Por: Marco A. Gandásegui Jr
Marco A. Gandásegui Jr.
Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
gandasegui@hotmail.com
Panameño.
Sociólogo, profesor en la Universidad de Panamá e investigador asociado en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), “Justo Arosemena”. Hizo estudios superiores en Chile (maestría) y EEUU (doctorado). Es autor de múltiples libros y artículos en revistas especializadas. Contribuye regularmente con artículos de opinión en medios panameños e internacionales.
En el número 138 de la revista TAREAS (mayo-septiembre) se publicó un artículo de análisis de Mario Galindo H., conocido jurista de larga trayectoria liberal, quien señala que la democracia panameña se encuentra en serias dificultades. Le preocupa el hecho de que “nuestra precaria cultura política permite vaticinar que la eliminación del financiamiento público (de los partidos políticos) sólo beneficiaría a los grupos con recursos propios en cantidad suficiente como para servirse con cuchara grande”.
Galindo apunta a una realidad cada vez más peligrosa: Los millonarios controlan los partidos políticos del país y no permiten la libre participación de los sectores sociales de las capas medias o de los trabajadores organizados. Desde que los militares dejaron el poder, como consecuencia de su derrota frente a la invasión de las fuerzas armadas de EEUU en 1989, los sectores empresariales más ricos se han apoderado de todas las expresiones políticas.
Según Galindo, “los estados democráticos pluralistas tienen que apoyarse en partidos políticos”. Es una declaración que puede abrirse a debate, pero generalmente aceptada. Sin embargo, Galindo dice que la competencia por el poder entre los partidos políticos sería incongruente y aun peligrosa si depende sólo del financiamiento de fondos privados “que para algunos, nunca llegaría y que para otros, sobraría”.
Es necesario, alega, que el Estado proporcione a los panameños que desean organizarse políticamente, los recursos para competir en los torneos electorales. El problema de fondo con esta posición que defiende Galindo descansa en la asimetría entre los sectores que tienen recursos en Panamá (un 5 por ciento de la población) y el resto. Hace un año el Partido Alternativa Popular (PAP) intentó organizarse, pero no tuvo éxito en su esfuerzo por reunir las 60 mil firmas que exige la ley electoral. En 2011 el Frente Amplio por la Democracia (FAD) probará las frías aguas de la inscripción electoral.
En cambio, el Partido Cambio Democrático (CD) con una cartera rebosante, con millones de dólares, ha logrado inscribir, desde que llegó al poder (2009), a nueve diputados, varios alcaldes, numerosos representantes y cerca de cien mil adherentes nuevos. El Partido Panameñista informó mediante comunicados de prensa, que su campaña de reclutamiento consistió en la distribución de bonos y bolsas de alimentos a aquellas personas que se inscribían en su organización. A la cabeza del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fundado por el general Omar Torrijos en 1978, se han colocado empresarios millonarios con aspiraciones al solio presidencial.
En el caso de las recomendaciones de Mario Galindo, hay que agregarle un elemento crucial a su preocupación por el financiamiento público de los partidos políticos.
El país debe tener una distribución más equitativa de la riqueza para que la “democracia pluralista” tenga oportunidad de consolidarse. Para lograr este objetivo no es sólo necesario reformar el Código Electoral. Es necesario eliminar las leyes que sólo benefician a los más ricos. Hay que comenzar con la ley de impuestos que permite a los más ricos evadir una contribución al fisco que se calcula cercana a los 2 mil millones de dólares anuales. En cambio, los más pobres sí tienen que pagar fuertes impuestos. En el pasado y, especialmente, en el presente ven sus ingresos mermados por los impuestos al consumo (ITBMS), al transporte, a la educación y a todas sus actividades.
En Panamá, al igual que en el resto del mundo sometido a las reglas de desarrollo capitalista, se pueden identificar tres modalidades de organización partidista. Cada una responde a un determinado nivel de desarrollo y, en realidad, las modalidades se combinan en diferentes proporciones. La modalidad dominante refleja los intereses de los sectores económicos más poderosos que, al mismo tiempo, tienen la organización política (o alianza política) capaz de legitimar sus acciones gubernamentales. Los partidos políticos tienden a organizarse en torno una especie de dinámica bipolar que responde a la velocidad que le imprime el sector o fracción más avanzada de los inversionistas capitalistas.
Al sector más avanzado se le enfrenta una fracción que lucha por obtener o, muchas veces, recuperar un espacio. En la historia del siglo XX, especialmente, surgió una tercera forma de organización política muy poderosa que reflejaba los intereses de los trabajadores organizados y sus aliados.
Para los efectos de simplificación, las tres formas de organización partidista se les podrían llamar liberal, conservador y reformista. Los ideólogos políticos que responden al establishment norteamericano consideran que la forma política partidista más estable (que es denominada por ellos como democracia) se produce cuando surge la bipolaridad con su característica de alternabilidad. Esta posibilidad aparece cuando la opción reformista se funde con una de las otras dos posibilidades: liberal o conservadora.
En el caso de Panamá, así como en la mayoría de los países de la región latinoamericana, hay que introducir el elemento exógeno, es decir la presencia de una potencia extranjera, como EEUU.
