El fracaso del control de precios a lo largo de la historia
Los controles de precios tan comentados en estos días no son ninguna novedad, así como tampoco lo son sus negativas consecuencias sobre la economía y los consumidores. En su trabajo 4000 años de control de precios y salarios, Robert Schuettinger y Eamonn Butler reseñaron brillantemente las consecuencias de estas prácticas a lo largo de la historia.
El Código de Hammurabi que hace más de 4.000 años impuso un férreo sistema de controles de precios y salarios en Babilonia ocasionó una fuerte caída en la actividad económica y comercial durante su reinado y el de sus sucesores. El límite a los precios y salarios sacaba del mercado a productores y trabajadores que no estaban dispuestos a producir por debajo de sus expectativas, haciendo que disminuya la oferta de bienes, al tiempo que aumentaban los precios.
Otro caso interesante es el de Atenas en el Siglo de Oro, una ciudad estado populosa pero con una región rural limitada para producir alimentos, lo cual implicaba mucha demanda y poca oferta de los mismos. Así las cosas, al gobierno se le ocurrió crear un ejército de inspectores para controlar que los precios de los granos fueran justos. El propio Aristóteles aprobaba esta política al decir que el gobierno tenía que velar porque el grano fuera vendido en el mercado a un precio justo. Pero aún bajo amenaza de pena de muerte, que muchas veces recayó sobre los propios inspectores que no podrían hacer cumplir la ley, el mecanismo se presentó como un fracaso absoluto ya que el precio de los granos continuó subiendo cuando la oferta era menor a la demanda.
No fue distinto el resultado cuando el gobierno de Londres trató de controlar el precio del vino en 1119 y en 1330. La ley establecía que la bebida se vendiera a un precio razonable teniendo en cuenta para ello los costos de importación más otros gastos. De todos modos, ante la escasez que produjeron estos controles y el malestar de la población el gobierno debió ceder en su postura. Algo similar ocurrió durante la Dinastía Tudor, quienes en distintas épocas pretendieron controlar el precio de muchas mercancías. Estas prácticas se hicieron reiteradas durante el reinado de Enrique VIII cuyos excesivos gastos hicieron que el monarca buscara fondos extras disminuyendo el contenido metálico de las monedas, lo cual se tradujo rápidamente en un aumento general de precios.
Contemporáneamente, del otro lado del Mar del Norte, se producía un fenómeno similar en Bélgica. Entre 1584 y 1585 la ciudad de Amberes fue sitiada por los españoles, lo cual generó escasez y el consecuente aumento en el precio de los alimentos. Ante esta situación, el gobierno de la ciudad decidió poner precios máximos, estableciendo severas penas para aquellos que quisieran vender alimentos a precio de mercado. El resultado fue doblemente negativo: por un lado, desalentó la llegada de productos desde el exterior ya que ningún comerciante quería correr el riesgo de atravesar las fuerzas sitiadoras para vender sus productos a un precio menor al del mercado; por el otro, se alentó un consumo descontrolado de los alimentos ya que estos estaban más baratos de lo que marcaba el mercado. La consecuencia de esta medida terminó favoreciendo al Duque de Parma que en 1585 logró ocupar la ciudad de Amberes.
Los tres ejemplos mencionados demuestran a las claras la inutilidad de aplicar controles de precios. Lamentablemente, a comienzos del siglo XXI nuestras autoridades económicas no terminan de comprender que el deseo de controlar el precio de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado terminan inexorablemente desalentando las inversiones y la oferta de los mismos, causando el efecto exactamente opuesto al que se busca, perjudicando tanto a productores como a consumidores.
Más en 4 años que en 20 se ha endeudado este país. Durante los cuatro períodos presidenciales anteriores el incremento de la deuda pública sumó 4 mil 460 millones de dólares; mientras que solo en cuatro años y tres meses de este gobierno la cifra alcanza los 5 mil 150 millones de dólares.
La gran cantidad de obras de infraestructura que ha desarrollado el gobierno actual, y que están en ejecución (megaproyectos) son financiadas por créditos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros; lo que ha hecho que se incremente significativamente el endeudamiento público en muy corto plazo.
Entre estos proyectos se pueden mencionar: El Metro, la ampliación de la carretera Divisa-Las Tablas, David-Boquete, II fase de la autopista Panamá-Colón, fase II y III de la cinta costera, fase III del Corredor Norte, saneamiento de la bahía de Panamá, ampliación de la vía Domingo Díaz. También están los viaductos de Tumba Muerto, calle 50-vía Brasil, vía Brasil-vía Israel, proyecto habitacional Curundú, los hospitales de Darién y Anita Moreno en Los Santos, proyectos escuelas modelo, ampliación de la vía Panamericana tramo Santiago – David, y otros.
Para el economista Baudilio Márquez el desarrollo de estas obras podría afectar la capacidad de endeudamiento del país, y limitar el desarrollo de nuevos proyectos, fundamentalmente aquellos de carácter social.
La evolución de la deuda pública total de Panamá en el actual período gubernamental es de 5 mil 150 millones de dólares sin considerar la deuda adquirida a través de los proyectos “llave en mano”, cuyas cifras extraoficiales señalan que está en 2 mil 500 millones de dólares.
La deuda pública ha crecido a un ritmo del 10% anual en los últimos cuatro años. Para el período 2010 – 2013 la misma se ha incrementado en 47.68%, el más alto en 20 años (ver recuadro: Deuda Pública).
Esto es “delicado” porque está arriesgándose la fortaleza macrofiscal del país, dice el economista Adolfo Quintero, quien añade que en caso de que haya una disminución significativa del crecimiento económico del país, las finanzas públicas se verán afectadas.
“Desde el año 2010 estamos observando cierto deterioro de las finanzas públicas, de forma que una situación crítica como consecuencia de la economía mundial nos pudiera afectar de forma negativa”, destaca el experto.
Opina que no hay prudencia de parte del Gobierno, y pretende hacer en poco tiempo lo que ha tomado tanto planear y ejecutar por períodos presidenciales, ya que los proyectos que se están desarrollando no se idearon en esta administración, sino en gobiernos anteriores, y han venido ejecutándose poco a poco.
Para Irene Giménez, managing partner de Goethals Consulting Corp., las cifras de la deuda pública son manejables, pero le preocupan los próximos años, en especial, si los números que vienen no son consecuentes con el optimismo proyectado, y deban hacerse ajustes para equilibrar cuentas y seguir pagándose los servicios de deuda como ha sido el récord histórico de Panamá.
