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La batalla por el agua

La privatización de los servicios públicos básicos se ha convertido en un tema dominante en el discurso político, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. En los últimos años, las políticas relacionadas al agua, la electricidad, la salud y la educación han generado tanta controversia política y movilización social en algunos países como los impuestos, la reforma agraria e incluso el comercio exterior. Las políticas de prestación de servicios orientadas al mercado, en los últimos años, han estado sometidas a la opinión pública de una forma sin precedentes. Desde la perspectiva de los diversos movimientos de la sociedad civil, el tema de los servicios básicos abarca una gran variedad de zonas temáticas, como la responsabilidad y transparencia de las instituciones internacionales de gobierno, los derechos humanos, la reducción de la pobreza, la democratización, la soberanía nacional, la igualdad de género, la reducción y cancelación de la deuda y la protección ambiental.

En la mayoría de los casos, son los gobiernos de los países industrializados y sus sectores empresariales los que impulsan el proceso de liberalización de los servicios. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) podría socavar el progreso logrado en aras de las metas sociales y ambientales porque limita la capacidad de los gobiernos para regular o prestar servicios. Por ejemplo, podría poner en jaque el acceso al agua y otros servicios de la población pobre y otros grupos vulnerables.

Por un lado, las grandes multinacionales y las naciones desarrolladas elogian los beneficios que traería la privatización del sector público. Un análisis en elaboración del Informe de Desarrollo Mundial 2004 del Banco Mundial, cuyo tema son los servicios para los pobres, señala que ni el crecimiento ni el incremento del gasto público mejorarán suficientemente los servicios como para cumplir los Metas de Desarrollo del Milenio. Luego argumenta que para alcanzar esas «metas» hace falta rechazar el modelo gubernamental de prestación de servicios vigente y adoptar reformas que, en gran medida, pasen por alto al estado, como las concesiones privadas y la subcontratación.

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil resisten cada vez más la adopción de políticas que coloquen los servicios básicos en manos privadas. Algunas medidas privatizadoras provocaron movilizaciones ciudadanas espontáneas que amenazaron la supervivencia de gobiernos nacionales.

El negocio del Siglo XXI

El agua se ha convertido en un bien altamente preciado y, por lo tanto, en un negocio preciado por las corporaciones multinacionales que pelean por hacerse con su control. El «oro azul», como se lo llama ahora, asoma como uno de los negocios más lucrativos de este nuevo siglo. El Banco Mundial (BM) establece el valor del mercado actual en 1.000 millones de dólares, una cantidad insignificante si tenemos en cuenta que hoy en día las empresas privadas abastecen sólo a un 5% de la población mundial. La Vivendi y la Suez Lyonnaise, grandes multinacionales, acaparan el 70% del mercado del agua, operan en más de cien países y ofrecen una variedad de servicios que van desde el abastecimiento de agua potable a la energía eléctrica. El objetivo de ambas es acaparar el mercado estadounidense, el mayor del mundo.

Pero, aunque parezca un buen negocio, para la mayoría no lo es. La privatización provoca en muchos casos un aumento en el precio del agua, que afecta principalmente a los países más pobres donde ese coste extra no se puede asumir. En Cochabamba (Bolivia), el BM condicionó la concesión de un préstamo a la privatización del suministro de agua, a lo cual el gobierno de la localidad cedió. La empresa adjudicataria de la concesión, que dependía del conglomerado Bechtel, duplicó los precios, de manera que el agua pasó a suponer en los hogares con menos recursos casi la mitad del presupuesto mensual familiar. La reacción organizada de la población civil consiguió que la compañía abandonara el país, pasando el agua a ser gestionada por la comunidad.

Esta y experiencias similares alertan sobre los posibles peligros de la liberalización, la desregulación y la privatización del suministro y saneamiento del agua, que convertirían al agua en un bien económico más. El libre mercado no ofrece ninguna garantía para su reparto equitativo, ni para racionalizar su consumo. Mercantilizar el agua equivale a venderla al mejor postor, excluyendo a quienes no puedan pagar por ella.

Privatizar la respiración

Al tratarse de un bien irremplazable y muy escaso, se puede comparar el mercado del agua con el de los hidrocarburos. Por lo que podríamos comparar a los países con grandes reservas de agua, como Canadá, con la OPEP. En Canadá todo estaba dispuesto para proceder a la exportación de agua en gran tonelaje hacia California cuando el gobierno decidió detenerla. Dieciséis petroleros cargados de agua, navegando continuamente, hubieran transportado a California una cantidad equivalente al consumo anual de Vancouver.

El agua figura en la lista de productos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) como un bien comerciable. Algunas de las cláusulas que incluyen estos acuerdos y tratados, suponen para los países que los firman la cesión efectiva de sus derechos sobre el agua que acaban en manos de multinacionales. La Sun Belt Water Inc, compañía que había adquirido el agua a Canadá, demandó al gobierno de ese país amparándose en una de las cláusulas del NAFTA que impide la restricción de las exportaciones de un producto luego de iniciada la misma.

«Oro azul» para todos

Privatizar el agua es como vender el derecho a respirar. Según Ricardo Petrella, profesor de política y ciencias sociales de la Universidad de Louvaina en Bélgica y, además, uno de los expertos más comprometidos con el tema del agua, quien considera que el acceso al agua es un derecho no sujeto a discusión; la conservación del agua necesita de una gestión más eficaz y también más solidaria. No hay que confundir su valor real con el precio que tiene en el mercado, y así promover un uso más racional que se ajuste a las necesidades reales, afirmó. El agua, hoy en día, es un recurso barato, principalmente para los procesos industriales donde se usa en grandes cantidades sin que se haya optimizado su aprovechamiento, agregó el mismo. Pero las consecuencias del despilfarro de los países industrializados no pueden ser trasladadas a los países en desarrollo. El agua se ha convertido en un factor de seguridad, y de su reparto igualitario dependerá el desenlace de algunos conflictos presentesy futuros, sostuvo Petrella.

La conservación del agua necesita de una gestión más eficaz y también más solidaria. No hay que confundir su valor real con el precio que tiene en el mercado, y así promover un uso más racional que se ajuste a las necesidades reales.