FINANZAS
Sherly Díaz
sherly.diaz@prensa.com
Más en 4 años que en 20 se ha endeudado este país. Durante los cuatro períodos presidenciales anteriores el incremento de la deuda pública sumó 4 mil 460 millones de dólares; mientras que solo en cuatro años y tres meses de este gobierno la cifra alcanza los 5 mil 150 millones de dólares.
La gran cantidad de obras de infraestructura que ha desarrollado el gobierno actual, y que están en ejecución (megaproyectos) son financiadas por créditos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entre otros; lo que ha hecho que se incremente significativamente el endeudamiento público en muy corto plazo.
Entre estos proyectos se pueden mencionar: El Metro, la ampliación de la carretera Divisa-Las Tablas, David-Boquete, II fase de la autopista Panamá-Colón, fase II y III de la cinta costera, fase III del Corredor Norte, saneamiento de la bahía de Panamá, ampliación de la vía Domingo Díaz. También están los viaductos de Tumba Muerto, calle 50-vía Brasil, vía Brasil-vía Israel, proyecto habitacional Curundú, los hospitales de Darién y Anita Moreno en Los Santos, proyectos escuelas modelo, ampliación de la vía Panamericana tramo Santiago – David, y otros.
Para el economista Baudilio Márquez el desarrollo de estas obras podría afectar la capacidad de endeudamiento del país, y limitar el desarrollo de nuevos proyectos, fundamentalmente aquellos de carácter social.
La evolución de la deuda pública total de Panamá en el actual período gubernamental es de 5 mil 150 millones de dólares sin considerar la deuda adquirida a través de los proyectos “llave en mano”, cuyas cifras extraoficiales señalan que está en 2 mil 500 millones de dólares.
La deuda pública ha crecido a un ritmo del 10% anual en los últimos cuatro años. Para el período 2010 – 2013 la misma se ha incrementado en 47.68%, el más alto en 20 años (ver recuadro: Deuda Pública).
Esto es “delicado” porque está arriesgándose la fortaleza macrofiscal del país, dice el economista Adolfo Quintero, quien añade que en caso de que haya una disminución significativa del crecimiento económico del país, las finanzas públicas se verán afectadas.
“Desde el año 2010 estamos observando cierto deterioro de las finanzas públicas, de forma que una situación crítica como consecuencia de la economía mundial nos pudiera afectar de forma negativa”, destaca el experto.
Opina que no hay prudencia de parte del Gobierno, y pretende hacer en poco tiempo lo que ha tomado tanto planear y ejecutar por períodos presidenciales, ya que los proyectos que se están desarrollando no se idearon en esta administración, sino en gobiernos anteriores, y han venido ejecutándose poco a poco.
Para Irene Giménez, managing partner de Goethals Consulting Corp., las cifras de la deuda pública son manejables, pero le preocupan los próximos años, en especial, si los números que vienen no son consecuentes con el optimismo proyectado, y deban hacerse ajustes para equilibrar cuentas y seguir pagándose los servicios de deuda como ha sido el récord histórico de Panamá.
Los ‘llave en mano’ y otras empresas
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FUNCIONARIO. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, dijo que para este año se estima el pago de 429 millones de dólares de los proyectos llave en mano. LA PRENSA / Eric Batista
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Algunos economistas han cuestionado los proyectos “llave en mano”, ya que aseguran que se tendrá que pagar entre 2 mil 500 millones de dólares y 3 mil millones de dólares.
Entre estas obras están: el reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, centros de atención primaria Minsa-Capsi, cinco hospitales en el interior del país, la ciudad de las bellas artes, el centro de convenciones de Amador, el mercado de abastos de Panamá, la ciudad deportiva de Colón, entre otros.
Parte de estos compromisos serán pagados en esta administración, pero otros tendrá que asumirlos el nuevo gobierno.