Los ‘llave en mano’ y otras empresas
FUNCIONARIO. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, dijo que para este año se estima el pago de 429 millones de dólares de los proyectos llave en mano. LA PRENSA / Eric Batista
Algunos economistas han cuestionado los proyectos “llave en mano”, ya que aseguran que se tendrá que pagar entre 2 mil 500 millones de dólares y 3 mil millones de dólares.
Entre estas obras están: el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, centros de atención primaria Minsa-Capsi, cinco hospitales en el interior del país, la ciudad de las bellas artes, el centro de convenciones de Amador, el mercado de abastos de Panamá, la ciudad deportiva de Colón, entre otros.
Parte de estos compromisos serán pagados en esta administración, pero otros tendrá que asumirlos el nuevo gobierno.
Márquez revela que el costo de servicio de la deuda estará por encima de mil millones de dólares por año, y esto limitará fuertemente la capacidad del próximo gobierno en adquirir nuevos financiamientos, y afectará el componente social que tiene que atender el Gobierno.
Para José Chen Barría, ex contralor de la República, los proyectos “llave en mano” son un mecanismo que el Gobierno encontró para que la empresa que se adjudicara un contrato determinado financie la obra, y el Estado paga cuando la recibe.
Sin embargo, gran parte de ellos no serán entregados en esta administración, sino en el próximo gobierno.
El MEF asegura que en 2012 se pagaron 170 millones de dólares en proyectos “llave en mano”. Para este año se estima el pago de 429 millones de dólares, y en 2014 pagarán 564 millones de dólares.
Y otros 770 millones de dólares se pagarán entre 2015 y 2016, es decir que este compromiso tendrá que pagarlo el nuevo gobierno.
Además de la exclusión de las cifras de los “llave en mano”, tampoco se incluyó en la deuda pública, los saldos de los compromisos de las empresas que fueron retiradas del registro del sector público no financiero por este gobierno como: la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Empresa Nacional de Autopistas (ENA), y Tocumen S.A., sostiene el economista Adolfo Quintero.
Esta movida tuvo como finalidad cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que en esta administración ha sido modificada varias veces para subir el límite al déficit fiscal y el endeudamiento hasta un 3.1% en 2013.
“El Gobierno dijo arbitrariamente que estas tres empresas van para afuera, porque si aumentaba estas deudas a su balance fiscal les iba a tirar el déficit por las nubes, y esto es una maniobra contable”, destaca el abogado y economista Fernando Gómez Arbeláez.
De 2009 a la fecha, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal ha tenido cuatro reformas legislativas, todas para aumentar déficit y hacerla más flexible y manejable.
“En realidad, no hay una auténtica responsabilidad fiscal”, advierte Gómez Arbeláez.
Reitera que las autoridades no han sabido manejar las finanzas públicas para cumplir con compromisos previos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y se han visto obligados a jugar con una legislación modificándola a su conveniencia.
El tema preocupa a algunos economistas por la falta de credibilidad de las cifras emitidas por el Gobierno, ya que si en lo público no cumplen o se modifican para que se ajuste a las nuevas realidades, Gómez Arbeláez se pregunta, “¿cómo será en lo privado, en lo burocrático que nadie se mete a ver?
A manera de ejemplo, cita el caso de Grecia, que tenía cifras robustas, y luego salió a la luz pública que sus números estaban adulterados, y ahora gran parte de su crisis tiene que ver con las mentiras de sus autoridades.
Los escenarios
RECURSOS. Algunos economistas recomiendan disminuir el gasto público. LA PRENSA / Roberto Cisneros
Los economistas coinciden en que el tema del endeudamiento del país tiene que ir vinculado a dos fenómenos, uno es el crecimiento de su economía, y el otro es el manejo de su política fiscal.
Horacio Estribí, exsubdirector de políticas públicas del MEF, no vislumbra que haya un riesgo de crisis financiera o insolvencia de la deuda pública.
Sin embargo, dice que hay elementos que vale la pena examinar, como el hecho de que el país no va a registrar los mismos niveles de crecimiento que ha logrado hasta ahora de doble dígito.
La expectativa de crecimiento económico para los años subsiguientes son conservadoras, pero “es bueno”, explica. Esto obligará al nuevo gobierno a ser más creativo en el uso de sus recursos, porque el actual ha gastado e invertido en diferentes obras.
El excontralor Chen Barría insiste en que la actual administración gubernamental debe preocuparse de cuál será la tasa de crecimiento económico de Panamá, y tener unas finanzas públicas sanas con los recursos que tiene en el país.
Pero, ¿cómo se pagará la deuda pública? Los expertos sustentan que hay dos mecanismos para los pagos.
EXCLUSIÓN. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) es una de las tres compañías retiradas del registro del sector público no financiero. LA PRENSA / Maydée Romero Sprang
Uno es que el Gobierno haya ahorrado suficiente dinero para pagar parte de estas obras o que emita papeles de deuda pública para pagar los proyectos “llave en mano”. Algunos opinan que esta última opción será la que el Gobierno use, porque no tiene las reservas y el superávit para pagar estas obras, explica Chen Barría.
“Va a tener que recurrir a financiamiento [gobierno] a través de la deuda pública para honrar los proyectos llave en mano que sean contratados”, vaticina.
No obstante, hay algunos aspectos a los que deberá prestársele mayor atención.
Panamá tendría un problema para el año 2015 porque los ingresos adicionales que se esperaba generar de la ampliación del Canal de Panamá podrían darse en 2016, pronostica. Esto es producto de que los trabajos en la vía acuática tienen un retraso de nueve meses, y quizás la obra no esté terminada para finales de 2015. Para esa fecha el nuevo gobierno llevaría año y medio de funciones.
“El tema es preocupante, y los candidatos deben analizar con detalle esta situación para que puedan ejecutar políticas públicas que nos permitan un buen manejo de la deuda, y de la política fiscal”, destaca Chen Barría.
Para el economista Quintero la próxima administración gubernamental debe poner en orden las finanzas públicas, desarrollar políticas con miras a hacer eficientes los recursos del Estado panameño; y volver a los lineamientos en un equilibrio macrofiscal que permita superávit; y a su vez que este mecanismo conlleve a que no sea necesario una reforma tributaria, que aumente los impuestos de los panameños.
