cancelación del contrato por incumplimiento, y se les aplique la fianza; lo cual los descalificará en adelante para realizar obras de semejante magnitud, a nivel mundial, como quiera que, sus referencias manchadas por el fiasco del canal, hablarán por sí mismas.
Es oportuno destacar que, estamos en esta penosa situación por responsabilidad propia, toda vez que, no es posible que tamaño proyecto, el cual constituye la obra magna gestionada por los panameños, cuyo carácter técnico y costo, son impresionantes, lo adjudiquemos al precio más bajo, dando cabida a empresas de esta calaña a que se cuelen en la licitación y trastornen el desenvolvimiento de las obras por sus malas prácticas.
En mi opinión, un proyecto de esta envergadura debe establecer como norma, la descalificación inmediata de aquellas empresas que oferten por debajo del costo base establecido en la licitación. Además de cumplir con el tema técnico, los ofertantes deben presentar costos razonables y viables, no ofertas barateras que no alcanzaban ni para el hormigón, como ya habían advertido cuando se le adjudicó la obra a GUPC.
Así las cosas, ahora resulta que, GUPC se encuentra sin liquidez para pagar a sus proveedores y sub contratistas (la conocida situación financiera precaria de Sacyr, debió descalificarla en plena licitación), y no conforme con salirse del marco contractual amenazando con suspender las obras de ampliación si la ACP no les reconoce, reiteramos, un sobrecosto por el orden de $ 1,600 millones de dólares, demuestra carecer de coherencia y responsabilidad, como quiera que, después de negociar con la ACP, gracias a la mediación de la Ministra de Fomento de España, Ana Pastor -mediación que dicho sea de paso, no la entiendo, toda vez que, este tema es de carácter privado, ergo, no le atañe a estados-, y acordar un aporte de 100 millones de dólares por ambas partes (200 millones de dólares), para solventar el tema de la falta de liquidez, ahora pretendan un día sí y otro también, cada empresa por su lado, establecer un cifra de adelanto nueva y más temeraria que la anterior, en una suerte de escenario de rapiña, despojo, saqueo, surrealista, bananero, irresponsable, e incomprensible; a saber: Sacyr de España exige un adelanto de 400 millones de dólares, mientras su socio italiano Impregilo, exige que el adelanto sea del orden de 1,000 millones de dólares.
Ante semejante escenario carente de legalidad, de índole chantajista, y de lo más surrealista posible, es menester que, la ACP realice que no estamos tratando con empresas serias, como quiera que, las mismas se manejan al margen de la ley contractual, no respetan las negociaciones, y ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellas mismas, y proceda en consecuencia a cancelar el contrato en apego a la ley por incumplimiento, aplique la respectiva fianza, retome las obras, lleve el proyecto a feliz término, y no pierda más tiempo con empresas vendedoras de espejitos que pretenden vulnerar el patrimonio patrio.
Hoy que celebramos el 9 de enero, fecha histórica de la gesta que significó el inició de la recuperación de la zona del canal, sería bueno que la ACP se vaya preparando para darles la lección de sus vidas a estos mercaderes vendedores de espejitos.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