Márquez revela que el costo de servicio de la deuda estará por encima de mil millones de dólares por año, y esto limitará fuertemente la capacidad del próximo gobierno en adquirir nuevos financiamientos, y afectará el componente social que tiene que atender el Gobierno.
Para José Chen Barría, ex contralor de la República, los proyectos “llave en mano” son un mecanismo que el Gobierno encontró para que la empresa que se adjudicara un contrato determinado financie la obra, y el Estado paga cuando la recibe.
Sin embargo, gran parte de ellos no serán entregados en esta administración, sino en el próximo gobierno.
El MEF asegura que en 2012 se pagaron 170 millones de dólares en proyectos “llave en mano”. Para este año se estima el pago de 429 millones de dólares, y en 2014 pagarán 564 millones de dólares.
Y otros 770 millones de dólares se pagarán entre 2015 y 2016, es decir que este compromiso tendrá que pagarlo el nuevo gobierno.
Además de la exclusión de las cifras de los “llave en mano”, tampoco se incluyó en la deuda pública, los saldos de los compromisos de las empresas que fueron retiradas del registro del sector público no financiero por este gobierno como: la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Empresa Nacional de Autopistas (ENA), y Tocumen S.A., sostiene el economista Adolfo Quintero.
Esta movida tuvo como finalidad cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que en esta administración ha sido modificada varias veces para subir el límite al déficit fiscal y el endeudamiento hasta un 3.1% en 2013.
“El Gobierno dijo arbitrariamente que estas tres empresas van para afuera, porque si aumentaba estas deudas a su balance fiscal les iba a tirar el déficit por las nubes, y esto es una maniobra contable”, destaca el abogado y economista Fernando Gómez Arbeláez.
De 2009 a la fecha, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal ha tenido cuatro reformas legislativas, todas para aumentar déficit y hacerla más flexible y manejable.
“En realidad, no hay una auténtica responsabilidad fiscal”, advierte Gómez Arbeláez.
Reitera que las autoridades no han sabido manejar las finanzas públicas para cumplir con compromisos previos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y se han visto obligados a jugar con una legislación modificándola a su conveniencia.
El tema preocupa a algunos economistas por la falta de credibilidad de las cifras emitidas por el Gobierno, ya que si en lo público no cumplen o se modifican para que se ajuste a las nuevas realidades, Gómez Arbeláez se pregunta, “¿cómo será en lo privado, en lo burocrático que nadie se mete a ver?
A manera de ejemplo, cita el caso de Grecia, que tenía cifras robustas, y luego salió a la luz pública que sus números estaban adulterados, y ahora gran parte de su crisis tiene que ver con las mentiras de sus autoridades.
Los escenarios
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RECURSOS. Algunos economistas recomiendan disminuir el gasto público. LA PRENSA / Roberto Cisneros
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Los economistas coinciden en que el tema del endeudamiento del país tiene que ir vinculado a dos fenómenos, uno es el crecimiento de su economía, y el otro es el manejo de su política fiscal.
Horacio Estribí, exsubdirector de políticas públicas del MEF, no vislumbra que haya un riesgo de crisis financiera o insolvencia de la deuda pública.
Sin embargo, dice que hay elementos que vale la pena examinar, como el hecho de que el país no va a registrar los mismos niveles de crecimiento que ha logrado hasta ahora de doble dígito.
La expectativa de crecimiento económico para los años subsiguientes son conservadoras, pero “es bueno”, explica. Esto obligará al nuevo gobierno a ser más creativo en el uso de sus recursos, porque el actual ha gastado e invertido en diferentes obras.
El excontralor Chen Barría insiste en que la actual administración gubernamental debe preocuparse de cuál será la tasa de crecimiento económico de Panamá, y tener unas finanzas públicas sanas con los recursos que tiene en el país.
Pero, ¿cómo se pagará la deuda pública? Los expertos sustentan que hay dos mecanismos para los pagos.