“Esto significaría pérdida del nivel adquisitivo de los panameños; sobre todo cuando hemos observado la tendencia de incrementar los impuestos indirectos, como el impuesto de traslado de bienes materiales y servicios (ITBMS), y reducir los impuestos progresivos.
En este sentido, el nuevo gobierno va a tener que tener un manejo más eficiente de los recursos, y de la deuda pública”, aduce Quintero. Y advierte que si dentro de la política pública no se dan mayores ingresos, “habrá que apretarse el cinturón”.
No obstante, para Estribí el Gobierno tendría que eliminar el déficit, y generar los superávit en el balance primario para hacerle frente a los compromisos de amortización de la deuda (ver recuadro: Deuda pública: años 2012 a 2018).
Es “altamente probable” que el nuevo gobierno tenga que hacer modificaciones para recoger más impuestos —eliminar algunas exoneraciones— para hacerle frente al ritmo de gasto que se ha venido produciendo, dice.
No obstante, en el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sí creen que existe el dinero para hacerle frente a los compromisos de la deuda, pero que también es posible que no se hagan ciertas inversiones para poder pagar.
La deuda siempre se paga, y siempre se hace con el sacrificio ciudadano a través de más impuestos, o adquisición de más deuda que genera déficit que genera inflación, lo cual es algo increíble que las personas acepten de manera tan pasiva, comenta Giménez.
“¿Cuánto tiempo deben los ciudadanos trabajar para tributar al Gobierno y luego descontar lo que queda para su bolsillo? No es algo particularmente justo. La inflación es un impuesto silencioso, que lo pagamos todos sin darnos cuenta, quien más lo sufre es el más débil que cobra salarios fijos”, destaca la especialista.
Algunos economistas recomiendan que para hacerle frente al pago de la deuda pública se disminuya el gasto público (programas sociales), se renegocie y refinancie la deuda, se utilicen los ingresos del Canal para el pago de deuda, e incrementen las tasas impositivas indirectas.
También sería necesario generar ahorro en la gestión pública reduciendo la inversión pública, hacer uso del Fondo Soberano de Panamá, pagar con los ingresos que aporta el Canal de Panamá al Tesoro Nacional, incrementar los impuestos, principalmente los indirectos, tasas, e impuesto de bien inmueble.
El costo de la canasta básica familiar de alimentos para el mes de septiembre del año en curso asciende a B/. 333.40; lo que representa un incremento anual de B/. 20.00, y un incremento general desde que tomó posesión el gobierno de turno de B/. 65.20.
No hay que ser un genio para llegar a la conclusión que, la administración actual ha fracasado en su principal promesa electoral, la cual según el Presidente Ricardo Martinelli, dada su experiencia en el tema alimenticio, sería una realidad; una meta cumplida con su fórmula de cadena de frio, a saber, la reducción del alto costo de la canasta básica familiar de alimentos. Si alguien no considera un fracaso al aumento del 24% que ha sufrido el costo de la canasta básica familiar durante la administración de turno, que me avise.
Sí, ya sé que, los defensores de lo indefendible dirán que este gobierno ha hecho importantes aumentos al salario mínimo (la canasta básica representa el 77% del salario mínimo), que la cadena de frio todavía no está en funcionamiento (y aún así querían privatizarla), que el aumento del petróleo, la inflación, la producción de etanol, y la crisis mundial, son los causantes del alza de precios en los alimentos, pero, la realidad es que, en campaña se prometió resolver esta problemática, y en la práctica se abandonó al sector agropecuario a su suerte, se incrementó la especulación, y se privilegió la importación de productos alimenticios en detrimento de la producción nacional.
No obstante este fracaso mayúsculo, en una suerte de déjà vu, el candidato oficialista José Domingo Arias, ignora las excusas baratas y limitantes foráneas que esgrime su gobierno como impedimentos a la hora de justificar su yerro en reducir el costo de la canasta básica, para de una manera mágica, demagoga, y politiquera prometer que bajará el costo de los alimentos. Si le crees a esas promesas vacías, ya sabes a qué atenerte; a más alzas continuas de precios, a más especulación e importación, a más abandono del agro, y a más excusas de que el alto costo de la canasta básica obedece a problemas allende nuestras fronteras patrias.
Es importante señalar que, en todas las encuestas realizadas por diferentes encuestadoras, el alto costo de la canasta básica familiar, se ubica como el principal problema que afrontan los panameños.
Encuestas el Pulso de la Nación (Quantix) y Panamá Opina (Ipsos), correspondientes al mes de noviembre de 2013.
De allí que, resulte muy difícil creer en las ofertas electoreras del candidato oficialista José Domingo Arias -quien dicho sea de paso, fue el único candidato presidencial ausente del Foro del Agro-cuando promete en sus cuñas apoyo al productor, establecer una Jumbo Tienda cada 2 días (que medida más populista y demagoga), y demás yerbas aromáticas por el estilo.
Tremendo problema y desafío tiene por delante el candidato en mención, para convencer al pueblo que es víctima de la especulación que dispara en gran parte el costo de los alimentos, y a los productores que padecen en carne propia, el total abandono del gobierno de turno al sector agropecuario que ha sido golpeado por una administración gubernamental que ha dado prioridad a la importación de productos alimenticios en detrimento de la producción nacional, poniendo en alto riesgo nuestra soberanía y seguridad alimentaria.
En cuanto a los candidatos de oposición, a ver si los mismos tienen a bien explicarnos a los panameños, en qué consisten sus iniciativas para reducir el alto costo de la canasta básica, revitalizar el agro, y lograr las necesarias soberanía y seguridad alimentaria. En dicho sentido, se precisa de una amplia y constante divulgación en todos los medios de comunicación (escritos, televisivos, radiales, y digitales), con la finalidad de que podamos entender sus propuestas, las cuales hasta ahora, quizás por la poca divulgación de las mismas, no convencen a muchos (su servidor incluido).
No basta con eslóganes propagandísticos risibles, ni con planes de gobierno fantasiosos que prometen el sol, la luna y las estrellas, para convertir a un proyecto o promesa electoral en creíble y realizable. En buen castellano, necesitamos saber ese asunto de “Paila Llena” de qué va, y ese tema del control de precios, cómo se supone que se implantará sin que provoque pánico en los empresarios, oligopolios, escases de productos, y proliferación de mercados negros.
