Por: Erick Simpson Aguilera
Twitter: @pty_507_pma
“I have a dream – Tengo un sueño” Martin Luther King
Sueño con el día en que un gobierno que rija los rumbos del país, descubra la existencia de conceptos como son la solidaridad, justicia social, equidad, altruismo, empatía, redistribución de la riqueza, transparencia, rendición de cuentas, desarrollo compartido, innovación, y otros conceptos por el estilo, y erradiquen de su diccionario términos muy arraigados en el accionar político local, como son la corrupción, tráfico de influencias, conflicto de intereses, juega vivo, negociados, sobreprecios, coimas, chantaje, sobornos, transfuguismo, nepotismo, clientelismo, populismo, politiquería, etcétera.
Pero, como reza otro dicho “Soñar no cuesta nada”; y en el caso panameño donde gobernar es sinónimo de enriquecimiento ilícito, y donde los partidos políticos ya sea en gobierno o en oposición, comparten una visión mezquina del poder que consiste en acceder al mismo para valerse de la posición en beneficio de sus entornos políticos, familiares, y de sus allegados, excluyendo a las grandes mayorías de la población nacional del desarrollo, soñar es de gratis; de manera que, quizás mi sueño no es más que una utopía y quimera de una mente idealista.
Bien, dejemos los sueños por un momento, y aterricemos a la cruda pesadilla de una “clase” política que nos gobierna apelando a las malas artes, en la que no se puede confiar, y cuyas acciones legislativas siempre esconden un trasfondo que huele a trampa, gol, estafa, y rebusca. En ese sentido, el Proyecto de Ley N° 349 que crea el régimen de Asociación Público-Privada (APP), fiel a la tradición, no ha sido la excepción y constituye una suerte de caballo de Troya que levanta sospechas en la ciudadanía, como quiera que, se vislumbra en la misma una agenda para privatizar sectores claves del país como son la construcción de infraestructura pública, y la prestación de servicios de salud, educación, agua, y saneamiento.
Algunos temas puntuales de dicho proyecto de ley que me dan muy mala espina son los siguientes:
1- El objetivo de las empresas privadas es obtener una ganancia sobre la inversión realizada, ergo, el tema social no es de su incumbencia, toda vez que, no son instituciones benéficas; de modo que, si en el esquema APP el sector privado construye, financia, opera y mantiene infraestructura o presta servicios, me imagino que lo harán buscando una ganancia, y si los ciudadanos no pueden pagar los nuevos costos de los servicios, quién garantiza que seguirán recibiendo los mismos.
¿Se imaginan a una población vulnerable que no pueda pagar los nuevos costos del agua, salud y educación cómo se las arreglaría?
2- “Se establece un régimen de contratación sencillo y transparente basado en la celebración de una licitación competitiva”.
“El plazo de vigencia del contrato de APP se determinará en el contrato, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años ni superior a cincuenta años”.
La experiencia vivida nos enseña que, la tal transparencia en las licitaciones no existe en Panamá, y es un chiste de muy mal gusto sugerir lo contrario; acá los contratos son adjudicados a quien de antemano decidan las autoridades. De manera que, en mi opinión, resulta muy peligroso adjudicarle un contrato por cincuenta años, a algún allegado del gobierno que esté vinculado a las autoridades de turno vía las triangulaciones y maromas que hacen para esconder a los verdaderos dueños de las empresas. En buen panameño, mi temor radica en que las propias autoridades que refrendan los contratos, puedan tener participación en las empresas beneficiadas bajo el esquema APP con un contrato redondo cuya vigencia sea de 50 años, al ser dueños de las mismas, o al cobrar una jugosa «comisión» por inclinar la balanza favoreciendo al mejor postor de sus intereses coimeros.
¿Se imaginan que las autoridades de turno, dejen amarrados sectores claves como la educación, salud, agua, infraestructuras públicas y saneamiento, al otórgales indebidamente contratos por cincuenta años a empresas bajo su control?
