JUAN CARLOS HIDALGO 12:00 A.M. 08/02/2012
Panamá vive una de sus mayores crisis políticas desde el regreso a la democracia en 1989. Los fuertes enfrentamientos de los últimos días de la Policía con los indígenas ngäbe en la región occidental del país –que ya han dejado al menos dos muertos– son parte de un mayor clima de crispación política que tiene su origen en el creciente actuar autoritario del presidente Ricardo Martinelli.
Desde que llegó al poder en julio del 2009, Martinelli ha dado señales preocupantes de querer socavar las instituciones democráticas panameñas. No más empezando su mandato, Martinelli aprovechó la apertura de dos vacantes en la Corte Suprema para nombrar allegados suyos como magistrados, uno de los cuales es el actual presidente de la Corte. También ha puesto a exsubordinados o gente cercana al mando de instituciones claves como la Contraloría de la República y la Fiscalía General. Si bien Martinelli no violó la ley al realizar o promover los nombramientos, estos ciertamente atentan contra la independencia de dichas instituciones. Peor aún, a través del uso discrecional de partidas específicas, Martinelli ha logrado aumentar su bancada en la Asamblea Nacional de 13 a 36 diputados.
A esto se suman múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos. Los procesos de licitaciones públicas son comúnmente ignorados, y los contratos estatales son asignados a parientes y socios políticos.
Amenazas a la prensa. Martinelli también la ha emprendido contra los medios de comunicación, la sociedad civil y los empresarios. En los dos últimos años, Panamá ha caído 58 puestos en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido de las amenazas que reciben los medios de comunicación por parte no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y la Fiscalía. Periodistas extranjeros han sido expulsados o se les ha negado la entrada al país.
Un cable de agosto del 2009 de la entonces embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, revelado por Wikileaks, advirtió de las “tendencias autocráticas” de Martinelli. La diplomática comentó una cita que tuvo con el mandatario panameño donde este le pidió ayuda a la Embajada de EE. UU. para intervenir las llamadas telefónicas de figuras de la oposición –petición que fue debidamente rechazada–. Stephenson añadió que Martinelli ha recurrido al “acoso y chantaje” de empresarios. De hecho, el Gobierno ha utilizado auditorías tributarias para intimidar a personas del sector privado que han ventilado su oposición a las acciones de Martinelli.
El ambiente político panameño se empezó a caldear hace unas semanas debido a los esfuerzos de Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección. Este tribunal, conocido como la Sala Quinta, existió durante un breve lapso en 1999 pero rápidamente fue derogado por el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó el año pasado que la ley que lo abolió es ilegal.
Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley que rehabilitaría de nuevo a la Sala Quinta. De aprobarse, Martinelli tendría la facultad de nombrar a los tres magistrados del nuevo tribunal, el cual conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial. La Constitución panameña actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos para poder aspirar nuevamente al cargo. Muchos panameños temen que el objetivo de Martinelli con la Sala Quinta sea eliminar dicha restricción.
A pesar de que Martinelli cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición fue capaz de detener la creación de la Sala Quinta. Sin embargo, gracias al fallo de la Corte Suprema, e instigado por el presidente de dicho órgano, Martinelli ahora amenaza con nombrar a los tres magistrados e instalar unilateralmente a la Sala Quinta, aun cuando no haya una ley aprobaba por la Asamblea Nacional. Todo esto amenaza con desatar una seria crisis institucional en Panamá.
Oposición ciudadana. La población está empezando a reaccionar ante estos exabruptos y arremetidas contra la institucionalidad democrática. Un sondeo reciente publicado por La Prensa reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como “autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la democracia en su país. El manejo represivo del Gobierno de las protestas de los indígenas ngäbe –quienes se oponen a la minería en sus comarcas– confirma estos temores. Prueba de ello fue la admisión por parte del ministro de Seguridad de que el Gobierno bloqueó este fin de semanas las telecomunicaciones en la zona del conflicto, una medida que atenta contra las garantías constitucionales y se asemeja al actuar de otros Gobiernos autoritarios como el de Egipto y Siria. La prensa también ha documentado el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Dado el pasado reciente de Panamá, el carácter represivo con el que el Gobierno ha respondido a las protestas ha generado indignación en la mayoría de la población.
Los acontecimientos de los últimos días se suman a una larga secuencia de eventos que parecen confirmar los temores de los panameños por el futuro de su país. Sin duda, no resulta exagerado decir que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica, luego de Daniel Ortega.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas para América Latina en el Cato Institute (www.elcato.org).