Sería muy útil si las diferentes campañas de oposición confeccionan cada una, un documento técnico pero entendible que, explique cómo se logrará el cometido en cuestión; que eleve a la seguridad alimentaria a tema de Estado mediante la visión declarada en el mismo; que exprese la opinión de los candidatos respecto a los productos transgénicos; que aborde soluciones a los temas de la importación, inflación, y especulación que distorsionan el mercado; que presente los inventarios de tierras cultivables antes de la administración Martinelli, durante la misma, y a futuro de lograr ellos la presidencia; que especifique las tecnologías que pretenden utilizar para mejorar la producción; que presente un plan de uso de suelo y las medidas que implantarán para mitigar el impacto de la actividad agrícola y ganadera en el medioambiente (cómo controlarán el uso indiscriminado de plaguicidas, y fertilizantes, la tala, quema, etc.); con la finalidad de que se incline la balanza a favor de quien presente el mejor, más viable, y creíble proyecto para lograr la soberanía alimentaria sin destruir nuestro ecosistema, y para resolver el principal problema que aqueja al pueblo panameño, a saber, el alto costo de la canasta básica familiar de alimentos.
En fin, ojalá suba el nivel del debate electoral y que el mismo gire en torno a propuestas serias, realizables, técnicas, y ampliamente discutidas con todos los sectores de la sociedad civil, gremios, sindicatos, asociaciones, y ciudadanos.
Resulta preocupante que una Institución caracterizada por sus buenas prácticas y altos estándares éticos, técnicos y profesionales, como es la ACP, se vea lesionada en su imagen por intrigas, conflicto de intereses, y demás malas prácticas que son propias de la politiquería criolla, de la cual se mantenía al margen el canal de Panamá.
Sin embargo, tres altos ejecutivos de la junta directiva de la ACP –nombrados por el gobierno de turno– han sido protagonistas en los medios de comunicación las últimas semanas, por una tormenta que gira en torno a la suspensión en septiembre del presente año, del proyecto para construir en el lado pacifico del canal de Panamá en el área de Corozal, un mega puerto sobre 112 hectáreas, que sirva de centro de trasbordo de contenedores, interconectado al mismo con el ferrocarril transístmico, la autopista Panamá – Colón, y los corredores norte y sur, el cual tendría la capacidad de alojar hasta cuatro buques post panamax.
Dadas todas las ventajas logísticas y de transporte multimodal de que dispone Panamá por su privilegiada posición geográfica, e infraestructura envidiable que está siendo mejorada con la ampliación del canal, la construcción de un mega puerto en el lado pacifico del canal ampliado, resulta un proyecto razonable, estratégico y necesario para explotar al máximo las potencialidades de que goza Panamá. De hecho, USA está ampliando sus puertos de la costa este y del golfo, con la finalidad de aprovechar al máximo la ampliación del canal de Panamá; de manera que, con mucha más razón, Panamá que es el dueño del proyecto, debe adecuarse a estas nuevas realidades y oportunidades para mantenerse competitivo como uno de los principales hubs portuarios del planeta (Panamá ocupa el sexto lugar a nivel mundial en el Índice de competitividad global en calidad de infraestructura portuaria, y el primer lugar a nivel de LATAM).
De modo que, el canal de Panamá y todas las actividades conexas al mismo, deben mantenerse al margen del cáncer politiquero, conflicto de intereses, y malas prácticas que corroen a las instituciones panameñas. Las decisiones que la Junta Directiva de la ACP tome, deben basarse en criterios estrictamente técnicos; no en intereses creados de grupo empresarial o directivo alguno. El país está por encima de cualquier empresa extranjera o nacional, y no permitiremos que ningún Bunau Varilla moderno, establezca los límites de qué debe o no hacer Panamá en materia portuaria, ni que mercader alguno, lucre a costillas del principal activo de la nación.
Además, de ninguna manera debemos permitir que se ventilen públicamente temas que competen a la Junta Directiva de la ACP –ojalá que no sea con el malintencionado propósito de desprestigiar a equis ejecutivo, y beneficiar a algún grupo empresarial en particular– en los medios de comunicación. Si existe algún proceso o investigación en curso, esta debe mantenerse en el ámbito que le corresponde, y no viciarse ventilándola en los medios en pleno proceso, violándose así los procedimientos internos de la ACP que impiden dicha práctica.
En fin, mucha sangre, vidas, sudor y lágrimas, costó la recuperación de la vía interoceánica, para permitir que la gula de gente inescrupulosa que no conocen de frenos ni límites, contamine a la ACP de las malas artes de la política criolla, la cual considera al Estado un botín político para repartirse. Por cierto, recuerdo a un tristemente célebre presidiario italiano de apellido Lavitola que, compartía esa visión de convertir al canal en un botín político, y ya estaba pensando en algunos nombres que sugeriría al gobierno de turno para ocupar la vacante de administrador del canal de Panamá.
Las cosas que se ven en este gobierno que ha cruzado las más sagradas fronteras patrias al meterse (los ejecutivos y magistrados que nombra) con la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), TE (Tribunal Electoral), etcétera, no tienen nombre.
19/11/2013 – Los programas políticos de los candidatos presidenciales son una de las mejores lecturas infantiles disponibles en el mercado. Y son gratis. Te los regalan en las esquinas, aunque no los quieras y algunos medios de comunicación se encargan de reproducir la lista de peticiones al niño dios sin matices ni balances.
Me encanta saber que el candidato del partido del régimen, un tal José Domingo Arias, ha emulado a su mentor para presentar un programa tan divertido como fútil. Arias, que tiene tanta vocación (y preparación) presidencial como yo cardenalicia, tiene algunas perlas destacables si uno quiere echarse a reír y cerrar los ojos ante el abismo.
La principal es la promesa de seguridad jurídica y fortalecimiento del Estado y la institucionalidad. Vamos, que es como si un ladrón de bancos se encargara del plan de seguridad de los depósitos. Arias es miembro de un partido supuestamente democrático que ha bombardeado la institucionalidad del país desde el primer minuto del mandato de su dueño y señor. La Asamblea Nacional, presidida por un personaje de ficción que habita en la realidad, ha sido convertida en un corral de tránsfugas bien alimentados. El Órgano Judicial, no sobrado de crédito de confianza, es ahora una miserable caricatura que solo podría superar José Candelario Trespatines. Si la Tremenda Corte se instalara en Panamá el actual presidente sería procesado por “gobernicidio”, pero es que este pobre Arias ya es culpable de “programicidio” agravado.
