ECONOMÍA
EL DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Desde diciembre de 2006, el Gobierno de Panamá ha realizado contrataciones por $14 mil 422 millones a través del sistema PanamáCompra, según un reporte de la entidad. El número total de contrataciones asciende a 644 mil 508.
Al menos el 10% de todas estas contrataciones se hicieron de manera directa. En total, mil 381 millones de dólares se adjudicaron a compañías que no participaron en procesos competitivos.
Según el desglose de la entidad, el recurso de la contratación directa ha ido en aumento desde que se creó la Ley de Contrataciones Públicas. En 2007, primer año de existencia de PanamáCompra, se contrataron $88 millones de manera directa; en 2008, $219 millones. El año con más contrataciones directas fue el pasado, ya en la administración de Ricardo Martinelli: $350.1 millones. En estas cifras no se incluyen los contratos del Programa de Ayuda Nacional cuyas cuestionadas contrataciones no pasan bajo el paraguas de Contrataciones Públicas.
Todas las entidades del Gobierno han recurrido a la contratación directa: especialmente cuestionada ha sido la administración de Tocumen, S.A. por utilizar este mecanismo.
También lo ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en numerosas ocasiones. En algunos casos para atender de manera más expedita situaciones de emergencia nacional, como los $30 millones del contrato a FCC Construcción para reparar los accesos al puente Centenario después de su derrumbe; en otros casos para recibir consultorías de comunicación, como la que contrató a Cinco Sentidos Productions por $254 mil. El Ministerio de Educación, por su parte, contrató de manera directa en 2011 el suministro de mochilas y útiles escolares por $11.2 millones. Los ejemplos son múltiples.
La administración de Ricardo Martinelli ha sido cuestionada por haber recurrido más que ninguna a las contrataciones directas. Sin embargo, el director de Contrataciones Públicas, Eldis Iván Sánchez planteó que en términos relativos, este gobierno ha ordenado menos contrataciones directas que su antecesor.
Sánchez dijo que entre julio de 2009 y agosto de 2012 el Gobierno de Ricardo Martinelli adjudicó proyectos por $11 mil 642 millones y que de ese total un 8% ($894 millones) fueron contratos directos.
En el caso del período entre 2007 y julio de 2009 (los últimos dos años y medio de la gestión de Martín Torrijos), se contrataron en total $2 mil 442 millones, de los que un 20% ($492 millones) fueron directos.
Un cambio a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, introducido por este Gobierno, aliviará el monto de contrataciones directas en las estadísticas. Por ejemplo, ya no se consideran directos los contratos de prórroga de arrendamientos de bienes o servicios ya existentes, cuyos montos no excedan de $300 mil. Sánchez puso el ejemplo de los alquileres que paga el Estado por sus oficinas, que son contrataciones fijas y no se suelen licitar.
En contrataciones en las que sí hay competencia cabe la posibilidad de presentar reclamos si una empresa considera que la entidad contratante no ha sido justa con su propuesta. Según Contrataciones Públicas, entre 2009 y 2012 ha recibido mil 340 reclamaciones.
El número de reclamos se disparó en 2011 (544), fenómeno que puede responder al aumento de la fianza que había que consignar para impugnar los actos ante el Tribunal de Contrataciones Públicas.
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