Mientras que los partidos liberales tradicionalmente tienen una ideología basada en el libre comercio y la promoción de una producción dirigida al mercado, los conservadores tienden a proteger a la producción interna y promueven una estructura de intercambio controlada. Los reformistas introducen el factor social como elemento clave para definir la distribución de las riquezas (especialmente los excedentes) que produce la sociedad.
Estas tres tendencias siempre están presentes en cualquier situación política. Sin embargo, hay una que tiende a ser hegemónica. Es decir, una de las tres ideologías es la que captura la imaginación de los diferentes sectores sociales en
una determinada coyuntura y las dirige aunque sólo sea a nivel de sus aspiraciones. En el caso de Panamá, a diferencia de la mayoría de los otros países, los liberales han sido tradicionalmente hegemónicos. Los conservadores han logrado presentar una oposición significativa, pero sin representar un peligro para la ideología liberal. Los reformistas han jugado el papel de ariete en momentos de crisis (cambios estructurales), pero no han logrado penetrar en forma significativa la ideología dominante para desafiar su dominación.
Los reformistas están constituidos por dos bloques políticos que no han logrado incidir sobre los sectores menos organizados de la sociedad panameña. Tuvieron su momento de mayor fortaleza durante la fase desarrollista del capitalismo que se inició con la II Guerra Mundial e hizo crisis a fines de la década de 1970.
Los reformistas están constituidos, por un lado, por las capas medias surgidas al calor de una fuerte demanda de profesionales y empresarios medios. Por el otro, una clase obrera nacida de un rápido crecimiento del sector productivo del sistema capitalista (manufacturero y agroindustrial). En la década de 1960 estas nuevas clases sociales desestabilizaron el equilibrio político alcanzado por las clases dominantes con EEUU e, incluso, acabó con el viejo sistema de dominación política. Por un lado, la insurrección de enero de 1964 y, por el otro, el golpe militar de octubre de 1968 son expresiones de esta crisis.
En el período de gobierno militar, en un proceso de negociación corporativa con los reformistas, la riqueza social tendió a distribuirse en forma más equitativa soltando una válvula de presión que ponía en peligro la estructura misma del sistema político (factores exógenos como la expansión norteamericana, la Revolución cubana y otras muestras de insurrección estaban muy presentes entre los ideólogos de las clases dominantes).
Después de la invasión norteamericana de 1989, una combinación de las ideologías liberal y conservadora, con la omnipresencia de la potencia norteamericana, han presentado un frente hegemónico casi sin rajaduras. El proceso de redistribución de la riqueza se invirtió a partir del primer gobierno pos-invasión creando, en forma creciente, una mayor concentración de la riqueza en el sector social vinculado a la fracción financiera y especulativa de Panamá.
El neoliberalismo encontró su fórmula política cuando el Frente Empresarial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se desgajó del partido fundado por el general Omar Torrijos y se fusionó, en 1987, con la Cruzada Civilista poco antes de la invasión norteamericana. Los políticos conservadores del Partido Panameñista, de la Democracia Cristiana y sectores liberales cerraron filas detrás de la invasión norteamericana. Era su manera de recuperar la “hegemonía perdida”, como diría el intelectual panameño del siglo XX, Hernán Porras.
La hegemonía construida por los ideólogos liberales y reformistas, que se unieron en la década de 1970 para crear el PRD, fue desplazada por la promesa del “consenso de Washington”.
El PRD, con un mensaje e identidad reciclada, regresó rápidamente para ganar dos elecciones (Pérez Balladares en 1994 y Martín Torrijos en 2004), Sin embargo, su retorno se hizo sobre la base de un programa neoliberal, descartando su bandera reformista. Para mantener la bipolaridad y la “alternabilidad” los liberales y conservadores han logrado mantener un equilibrio que depende de su capacidad de cooptar a los sectores reformistas.
Para mantener este equilibrio entre las fracciones del sector dominante, se requieren dos elementos. Uno interno y el otro exógeno. El equilibrio exógeno descansa sobre el “consenso de Washington” y la “política de seguridad nacional” de EEUU. Los gobiernos norteamericanos exigen que ambos se respeten. Los acuerdos económicos y militares asimétricos entre ambos países reflejan las múltiples contradicciones sociales. El elemento interno descansa en la llamada “política de Estado”, el respeto entre las fracciones dominantes, especialmente en los torneos electorales.
Los torneos electorales son vitales para lograr y conservar la estabilidad. Ninguna de las fracciones debe desplazar a la otra por la vía del poder económico ni por la fuerza militar. Hay políticos, como Mario Galindo, quienes creen que mediante el financiamiento público de los partidos y los procesos electorales se puede lograr este objetivo y evitar un desequilibrio político que ponga en peligro la hegemonía de la clase dominante.
El financiamiento público de los partidos políticos, sin embargo, no es una condición para garantizar la estabilidad. Más bien, es un efecto de la estabilidad que logran definir las fracciones de la clase dominante. Si el financiamiento público fuera una política que buscara crear una verdadera democracia, habría que financiar a las organizaciones de las capas medias y de la clase obrera para que se inserten de lleno en las luchas electorales. No hay que sentirse demasiado optimista, ya que la hegemonía no pasa necesariamente por los torneos electorales. Más bien es al revés.