Arias presenta este autodenominado programa de gobierno arropado por todos los manzanillos del poder, muchos de ellos con el apellido Martinelli en su cédula o con mucho que agradecer al presidente. Sus propuestas son tan genéricas como habituales en nuestros gobernantes y, además de sumar un par de puentes sobre el Canal (uno no quiere ser Presidente de Panamá si no levanta uno de estos puentes), se queda enganchado al reparto de becas y cheques varios para seguir con la política clientelar.
Los programas políticos solo saben concretar becas y obras, pero nada de lo sustancial. Cuando hablan de la institucionalidad o del Estado todo son fórmulas genéricas que desconocen los esfuerzos de la sociedad civil y la realidad del país.
No hay ni una línea, por ejemplo, dedicada a la seguridad. Debe considerar Arias que es un tema resuelto en un país de policías pistoleros, narcos en cocteles oficiales y mulas más o menos elegantes. Ha evitado prometer el famoso Plan de Seguridad Integral que, como el puente sobre el Canal, es un clásico de esta literatura fantástica que suele brillar por su ausencia en la práctica de gobierno.
Tampoco habla de corrupción, porque ese es un negociado que Cambio Democrático tiene absolutamente controlado. Es decir, son ellos los que se han hecho con el monopolio de este negociado y no hay que tocarlo.
En lo poco que sabemos de su propuesta enteléquica tampoco parece tener un peso significativo lo ambiental ni la protección de los territorios indígenas. Ni una línea aterrizada que luego obligue a cumplir la palabra empeñada.
El “programicidio” de Arias no es una novedad. Esta práctica habitual de los candidatos todavía no ha sido concretada por Juan Carlos Navarro, el hombre sin destino, ni por Varela, el hombre sin memoria. Pero serán del estilo: promesas vacuas destinadas a una campaña de desgaste sin ninguna intención de cambio real.
En Panamá se está consumando lo que ya ocurre en una buena parte del planeta. Los políticos llegan a la Presidencia con un programa que no piensan cumplir y van a cursos de comunicación para camuflar la farsa. Obama, Santos, Hollande o Rousseff son ejemplos de esta práctica que provoca una brecha entre política y realidad tan grande que provoca reacciones violentas y frustraciones colectivas.
Los grandes problemas del país serán aplazados y tapados con grandes obras y peleas públicas sin sentido y algún día, más pronto que tarde, la olla a presión social reventará sin contención. Los espejitos despistan solo durante un tiempo, pero la exclusión, la humillación y el desprecio constante van provocando heridas sociales que no se restañan con estrategias de marketing.
Sé que muchos no estarán de acuerdo con el presente artículo que sonará medio herético para algunos, que sentirán que ataco a sus vacas sagradas, que profano sus tótems tribales, y cual iconoclasta destruyo sus amados ídolos objetos de su adoración. Sin embargo, gracias a Dios, no soy seguidor de las masas; no comulgo con la psicología del rebaño; y tengo mis propias opiniones y criterios. Dicho esto, aclaro que respeto todas las opiniones que difieren de la mía, como quiera que, no soy el dueño de la verdad, y de la misma manera exijo respeto para mi particular punto de vista sobre el tema que nos ocupa, el cual procedo a compartirles.
Panamá vive en un limbo político que produce en la ciudadanía una sensación de tripulantes de una nave que se encuentra a la deriva extraviada en alta mar y sin rumbo a un puerto seguro.
Acerca de los pormenores de dicho naufragio político, es preciso agradecerle al gobierno de turno, haber desnudado las miserias de la política panameña, al superar con creces a sus predecesores en la aplicación de las malas artes criollas; a saber: transfuguismo, falta de transparencia y rendición de cuentas, concentración de poderes, nepotismo, contrataciones directas, escándalos por supuestos actos de corrupción, ausencia de ideología política, juega vivo y chabacanería, fanatismo y sectarismo (quien no nos apoya es enemigo de la patria), falta de independencia judicial, clientelismo y populismo, irrespeto a la constitución y las leyes, demagogia, politiquería extrema, culto a la personalidad, etcétera.
Sí, ya sé que, muchos politiqueros profesionales que hoy se encuentran en oposición, se rasgan las vestiduras como si fueran los más impolutos, y se venden como grandes defensores de la institucionalidad democrática, cuando todo el país conoce sus historiales que no corresponden a sus predicas contra las malas prácticas políticas.
Así las cosas, tenemos por un lado a un gobierno que ha demolido la ya de por sí débil democracia panameña hasta dejarla respirando artificialmente, y por el otro, a una oposición sin credibilidad que, conoce sus orígenes politiqueros y abusos contra la institucionalidad democrática cuando han administrado el país. Por ende, esta oposición maltrecha y carente de credibilidad, más que alzar la voz enérgicamente cual contrapeso cuando el gobierno hace de las suyas, apenas emiten un tímido susurro que no le hace ni cosquillas al prepotente y abusador gobierno de turno.
En buen castellano, la oposición (si es que existe tal cosa; tengo mis dudas), carece de liderazgo y de un discurso creíble que pueda calar en la ciudadanía.
Ante semejante panorama político tan desalentador, la oferta electoral no resulta muy esperanzadora ni atractiva que digamos, es decir, no hay un discurso político que cual bocanada de aire fresco, cual bocado de pan para el hambriento, o como agua para el sediento en el desierto, sacie el hambre y la sed de justicia del pueblo panameño. En mi opinión personal considero que, gane quien gane en las elecciones de 2014, todo seguirá igual o peor, nadie rendirá cuentas, y seguirán los abusos contra la democracia y el erario público hasta que el país colapse por el peso abrumador de una clase política caída y parasitaria que es la peor de las cargas para cualquier sociedad (miren a España, Grecia, el resto de Europa, y hasta al propio USA, que sufren la ira de ciudadanos indignados contra las malas artes y abusos de la raza politiquera que pulula el orbe y tiene al mundo en crisis).
No me mal interpreten, no estoy culpando a los candidatos presidenciales –de hecho, tampoco al presidente de turno– del estado caótico de la política panameña; este daño viene de arrastre y todos tenemos un grado de responsabilidad; los políticos por acción, y los ciudadanos comunes por omisión.
