Por: Erick Simpson Aguilera
El fallo de la CSJ que revoca una decisión del Tribunal Electoral, constituye un atentando contra la institucionalidad democrática del país, y vicia el torneo electoral de 2014, como quiera que, despoja al TE de la exclusividad que le otorga la Constitución en materia electoral.
Así las cosas, según juristas expertos en la materia, y de acuerdo con los magistrados del propio Tribunal Electoral que se pronunciaron sobre el particular en un comunicado, peligran las elecciones de 2014, toda vez que, al atribuirse la Corte Suprema de Justicia competencias electorales exclusivas del Tribunal Electoral, se crea un precedente y se abren las puertas para una serie de exabruptos jurídicos que distorsionarían los resultados de la contienda electoral, léase, reelección inmediata, impugnaciones selectivas, etcétera.
En buen castellano, un fraude electoral es una posibilidad latente dado que, se han cruzado las fronteras que salvaguardaban la facultad exclusiva del Tribunal Electoral para arbitrar las elecciones, y de ahora en adelante, la CSJ se reserva el derecho de intervenir y decidir en materia electoral, lo que implica una facultad ilegal e inconstitucional para inclinar la balanza a favor del oficialismo al cual está plegada y sumisa cual si fuera un apéndice del Órgano Ejecutivo.
Sea como fuere, con todo el derecho que me asiste de pensar y usar el cerebro, decido creerles a los magistrados del Tribunal Electoral que en el citado comunicado, expresan lo siguiente:
“Este es un día triste y funesto para nuestra democracia, y vemos en peligro la próxima contienda electoral que debe culminar el 4 de mayo de 2014.”
“El precedente que pretende establecer la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en este caso, pone en peligro la estabilidad y seguridad jurídica del proceso electoral en el que estamos ya inmersos, violando normas expresas y claras de nuestra Constitución, porque cualquier decisión electoral del único tribunal competente, puede quedar ahora sujeta a la intervención de la Sala Tercera de la Corte, que carece de competencia para intervenir o incidir en la toma de decisiones sobre materia electoral, impidiendo que el Tribunal Electoral pueda cumplir con su mandato constitucional y legal.”
Dicho esto, me pregunto si la oposición estará a la altura de las circunstancias para realizar que el proceso electoral está viciado y en consecuencia no competirán en una elección normal, justa y transparente, en la cual podrán alzarse con la victoria en buena lid a base de votos. Sería pecar de ilusos e ingenuos, creer que estamos ante una coyuntura electoral normal como en las pasadas elecciones que se realizaron sin mayores traumas, sin intervención del Ejecutivo, con el arbitraje exclusivo del Tribunal Electoral como establece la Constitución, y se respetaron los resultados que favorecieron siempre a la oposición. Absolutamente no; estamos en otro contexto; en otra coyuntura histórica en la cual nos jugamos nuestra democracia, y esta debe estar por encima de las aspiraciones personales de los candidatos de oposición.
En esta cita con la historia en la cual peligra la democracia panameña y se vislumbra el establecimiento de una dictadura que pisotea la Constitución para perpetuarse en el poder, se medirá la verdadera estatura de quienes dicen poner los intereses del país primero.
Una alianza de oposición debe organizarse con carácter de urgencia –para ayer es tarde– con la finalidad de rescatar a nuestra patria del peligro que se cierne sobre la misma. Quién encabezará la coalición opositora, y qué formula política utilizará la misma, léase, planes de gobierno, división de los espacios políticos, etcétera, es importante, pero también es secundario; lo prioritario ahora mismo es Panamá. De manera que, es momento de desprendimiento, y de consensuar un acuerdo nacional para sanear al país de una vez por todas, evitando así, que se perpetúe en el poder la dictadura civil que no respeta la Constitución ni las leyes.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.