Por: Fernando Gómez Arbeláez
Pocos proyectos de ley han pretendido intervenir de manera tan solapada en las alcancías y en los bolsillos de cada miembro de la sociedad panameña como el presentado por el Gobierno a la Asamblea Nacional para establecer un fondo soberano llamado “Fondo de Ahorro de Panamá” (FAP). Ese propuesto fondo, de ser aprobado en una ley, quedaría constituido por recursos pertenecientes a todos los panameños de hoy, más aquellos que vendrán en el mañana. Esta realidad nos obliga, como propietarios de esos apreciables recursos, a ser en extremo cautelosos con cualquier gestión que a través del mencionado proyecto se intente realizar con nuestro dinero.
Como en el caso de un documento complejo sujeto a revisión con el máximo cuidado, es necesario recordar el sabio refrán que nos alerta: “el diablo está en los detalles”. El extenso proyecto de ley del FAP, repleto de precisiones y definiciones “en letra pequeña”, no es la excepción.
El primer “demonio” que surge de ese proyecto es el llamativo nombre con el que ha sido rebautizado: “fondo de ahorro”. Luego de 35 meses de una cuestionada administración de las finanzas públicas parece irónico que sea el actual gobierno, el mismo que ha demostrado desconocer por completo el significado de la palabra “ahorro”, el que proponga la creación del FAP. Su gestión financiera se ha caracterizado por todo lo contrario, por un endeudamiento desenfrenado que se prolonga mucho más allá de 2014, así como por un creciente déficit fiscal cosméticamente disimulado a través de reformas antojadizas que han desvirtuado la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LSRP).
Otro “demonio” es la eliminación, con el FAP, del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) establecido hace 13 años, absorbiendo la totalidad de los cerca de mil 200 millones de balboas que aún posee en activos, un ahorro formado por gobiernos anteriores. A partir de 2015, el FAP recibiría ingresos de las operaciones del Canal, los que deberían corresponder a futuros gobiernos. Como el actual gobierno no aporta prácticamente ningún capital que hubiese ahorrado por su cuenta desde 2009, la asimilación de los recursos del FFD es la clave para justificar el establecimiento del FAP en 2012 y no en 2015, cuando quedaría sujeto a la decisión de nuevas autoridades.
El objetivo de la eliminación del FFD es doble: por un lado, se deroga el requisito legal existente de incorporar los ingresos de la venta de activos públicos, como las acciones del Estado en Cable & Wireless y otras empresas mixtas, al igual que de los bienes revertidos, al capital del FFD. Esos ingresos quedarían libres para perderse en la espiral de gasto incontrolable dentro del presupuesto general del Estado. Por el otro, al eliminar el FFD se obvia la obligación pendiente del Gobierno de rembolsar a dicho fondo los millones de balboas que a lo largo de una década se han pedido “prestados” al FFD.
Uno de los “demonios” más notorios en el proyecto del FAP es su control por parte de individuos nombrados por el actual gobierno, que designaría a la totalidad de su junta directiva. Una mayoría de esos directivos controlaría el FAP hasta 2018, cuando menos. Su poder sería tal que los próximos gobiernos no podrán contrariar sus decisiones. Si esos directivos se manejan con criterio político y no técnico, ellos podrán incluso estrangular financieramente a esos gobiernos al negarles el uso de recursos del FAP.
Pero el peor de los “demonios”, el más perverso y malévolo, el que se había ocultado detrás del FAP en este proyecto, es el aumento exponencial que se pretende en los límites del déficit fiscal. Semejante propuesta es una evidencia palpable de que las finanzas públicas panameñas siguen siendo gestionadas con el mayor desgreño e irresponsabilidad.
Con esos y otros “demonios” escondidos, de ser aprobado este proyecto de ley, poco faltará para que la economía panameña acabe trágicamente descendiendo, junto al Cancerbero del Hades griego, a lo más profundo de los infiernos.