A propósito, respeto el valor de los candidatos presidenciales de participar en la próxima elección, no obstante tener que enfrentar al monstruo que es el sistema político panameño, el cual los engullirá apenas ostenten el poder, maniatándolos y contaminándolos de sus malas prácticas.
Dicho esto, destaco que, ninguno de los tres candidatos presidenciales más fuertes y con verdaderas posibilidades de triunfo, se diferencian mucho los unos de los el otros. Me explico:
Por ejemplo, en el tema más sensible de todos los que afectan a los panameños, a saber, la canasta básica, José Domingo Arias propone crear una Jumbo Tienda cada 2 días (que “maravilla”, por no decir que populismo y demagogia); Juan Carlos Varela propone establecer control de precios (que manera de “incentivar” el mercado; espantando a los inversionistas, creando oligopolios, provocando escasez de productos y el surgimiento de mercados subterráneos como en Venezuela); y Juan Carlos Navarro propone un plan denominado “Paila llena” (cuyo nombrecito tan folclórico, poco serio y nada técnico, desalienta siquiera analizarlo).
Así es estimado lector, eso es lo que hay, una oferta electoral que deja mucho que desear. Tres candidatos eclipsados por el fuerte liderazgo del Presidente Ricardo Martinelli, quien a pesar de todos sus yerros, y malas actitudes que todos conocemos y reprochamos, si existiera la reelección en nuestra constitución, les diera una paliza electoral a los tres candidatos en mención. A propósito, felicidades al gobierno por la prueba realizada al Metro (sentí gran orgullo cuando vi las imágenes), y por la inauguración del Aeropuerto Scarlett Martínez en Río Hato (enhorabuena). Si el gobierno de turno hubiera respetado la democracia, promovido la transparencia y rendición de cuentas, y fortalecido las instituciones, el mismo pueblo hubiera exigido su reelección; porque la verdad es que han hecho buenas e importantes obras; lástima que malograron una bonita oportunidad de transformar integralmente el país (social, económica, y políticamente), por tal razón, muchos no queremos su continuidad; pero, se les reconoce sus logros.
Otra vez, no me mal interpreten, qué más quisiera yo, y todos mis escritos son testigos de ello, que una nueva fórmula política capaz de derrotar al CD y resucitar a la democracia panameña; pero sin la consolidación de un proyecto de nación que aglutine a todos los actores del quehacer nacional, léase, a la sociedad civil; diversos gremios, asociaciones y sindicatos; candidatos independientes; grupos indígenas; y partidos políticos de oposición, con la finalidad de consensuar entre todos una hoja de ruta para refundar a la patria, veo muy difícil que se logre dicho cometido; como quiera que, la otra opción es la imposición de la agenda partidista de los partidos (valga la redundancia) de oposición; y ya sabemos los cortos de vista, sectarios, mezquinos, politiqueros, poco creíbles y demás yerbas aromáticas, que son los partidos políticos tradicionales (ninguno se salva); los cuales de hecho, junto al CD, son los principales causantes de la crisis institucional, toda vez que, han maltratado a la democracia cuando han sido gobierno, y solos no podrán solucionar tamaña crisis que ellos mismos han creado; más bien, le darán el jaque mate a la democrática panameña, provocando el surgimiento de otras fuerzas que llenarán el vacío de liderazgo político; y Dios quiera que, esas nuevas fuerzas no conviertan a nuestro bello Panamá en la próxima Venezuela.
Si las agendas partidistas se imponen por encima de la agenda amplia que trasciende a los partidos incluyendo a otros actores de la sociedad para entre todos refundar a la patria, no seré cómplice de este simulacro de elección escogiendo entre tres opciones que para mí son igual de nefastas (no votaré) y solo usan a la ciudadanía para monopolizar ellos solos (la desgastada y desprestigiada clase política) el poder. A propósito, me resulta curioso como los dos candidatos de los principales partidos de “oposición” se cuestionan mutuamente con vehemencia, pero, no son nada enérgicos ni contundentes a la hora de cuestionar los exabruptos del gobierno de turno (hasta cierto miedo diría que le tienen al presidente Martinelli). Por eso digo que, en Panamá no existe una verdadera oposición; todos los partidos son aliados (quién ayudó al CD a llegar al poder y formó parte de la alianza por 2 años); tienen intereses comunes; se reúnen secreta y “casualmente”; ergo, me da igual quien gane las elecciones.
Respetando el derecho que tiene el Partido Panameñista de correr solo en las elecciones de 2014, nos vemos en la necesidad de evaluar los distintos escenarios políticos que resultarían de dicha negativa a conformar una gran alianza de oposición.
I- Escenario 1:
a- El Partido Panameñista con todo el derecho que le asiste, sigue con su agenda y mantiene su alianza electoral cerrada con el Partido Popular, excluyendo de la misma a las otras fuerzas opositoras, como tal parece que sucederá.
b- El Partido PRD no rehúye el reto, y demuestra su musculo político, organización, y mística, disputándole la primera magistratura del país, al oficialismo y al Partido Panameñista.
c- El FAD hace su primera incursión en la arena política, logrando capitalizar el malestar de un numeró plural de panameños hastiados de la política tradicional que solo busca llegar al poder para dividirse el botín político y repartir los despojos. Aunque el FAD saca suficientes votos para sobrevivir como partido (votos que deben restarse a la oposición), aún está muy lejos de tener posibilidades de alzarse con la presidencia en esta primera experiencia electoral.
d- Los candidatos independientes también logran capitalizar votos de indecisos y de panameños intoxicados de la politiquería criolla que promete, no cumple, pero si saquea al erario público. Votos estos que, también deben restarse a la oposición.
e- El oficialismo sigue con su agenda de saturar con propagandas a los panameños en todos los medios habidos y por haber (convencionales y digitales); repartiendo dadivas y prebendas clientelistas mediante un operativo millonario tipo El Bedero a escala nacional; e inaugurando múltiples obras en fechas claves, las cuales serán un argumento arrollador y muy convincente para muchos, como quiera que, son ciertos la mayoría de los señalamientos negativos que se le atribuyen al gobierno, pero, también debemos reconocer las virtudes del mismo, y sus muchas obras son su fortaleza innegable; fortaleza que sin duda el Partido Cambio Democrático capitalizará estratégicamente.
f- Sin pecar de pitoniso, me parece que en el escenario 1 con una oposición dividida que se reparte el voto opositor en cada una de las partes, gana el oficialismo por un leve margen, pero gana en buena lid y sin necesidad de la ayuda de árbitros electorales ilegítimos.