Así se estarían asegurando los negociados y el vivir del estado, independientemente que administren el poder por medio de su partido político o no, es decir, si pierden las elecciones, de todas maneras seguirían en la papa y los negocios, en virtud que, privatizarían Panamá y serían los dueños del país, léase, los accionistas mayoritarios de Panamá S.A.
3- Los integrantes del Órgano Rector donde se destacan el Presidente de la República, Ministro de la Presidencia, Ministro de Economía y Finanzas, y el Gerente General del Banco Nacional como los únicos con derecho a voz y voto, mientras otros funcionarios como el Contralor General de la República solo tendrán derecho a voz, y las facultades otorgadas a los mismos para definir las áreas prioritarias, dictar las directrices, aprobar los proyectos, dictar su reglamento de funcionamiento, y demás que le asigne esta ley y su reglamento, asustan y merecen ser analizadas con lupa, como quiera que, el Órgano Rector en mi opinión, concentraría demasiado poder sobre activos patrimonioles nacionales claves.
4- Artículo 18. Aportes de la Administración Pública. Los aportes de la entidad pública contratante dentro del modelo de APP bajo el cual se organicen las partes, sólo podrá ser efectuado por los siguientes medios:
- Pagos directos.
- Otorgamiento de determinados bienes de dominio público, que podrán consistir en concesiones, sin traslado de dominio sobre los mismos.
- Otorgamiento de derechos sobre bienes patrimoniales del Estado o de los gobiernos locales.
El citado artículo da miedo, toda vez que, conociendo que los políticos criollos actúan como descendientes de Henry Morgan y Phillipe Bunau Varilla, a la hora de piratear los recursos del estado o transar con extranjeros los mismos, no me extrañaría que usen como moneda de pago a las empresas privadas beneficiadas bajo el esquema APP, importantes activos del patrimonio nacional. Recuerden los contratos leoninos de los corredores, donde importantes tierras fueron otorgadas a la empresa mexicana ICA.
En fin, el proyecto de Ley N°349 que crea el régimen de Asociación Público-Privada (APP), no me convence, y más bien me da muy mala espina, ergo, apoyo a todos los sectores que se sienten amenazados por el mismo, como quiera que, la desconfianza en las acciones y motivos del gobierno de turno, no es gratuita y se la han ganado a pulso por su falta de transparencia, rendición de cuentas y por no combatir la corrupción (más bien la cubren con un manto de impunidad).
Si este proyecto no esconde ninguna intención oscura para beneficiar a las autoridades de turno al privatizar sectores claves, entonces debería ser discutido hasta la saciedad con todos los sectores del quehacer nacional, artículo por artículo, cada letra, coma, tilde y punto, hasta lograr un consenso que salvaguarde los activos patrimoniales nacionales, y proteja a las poblaciones más vulnerables con el fin de garantizar el aspecto social que impida que las mismas sean afectadas al no poder pagar la cobertura de los servicios prestados por las APP.
En lo que a mi concierne, posteare en mi blog el Proyecto de ley N°349 (APP) entero, con mis cuestionamientos, dudas y luces de alerta, debajo de cada articulado, con la finalidad que podamos abrir los ojos y debatir sobre cada aspecto dudoso del proyecto en cuestión, no obstante haber anunciado el gobierno que sustraerá los temas educativo y de salud de la iniciativa legislativa en mención, en virtud que, con este gobierno nunca se sabe, y sus voceros no son de fiar por su afición a la mentira, y es mejor como ciudadanos responsables estar vigilantes a las estratagemas de los padrastros de la patria, quienes aupados por el ejecutivo que los controla, pretenden privatizarnos el país convirtiéndolo como dice la imagen que ilustra el artículo en, Panamá S.A.
Saludos Cordiales.
Erick Simpson Aguilera
“Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo sólo con dinero”. Indira Gandhi (1917-1984) Estadista y política hindú.