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EXCLUSIÓN. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) es una de las tres compañías retiradas del registro del sector público no financiero. LA PRENSA / Maydée Romero Sprang
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Uno es que el Gobierno haya ahorrado suficiente dinero para pagar parte de estas obras o que emita papeles de deuda pública para pagar los proyectos “llave en mano”. Algunos opinan que esta última opción será la que el Gobierno use, porque no tiene las reservas y el superávit para pagar estas obras, explica Chen Barría.
“Va a tener que recurrir a financiamiento [gobierno] a través de la deuda pública para honrar los proyectos llave en mano que sean contratados”, vaticina.
No obstante, hay algunos aspectos a los que deberá prestársele mayor atención.
Panamá tendría un problema para el año 2015 porque los ingresos adicionales que se esperaba generar de la ampliación del Canal de Panamá podrían darse en 2016, pronostica. Esto es producto de que los trabajos en la vía acuática tienen un retraso de nueve meses, y quizás la obra no esté terminada para finales de 2015. Para esa fecha el nuevo gobierno llevaría año y medio de funciones.
“El tema es preocupante, y los candidatos deben analizar con detalle esta situación para que puedan ejecutar políticas públicas que nos permitan un buen manejo de la deuda, y de la política fiscal”, destaca Chen Barría.
Para el economista Quintero la próxima administración gubernamental debe poner en orden las finanzas públicas, desarrollar políticas con miras a hacer eficientes los recursos del Estado panameño; y volver a los lineamientos en un equilibrio macrofiscal que permita superávit; y a su vez que este mecanismo conlleve a que no sea necesario una reforma tributaria, que aumente los impuestos de los panameños.
“Esto significaría pérdida del nivel adquisitivo de los panameños; sobre todo cuando hemos observado la tendencia de incrementar los impuestos indirectos, como el impuesto de traslado de bienes materiales y servicios (ITBMS), y reducir los impuestos progresivos.
En este sentido, el nuevo gobierno va a tener que tener un manejo más eficiente de los recursos, y de la deuda pública”, aduce Quintero. Y advierte que si dentro de la política pública no se dan mayores ingresos, “habrá que apretarse el cinturón”.
No obstante, para Estribí el Gobierno tendría que eliminar el déficit, y generar los superávit en el balance primario para hacerle frente a los compromisos de amortización de la deuda (ver recuadro: Deuda pública: años 2012 a 2018).
Es “altamente probable” que el nuevo gobierno tenga que hacer modificaciones para recoger más impuestos —eliminar algunas exoneraciones— para hacerle frente al ritmo de gasto que se ha venido produciendo, dice.
No obstante, en el Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sí creen que existe el dinero para hacerle frente a los compromisos de la deuda, pero que también es posible que no se hagan ciertas inversiones para poder pagar.
La deuda siempre se paga, y siempre se hace con el sacrificio ciudadano a través de más impuestos, o adquisición de más deuda que genera déficit que genera inflación, lo cual es algo increíble que las personas acepten de manera tan pasiva, comenta Giménez.
“¿Cuánto tiempo deben los ciudadanos trabajar para tributar al Gobierno y luego descontar lo que queda para su bolsillo? No es algo particularmente justo. La inflación es un impuesto silencioso, que lo pagamos todos sin darnos cuenta, quien más lo sufre es el más débil que cobra salarios fijos”, destaca la especialista.
Algunos economistas recomiendan que para hacerle frente al pago de la deuda pública se disminuya el gasto público (programas sociales), se renegocie y refinancie la deuda, se utilicen los ingresos del Canal para el pago de deuda, e incrementen las tasas impositivas indirectas.
También sería necesario generar ahorro en la gestión pública reduciendo la inversión pública, hacer uso del Fondo Soberano de Panamá, pagar con los ingresos que aporta el Canal de Panamá al Tesoro Nacional, incrementar los impuestos, principalmente los indirectos, tasas, e impuesto de bien inmueble.
Fuente: Martes Financiero.