Sí, ya sé que, algunos ilusos piensan que el Partido Cambio Democrático será un bistec de dos vueltas. Sigan durmiendo en los laureles; midiendo mal el clientelismo que sufre gran parte de un pueblo necesitado y dispuesto a vender su voto; los efectos de la saturación propagandística; y la capacidad de las innegables obras de convencer a muchos indecisos; y podrían encontrarse con una dura, amarga, y desagradable para muchos (incluido su servidor) victoria oficialista.
II- Escenario 2:
a- El Partido Panameñista continúa en su agenda exclusiva, la cual nadie debe criticar en virtud de que, es válido que como partido político autónomo y tradicional, quieran impulsar su propia agenda partidista en la que no caben otras fuerzas de oposición, porque como ellos explican, no comparten su visión, planes, proyectos, y principios.
b- El resto de las fuerzas opositoras que han manifestado su disposición a formar una gran alianza opositora, a saber, el Partido PRD, candidatos independientes, diversos gremios (médicos, abogados, empresariales y de trabajadores), diferentes asociaciones de la sociedad civil organizada; grupos indígenas, etcétera, deciden que así como el Partido Panameñista tiene todo el derecho a excluirse de la coalición opositora que buscan concretar todos los mencionados grupos, también ellos tienen todo el derecho de seguir con sus planes de consolidar las fuerzas opositoras por medio de una gran alianza, y realizan la misma con todas las fuerzas que sí han dicho amén a esta iniciativa.
c- De esta forma, la alianza de oposición logra minimizar el efecto fragmentador del voto opositor, polarizando la contienda electoral entre la gran alianza opositora y el oficialismo, no obstante la cuota de votos que obtengan el panameñismo y el FAD.
d- La alianza en mención se logra en base a compromisos en pro del rescate de la patria. Compromisos estos que incluyen el establecimiento de un gobierno que durante 2 años realice las auditorias forenses necesarias; el saneamiento de los Órganos del Estado juzgando a los magistrados que hayan incurrido en faltas, y reemplazando a quienes se hayan prestado para atentar contra la institucionalidad democrática panameña; convocar después de 2 años a una constituyente para modernizar al Estado y al tema electoral; y llamar a nuevas elecciones de ser necesario (puede que no lo sea), con las adecuadas reglas del juego ya establecidas.
e- En este escenario, la alianza opositora podría incluir un candidato independiente en la fórmula electoral; por ejemplo: el Sr. Nito Cortizo para presidente, y la Sra. Ana Matilde Gómez para vicepresidenta. Por mencionar una formula entre muchas otras que podrían estudiarse; eso es importante, pero secundario; lo prioritario ahora es la conformación de la alianza para salvar a la patria.
f- Otra vez sin pretender pecar de Nostradamus, en el escenario 2, la gran alianza opositora en una reñida contienda, logra superar al oficialismo alzándose con la presidencia y la mayoría en la AN.
Sí, ya sé que, es más fácil decirlo que hacerlo, pero, no hay de otra, toda vez que, el Partido Panameñista hasta ahora ha optado por su agenda partidista resistiéndose a conformar una gran alianza opositora (lo cual respetamos), y el resto de las fuerzas opositoras que buscan una candidatura única para evitar la continuidad de un gobierno que ha hecho añicos la institucionalidad democrática del país, también tienen todo el derecho de no tomarse el riesgo de ir divididas a una suerte de ruleta rusa a ver qué pasa. Así las cosas, es menester consolidar el voto opositor con o sin el panameñismo. De hecho, debemos preguntarnos qué hubiera sucedido si el CD no echa a los panameñistas del gobierno, y hasta el sol de hoy fueran aliados; en dicho escenario igual la oposición unida hubiera tenido que enfrentarlos para evitar otro Bocas del Toro, ley pro transfuguismo, blindaje policial, etcétera; de manera que, debemos asumirlo y enfrentarlos por el bien de la patria.
Sigo opinando al igual que muchos panameños y panameñas de la sociedad civil organizada, de partidos políticos de oposición, asociaciones indígenas, candidatos independientes, y diferentes gremios, que es necesario conformar una colación opositora que aglutine en una candidatura única, a cada uno de los mencionados grupos.
Sin embargo reconozco que, no será fácil lograr ese cometido sin sufrir los dolores de parto que implica dar a luz a una nueva nación más justa y democrática.
Así las cosas, resulta sumamente complicado ver a candidatos que han trabajado duro en sus aspiraciones para presidir al país, invirtiendo prácticamente una década de sus vidas en afianzar sus respectivas candidaturas y liderazgos en sus colectivos políticos que los apoyan con abrumadora mayoría, aunado a una serie de recursos económicos y de otra índole que, han destinado para hacer posibles sus objetivos electorales, a los cuales han cedido en otrora, declinar de sus justas aspiraciones, renunciando otra vez a sus legítimos sueños, para conformar una alianza opositora. Esto se entiende, y no soy quién para juzgar de mezquinos a ninguno de los candidatos de oposición por defender su derecho a correr por la presidencia de la Republica.
Como si todo eso fuera poco, resulta que los dos partidos políticos más grandes, tradicionales, e históricos del país, los cuales hoy en día se encuentran en la oposición, no se tienen ni una pizca de confianza. En consecuencia, se encuentran ensartados en una vorágine de acusaciones conspirativas que amenazan con dar al traste la deseada alianza opositora que aún no se logra, y tiene por delante, un camino cuesta arriba lleno de obstáculos, para cristalizarse.
Dicho esto, no pretendo dedicarles tiempo alguno a los conocidos antecedentes de esta mutua animadversión añeja que se profesan los partidos Panameñista y PRD. De modo que, procedo a compartir con ustedes apreciados lectores, mi opinión personal sobre el particular que nos ocupa, a saber, acerca de la necesidad de lograr la colación opositora requerida para rescatar a la patria de la debacle política en que se encuentra sumida.
