Por: Erick Simpson Aguilera
Resulta preocupante que una Institución caracterizada por sus buenas prácticas y altos estándares éticos, técnicos y profesionales, como es la ACP, se vea lesionada en su imagen por intrigas, conflicto de intereses, y demás malas prácticas que son propias de la politiquería criolla, de la cual se mantenía al margen el canal de Panamá.
Sin embargo, tres altos ejecutivos de la junta directiva de la ACP –nombrados por el gobierno de turno– han sido protagonistas en los medios de comunicación las últimas semanas, por una tormenta que gira en torno a la suspensión en septiembre del presente año, del proyecto para construir en el lado pacifico del canal de Panamá en el área de Corozal, un mega puerto sobre 112 hectáreas, que sirva de centro de trasbordo de contenedores, interconectado al mismo con el ferrocarril transístmico, la autopista Panamá – Colón, y los corredores norte y sur, el cual tendría la capacidad de alojar hasta cuatro buques post panamax.
Dadas todas las ventajas logísticas y de transporte multimodal de que dispone Panamá por su privilegiada posición geográfica, e infraestructura envidiable que está siendo mejorada con la ampliación del canal, la construcción de un mega puerto en el lado pacifico del canal ampliado, resulta un proyecto razonable, estratégico y necesario para explotar al máximo las potencialidades de que goza Panamá. De hecho, USA está ampliando sus puertos de la costa este y del golfo, con la finalidad de aprovechar al máximo la ampliación del canal de Panamá; de manera que, con mucha más razón, Panamá que es el dueño del proyecto, debe adecuarse a estas nuevas realidades y oportunidades para mantenerse competitivo como uno de los principales hubs portuarios del planeta (Panamá ocupa el sexto lugar a nivel mundial en el Índice de competitividad global en calidad de infraestructura portuaria, y el primer lugar a nivel de LATAM).
De modo que, el canal de Panamá y todas las actividades conexas al mismo, deben mantenerse al margen del cáncer politiquero, conflicto de intereses, y malas prácticas que corroen a las instituciones panameñas. Las decisiones que la Junta Directiva de la ACP tome, deben basarse en criterios estrictamente técnicos; no en intereses creados de grupo empresarial o directivo alguno. El país está por encima de cualquier empresa extranjera o nacional, y no permitiremos que ningún Bunau Varilla moderno, establezca los límites de qué debe o no hacer Panamá en materia portuaria, ni que mercader alguno, lucre a costillas del principal activo de la nación.
Además, de ninguna manera debemos permitir que se ventilen públicamente temas que competen a la Junta Directiva de la ACP –ojalá que no sea con el malintencionado propósito de desprestigiar a equis ejecutivo, y beneficiar a algún grupo empresarial en particular– en los medios de comunicación. Si existe algún proceso o investigación en curso, esta debe mantenerse en el ámbito que le corresponde, y no viciarse ventilándola en los medios en pleno proceso, violándose así los procedimientos internos de la ACP que impiden dicha práctica.
En fin, mucha sangre, vidas, sudor y lágrimas, costó la recuperación de la vía interoceánica, para permitir que la gula de gente inescrupulosa que no conocen de frenos ni límites, contamine a la ACP de las malas artes de la política criolla, la cual considera al Estado un botín político para repartirse. Por cierto, recuerdo a un tristemente célebre presidiario italiano de apellido Lavitola que, compartía esa visión de convertir al canal en un botín político, y ya estaba pensando en algunos nombres que sugeriría al gobierno de turno para ocupar la vacante de administrador del canal de Panamá.
Las cosas que se ven en este gobierno que ha cruzado las más sagradas fronteras patrias al meterse (los ejecutivos y magistrados que nombra) con la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), TE (Tribunal Electoral), etcétera, no tienen nombre.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