Dada la crisis institucional que afronta Panamá con todos los Órganos del Estado fusionados en un solo supra-órgano, léase, el ejecutivo, y que dicha crisis hizo metástasis hacia el Tribunal Electoral que era la única entidad que se encontraba a salvo del cáncer institucional, pero, se vio vulnerada por la intromisión de la CSJ que invadió las competencias exclusivas de esta (del TE), viciando las elecciones de 2014 al poner en peligro la pureza y valor del sufragio en opinión del pleno de magistrados del mencionado tribunal, se hace urgente la necesidad de conformar una colación opositora que recobre el poder gubernamental, para sanear a las enfermas instituciones “democráticas” panameñas, y refundar a la patria.
De darse esta alianza, lograríamos establecer un gobierno de transición de 2 años que, deberá convocar a una constituyente que modernice al Estado, y acto seguido llame a una elección general con las nuevas reglas, en la cual cada uno de los candidatos que han trabajado fuertemente en sus respectivas aspiraciones electorales, puedan retomarlas por separado, y cristalizar sus metas de salir electos.
Sí, es cierto que, este escenario ideal suena demasiado difícil de lograr, pero en mi opinión personal, ambos candidatos, a saber, los señores Varela y Navarro, se lo deben al país. El primero por haber permitido con su apoyo electoral y durante dos años de gobierno, que el partido Cambio Democrático secuestrara al país, y el segundo, por no realizar una oposición a dicha dictadura civil, con la vehemencia requerida, y por reunirse “casualmente” durante cuatro horas, con el grupo de empresarios que apoyan al gobierno de turno, y con el líder máximo del CD.
Dicho esto, considero –y respeto a quienes opinen diferente– que ambos candidatos deben deponer temporalmente sus aspiraciones para remover los obstáculos que impiden la alianza, y así garantizar el triunfo electoral que pudiera verse comprometido si la oposición se toma el riesgo mayúsculo de ir cada uno por su lado dispersando el voto opositor, y en consecuencia, aumentando las posibilidades de reelección del gobierno de turno que jugará rudo con su clientelismo extremo, publicidad engañosa, y la ayuda de la CSJ haciendo las veces de nuevo arbitro electoral, como se evidenció la semana pasada.
En fin, opino que una decisión salomónica sería postular como candidatos únicos de la oposición al Sr. Nito Cortizo (Presidente), y a la Sra. Lorena Castillo (Vicepresidenta). O cualquier otra fórmula electoral que logre el consenso –aunque considero a la mencionada, una fórmula ganadora-. El tema es, no dormirse en los laureles y despertar del sueño aquel de que estamos ante una elección común y corriente en la cual habrá transparencia, no se dará ninguna injerencia del gobierno, se competirá en buena lid, y ganará quien obtenga la mayoría de los votos; nada más lejos de la verdad. Panamá y su democracia están en peligro, y es hora de estar a la altura de las circunstancias demostrando desprendimiento; lo cual más que sepultar las aspiraciones de los principales candidatos actuales (Varela y Navarro), las potenciará para que de aquí a 2 años en una nueva elección con reglas democráticas claras, retomen las mismas separadamente con nuevas fuerzas y liderazgos cimentados en su muestra evidente de amor a la patria por encima de sus intereses personales (qué mejor recomendación a futuro que una acción de desprendimiento de este tamaño, la cual pesa más que promesas electorales).
09/11/2013 – Los precios de algunos productos de la canasta básica de alimentos han aumentado entre 20% y 30% durante los últimos cuatro años. Este incremento es similar al que ha tenido la gasolina.
En septiembre de 2009, la canasta básica que incluye 50 productos costaba $266.85, mientras que en igual mes de 2013 alcanzó $333.40.
Esto significa que en cuatro años la canasta aumentó $66.55 o un alza de 25%. El presidente, Ricardo Martinelli, no ha podido cumplir la promesa electoral de reducir el precio de los alimentos.
Hay alimentos como la leche en litro que los últimos cuatro años ha tenido un costo superior al del litro de gasolina.
Según los analistas esto se contradice con el precio de la leche que se le paga a los ganaderos y que es menos de la mitad de lo que se vende a los consumidores.
Otros productos como el arroz de primera también registra un alza de hasta 20% en este período.
La libra de café, grano que se produce en el país, en cuatro años ha subido de $2.54 a $3.04 o un alza de 21%.
Aunque el Gobierno propone los mercados públicos, ferias y jumbo tiendas para reducir los costos de los alimentos, otros sectores recomiendan aplicar políticas que impulsen el agro.
Iván Ríos, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa), dijo que para hacer realidad esta meta lo primero es plantear una coordinación entre los actores de la cadena de comercialización: productores, comerciantes y distribuidores.
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) debe actuar como facilitador. Solo de esta forma se podrán estabilizar los precios de la canasta alimenticia, afirma.
Desde la perspectiva de Pedro Acosta, presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, el próximo Gobierno debe establecer verdaderas políticas de producción agropecuaria que le garanticen a la población el acceso seguro y sostenible de los alimentos para depender menos de las importaciones.
No obstante, el economista Horacio Estribí propone abrir a Panamá, pero romper con los monopolios que existen en el sector agropecuario panameño y se estimule un aumento de la oferta alimentaria bajo mayor competencia.
“Hasta ahora quienes de verdad se han beneficiado de la protección en Panamá son los grandes agricultores que sí tienen capital para ser eficientes y obtienen grandes rentas (ganancias), mientras que los chicos no tienen tecnología y tienen costos más altos (y por ende su ganancia es baja)”, apuntó .
En el caso de la importación igualmente manifiesta que hay que acabar con “las roscas” de que solo algunos importen barato. Es decir, debe haber mayor competencia entre los importadores para que los precios al público disminuyan.
Para Úrsula Kiener, presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, la única manera de mitigar los precios de los alimentos es con el incremento de la competitividad de la producción agropecuaria. Ello se logra, en primera instancia, a través del aumento de la productividad y la reducción de los costos de producción.
En ese sentido, dice que para incrementar la productividad es necesario implementar nuevas tecnologías, asistencia técnica, ampliación del crédito, el desarrollo de la investigación e innovación tecnológica y su incorporación en los procesos productivos.
La reducción de los precios de los alimentos es una de las tantas promesas que encabezan los discursos de todos los candidatos presidenciales, pero poco creíble entre los ciudadanos debido a que cada día ha ido en incremento y no se ha cumplido la promesa del presidente Martinelli.
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